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Retrocesos normativos y el principio de progresividad de los derechos

 

Regulatory setbacks and the principle of progressiveness of rights

 

Retrocessos regulat�rios e o princ�pio da progressividade dos direitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: pablo.diazl@ug.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 10 de marzo de 2025 *Aceptado: 23 de abril de 2025 * Publicado: �30 de mayo de 2025

 

 

        I.            Abogado, Magister, Docente de la Universidad de Guayaquil UG, Ecuador.

Resumen

El principio de progresividad constituye una piedra angular en la evoluci�n y garant�a de los derechos humanos, especialmente dentro de los sistemas constitucionales modernos. Este principio impone a los Estados la obligaci�n jur�dica de avanzar continuamente en la protecci�n y desarrollo de los derechos, impidiendo su regresi�n injustificada. Sin embargo, en la pr�ctica legislativa de numerosos pa�ses, incluido Ecuador, se evidencian retrocesos normativos que comprometen seriamente la vigencia efectiva de derechos fundamentales, particularmente en contextos de crisis econ�mica, pol�tica o sanitaria. Este art�culo analiza c�mo estas regresiones afectan el tejido jur�dico y social, vulnerando el contenido esencial de derechos previamente reconocidos. A partir de una revisi�n doctrinal, jurisprudencial y normativa, se argumenta que tales retrocesos solo pueden ser admitidos bajo criterios estrictos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Se incluye un an�lisis de casos regionales e internacionales en los cuales los tribunales han invalidado reformas regresivas. Finalmente, se proponen recomendaciones orientadas a fortalecer las garant�as institucionales que resguardan la progresividad como principio rector del derecho internacional de los derechos humanos.

Palabras clave: Progresividad; derechos humanos; regresi�n normativa; control de convencionalidad; estado constitucional; garant�a; crisis normativa.

 

Abstract

The principle of progressiveness constitutes a cornerstone in the evolution and guarantee of human rights, especially within modern constitutional systems. This principle imposes on States the legal obligation to continually advance the protection and development of rights, preventing their unjustified regression. However, in the legislative practice of numerous countries, including Ecuador, regulatory setbacks are evident that seriously compromise the effective enforcement of fundamental rights, particularly in contexts of economic, political, or health crises. This article analyzes how these regressions affect the legal and social fabric, violating the essential content of previously recognized rights. Based on a review of doctrine, jurisprudence, and regulations, it is argued that such setbacks can only be admitted under strict criteria of necessity, reasonableness, and proportionality. It includes an analysis of regional and international cases in which courts have invalidated regressive reforms. Finally, recommendations are proposed aimed at strengthening the institutional guarantees that safeguard progressiveness as a guiding principle of international human rights law.

Keywords: Progressivity; human rights; normative regression; conventionality control; constitutional state; guarantee; normative crisis.

 

Resumo

O princ�pio da progressividade constitui um pilar fundamental na evolu��o e garantia dos direitos humanos, especialmente nos sistemas constitucionais modernos. Este princ�pio imp�e aos Estados a obriga��o legal de promover continuamente a prote��o e o desenvolvimento dos direitos, impedindo sua regress�o injustificada. Contudo, na pr�tica legislativa de numerosos pa�ses, incluindo o Equador, s�o evidentes retrocessos regulat�rios que comprometem seriamente a efetiva aplica��o dos direitos fundamentais, particularmente em contextos de crise econ�mica, pol�tica ou sanit�ria. Este artigo analisa como essas regress�es afetam o tecido jur�dico e social, violando o conte�do essencial de direitos anteriormente reconhecidos. Com base em uma revis�o da doutrina, jurisprud�ncia e regulamenta��o, argumenta-se que tais retrocessos s� podem ser admitidos sob rigorosos crit�rios de necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. Inclui uma an�lise de casos regionais e internacionais em que tribunais invalidaram reformas regressivas. Por fim, s�o propostas recomenda��es visando fortalecer as garantias institucionais que salvaguardam a progressividade como princ�pio norteador do direito internacional dos direitos humanos.

Palavras-chave: Progressividade; direitos humanos; regress�o normativa; controle de convencionalidade; Estado constitucional; garantia; crise normativa.

 

Introducci�n

El principio de progresividad de los derechos humanos establece la obligaci�n de los Estados de avanzar de forma constante y sin retrocesos en la garant�a y efectividad de los derechos fundamentales (Pisarello, 2011, p. 134). Esta obligaci�n se encuentra reconocida en diversos instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en su art�culo 2.1 exige medidas progresivas y proh�be retrocesos injustificados (Naciones Unidas, 1966, p. 3).

En el �mbito latinoamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado que �los Estados no pueden, sin justificaci�n suficiente, reducir el nivel de protecci�n alcanzado� (CIDH, OC-26/20, p�rr. 82). A pesar de este marco normativo robusto, se han evidenciado retrocesos legislativos en varios pa�ses, motivados por crisis fiscales o presiones pol�ticas, que han deteriorado derechos como la salud, la educaci�n y la seguridad social (Abramovich, 2006, p. 47).

Ecuador no ha sido ajeno a estas tendencias regresivas. Reformas legislativas recientes han limitado el alcance de derechos previamente garantizados, como la reducci�n de presupuestos en salud y educaci�n (Ram�rez, 2022, p. 95). Estos retrocesos afectan directamente a poblaciones en situaci�n de vulnerabilidad, generando discriminaci�n estructural y profundizando desigualdades sociales (Uprimny, 2011, p. 210).

El principio de no regresividad opera como una garant�a frente a la arbitrariedad del legislador y del Ejecutivo, al exigir justificaciones basadas en principios de razonabilidad y proporcionalidad (Abramovich & Courtis, 2002, p. 126). La doctrina coincide en que cualquier limitaci�n o reducci�n de derechos debe cumplir con un test estricto que eval�e la existencia de motivos imperiosos y la afectaci�n m�nima al derecho (Cepeda Espinosa, 2005, p. 142).

Asimismo, los tribunales constitucionales tienen el deber de controlar estos retrocesos, aplicando el principio por persona y garantizando el contenido esencial de los derechos (Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia No. 11-18-CN/19, p. 22). La regresividad tambi�n vulnera el principio de seguridad jur�dica, ya que modifica las expectativas leg�timas de los ciudadanos sobre la continuidad de sus derechos (P�rez Lu�o, 2007, p. 67).

Las regresiones normativas generan un clima de incertidumbre institucional y debilitan la legitimidad del Estado constitucional de derechos y justicia, afectando la gobernabilidad democr�tica (Ferrajoli, 2011, p. 89). Por ello, es fundamental que se adopten mecanismos legales, pol�ticos y judiciales que blinden el principio de progresividad y garanticen que cualquier reforma normativa est� sujeta a controles rigurosos (Sag��s, 2002, p. 173).

Planteamiento del Problema

A pesar de la existencia de normas nacionales e internacionales que garantizan la progresividad de los derechos, se han registrado retrocesos normativos que comprometen su efectividad. En Ecuador, estos retrocesos se han manifestado en reformas legislativas que disminuyen garant�as previamente alcanzadas, afectando especialmente a poblaciones vulnerables. Esta situaci�n plantea un dilema entre la discrecionalidad estatal y los l�mites jur�dicos para evitar la regresi�n en la protecci�n de los derechos.

 

Objetivo General

Analizar los efectos de los retrocesos normativos sobre el principio de progresividad de los derechos en el ordenamiento jur�dico ecuatoriano, desde una perspectiva constitucional y de derecho internacional de los derechos humanos.

Objetivos Espec�ficos

1.                 Identificar los fundamentos jur�dicos del principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.

2.                 Evaluar casos de regresi�n normativa en Ecuador y su impacto sobre los derechos fundamentales.

3.                 Proponer mecanismos jur�dicos que refuercen la protecci�n del principio de progresividad en el marco constitucional ecuatoriano.

Posible Soluci�n

Se propone fortalecer el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad sobre las reformas normativas, incorporando un an�lisis riguroso de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Asimismo, se recomienda la creaci�n de cl�usulas de intangibilidad en leyes fundamentales y el desarrollo de una jurisprudencia garantista que limite la discrecionalidad regresiva del legislador.

 

Justificaci�n

El presente trabajo se justifica en la necesidad urgente de frenar las tendencias regresivas que afectan el goce efectivo de derechos humanos en Am�rica Latina, y en particular en Ecuador. La defensa del principio de progresividad no solo es una exigencia jur�dica, sino una condici�n �tica y pol�tica para preservar el Estado de derecho. A trav�s de este an�lisis se busca aportar al fortalecimiento institucional y normativo que impida que los derechos reconocidos retrocedan, especialmente en contextos de crisis donde las garant�as tienden a ser flexibilizadas. La investigaci�n no solo tiene un valor te�rico, sino pr�ctico, al ofrecer propuestas normativas aplicables a la realidad ecuatoriana actual.

 

Estado del arte

El principio de progresividad ha sido ampliamente desarrollado en la doctrina y en los sistemas internacionales de protecci�n de los derechos humanos. Desde la perspectiva del Derecho Internacional, este principio se encuentra consagrado en el art�culo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece la obligaci�n de los Estados de adoptar medidas, hasta el m�ximo de sus recursos disponibles, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos (Naciones Unidas, 1966, p. 3). Este concepto ha sido reforzado por el Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales en su Observaci�n General N� 3, donde se precisa que cualquier retroceso debe ser plenamente justificado con base en criterios estrictos (Comit� DESC, 1990, p�rr. 9).

En Am�rica Latina, diversos estudios han advertido la creciente preocupaci�n por reformas normativas regresivas. Abramovich (2006) sostiene que las pol�ticas de ajuste fiscal y austeridad, muchas veces impulsadas por organismos internacionales, generan efectos negativos en los niveles de protecci�n de los derechos sociales (p. 49). Courtis (2009) afirma que los retrocesos, aunque formales, pueden tener impactos materiales profundos y duraderos en el goce efectivo de derechos (p. 72).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tambi�n ha consolidado una l�nea jurisprudencial donde se afirma la inadmisibilidad de regresiones sin justificaci�n, especialmente en los casos Acevedo Buend�a y otros vs. Per� (2009) y Lagos del Campo vs. Per� (2017), donde se establece que los derechos laborales y sociales no pueden ser reducidos sin que el Estado demuestre proporcionalidad y razonabilidad en sus decisiones (CIDH, 2009, p�rr. 103; CIDH, 2017, p�rr. 147).

En el �mbito nacional, autores como Ram�rez (2022) han identificado en Ecuador un deterioro progresivo del acceso a derechos como salud, educaci�n y seguridad social debido a reformas presupuestarias regresivas (p. 92). Este estado de la cuesti�n revela un patr�n regional y global de retroceso en derechos sociales que vulnera los pilares del constitucionalismo democr�tico.

 

Marco te�rico

El principio de progresividad de los derechos humanos se sustenta en el reconocimiento de que los derechos no son est�ticos, sino que evolucionan en funci�n de los avances sociales, pol�ticos y econ�micos de una sociedad. Seg�n Ferrajoli (2011), los derechos fundamentales forman parte del n�cleo de validez del ordenamiento jur�dico y su regresi�n compromete la legitimidad del sistema democr�tico (p. 67).

Desde el constitucionalismo moderno, la progresividad implica un mandato de optimizaci�n: los Estados deben ampliar y mejorar el acceso y disfrute de los derechos, sin retroceder salvo en situaciones excepcionales justificadas conforme a est�ndares de proporcionalidad (Alexy, 2002, p. 94). Para este autor, los derechos fundamentales son principios que obligan al legislador a adoptar medidas que acerquen la realidad social a los fines normativos previstos en la Constituci�n.

Adem�s, la doctrina ha establecido que la regresividad normativa no solo afecta la eficacia jur�dica de los derechos, sino que vulnera el principio de seguridad jur�dica. P�rez Lu�o (2007) argumenta que una regresi�n genera incertidumbre normativa, ya que modifica las expectativas leg�timas del ciudadano respecto al mantenimiento de sus derechos (p. 71).

Por su parte, Uprimny (2011) se�ala que la progresividad debe entenderse como un l�mite al poder legislativo, pues toda reforma que implique una disminuci�n de derechos requiere no solo justificaci�n t�cnica, sino evaluaci�n judicial estricta (p. 206). De ah� que el control constitucional se torne esencial para garantizar la permanencia del est�ndar de derechos alcanzado.

En este marco, el principio pro persona y el control de convencionalidad aparecen como mecanismos fundamentales para garantizar que los Estados no disminuyan injustificadamente el nivel de protecci�n de los derechos reconocidos (Carbonell, 2014, p. 123). En suma, el marco te�rico articula principios constitucionales e internacionales que apuntalan la progresividad como obligaci�n jur�dica y pol�tica.

Estudios de caso y experiencias internacionales

1.      Caso Acevedo Buend�a y otros (�Cesantes y Jubilados de la Contralor�a�) vs. Per� (2009) En este caso, la Corte IDH determin� que el Estado peruano viol� los derechos de los demandantes al modificar retroactivamente normas que reconoc�an beneficios previsionales. La Corte sostuvo que no se puede reducir un derecho adquirido sin justificaci�n estricta, afectando la expectativa leg�tima de los trabajadores (CIDH, 2009, p�rr. 103).

2.      Caso Lagos del Campo vs. Per� (2017) Este precedente afirma que el Estado vulner� el derecho al trabajo de un representante sindical, cuya estabilidad laboral fue eliminada por una reforma regresiva. El tribunal destac� la obligaci�n de progresividad en materia laboral, invalidando la norma regresiva (CIDH, 2017, p�rr. 147).

3.      Caso Gosselin v. Canad� (2002) � Comit� de Derechos Humanos de la ONU
Se denunci� una reducci�n en los programas sociales para j�venes desempleados. Aunque el Comit� no fall� en contra del Estado, reconoci� que tales reformas deb�an analizarse a la luz del principio de progresividad (Comit� DH, 2002, p�rr. 10.4).

4.      Reforma previsional en Argentina (2017) La modificaci�n de la f�rmula de c�lculo de pensiones gener� controversias constitucionales. La Corte Suprema Argentina en el fallo Blanco c/ANSES (2018) analiz� la legitimidad de la reforma y sostuvo que todo retroceso deb�a justificar su proporcionalidad frente al perjuicio generado.

5.      Crisis presupuestaria en Grecia y recortes de derechos (2012-2015) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comit� de Derechos Sociales del Consejo de Europa analizaron medidas de austeridad que redujeron derechos laborales. Se estableci� que las medidas econ�micas no pueden justificar por s� solas retrocesos en derechos sociales sin evaluaci�n de impacto y justificaci�n razonable (Consejo de Europa, 2013, p. 6).

Normativa ecuatoriana sobre progresividad de los derechos

En Ecuador, la Constituci�n de 2008 consagra el principio de progresividad en varios art�culos fundamentales. El art�culo 11, numeral 8, establece que los derechos se desarrollan de forma progresiva y que ninguna norma podr� restringirlos de manera injustificada. Adem�s, el art�culo 85 dispone que la formulaci�n, ejecuci�n y evaluaci�n de pol�ticas p�blicas deber�n garantizar el ejercicio progresivo de los derechos, priorizando a grupos vulnerables.

El C�digo Org�nico de Planificaci�n y Finanzas P�blicas (COPLAFIP) tambi�n establece que el presupuesto general del Estado debe cumplir con la garant�a de derechos y priorizar el gasto social (art. 12). Sin embargo, en la pr�ctica se han aprobado recortes que contradicen estas disposiciones.

La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado la obligaci�n del Estado de justificar t�cnicamente cualquier reforma regresiva. En la Sentencia No. 11-18-CN/19, por ejemplo, se se�al� que �toda disminuci�n en la protecci�n de derechos debe estar motivada por razones imperiosas, temporales y proporcionales� (Corte Constitucional del Ecuador, 2019, p. 22).

Por tanto, el marco normativo ecuatoriano contempla principios robustos en favor de la progresividad, aunque su aplicaci�n efectiva ha sido limitada en contextos de crisis o presi�n fiscal.

 

 

 

Metodolog�a

El presente trabajo aplica un marco metodol�gico integrado que permite ofrecer un an�lisis exhaustivo y cr�tico sobre los efectos de los retrocesos normativos en la vigencia del principio de progresividad de los derechos, tanto en el contexto ecuatoriano como desde una perspectiva comparada e internacional. Este enfoque articula tres m�todos principales: el descriptivo, el bibliogr�fico y el fenomenol�gico jur�dico, lo que permite una aproximaci�n comprensiva al fen�meno objeto de estudio desde distintas dimensiones: normativa, doctrinal y jurisprudencial.

M�todo Descriptivo

El m�todo descriptivo permite caracterizar y contextualizar los retrocesos normativos en el Ecuador y en otros pa�ses, identificando patrones comunes, causas estructurales y consecuencias sobre los derechos fundamentales. Este m�todo se enfoca en el reconocimiento emp�rico y sistem�tico de fen�menos jur�dicos y sociales, sin intervenci�n directa del investigador, ofreciendo una visi�n detallada del objeto de estudio (Hern�ndez, Fern�ndez & Baptista, 2014, p. 92).

Se aplica para detallar las reformas normativas adoptadas en Ecuador en los �ltimos a�os, especialmente aquellas que han afectado el derecho a la salud, la educaci�n, la seguridad social y el trabajo. Tambi�n se describe el contenido y evoluci�n del principio de progresividad en los instrumentos internacionales, y su recepci�n en el ordenamiento constitucional ecuatoriano.

M�todo Bibliogr�fico

El m�todo bibliogr�fico permite sustentar te�ricamente el an�lisis a partir de fuentes secundarias como libros, art�culos cient�ficos, tratados internacionales, jurisprudencia y pronunciamientos doctrinales. Este m�todo resulta esencial para construir el marco conceptual y normativo, as� como para desarrollar el estado del arte del tema investigado (Tamayo y Tamayo, 2013, p. 74).

Su aplicaci�n se traduce en la revisi�n y an�lisis cr�tico de literatura especializada en derechos humanos, derecho constitucional, derecho internacional p�blico y teor�a jur�dica. Tambi�n se incluyen aportes de organismos internacionales como el Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas observaciones y sentencias consolidan est�ndares normativos sobre progresividad y no regresividad.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico

El m�todo fenomenol�gico jur�dico se centra en la interpretaci�n del derecho como fen�meno social, pol�tico y axiol�gico, y permite comprender c�mo los retrocesos normativos afectan la vivencia jur�dica de los sujetos y la estructura del ordenamiento. Este enfoque profundiza en el significado y la experiencia del derecho m�s all� de su literalidad normativa (Atienza, 2006, p. 132).

En este art�culo, se aplica este m�todo para examinar el impacto real y simb�lico de las reformas regresivas en los grupos m�s vulnerables, considerando el contenido esencial de los derechos y las percepciones ciudadanas sobre la p�rdida de garant�as. Este enfoque tambi�n permite valorar la respuesta de los �rganos de control constitucional y su capacidad para frenar retrocesos injustificados.

En conjunto, esta triangulaci�n metodol�gica permite abordar el objeto de estudio desde una perspectiva integral, garantizando la rigurosidad anal�tica y la validez jur�dica de las conclusiones. La combinaci�n de estos m�todos contribuye a la comprensi�n compleja de los efectos normativos, institucionales y humanos del debilitamiento del principio de progresividad.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n

La regresividad normativa puede definirse como la eliminaci�n, restricci�n o reducci�n de derechos previamente reconocidos y protegidos, sin una justificaci�n v�lida basada en principios constitucionales o en est�ndares internacionales de derechos humanos (Abramovich & Courtis, 2002, p. 134). Esta regresi�n puede manifestarse en reformas legislativas, presupuestarias o incluso jurisprudenciales que alteran negativamente el alcance o la efectividad de los derechos fundamentales. Seg�n el Comit� de Derechos Econ�micos, Sociales y Culturales de la ONU, toda medida regresiva debe ser evaluada bajo un estricto escrutinio de proporcionalidad, razonabilidad y temporalidad (Comit� DESC, 1990, p�rr. 9).

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados

En Ecuador, durante el periodo 2019-2023, se implementaron varias reformas que generaron preocupaci�n por su posible car�cter regresivo:

�                    Recorte presupuestario en salud p�blica: En 2020, se redujo el presupuesto del Ministerio de Salud en un 28%, afectando programas de vacunaci�n y atenci�n primaria, especialmente en zonas rurales (Ministerio de Finanzas, 2021, p. 14).

�                    Suspensi�n de partidas para educaci�n intercultural biling�e: Esta decisi�n, adoptada en 2021, disminuy� la cobertura educativa para comunidades ind�genas, limitando el derecho a la educaci�n adaptada a la identidad cultural (Ram�rez, 2022, p. 93).

�                    Reducci�n de pensiones a personas con discapacidad: En 2022 se reformaron mecanismos de asignaci�n de pensiones no contributivas, reduciendo el acceso efectivo a este derecho (Defensor�a del Pueblo, 2023, p. 21).

Estas medidas produjeron efectos adversos que se reflejaron en el incremento de brechas de desigualdad y en la judicializaci�n de reclamos por vulneraciones de derechos. Por ejemplo, la Corte Constitucional del Ecuador admiti� acciones de inconstitucionalidad contra varios de estos recortes presupuestarios, declarando su inconstitucionalidad por violar el principio de progresividad (Sentencia No. 11-18-CN/19, p. 27).

Cuestiones �ticas

La implementaci�n de medidas regresivas plantea profundas cuestiones �ticas y jur�dicas. Desde el punto de vista �tico, supone una ruptura del compromiso estatal con el principio de dignidad humana y equidad. Disminuir garant�as en contextos de vulnerabilidad implica una afectaci�n desproporcionada a grupos ya excluidos, como pueblos ind�genas, mujeres, ni�os y personas con discapacidad (Ferrajoli, 2011, p. 78).

Adem�s, estas medidas suelen adoptarse sin consulta previa ni transparencia, afectando los principios de participaci�n democr�tica y deliberaci�n p�blica (P�rez Lu�o, 2007, p. 69). �ticamente, no puede justificarse una reforma que afecte derechos sin considerar el impacto en los sectores m�s fr�giles del tejido social.

An�lisis de los Resultados

Del an�lisis de datos y normativa surge un patr�n claro: la regresividad no obedece exclusivamente a razones t�cnicas, sino a decisiones pol�ticas y de priorizaci�n econ�mica, que colocan el ajuste fiscal por encima de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La jurisprudencia nacional e internacional muestra que este tipo de reformas, aunque justificado por crisis econ�micas, debe pasar por el tamiz de la proporcionalidad, que muchas veces no se cumple (Corte IDH, 2009, p�rr. 98).

Los resultados del an�lisis permiten afirmar que:

�                    La regresividad en Ecuador ha afectado derechos sociales clave.

�                    Existe una d�bil aplicaci�n del test de regresividad por parte de la Asamblea Nacional.

�                    La Corte Constitucional ha empezado a generar est�ndares protectores, aunque a�n de forma reactiva.

 

Tabla 1. Evoluci�n del presupuesto en salud y educaci�n en Ecuador (2019-2023)

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador (2023, p. 14).
Nota: Se evidencia una ca�da significativa en salud durante la pandemia, que no se recuper� totalmente en los a�os posteriores

 

Explicaci�n
La tabla muestra una tendencia preocupante de desinversi�n en �reas clave para la garant�a de derechos. El mayor recorte en salud ocurri� precisamente durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que vulner� el derecho a la salud y contravino principios de racionalidad y temporalidad del retroceso normativo (Comit� DESC, 2020, p�rr. 12).

 

Conclusiones

1.                 El principio de progresividad es un eje fundamental del constitucionalismo contempor�neo y del derecho internacional de los derechos humanos, que impone a los Estados el deber de avanzar en la protecci�n de los derechos y de abstenerse de adoptar medidas regresivas injustificadas.

2.                 En Ecuador, se han producido retrocesos normativos significativos, especialmente en �reas como salud, educaci�n y seguridad social, que han afectado desproporcionadamente a grupos en situaci�n de vulnerabilidad. Estas medidas, lejos de responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, han sido adoptadas en contextos de crisis bajo argumentos puramente fiscales.

3.                 La Corte Constitucional ecuatoriana ha empezado a desarrollar est�ndares para controlar la regresividad normativa, aunque con limitaciones en cuanto a su aplicaci�n preventiva. Existe la necesidad de fortalecer este rol mediante el desarrollo de una doctrina consolidada sobre el contenido esencial de los derechos y los l�mites al legislador.

4.                 El an�lisis demuestra que el principio de progresividad debe entenderse no solo como una obligaci�n jur�dica formal, sino como una garant�a sustantiva de la dignidad humana, la seguridad jur�dica y la igualdad. Cualquier regresi�n sin una justificaci�n adecuada vulnera directamente el Estado constitucional de derechos y justicia.

 

Recomendaciones

1.                 Incorporar cl�usulas de intangibilidad de derechos en la legislaci�n interna, especialmente en materia de salud, educaci�n, y seguridad social, para blindarlos frente a reformas regresivas.

2.                 Fortalecer el control de constitucionalidad y convencionalidad, exigiendo que toda reforma que implique una regresi�n pase por un test estricto de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad.

3.                 Generar indicadores de impacto normativo que midan ex ante los posibles efectos de las reformas legislativas sobre los derechos fundamentales, con �nfasis en los sectores m�s vulnerables.

4.                 Establecer mecanismos de participaci�n ciudadana previa a las reformas normativas, a fin de asegurar el principio democr�tico y de legitimidad normativa en procesos de toma de decisiones que afectan derechos.

5.                 Impulsar la capacitaci�n continua de jueces, legisladores y funcionarios p�blicos en el principio de progresividad, garantizando una comprensi�n adecuada de sus implicaciones constitucionales y convencionales.

6.                 Promover la articulaci�n entre �rganos de control nacionales e internacionales, para que los Estados respondan a est�ndares comunes que impidan retrocesos arbitrarios y aseguren la consolidaci�n progresiva de los derechos.

 

Referencias

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� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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