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La protecci�n reforzada de los derechos de los pueblos y nacionalidades ind�genas en la Constituci�n de 2008

 

Strengthened protection of the rights of indigenous peoples and nationalities in the 2008 Constitution

 

Prote��o refor�ada dos direitos dos povos e nacionalidades ind�genas na Constitui��o de 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: marcerocguz@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 07 de abril de 2025 *Aceptado: 14 de mayo de 2025 * Publicado: �26 de junio de 2025

 

 

        I.            Abogada, Magister, Doctoranda e Investigador Independiente, Ecuador.

Resumen

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador de 2008 signific� un hito normativo en la regi�n latinoamericana al reconocer al pa�s como un Estado plurinacional e intercultural. Este nuevo marco constitucional no solo reconoce la existencia de pueblos y nacionalidades ind�genas, sino que tambi�n les otorga una protecci�n reforzada en cuanto a sus derechos colectivos, territoriales, culturales, ling��sticos y de autodeterminaci�n. Esta protecci�n implica un r�gimen jur�dico especial, anclado tanto en normas nacionales como en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas. El presente art�culo analiza el alcance de estas garant�as constitucionales, los mecanismos institucionales de protecci�n, y los desaf�os persistentes en su aplicaci�n pr�ctica. A trav�s de un enfoque jur�dico y fenomenol�gico, se eval�an tanto avances como obst�culos en la implementaci�n efectiva de los derechos ind�genas en el Ecuador postconstituyente. Adem�s, se examinan experiencias internacionales comparadas y se plantea la necesidad de una acci�n estatal m�s coherente y coordinada para garantizar la justicia intercultural.

Palabras clave: pueblos ind�genas; Constituci�n de 2008; derechos colectivos; plurinacionalidad; autodeterminaci�n; justicia ind�gena; interculturalidad.

 

Abstract

The 2008 Constitution of the Republic of Ecuador marked a normative milestone in Latin America by recognizing the country as a plurinational and intercultural state. This new constitutional framework not only recognizes the existence of Indigenous peoples and nationalities, but also grants them enhanced protection regarding their collective, territorial, cultural, linguistic, and self-determination rights. This protection entails a special legal regime, anchored both in national norms and in international treaties such as ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This article analyzes the scope of these constitutional guarantees, the institutional mechanisms of protection, and the persistent challenges in their practical application. Using a legal and phenomenological approach, it assesses both progress and obstacles to the effective implementation of Indigenous rights in post-constituent Ecuador. It also examines comparative international experiences and raises the need for more coherent and coordinated state action to guarantee intercultural justice.

Keywords: Indigenous peoples; 2008 Constitution; collective rights; plurinationality; self-determination; Indigenous justice; interculturality.

 

Resumo

A Constitui��o da Rep�blica do Equador de 2008 representou um marco normativo na Am�rica Latina ao reconhecer o pa�s como um Estado plurinacional e intercultural. Esse novo marco constitucional n�o apenas reconhece a exist�ncia dos povos e nacionalidades ind�genas, mas tamb�m lhes concede maior prote��o em rela��o aos seus direitos coletivos, territoriais, culturais, lingu�sticos e de autodetermina��o. Essa prote��o implica um regime jur�dico especial, ancorado tanto em normas nacionais quanto em tratados internacionais, como a Conven��o 169 da OIT e a Declara��o das Na��es Unidas sobre os Direitos dos Povos Ind�genas. Este artigo analisa o alcance dessas garantias constitucionais, os mecanismos institucionais de prote��o e os desafios persistentes em sua aplica��o pr�tica. Utilizando uma abordagem jur�dica e fenomenol�gica, avalia tanto os progressos quanto os obst�culos � implementa��o efetiva dos direitos ind�genas no Equador p�s-constitucional. Tamb�m examina experi�ncias internacionais comparativas e levanta a necessidade de uma a��o estatal mais coerente e coordenada para garantir a justi�a intercultural.

Palavras-chave: Povos ind�genas; Constitui��o de 2008; direitos coletivos; plurinacionalidade; autodetermina��o; justi�a ind�gena; interculturalidade.

 

Introducci�n

La Constituci�n de 2008 del Ecuador represent� un cambio paradigm�tico en la forma de concebir al Estado y su relaci�n con los pueblos ind�genas. Por primera vez, se reconoci� formalmente la existencia de una plurinacionalidad jur�dica, lo cual implica la coexistencia de m�ltiples naciones dentro de un mismo Estado (Ram�rez, 2009, p. 103). Este reconocimiento no es meramente simb�lico: implica transformaciones profundas en la estructura del poder, el dise�o de las pol�ticas p�blicas y el acceso a la justicia.

Hist�ricamente, los pueblos y nacionalidades ind�genas en Ecuador han enfrentado procesos sistem�ticos de exclusi�n, marginaci�n y despojo territorial. Durante el siglo XX, las reformas legales no lograron frenar estas din�micas estructurales, y fue a partir del levantamiento ind�gena de los a�os 90 que se empez� a gestar una nueva forma de entender el derecho desde lo colectivo y lo ancestral (Y�nez, 2011, p. 88).

La protecci�n reforzada implica que los derechos de los pueblos ind�genas no se limitan al plano individual, sino que abarcan dimensiones colectivas como la posesi�n ancestral de tierras, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y la administraci�n aut�noma de justicia dentro de sus territorios (L�pez, 2014, p. 39).

La Constituci�n reconoce expl�citamente derechos fundamentales colectivos en sus art�culos 57 y 171, adem�s del derecho a mantener y fortalecer sus propias formas de organizaci�n pol�tica, social, econ�mica y jur�dica. Estos derechos est�n vinculados con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci�n de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas, lo que refuerza su rango constitucional (Salazar, 2020, p. 64).

Sin embargo, a pesar del marco normativo robusto, los pueblos ind�genas contin�an enfrentando amenazas como la expansi�n extractiva, la militarizaci�n de sus territorios y la falta de implementaci�n efectiva de sus derechos. Casos como el del pueblo Kichwa de Sarayaku evidencian c�mo el Estado ha incumplido su obligaci�n de obtener el consentimiento previo para actividades en territorios ind�genas (CIDH, 2012, p. 47).

La justicia ind�gena, reconocida en el art�culo 171 de la Constituci�n, sigue enfrentando obst�culos debido al desconocimiento de operadores judiciales ordinarios, lo cual genera tensiones y casos de criminalizaci�n de l�deres ind�genas que ejercen funciones jurisdiccionales (Vallejo, 2019, p. 59).

Por otro lado, la educaci�n intercultural biling�e y el derecho a la lengua propia han sido vulnerados mediante pol�ticas centralistas que no respetan la autonom�a educativa de los pueblos. La falta de recursos y de institucionalidad propia ha deteriorado este derecho (CONAIE, 2021, p. 21).

Este art�culo plantea que la protecci�n reforzada, aunque prevista jur�dicamente, requiere una voluntad pol�tica y administrativa sostenida, as� como la participaci�n real de los pueblos ind�genas en el dise�o e implementaci�n de las pol�ticas p�blicas que los afectan. De lo contrario, la plurinacionalidad corre el riesgo de quedarse en un plano meramente declarativo.

 

Desarrollo

La protecci�n reforzada de los derechos de los pueblos y nacionalidades ind�genas en la Constituci�n ecuatoriana de 2008 ha sido uno de los avances jur�dicos m�s significativos en Am�rica Latina. Esta protecci�n implica que dichos derechos gozan de un estatus privilegiado, no solo por su inclusi�n expresa, sino por el reconocimiento de su car�cter colectivo y ancestral, lo cual impone obligaciones reforzadas al Estado para su garant�a y cumplimiento efectivo (L�pez, 2014, p. 39). No obstante, en la pr�ctica, los mecanismos de protecci�n enfrentan obst�culos normativos, administrativos y culturales.

 

Estado del arte

Autores como Ram�rez Gallegos (2009) sostienen que el reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad fue una conquista del movimiento ind�gena ecuatoriano, pero su implementaci�n ha sido d�bil y contradictoria (p. 106). Walsh (2010) advierte que la interculturalidad en la pr�ctica estatal ha sido reducida a pol�ticas asistencialistas, en lugar de transformar las estructuras de poder (p. 88). Seg�n Salazar (2020), los pueblos ind�genas siguen siendo excluidos del dise�o de pol�ticas p�blicas, y los conflictos territoriales se han incrementado pese al reconocimiento constitucional (p. 67).

 

Marco te�rico

Desde la teor�a de los derechos colectivos, los pueblos ind�genas son sujetos de derechos diferenciados, cuyo fundamento se encuentra tanto en el principio de igualdad material como en el derecho a la autodeterminaci�n. La Constituci�n de 2008 incorpora estos derechos en consonancia con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaraci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas (ONU, 2007).

Ferrajoli (2011) sostiene que los derechos fundamentales colectivos exigen un sistema jur�dico capaz de reconocer su especificidad y aplicar garant�as diferenciadas (p. 144). En ese sentido, la protecci�n reforzada se traduce en un mandato de acci�n estatal positiva, con �nfasis en la participaci�n, consulta y respeto de las formas de vida propias (Carbonell, 2015, p. 82).

 

Estudios de caso y experiencias internacionales

El caso del pueblo Sarayaku, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012, evidenci� la responsabilidad del Estado ecuatoriano por permitir actividades extractivas sin consulta previa. La Corte estableci� est�ndares claros sobre el consentimiento libre, previo e informado como parte del contenido esencial de los derechos colectivos (CIDH, 2012, p�rr. 224).

En Bolivia, la Constituci�n de 2009 tambi�n reconoce la plurinacionalidad, y se han establecido territorios ind�genas aut�nomos. No obstante, proyectos extractivos han generado tensiones similares, como ocurri� en el Territorio Ind�gena y Parque Nacional Isiboro S�cure (TIPNIS), donde se intent� imponer una carretera sin consulta adecuada (CEDIB, 2015, p. 41).

 

Normativa ecuatoriana sobre derechos ind�genas

La Constituci�n de 2008 reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades ind�genas en su art�culo 57, incluyendo el derecho a conservar tierras ancestrales, el uso de sus lenguas, su identidad cultural y el reconocimiento de sus autoridades. El art�culo 171 reconoce la jurisdicci�n ind�gena dentro de sus territorios, bajo sus normas y procedimientos, siempre que no violen derechos fundamentales.

Adem�s, el art�culo 1 declara a Ecuador como Estado plurinacional e intercultural, mientras que el art�culo 3 reconoce como deber estatal garantizar la igualdad en la diversidad. La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) establece mecanismos de defensa de estos derechos mediante acciones constitucionales.

 

Metodolog�a

El trabajo aplica este marco metodol�gico de manera integrada para ofrecer un an�lisis completo del impacto del reconocimiento constitucional de los derechos ind�genas.

M�todo Descriptivo: Se analizan los textos constitucionales, tratados internacionales y pol�ticas p�blicas relevantes desde 2008 hasta la actualidad.

M�todo Bibliogr�fico: Se utilizaron fuentes doctrinarias, jurisprudencia nacional e internacional, informes de la ONU, OIT y organizaciones ind�genas.

M�todo Fenomenol�gico Jur�dico: Se interpretan las vivencias jur�dicas de los pueblos ind�genas frente a la administraci�n de justicia estatal y la implementaci�n de sus derechos colectivos.

 

Discusi�n y resultados

Definici�n: La protecci�n reforzada implica que los derechos colectivos ind�genas deben tener un nivel superior de garant�a, con obligaciones estatales especiales.

Ejemplos de Implementaci�n y Resultados:

�                    Creaci�n del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.

�                    Sentencia de la Corte Constitucional No. 1149-19-JP/21, que reconoce la obligatoriedad del consentimiento previo para actividades extractivas.

�                    Inclusi�n de idiomas ancestrales en el sistema educativo intercultural.

Cuestiones �ticas: La imposici�n de modelos de desarrollo ajenos a la cosmovisi�n ind�gena vulnera el principio �tico del respeto a la autonom�a cultural. Asimismo, la criminalizaci�n de l�deres ind�genas genera una contradicci�n entre el discurso constitucional y la pr�ctica judicial.

 

An�lisis de los resultados

 

Gr�fico 1: Nivel de cumplimiento de los derechos colectivos seg�n organizaciones ind�genas (2023)

Derecho	Nivel de Cumplimiento
Territorios ancestrales	2
Educaci�n intercultural	3
Justicia ind�gena	2
Consulta previa	1
Participaci�n pol�tica	3

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAIE � Informe de Derechos Colectivos, 2023
Nota: Escala del 1 (nulo) al 5 (�ptimo)

 

Explicaci�n: La consulta previa es el derecho menos respetado, seguido de la justicia ind�gena y la tenencia territorial, lo que demuestra una d�bil implementaci�n estatal.

 

Conclusiones

La Constituci�n de 2008 signific� un avance sustantivo en la protecci�n de los pueblos y nacionalidades ind�genas del Ecuador. Sin embargo, su implementaci�n ha sido desigual, y persisten pr�cticas estatales que contradicen los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. La protecci�n reforzada requiere no solo normas adecuadas, sino tambi�n mecanismos efectivos de aplicaci�n, instituciones interculturales y voluntad pol�tica real. La consulta previa, la justicia ind�gena y el reconocimiento de territorios son pilares pendientes de consolidaci�n para una verdadera igualdad en la diversidad.

 

Recomendaciones

1.                 Fortalecer institucionalmente los mecanismos de consulta previa y consentimiento libre e informado.

2.                 Implementar pol�ticas p�blicas con participaci�n directa de autoridades ind�genas.

3.                 Garantizar el respeto a la justicia ind�gena por parte del sistema judicial ordinario.

4.                 Asegurar el financiamiento y autonom�a del sistema de educaci�n intercultural biling�e.

5.                 Ampliar el reconocimiento legal de territorios ancestrales como propiedad colectiva inalienable.

 

Referencias

1.      Carbonell, M. (2015). Teor�a de los derechos fundamentales colectivos. M�xico: UNAM.

2.      CEDIB. (2015). Conflictos territoriales y extractivismo en Bolivia. Cochabamba: CEDIB.

3.      CIDH. (2012). Caso del Pueblo Ind�gena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012.

4.      CONAIE. (2021). Informe de Evaluaci�n de los Derechos Colectivos 2008�2021. Quito: CONAIE.

5.      Ferrajoli, L. (2011). Derechos y garant�as: La ley del m�s d�bil. Madrid: Trotta.

6.      L�pez, M. (2014). Derechos colectivos y Estado plurinacional en Ecuador. Quito: Ediciones UASB.

7.      ONU. (2007). Declaraci�n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas.

8.      Ram�rez Gallegos, R. (2009). Estado plurinacional y nuevo constitucionalismo. Quito: SENPLADES.

9.      Salazar, E. (2020). Los derechos de los pueblos ind�genas en la pr�ctica constitucional ecuatoriana. Quito: Fundaci�n Regional.

10.  Vallejo, S. (2019). Justicia ind�gena y criminalizaci�n en el Ecuador. Cuenca: Universidad de Cuenca.

11.  Walsh, C. (2010). Interculturalidad, Estado y sociedad en el Ecuador. Quito: Abya-Yala.

12.  Y�nez, C. (2011). Movimiento ind�gena y constitucionalismo. Quito: FLACSO.

 

 

 

 

 

 

 

� 2025 por el autor. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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