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La convergencia entre la justicia ind�gena y el debido proceso constitucional en el Ecuador

 

The convergence between indigenous justice and constitutional due process in Ecuador

 

A converg�ncia entre a justi�a ind�gena e o devido processo constitucional no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: jgquinllin.fpd@unach.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 08 de abril de 2025 *Aceptado: 22 de mayo de 2025 * Publicado: �11 de junio de 2025

 

        I.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

      II.            Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador.

Resumen

La investigaci�n tuvo como principal objeto de estudio el analizar si existe una converg�a entre la justicia ind�gena y el debido proceso constitucional en el Ecuador, donde su busco determinar que principios y garant�as establecidos en el debido proceso se pueden armonizar con las practicas aplicadas por los puebles y comunidades ind�genas, sin que esto afecte su autonom�a jurisdiccional, as� como establecer las posibles tensiones que conllevar�a la inobservancia de estos principios y garant�as en los procedimientos que se discuten derechos. Para ello se aplic� una metodolog�a con un enfoque mixto, y m�todo cualitativo, realizando encuestas a dos grupos clave de la investigaci�n como a dirigentes ind�genas y jueces en el �mbito constitucional, ambos de la provincia de Chimborazo. Los resultados fueron recolectados y procesados estad�sticamente para ser interpretados conforme al objeto de la investigaci�n desde un aspecto jur�dico, normativo y doctrinario, con el fin de discernir las percepciones de los encuestados. Como principal hallazgo y resultado se encontr� que existen puntos de convergencia entre ambos sistemas de justicia, donde predominan los principios de oralidad, celeridad, inmediaci�n, gratuidad, adem�s se identific� una entendimiento compartida sobre la importancia de fortalecer el di�logo intercultural entre estos dos sistemas jur�dicos, reconociendo la necesidad de construir puentes que permitan una convivencia arm�nica y respetuosa de las diferencias culturales y legales. Sin embargo tambi�n se evidencian tensiones en torno a garant�as como legalidad, seguridad jur�dica, lo que plantea desaf�os pendientes para lograr una verdadera articulaci�n entre el respeto a los derechos constitucionales y costumbres de la justicia ind�gena.

Palabras Claves: Justicia ind�gena; debido proceso; dirigentes ind�genas; pluralismo jur�dico.

 

Abstract

The main objective of this research was to analyze whether there is a convergence between Indigenous justice and constitutional due process in Ecuador. It sought to determine which principles and guarantees established in due process can be harmonized with the practices applied by Indigenous peoples and communities without affecting their jurisdictional autonomy. It also sought to establish the potential tensions that would arise from the non-compliance with these principles and guarantees in procedures where rights are discussed. To this end, a mixed-method methodology and qualitative method were applied, conducting surveys among two key research groups: Indigenous leaders and constitutional judges, both from the province of Chimborazo. The results were collected and statistically processed for interpretation according to the research objective from a legal, normative, and doctrinal perspective, in order to discern the perceptions of the respondents. The main finding and outcome was that there are points of convergence between both justice systems, where the principles of oral justice, speed, immediacy, and free of charge predominate. A shared understanding was also identified regarding the importance of strengthening intercultural dialogue between these two legal systems, recognizing the need to build bridges that allow for harmonious coexistence and respect for cultural and legal differences. However, tensions are also evident around guarantees such as legality and legal certainty, which poses pending challenges for achieving a true connection between respect for constitutional rights and customs of Indigenous justice.

Keywords: Indigenous justice; due process; Indigenous leaders; legal pluralism.

 

Resumo

O principal objetivo desta pesquisa foi analisar se h� converg�ncia entre a justi�a ind�gena e o devido processo constitucional no Equador. Buscou-se determinar quais princ�pios e garantias estabelecidos no devido processo podem ser harmonizados com as pr�ticas aplicadas pelos povos e comunidades ind�genas sem afetar sua autonomia jurisdicional. Tamb�m buscou-se estabelecer as potenciais tens�es que surgiriam do descumprimento desses princ�pios e garantias em procedimentos onde direitos s�o discutidos. Para tanto, foram aplicadas uma metodologia mista e um m�todo qualitativo, realizando-se pesquisas entre dois grupos-chave de pesquisa: l�deres ind�genas e ju�zes constitucionais, ambos da prov�ncia de Chimborazo. Os resultados foram coletados e processados ​​estatisticamente para interpreta��o de acordo com o objetivo da pesquisa, de uma perspectiva legal, normativa e doutrin�ria, a fim de discernir as percep��es dos entrevistados. A principal constata��o e resultado foi a exist�ncia de pontos de converg�ncia entre ambos os sistemas de justi�a, onde predominam os princ�pios da justi�a oral, celeridade, imediatismo e gratuidade. Identificou-se tamb�m um entendimento comum quanto � import�ncia de fortalecer o di�logo intercultural entre esses dois sistemas jur�dicos, reconhecendo a necessidade de construir pontes que permitam a coexist�ncia harmoniosa e o respeito �s diferen�as culturais e jur�dicas. No entanto, tamb�m s�o evidentes tens�es em torno de garantias como a legalidade e a seguran�a jur�dica, o que imp�e desafios pendentes para o alcance de uma verdadeira conex�o entre o respeito aos direitos constitucionais e os costumes da justi�a ind�gena.

Palavras-chave: Justi�a ind�gena; devido processo legal; lideran�as ind�genas; pluralismo jur�dico.

 

Introducci�n

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador entra en vigencia en el a�o 2008 e incorpora un modelo garantista en el marco de un estado constitucional, en el cual no solo se reconocen formalmente los derechos, sino que adquieren eficacia a trav�s de los mecanismos de garant�a que los respaldan y aseguran su cumplimiento. �"El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos, cuyo deber es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constituci�n, obligando a las instituciones del estado a actuar en base a una potestad legitima y supeditada por principios y derechos constitucionales" (Lluguin Valdiviezo & Barba Tamayo, 2021, p�g. 367).

Asimismo, se reconoce la Justicia Ind�gena como un sistema aut�nomo con jurisdicci�n, para resolver conflictos. A palabras de Jimenez et al., (2021): �La justicia ind�gena es la forma en que las comunidades ind�genas manejan sus propios problemas o conflictos internos, que funcionan apoy�ndose en las costumbres y tradiciones ancestrales, conservando qui�nes son como cultura� (p�g. 3).

Esto significa que, surge una convivencia con el sistema de justicia ordinario, donde se plantean interrogantes no solo normativos, sino tambi�n �ticos y sociales sobre c�mo estos sistemas pueden dialogar y complementarse en un mismo Estado, para alcanzar una articulaci�n equilibrada entre ambas formas de justicia, es una tarea compleja que exige no solo un an�lisis normativo, sino tambi�n una apertura al reconocimiento mutuo y al respeto intercultural.

Cuando un Estado reconoce dos sistemas jur�dicos distintos, como el ordinario y el ind�gena, pueden surgir problem�ticas relacionadas con conflictos de competencia, diferencias en principios y sanciones, respeto a los derechos humanos y las pr�cticas culturales, dificultades en la interpretaci�n judicial, afectando el verdadero ejercicio del pluralismo jur�dico (Tapia Leon, 2016, p�g. 6).

En este contexto, resulta necesario reflexionar sobre las implicaciones jur�dicas, pr�cticas y simb�licas de esta dualidad, considerando las tensiones que surgen entre los fundamentos y procedimientos propios de cada sistema.

Este art�culo aborda esta problem�tica desde una mirada cr�tica, donde se dar� un panorama general, de c�mo se desarrolla la justicia ind�gena en el Ecuador, as� como un enfoque extendido del debido proceso, para discernir de forma objetiva si existe una convergencia entre ambos sistemas de justicia que funcionan en el Ecuador, y, por �ltimo, analizar si se presentan vulneraciones al debido proceso constitucional al establecer l�mites entre la justicia ind�gena y justicia ordinaria.

 

Desarrollo

La Justicia Ind�gena, su definici�n y cosmovisi�n

Para estudiar la Justicia Ind�gena se debe comprender el origen y evoluci�n de los pueblos y nacionalidades ind�genas, asi como su manera de vivir, donde se destacan sus costumbres y pr�cticas marcadas por su sabidur�a y tradici�n, aplic�ndolas para resolver conflictos y asegurar la paz dentro de sus comunidades.

Principios esenciales a considerarse en el desarrollo de la Justicia Ind�gena es el ama llulla, ama killa, ama shwa, ranti ranti que al castellano se traduce: no mentir, no ser ocioso, no robar,� solidaridad y reciprocidad�(Yumbay, 2022). Estos principios buscan mantener la armon�a entre los miembros de la comunidad. Siendo as� que:

La Justicia Ind�gena, tambi�n conocida como derecho ind�gena, se fundamenta en las costumbres y tradiciones propias de cada comuna, comunidad, pueblo o nacionalidad ind�gena, donde sus pr�cticas son llevadas a cabo por l�deres elegidos de manera democr�tica, que tienen la funci�n de resolver las disputas que puedan surgir dentro de la comunidad�(Flores, 2011, p�g. 12).

La cosmovisi�n que orienta a las comunidades ind�genas al aplicar su justicia tiene como objeto la purificaci�n como reparaci�n a los conflictos, considerados como compensaci�n del da�o causado y que a su vez estas medidas tambi�n cumplen una funci�n preventiva, para que otros miembros de la comunidad no repitan esas acciones, esto se debe a que la vida comunitaria es una parte central del desarrollo y bienestar de sus integrantes.

Lo que podr�a llegar a entenderse desde su conceptualizaci�n que, su aplicaci�n se ejerce como un derecho de naturaleza colectiva, en el cual el sujeto titular no es el individuo de manera aislada, sino el pueblo ind�gena en su conjunto, que a diferencia de la justicia ordinaria donde los derechos suelen ser ejercidos individualmente por quienes forman el Estado.

 

Reconocimiento constitucional en el Ecuador e internacional de los pueblos Ind�genas

En relaci�n al reconocimiento constitucional de la Justicia Ind�gena en el Ecuador, es pertinente destacar que la Constituci�n de la Rep�blica del Estado (2008) establece que : �(�) el Ecuador se constituye como un Estado constitucional de derechos y justicia, social democr�tico, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico� (art.1 ).

La menci�n de Ecuador como una naci�n plurinacional e intercultural alude a la vasta diversidad en identidades culturales ancestrales, reconociendo sus derechos colectivos como tal, de igual manera la din�mica de interacci�n y relaci�n entre esas diversas culturas. Sobre la plurinacionalidad se ha conceptualiza como una �organizaci�n pol�tica y jur�dica de los Pueblos y Nacionalidades��(Burneo, 2013, p�g. 123) que emerge debido a la convergencia de diversas colectividades bajo un mismo sistema gubernamental y constitucional.

M�nica Chuji Gualinga, mujer activista kichwa, indica en una entrevisa para Mongabay que: �dicho reconocimiento trasciende la mera constataci�n de la diversidad, implicando adem�s la consideraci�n de estas identidades como actores pol�ticos con capacidad de participar en la deliberaci�n y adopci�n de decisiones estatales� (Chuji Gualinga, 2023, s/p). Por su parte, la interculturalidad puede definirse como la interacci�n entre las distintas culturas de los pueblos que residen en un mismo espacio geogr�fico.

En este contexto, estar�amos hablando que las comunidades pueblos y nacionalidades invitan bajo estos preceptos a respetar no solo a la etnia ind�gena, sino a las identidades mestiza, afro, montubia,� cholos y dem�s que existen en el Ecuador�(Suarez, Mejia, & Cabadiana, 2021).

La Constituci�n de la Rep�blica del Estado (2008) en la secci�n segunda que aborda Justicia Ind�gena reconoce que:

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades ind�genas ejercer�n funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su �mbito territorial, con garant�a de participaci�n y decisi�n de las mujeres. Las autoridades aplicar�n normas y procedimientos propios para la soluci�n de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constituci�n y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

El Estado garantizar� que las decisiones de la jurisdicci�n ind�gena sean respetadas por las instituciones y autoridades p�blicas. Dichas decisiones estar�n sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecer� los mecanismos de coordinaci�n y cooperaci�n entre la jurisdicci�n ind�gena y la jurisdicci�n ordinaria (art. 171).

Por lo que, se puede establecer que la justicia ind�gena y la ordinaria son equivalentes en jerarqu�a dentro del sistema jur�dico ecuatoriano, con diferencias respecto la cosmovisi�n culturales y positivistas, mientras la justicia ind�gena surge de las costumbres ancestrales de los pueblos, la justicia ordinaria se basa en el derecho positivo del Estado, sustentado en normas escritas, c�digos y procedimientos establecidos en la ley administrada por jueces del sistema ordinario.

Esto significa que �la justicia ind�gena no est� subordinada a la ordinaria, sino que ambas deben coexistir en igualdad de condiciones��(Mayorga & Grefa Chongo, 2024, p�g. 7), respet�ndose mutuamente y actuando en coordinaci�n cuando sea necesario, en el marco de un Estado plurinacional e intercultural que reconoce y protege la diversidad jur�dica del pa�s.

Internacionalmente con el prop�sito de asegurar, proteger y respetar sus derechos colectivos, se promulg� bajo el marco de la Organizaci�n de las Naciones Unidas (ONU) la Declaraci�n sobre los Derechos de los Pueblos Ind�genas (2007), donde se establece el derecho de los pueblos ind�genas a �la autodeterminaci�n est� establecido en el art�culo tercero de esta declaraci�n, permiti�ndoles decidir libremente su estatus pol�tico y buscar su propio desarrollo econ�mico, social y cultural� (art. 3).

El derecho de estos pueblos a preservar y fortalecer sus sistemas legales propios es reconocido tambi�n por el art�culo quinto de este documento internacional.

Referente a los Pueblos Ind�genas, el Convenio 169 de la Organizaci�n Internacional del Trabajo (OIT) tambi�n valida su derecho consuetudinario, al aplicar las leyes nacionales a los pueblos ind�genas, se deben tomar en cuenta debidamente sus costumbres o su derecho ancestral.

Admiraci�n de Justicia Ind�gena, requisitos y procedimiento

En el �mbito constitucional se reconoce la plena competencia de todas las autoridades ind�genas en el ejercicio de la administraci�n de justicia, tal como lo estable el art�culo 171 de la Constituci�n de la Rep�blica del Estado (2008) al indicar que, las funciones jurisdiccionales en las comunidades ind�genas ser�n llevadas a cabo por sus dirigentes elegidos quienes se regir�n por sus tradiciones ancestrales dentro de su territorio.

El C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial�(2009) en el art. 343 establece el �mbito de la jurisdicci�n ind�gena, facultando la aplicaci�n de normas y procedimientos propios para la soluci�n de sus conflictos internos, siempre y cuando no sean contrarios a la Constituci�n y vulneren los derechos humanos.

Cabe indicar que la justicia ind�gena no tiene un procedimiento �nico establecido en una normativa fija, porque se basa en las costumbres y la cultura propias de cada comunidad, lo que significa que cada grupo ind�gena decide c�mo resolver sus conflictos seg�n sus tradiciones, sin la obligatoriedad de seguir un conjunto de reglas iguales para todos, lo que resulta contrario en la justicia ordinaria, ya que se cuenta con procedimientos claros establecidos en la ley, donde las personas deben seguir ese mismo marco normativo para garantizar derechos.

Sin embargo, se puede hablar de un procedimiento generalizado -que no debe entenderse en la l�gica del Derecho positivo- a seguirse en la justicia ind�gena, donde �nicamente como requisitos se aplica cuando surge un conflicto dentro de la comunidad y que los actores que participan sean miembros de la misma.

Para establecer las fases, se toma como informante clave al dirigente ind�gena y profesional del Derecho: Luis Alberto Bu�ay Lluilema, experto en justicia ind�gena y especialista en Derecho Consitucional. Es fundamental describir las fases que componen el procedimiento general de aplicaci�n de esta forma de justicia.

Se inicia con la denuncia, donde se informa de manera oral y detallada a los dirigentes ind�genas sobre el incidente ocurrido. La denuncia lo puede realizar la persona afectada (victima), los padres, padrinos, familiares, o cualquier otro miembro de la comunidad que tenga el conocimiento del delito/agravio, esta fase es conocida como WillaChina (Bu�ay Lluilema, 2025).

Esta petici�n se aborda luego en la asamblea comunitaria, donde la v�ctima o cualquier otro miembro exponen oralmente el asunto ante las autoridades ind�genas.

Le sigue la etapa Tapuykuna, en la que se llevan a cabo diversas indagaciones o revisiones para evaluar la magnitud del problema, una especie de investigaci�n que realiza el dirigente ind�gena conjuntamente con una Comisi�n designada. Posteriormente, se da la fase llamada Chimbapurana, donde se aclaran los hechos ante los integrantes de la asamblea comunitaria, se se�ala a la persona o personas responsables y se emite una decisi�n que queda registrada en las actas de la Asamblea, donde tienen que estar obligatoriamente presentes los padres, padrinos y familiares del agresor. (Bu�ay Lluilema, 2025).

En la etapa denominada Killpichirina, se determinan las sanciones seg�n la gravedad del acto cometido, como ba�os con agua fr�a, azotes de ortiga o tareas comunitarias, en ciertos casos, se puede llegar a la expulsi�n de la comunidad, la cosmovisi�n que poseen estas comunidades va ligada a la verg�enza como escarmiento y el arrepentimiento sobre su actuar. Finalmente, en la fase de Paktachina, se ejecutan las sanciones, que pueden incluir castigos f�sicos como el uso del l�tigo o agua fr�a, mucho depender� de las condiciones geogr�ficas donde est� asentada la comunidad, estas acciones son realizadas por hombres y mujeres respetados, como padres, padrinos, abuelos o autoridades elegidas y reconocidas por la asamblea comunitaria. (Bu�ay Lluilema, 2025).

Por lo que se establece que, a diferencia de la justicia ordinaria, que suele ser m�s prolongada, la justicia ind�gena se distingue por su agilidad. �Es importante se�alar que no se trata de una justicia ejercida individualmente, sino que est� a cargo de las autoridades comunitarias leg�timamente designadas��(Rosero Salazar & Mayorga Mayorga, 2024, p�g. 9). Estas autoridades act�an en el marco de lo establecido por la Constituci�n y los instrumentos internacionales, asegurando as� un proceso leg�timo y respetuoso del derecho colectivo.

El debido proceso constitucional

Antes de analizar el debido proceso en el �mbito de la justicia ind�gena, es fundamental entender primero en qu� consiste el debido proceso, considerado generalmente como �un solo derecho�, sin embargo, el debido proceso es en realidad una garant�a que permite ejercer un conjunto amplio de derechos y principios que protegen a las personas a lo largo de todo el proceso judicial.

Doctrinariamente considerado como �el conjunto general de cl�usulas y principios que garantizan el respeto de los derechos inmersos en todo procedimiento, incluso contra arbitrariedades del Estado��(Freire Soares, 2020, p�g. 6).

�Las garant�as constitucionales que forman parte del debido proceso son herramientas que la Constituci�n pone en manos de los ciudadanos para que puedan defender sus derechos frente a las autoridades� (Duran Chavez & Fuentes Aguila, 2021, p�g. 11).

Por lo que, el deber de respetar el debido proceso en cualquier espacio donde se tomen decisiones que afecten los derechos de las personas es de vital importancia, es una garant�a esencial que todos debemos poseer. En este punto entran en juego otros principios que van de la mano con el debido proceso, como el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva, aparecen como mecanismos de garant�a al trabajar en conjunto (Bobbio, 2019).

Refiri�ndose al alcance que tiene el debido proceso este no se limita �nicamente a los juicios penales como se ten�a previsto en normas anteriores a la Constituci�n del 2008; su protecci�n se extiende a toda situaci�n en la que una persona pueda verse afectada en un procedimiento sea penal, civil, admirativo, legislativo, por lo que no basta con que una decisi�n sea emitida conforme a derecho. para que el proceso realmente tenga sentido, esa decisi�n debe ser acorde al debido proceso (Vargas Pavez, 2012, p�g. 5).

Es decir, si el Estado no cumple lo resuelto por sus propios �rganos, el proceso pierde efectividad y deja de ser leg�timo. en este sentido se debe garantizar la ejecuci�n de las resoluciones judiciales cumplir con las garant�as b�sicas del debido proceso y de respetar aquellas que le asistan a la otra parte.

De esta manera las reglas del debido proceso ayudan a que el sistema de justicia sea m�s efectivo y justo. La Constituci�n de la Rep�blica del Estado (2008)� en su cap�tulo octavo establece los Derechos de protecci�n: �En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurar� el derecho al debido proceso que incluir� las siguientes garant�as b�sicas (�) numeral s�ptimo en trece literales que abordan la tem�tica del debido proceso�(art. 76). Este articulo establece que estas garant�as tienen como objetivo cuidar a las personas que participan en todo litigio o conflicto.

Por consiguiente, la inobservancia del debido proceso tiene como consecuencia que se declare la nulidad del proceso y se presenten posibles sanciones a quienes atenten contra estos principios y garant�as.

Jurisprudencia constitucional relevante sobre el debido proceso

La Corte Constitucional del Ecuador ha sido clara en su postura y pronunciamientos respecto al debido proceso, a continuaci�n, se revisar�n algunas sentencias que abordan el debido proceso destacando los aportes m�s relevantes que han hecho al desarrollo de este principio.

En la Sentencia No. 4-19-EP/21, la Corte se�ala:

El derecho al debido proceso es una garant�a fundamental que protege todos los derechos y garant�as de las personas que no solo implica la existencia formal de un proceso, sino tambi�n la garant�a de que este sea justo, con igualdad de trato y oportunidad para las partes, garantizando una decisi�n fundamentada y motivada, que respete los derechos de defensa y contradicci�n de manera efectiva (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).

Este dictamen define que proteger el derecho al debido proceso no es solo una formalidad legal, sino una garant�a fundamental para que las personas puedan acceder a una justicia real y efectiva. Esto significa que todos debemos tener las mismas oportunidades dentro de un juicio, poder defendernos, ser escuchados por un juez imparcial, y conocer las razones de una decisi�n.

La Sentencia No. 022-14-SEP-CC reconoce que el debido proceso es un �axioma en raz�n de que de �l se derivan todos los fundamentos y garant�as que el Estado ecuatoriano tiene el deber de proteger� (Corte Constitucional del Ecuador, 2014). El Estado ecuatoriano salvaguarda estos fundamentos y garant�as mediante los jueces, quienes act�an como custodios del cumplimiento de la CRE, estando obligados a realizar todas las acciones necesarias para asegurar el respeto y la observancia de estos principios.

Con lo analizado en p�rrafos anterior se evidencia que el debido proceso desempe�a un papel crucial en el sistema jur�dico ecuatoriano, garantizando que las autoridades judiciales y administrativas lo respeten y apliquen en beneficio de todas las personas, a su vez la justicia ind�gena ejerciendo su reconocimiento se encuentra ligada al debido proceso, aunque funcionan dentro de marcos culturales y legales distintos como se explica dentro de la investigaci�n.

Cuando no se observa el debido proceso las personas no son juzgadas conforme a la Constituci�n ecuatoriana, lo cual contradice tanto las leyes nacionales como el respaldo jur�dico internacional, al ser un Estado plurinacional hablamos de pluralismo jur�dico pero esta dualidad de justicias debe concebir el respeto de estas garant�as, no pueden presentarse violaciones de derechos fundamentales.

El debido proceso constitucional y las tensiones con la justicia ind�gena

Una vez analizado en ac�pites anteriores el reconocimiento de la justicia ind�gena en el Ecuador y el procedimiento general que se aplica en las comunidades, a continuaci�n se examine la conexi�n del debido proceso con el sistema de justicia ind�gena.

Partiendo desde el punto que estas pr�cticas de la justicia ind�gena descritas con anterioridad, tienen un respaldo constitucional (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art. 57) que permite que las comunidades ind�genas puedan conservar y fortalecer su identidad, costumbres y modo de organizarse, siempre que respeten la constituci�n y los acuerdos internacionales de derechos humanos.

De modo que la justicia no es solo un conjunto de reglas escritas, tiene mucho que ver con las costumbres y la forma en que cada pueblo aplica su cosmovisi�n como se describe en el pluralismo jur�dico. Por eso, al cuidar esas tradiciones, tambi�n se protege su manera especial de impartir justicia. Es algo parecido a lo que pasa en una familia, donde los problemas se resuelven seg�n sus propias costumbres, aunque desde afuera eso pueda parecer extra�o o poco entendible, pero para quienes viven dentro de ese entorno tiene todo sentido. Esas formas de actuar est�n muy relacionadas con la manera en que se concibe de lo que es justo o no en la justicia ind�gena.

Que cuentan con apoyo internacional, por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT defiende la idea de mantener vivas las costumbres legales de las comunidades ind�genas, �hablar de debido proceso no es solo cuesti�n de seguir las reglas legales, sino de encontrar un equilibrio con las tradiciones que llevan siglos en pie��(Diaz Ocampo & Atunez Sanchez, 2016, p�g. 13). En pocas palabras, la justicia ind�gena teje un v�nculo especial entre los est�ndares legales y el respeto por la riqueza cultural de estos pueblos.

Sin embargo, al analizar sobre la justicia ind�gena y su relaci�n con el debido proceso, es importante considerar los principios que lo integran (legalidad, proporcionalidad, seguridad jur�dica, etc). Uno de los puntos cr�ticos es la ausencia de normas escritas en muchos sistemas de justicia ind�gena, lo cual podr�a verse como una vulneraci�n al principio de legalidad. Esto se debe a que los hechos considerados il�citos y sus respectivas sanciones no est�n recogidos en un cuerpo normativo formal.

Se consideran incompatible equiparar el derecho consuetudinario con la ley como producto de la funci�n legislativa, se est� haciendo referencia a una diferencia fundamental entre dos formas de producci�n del derecho, donde la una se caracteriza por ser escrita formalmente, la otra en pr�cticas ancestrales (Wray Espinoza, 2002, p�g. 4).

Otro tema en debate es que se atenta de igual modo contra la seguridad jur�dica principio del debido proceso, puesto que no se podr�a llegar a conocer la forma de proceder de la comunidad ind�gena, as� como tampoco, se tendr�a conocimiento de la posible pena/sanci�n hasta su aplicaci�n.

Dentro de esta investigaci�n se describi� el proceso general a seguir por las comunidades ind�genas, cuyo procedimiento se dividia en fases no escritas en alguna norma o manual legislativo, pero que de cierto modo se trata de cumplir con ciertos derechos y principios del debido proceso, aun as�, no se puede tener una regulaci�n constante de si alguna autoridad o dirigente ind�gena incumple con las garant�as de estos derechos.

Convergencias entre la Justicia Ind�gena y el debido proceso

Se procede a analizar ciertos elementos de la garant�a del debido proceso, establecida en la Constituci�n de la Rep�blica del Estado (2008) en su articulo 76 que se relacionan con ciertas particularidades con el sistema de justicia ind�gena.

En referencia a la autoridad competente, la norma suprema dictamina que �(�) S�lo se podr� juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del tr�mite propio de cada procedimiento� (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 3). En la justicia ind�gena conformada por comunidades, quienes administran justicia son autoridades elegidas democr�ticamente denominados dirigentes ind�genas, quienes llevan la direcci�n de la Asamblea para la soluci�n de un conflicto, y que adem�s tienen reconocimiento jurisdiccional (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 171).

Por lo tanto, se define que existe una relaci�n con el debido proceso, ya que cada conflicto se juzga ante sus autoridades leg�timas de cada comunidad, as� tambi�n al hablar de la justicia ordinaria donde se presenta ante Jueces especializados en cada materia.

En referencia a la presunci�n de inocencia, se dictamina que: �Se presumir� la inocencia de toda persona, y ser� tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resoluci�n firme o sentencia ejecutoriad� (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 2).� En la justicia ind�gena respeta esta garant�a, cuando se acusa a una persona miembro de la comunidad se inicia con la fase de Willachina, donde se da aviso al dirigente de lo acontecido; y, esta apertura una comisi�n para investigar sobre lo sucedido, es decir no se le castiga de inmediato al presunto infractor.

En consecuencia, se puede evidenciar que la justicia ind�gena al aplicar el procedimiento en esta fase, respeta el principio de inocencia al no sancionar sin una resoluci�n previa y garantiza espacios para la defensa y el esclarecimiento de los hechos, esta garant�a se manifiesta de forma coherente con la cosmovisi�n propia de los pueblos ind�genas, sin perder de vista los principios b�sicos del derecho al debido proceso.

En referencia a la eficacia probatoria, se indica que: �Las pruebas obtenidas o actuadas con violaci�n de la Constituci�n o la ley no tendr�n validez alguna y carecer�n de eficacia probatoria� (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 4). La justicia ind�gena aplicando su procedimiento opera sobre sus costumbres culturales, por lo que la forma de recolecci�n y valoraci�n de pruebas se realiza de la misma manera en la etapa Tapuykuna, donde una comisi�n designada por la comunidad realiza diligencias con el fin de esclarecer los hechos.

Aunque no existe una estructura formal de prueba pericial o documental como en la justicia ordinaria, s� hay una forma de reconstrucci�n de los hechos basada en la observaci�n, el testimonio comunitario y la palabra oral, se entiende que en parte se respeta esta garant�a del debido proceso.

En referencia al conflicto normativo, se indica que:

En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicar� la menos rigurosa, aun cuando su promulgaci�n sea posterior a la infracci�n. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicar� en el sentido m�s favorable a la persona infractora (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 5).

En referencia a la tipicidad de las infracciones, en el contexto de la justicia ind�gena, no existe un c�digo escrito o un cat�logo de infracciones y sanciones previamente determinadas. La justicia ind�gena se fundamenta en normas consuetudinarias, valores colectivos y principios comunitarios que son transmitidos en su mayor parte oralmente, por lo que no se puede aplicar directamente el princpio de tipicidad dentro del sistema ind�gena.

En referencia a la proporcionalidad, ��La ley establecer� la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza� (Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 6). En la justicia ind�gena, no existe un cuerpo legal codificado que tipifique las infracciones ni establezca sanciones determinadas. Esto representa un desaf�o si se quiere aplicar este numeral en sentido estricto, ya que la proporcionalidad no est� definida por una norma escrita previa, sino que queda a criterio de las autoridades comunitarias.

En referencia al derecho a la defensa, la Carta Magna establece que la defensa debe incluir una serie de garant�as m�nimas durante todo el procedimiento Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 76, num. 7). En el contexto de la jurisdicci�n ind�gena, estas garant�as se adaptan a los usos y costumbres de las comunidades, generando una forma distinta, pero v�lida, de aplicaci�n del derecho a la defensa.

El derecho a la defensa conjuga un grupo de garant�as esenciales que deben cumplirse en cualquier procedimiento judicial. Al estudiar su implementaci�n en los sistemas de justicia ind�gena, se observa que, aunque no se ajustan al modelo del sistema judicial convencional, muchas de estas garant�as se manifiestan en sus pr�cticas propias, fundamentadas en su cosmovisi�n y normas tradicionales.

Por ejemplo a pesar de no contar con un abogado defensor designado el acusado recibe el respaldo de personas de la comunidad que lo orientan y ayudan, constituyendo una defensa de car�cter colectivo. Sin embargo, la ausencia de plazos procesales claros puede limitar el tiempo disponible para que el acusado organice su defensa, aun as�, tanto la v�ctima como el acusado tienen la oportunidad de ser escuchados en instancias espec�ficas y bajo condiciones equitativas.

En relaci�n con el idioma, aunque no hay un sistema oficial de int�rpretes los miembros biling�es de la comunidad suelen desempe�ar este papel de forma espont�nea�(Bu�ay Lluilema, 2025). El derecho a presentar pruebas argumentar y refutar se asegura en las audiencias orales, especialmente durante la etapa llamada Chimbapurana, que fomenta el di�logo comunitario.

Se respeta el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo acto, ya que las resoluciones de la justicia ind�gena tienen validez legal y no deben ser revertidas por el sistema ordinario. Asimismo, los testigos declaran frente a la comunidad, aportando claridad a los hechos (Tiban Guala, 2018, p�g. 6).

Sin embargo, la imparcialidad enfrenta obst�culos, pues no existen procedimientos establecidos para evitar conflictos de intereses entre las autoridades ind�genas. Las resoluciones se comunican oralmente, sustentadas en hechos y costumbres, lo que tiene validez dentro del marco comunitario.

A pesar de estas particularidades, la justicia ind�gena prioriza restablecer la armon�a social y reintegrar al infractor, m�s que imponer castigos. En conclusi�n, aunque no todas las garant�as del derecho a la defensa se aplican conforme a la estructura jur�dica tradicional, muchas se respetan desde una visi�n alternativa de justicia, anclada en los valores de la comunidad y la b�squeda del equilibrio social.

Principios compartidos: oralidad, celeridad, gratuidad

Siendo analizado en apartados anteriores se evidencia que la justicia ind�gena aplica el debido proceso en ciertos par�metros y en otros se incumplen por diversas circunstancias pero que estos se basan en las costumbres y tradiciones, estas formas ancestrales de justicia dan vida a un sistema jur�dico independiente distinguido principalmente por la oralidad, su accesibilidad gratuita, su rapidez en la tramitaci�n y en la resoluci�n, acompa�ados a todos estos un conjunto de valores colectivos que ponen en el centro el bienestar com�n.

Principio de Oralidad: este principio nace como una manera de comunicaci�n. Alfaro et al. (2020) expresa que: �cuando se hace referencia a la oralidad procesal, se alude a la forma en que los actos del proceso se llevan a cabo verbalmente durante las audiencias, limitando el uso de la escritura �nicamente a lo estrictamente necesario��(p�g. 16).

A m�s de ello que al utilizar la oralidad permite llegar a una resoluci�n m�s r�pida de los conflictos y facilita el control social sobre la actividad judicial. Hist�ricamente la oralidad ha sido el medio por el cual los pueblos ind�genas han transmitido sus conocimientos y con el cual han administrado su justicia a trav�s del derecho consuetudinario, en su �mbito considerada informal y flexible, mientras que en el derecho positivo sigue reglas procesales m�s estrictas.

Principio de celeridad: El principio de celeridad se encuentra consagrado en el art�culo 169 de la Constituci�n del Ecuador, reconocido fundamentalmente �para hacer efectivas las garant�as del debido proceso�; contribuye a la realizaci�n de la justicia, en esencia, asegura que los procedimientos legales no sufran demoras indebidas y avancen de manera eficiente.

La Justicia Ind�gena se caracteriza por su agilidad en la resoluci�n de conflictos ya que las decisiones se toman de forma inmediata en asambleas comunitaria, en consecuencia, se aplica este principio en sus procedimientos, donde esta agilidad responde a la necesidad de mantener la armon�a colectiva, priorizando soluciones eficaces y consensuadas sobre procesos prolongados.

Principio de gratuidad: La Constituci�n asegura la gratuidad de la justicia, estableciendo que: �el acceso a la administraci�n de justicia no tendr� costo alguno y que las costas procesales ser�n reguladas por la legislaci�n� Constituci�n de la Rep�blica del Estado, 2008, art, 168, num. 4). Esta garant�a se alinea con el principio constitucional que considera el acceso a los tribunales como un derecho fundamental, �todas las personas tienen derecho al acceso gratuito a la justicia� (art. 75)

Asimismo, el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (2009) refuerza esta idea al afirmar expl�citamente que la gratuidad en el acceso a la justicia constituye un principio esencial. Por lo que, se reconoce el derecho de todas las personas a que sus casos legales sean resueltos sin costo en las diversas instancias judiciales, conforme a la naturaleza de cada situaci�n.

El principio de gratuidad en la justicia ind�gena se manifiesta en la inexistencia de costos econ�micos para las partes involucradas al acceder a esta justicia, ya que el proceso se realiza dentro de la comunidad sin la obligatoriedad de rendir alg�n costo, tampoco con la necesidad de intervenci�n de abogados, se puede decir que esta caracter�stica refleja el valor del bien com�n de la comunidad sobre el inter�s individual y asegura que todos los miembros, sin importar su situaci�n econ�mica, puedan acceder a la justicia de manera equitativa.

Caso pr�ctico de interpretaci�n intercultural del derecho al debido proceso

La Sentencia No. 1-11-EI/22, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, constituye un precedente relevante en el desarrollo jurisprudencial de la interpretaci�n intercultural del debido proceso en la justicia ind�gena. El caso se origin� sobre un conflicto de tierras entre miembros de la Comunidad Chukidel Ayllullakta, lo cual activ� el sistema de justicia ind�gena, cuya decisi�n fue luego impugnada mediante una acci�n extraordinaria de protecci�n por supuestas vulneraciones al debido proceso constitucional.

En el an�lisis de fondo la Corte Constitucional identific� cinco problemas jur�dicos que orientaron su razonamiento: 1.- �La decisi�n impugnada vulner� el derecho al debido proceso de los accionantes en la garant�a de ser juzgados por un juez competente e imparcial?; 2.-�Vulner� la garant�a de ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones?; 3.-�Vulner� la garant�a de acceder a los documentos y actuaciones del proceso?: y, 5.-�Vulner� la garant�a de la motivaci�n?.

Frente a estos problemas jur�dicos, la Corte sostuvo que el derecho al debido proceso y sus garant�as no pueden ser aplicados de forma r�gida dentro del contexto de la justicia ind�gena, sino que deben ser interpretados de manera intercultural, es decir, en atenci�n a los elementos normativos, culturales y procedimentales propios de los pueblos y nacionalidades ind�genas, bajo estos argumentos establece que:

En el contexto de la justicia ind�gena, el derecho al debido proceso debe ser interpretado de manera intercultural, respetando las particularidades culturales, jur�dicos y procedimentales propias de las comunidades ind�genas. La Corte se�ala que no se debe aplicar de forma r�gida y homog�nea el control y las garant�as propias del sistema judicial occidental, sino que estas garant�as deben adaptarse y comprenderse en funci�n del sistema jur�dico propio de cada comunidad (Corte Constitucional del Ecuador, 2022)

Asimismo, la Corte resalta que el derecho al debido proceso en la justicia ind�gena incluye aspectos esenciales como �la participaci�n efectiva de las partes, la igualdad en la audiencia, la imparcialidad del juez ind�gena, la oportunidad de ser escuchados y el acceso a las actuaciones del proceso, pero todo esto en un marco que respete las reglas y pr�cticas culturales ind�genas��(Corte Constitucional del Ecuador, 2022)

De este modo, la Corte ha insistido en que la protecci�n del debido proceso en el �mbito comunitario requiere un an�lisis desde una perspectiva intercultural, que tome en cuenta la autonom�a de las comunidades y la existencia de sus propios procedimientos, siempre que estos respeten los principios constitucionales y los derechos fundamentales.

En conclusi�n, la Corte Constitucional considera que el derecho al debido proceso en la justicia ind�gena debe ser entendido y garantizado en un enfoque intercultural, donde las garant�as se interpretan y aplican en funci�n de las tradiciones, procedimientos y formas de justicia propias de cada comunidad ind�gena.

 

M�todos

La unidad de an�lisis de esta investigaci�n se encuentra ubicada en la Rep�blica del Ecuador, espec�ficamente en la provincia de Chimborazo, en las comunidades ind�genas donde se analiza la convergencia entre la justicia ind�gena y el debido proceso constitucional el estudio se centra en las pr�cticas de resoluci�n de conflictos de las comunidades, en di�logo con los est�ndares del debido proceso reconocidos por la Constituci�n ecuatoriana y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Se emplearon los m�todos inductivo, anal�tico y descriptivo, fundamentales en el desarrollo de investigaciones jur�dicas, el m�todo inductivo permiti� construir interpretaciones te�ricas a partir de la ivestigacion de las pr�cticas jur�dicas de las comunidades ind�genas y su relaci�n con el sistema constitucional; por otro lado m�todo anal�tico permiti� descomponer el componente del marco jur�dico, jurisprudenciales doctinario para comprender en profundidad su estructura, por su parte, el m�todo descriptivo permiti� documentar detalladamente la realidad jur�dica en el �mbito comunitario, con �nfasis en las garant�as y principios.

La investigaci�n adopta un enfoque cualitativo orientado a la comprensi�n profunda de los elementos culturales y jur�dicos que intervienen en la articulaci�n entre la justicia ind�gena y el debido proceso constitucional. Se prioriza la interpretaci�n de discursos, pr�cticas y normas, con el objetivo de comprender c�mo se da dicha convergencia en la pr�ctica cotidiana y en el pensamiento de los actores involucrados.

Esta es una investigaci�n de car�cter pura, dogm�tica, jur�dica y descriptiva, ya que busca ampliar el conocimiento te�rico del derecho intercultural, interpretar normas y principios jur�dicos, y documentar la realidad jur�dica desde una perspectiva cr�tica y contextualizada.

El dise�o de la investigaci�n es no experimental, ya que se analizan los fen�menos tal como ocurren en la realidad, sin intervenci�n ni manipulaci�n de variables por parte del investigador, esto permite describir con objetividad las caracter�sticas del problema jur�dico observado.

La poblaci�n del estudio est� compuesta por jueces constitucionales y dirigentes ind�genas de las comunidades de la provincia de Chimborazo, considerados actores clave en la pr�ctica e interpretaci�n de la justicia ind�gena y del debido proceso constitucional para la recolecci�n de informaci�n, se aplicaron encuestas con preguntas cerradas lo que permiti� obtener datos sistematizados sobre sus percepciones, conocimientos y experiencias en torno al tema de estudio.

Para la interpretaci�n y discusi�n de los resultados, se emplearon t�cnicas de razonamiento inductivo, deductivo, anal�tico que permitieron establecer relaciones significativas entre los datos recolectados, el marco te�rico y normativo, y la realidad observada. Estas t�cnicas contribuyeron a desarrollar una discusi�n argumentada, coherente y contextualizada sobre el grado de convergencia entre la justicia ind�gena y el debido proceso en el Ecuador.

Presentaci�n y discusi�n de resultados

 

Tabla 1 Cuestionario aplicado a Jueces de la Unidad Judicial Civil del Cant�n Riobamba y Dirigentes Ind�genas de la provincia de Chimborazo

Nota. La presente tabla expone la frecuencia de respuestas al instrumento de recolecci�n de datos aplicado a los� Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el cant�n Riobamba y Dirigentes Ind�genas. Elaboraci�n propia (2025)

 

Al analizar los resultados a la primera interrogante planteada, los cuales de forma directa� refleja que son contundentes siendo el 100% de los encuestados quienes afirman conocer que la jurisdicci�n ind�gena como parte del sistema jur�dico nacional. Este hallazgo sugiere un nivel de conciencia plena y total, sobre el tema consultado, lo que refuerza lo establecido por Bunero (2013) al decir que el reconocimiento de la justicia ind�gena da paso a que el pluralismo jur�dico se efectivise a traves de la plurinacionalidad de organizaci�nes pol�ticas y jur�dicas. Respet�ndose el articulo 171 de la Constitucion del Ecuador

Respecto de la segunda interrogante, los resultados son un�nimes y categ�ricos obteniendo el 100% de manera afirmativa al considerar que la Justicia Ind�gena debe estar sujeta al respeto de los derechos constitucionales, espec�ficamente mencionando el derecho a la defensa y a la motivaci�n de las decisiones. Este dato revela una clara y profunda convicci�n en los encuestados respecto a la primac�a de los derechos fundamentales dentro de cualquier sistema de justicia, incluyendo la jurisdicci�n ind�gena, tanto asi que la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia No. 1-11-EI/22 que se respeta los derechos en el �mbito de la juriticia ind�gena de manera intercultural, y se debe interpetar las particularidades jurificas a traves de un anlisis cultural propio de las comunidades ind�genas.

Ante la pregunta establecida en el numeral tercero a diferencia de las dos preguntas anteriores, donde los resultados fueron un�nimes, esta pregunta revela una divisi�n de opiniones, aunque con una clara mayor�a siendo el 79% de los encuestados quienes consideran que s� existen tensiones entre el ejercicio de la Justicia Ind�gena y el debido proceso constitucional, donde el principio de legalidad entra en discusi�n al establecer que no existe un cuerpo normativo especifico para el procedimiento de la justicia ind�gena concordando con doctrina citada, por otra parte el 21% cree que no las hay, este resultado es particularmente interesante y complejo, ya que sugiere una percepci�n de desaf�os en la coexistencia pr�ctica de ambos sistemas de administraci�n de justicia.

A la interrogante cuarta revela una divisi�n clara de opiniones significativa, pero con una ligera mayor�a a favor de la intervenci�n� del estado� en el cual el 57% de los encuestados est� de acuerdo con que las autoridades judiciales del Estado revisen las decisiones de la justicia ind�gena, mientras que el 43% no est� de acuerdo, a este hecho el resultado es crucial porque aborda directamente el tema de la autonom�a de la jurisdicci�n ind�gena versus el principio de la tutela judicial efectiva y la protecci�n de derechos fundamentales.

Respecto de la pregunta sobre el respeto de la autonom�a de las decisiones procedentes por las comunidades ind�genas este resultado muestra una clara mayor�a de opini�n: el 82% de los encuestados considera que el sistema de justicia ordinario s� respeta adecuadamente la autonom�a de las comunidades ind�genas en la resoluci�n de sus conflictos internos. Por el contrario, un 18% cree que no lo hace, estudios previos (Tapia 2016) han demostrado que al� no respetar estas deciones pone en debate la competencia, diferencias en principios y sanciones, respeto a los derechos humanos y las pr�cticas culturales, dificultades en la interpretaci�n judicial, afectando el verdadero ejercicio del pluralismo jur�dico

Sobre el cuestionamiento en la pregunta sexta es notable una opini�n dividida, con una ligera mayor�a que no cree que los procesos de justicia ind�gena garanticen en la pr�ctica el derecho a un juicio justo. El 51% responde "no", frente a un 49% que responde "s�" esta es la primera pregunta en la que el "no" supera al "s�", y por un margen muy estrecho, esto sugiere un punto cr�tico de debate y preocupaci�n en la percepci�n p�blica sobre la justicia ind�gena, donde Wray Espinoza (2002) cocuerda y menciona que resulta incompatible equiparar el derecho consuetudinario con la ley como producto de la funci�n legislativa, se est� haciendo referencia a una diferencia fundamental entre dos formas de producci�n del derecho, donde la una se caracteriza por ser escrita formalmente, la otra en pr�cticas ancestrales.

Respecto de la interrogante s�ptima dichos resultados son, una vez m�s, totalmente un�nimes: el 100% de los encuestados considera que el di�logo intercultural entre el sistema de justicia ordinaria y el ind�gena es absolutamente necesario para una convivencia jur�dica arm�nica, siendo asi que la sentencia No. 1-11-EI/22 indica que el diolo intercultural abarca al el derecho al debido proceso en la justicia ind�gena, �la participaci�n efectiva de las partes, la igualdad en la audiencia, la imparcialidad del juez ind�gena, la oportunidad de ser escuchados y el acceso a las actuaciones del proceso este hallazgo es sumamente significativo,� ya que revela un consenso total y una clara demanda por parte de la poblaci�n encuestada en un tema que es fundamental para la implementaci�n efectiva del pluralismo jur�dico en Ecuador.

En el �ltimo cuestionamiento realizado dichos resultados de esta pregunta muestran un apoyo abrumador a la promoci�n de capacitaciones conjuntas, donde el 93% de los encuestados est� de acuerdo con esta iniciativa, mientras que solo un 7% se opone, este peque�o porcentaje corresponde a los dirigentes ind�genas deduciendo que con dichas charlas se busca imponer una visi�n de la justicia ordinaria sobre la aplicaci�n de la justicia ind�gena apartondose en esencia de lo que es su autonom�a, por otro lado el alto porcentaje de acuerdo refuerza y le da un car�cter m�s concreto a la necesidad del "di�logo intercultural" para una mejor armonia.

 

Conclusiones

Queda evidenciado que la Justicia Indigena posee un reconocimiento constritucional en el Ecuador donde se ha considerado como un avance notable desde el 2008 en el marco del pluralismo jur�dico, donde se solidifica una manifestaci�n concreta del respeto a la plurinacionalidad y a la autodertminacion de los pueblos ind�genas, consolidando el derecho a ejercer funciones jurisdiccionales en sus territorios acordes a sus costumbres ancestrales cosmovisi�n de purificacion y armon�a, siempre que no se vulnere .los derechos fundamentales de la Constitucion del Ecuador.

En consecuencia sobre el an�lisis del debido proceso en el art�culo 76 de la Constituci�n del Ecuador y del procedimiento propio de la justicia ind�gena, se puede afirmar que existen puntos de convergencia importantes, donde ambas justicias aplican principios como el de oralidad, inocencia, inmediaci�n, gratuidad, celeridad; asi como ciertos elementos que se respetan dentro del sistema ind�gena, como el derecho a la defensa, la existencia de autoridades competentes, igual de condiciones para ser escuchados, aplicando etapas proceslaes propias pero conservando su autonom�a de justicia ind�gena.

A partir de ello tambi�n surgen tensiones jur�dicas y cuestionamientos desde el derecho constitucional y convencional en aspectos como la ausencia de normas escritas donde se vulenera el principio de legalidad, y seguridad jur�dica especialmente cuando no se han establecido mecanismos claros de coordinaci�n con entre ambos sistemas de justicia, la ausencia de par�metros normativos y variedad de criterios entre comunidades pueden resultar en afectaciones b�sicos del debido proceso. La Corte Constitucional ha manifestado que se debe ir acoplando estas direncias desde un enfoque y dialogo intercultural� donde la soluci�n no radica en imponer una visi�n jur�dica sobre otra, sino en encontrar puntos de encuentro que permitan el reconocimiento mutuo, la protecci�n de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado plurinacional.

 

 

 

 

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