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La aplicaci�n de agravantes de oficio: un an�lisis desde la perspectiva del Derecho Penal del Ecuador

 

The application of ex officio aggravating circumstances: an analysis from the perspective of the Criminal Law of Ecuador

 

A aplica��o de circunst�ncias agravantes de of�cio: uma an�lise sob a perspectiva do Direito Penal do Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: evelin.soria@ucacue.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

 

* Recibido: 03 de febrero de 2024 *Aceptado: 20 de marzo de 2024 * Publicado: �24 de abril de 2024

 

        I.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

      II.            Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

 

 

Resumen

El presente estudio examina la aplicaci�n de agravantes de oficio desde la perspectiva del Derecho Penal en Ecuador. Para ello, se sigue un enfoque cualitativo con un nivel descriptivo y un dise�o no experimental. La investigaci�n se apoya en la revisi�n documental, utilizando art�culos cient�ficos, opiniones y tesis de posgrado como fuentes relevantes. Los principales hallazgos revelan la ausencia de precedentes jurisprudenciales significativos que respalden la facultad del juez para aplicar agravantes. Asimismo, se constata la falta de un fundamento legal s�lido que respalde esta pr�ctica, lo que plantea dudas sobre su justificaci�n. Adem�s, se evidencia que una aplicaci�n inadecuada de estas agravantes puede resultar en la violaci�n de los derechos del imputado. Estos hallazgos conducen a la conclusi�n de que la aplicaci�n de agravantes de oficio por parte de los jueces penales contraviene el principio dispositivo establecido en el art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. Esta pr�ctica sugiere una falta de imparcialidad en el proceso, ya que el aumento de penas o la aplicaci�n de agravantes parece estar motivado por un populismo punitivo, lo que reduce las garant�as de excarcelaci�n y vulnera el derecho a la libertad.

Palabras clave: Agravantes de oficio; Derecho penal; Jurisprudencia; Imparcialidad; Garant�as legales.

 

Abstract

The present study examines the application of ex officio aggravating circumstances from the perspective of Criminal Law in Ecuador. To do this, a qualitative approach is followed with a descriptive level and a non-experimental design. The research is supported by documentary review, using scientific articles, opinions and postgraduate theses as relevant sources. The main findings reveal the absence of significant jurisprudential precedents that support the judge's power to apply aggravating circumstances. Likewise, there is a lack of a solid legal basis that supports this practice, which raises doubts about its justification. Furthermore, it is evident that an inappropriate application of these aggravating factors can result in the violation of the rights of the accused. These findings lead to the conclusion that the application of ex officio aggravating circumstances by criminal judges contravenes the dispositive principle established in article 19 of the Organic Code of the Judicial Function. This practice suggests a lack of impartiality in the process, since the increase in sentences or the application of aggravating circumstances seems to be motivated by punitive populism, which reduces the guarantees of release from prison and violates the right to freedom.

Keywords: Ex officio aggravating factors; Criminal law; Jurisprudence; Impartiality; Legal guarantees.

 

Resumo

O presente estudo examina a aplica��o de circunst�ncias agravantes de of�cio sob a perspectiva do Direito Penal no Equador. Para isso, segue-se uma abordagem qualitativa com n�vel descritivo e desenho n�o experimental. A pesquisa � apoiada por revis�o documental, utilizando artigos cient�ficos, pareceres e teses de p�s-gradua��o como fontes relevantes. As principais conclus�es revelam a aus�ncia de precedentes jurisprudenciais significativos que sustentem o poder do juiz de aplicar circunst�ncias agravantes. Da mesma forma, falta uma base jur�dica s�lida que suporte esta pr�tica, o que levanta d�vidas sobre a sua justifica��o. Al�m disso, � evidente que uma aplica��o inadequada destes factores agravantes pode resultar na viola��o dos direitos do arguido. Estas constata��es permitem concluir que a aplica��o de circunst�ncias agravantes oficiosas pelos ju�zes penais contraria o princ�pio dispositivo estabelecido no artigo 19.� do C�digo Org�nico da Fun��o Judici�ria. Esta pr�tica sugere falta de imparcialidade no processo, uma vez que o aumento das penas ou a aplica��o de circunst�ncias agravantes parece ser motivado pelo populismo punitivo, que reduz as garantias de liberta��o da pris�o e viola o direito � liberdade.

Palavras-chave: Agravantes de of�cio; Direito Penal; Jurisprud�ncia; Imparcialidade; Garantias legais.

 

Introducci�n

Las garant�as de un juicio justo a partir de la imposici�n de penas proporcionadas y ajustadas a la gravedad del delito sobre el que se le acusa a una persona, constituyen un elemento sustancial de la pr�ctica del Derecho Penal que, a m�s del deber de sancionar, se adhiere a los preceptos contemplados en la protecci�n de derechos fundamentales que aplican a los acusados.

Esta es una cuesti�n que en el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial (2009) al resaltar en uno de sus considerandos el anhelo de la sociedad ecuatoriana de la pr�ctica de una justicia al alcance de todos y todas, sin distinci�n ni discriminaci�n de ning�n tipo; el sistema de Justicia, como garante de los derechos, debe ajustarse a lo que se�alan los art�culos 11.2, 66.4, 177 y 181 de la Carta Magna del 2008 en vigencia relacionados �al dise�o sist�mico de una Administraci�n de Justicia que permita que las juezas y jueces, fiscales y defensoras y defensores, y dem�s servidores judiciales se dediquen �nicamente al ejercicio de las competencias t�cnicas que le son propias (�)� (C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, 2009, p. 1).

Bajo esta perspectiva, para Ruiz (como se cit� en (P�rez, 2023), le corresponde al juez como la figura clave del sistema judicial, �la ordenaci�n equitativa de la convivencia social� (p�rr. 17). De tal modo, que para Prado et al. (2020), la administraci�n de justicia ecuatoriana se basa en el principio de independencia en la que los jueces se someten a la Constituci�n y a los instrumentos internacionales basados en derechos humanos, donde el justiciable conf�a sus causas a los tribunales.

Para el jurista Quiroga (como se cit� en P�rez, (2023), dentro del fundamento jur�dico del principio dispositivo �si el juez es el tercer repartidor al cual deben concurrir los elementos de impartialidad e imparcialidad a las partes debe concurrir exclusivamente el elemento partial. El juez no puede asumir en ning�n caso la acusaci�n o la defensa� (p. 3).

En tal sentido, para el sistema penal ecuatoriano el tema de aplicaci�n de agravantes de oficio se constituye en una cuesti�n de debate y controversia para la academia y la comunidad legal, cuando persiste la inquietud de si deben tomar parte o no en la aplicaci�n de agravantes sin necesidad de una solicitud expresa por parte de Fiscal�a o el acusador particular, un dilema que plantea como pregunta de investigaci�n� de si �la aplicaci�n de agravantes de oficio, por parte de los Jueces Penales, transgrede el principio dispositivo determinado en el art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial?

De tal modo que el estudio se plantea como objetivo principal analizar si la aplicaci�n de agravantes de oficio, por parte de los Jueces Penales, transgrede el principio dispositivo determinado en el art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. Para ello, se parte de la hip�tesis relacionada a que la aplicaci�n de agravantes de oficio interfiere en el ejercicio de la justicia penal y la protecci�n de los derechos fundamentales del acusado.

En el contexto del Derecho Penal del Ecuador es un tema de gran relevancia e importancia debido a que dicha aplicaci�n puede interferir en la efectivizaci�n de la equidad y la justicia dentro del proceso penal impactando de manera directa en la ley y en las decisiones judiciales, lo que reviste un an�lisis m�s profundo el principio del dispositivo del art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial en actos que contravienen con la ley como los delitos sexuales. Para ello, el marco referencial aborda las dos variables del estudio: aplicaci�n de agravantes de oficio y Derecho Penal siguiendo una l�gica conceptual en la que tambi�n contempla como complementarios aspectos relacionados a los derechos fundamentales del acusado y el principio procesal dispositivo.

 

Marco referencial

Las garant�as de un juicio justo en la pr�ctica del Derecho Penal

El Derecho Penal como rama del Derecho tiene como objetivo central el establecimiento de las penas sobre quienes han lesionado de alguna u otra forma el derecho de los dem�s. Esta necesidad ha surgido a raz�n de regular la conducta humana, especialmente, aquella que se muestra conflictiva, con la finalidad de aportar al normal desarrollo del sistema social. En este sentido, para el portal CEST (2023) entre las caracter�sticas del Derecho Penal est�n las siguientes:

a)      Ser de orden p�blico: El derecho penal responde a intereses de la colectividad sobre intereses particulares promoviendo, de esta forma, el orden y paz social a partir de la implementaci�n del ordenamiento jur�dico en vigencia. As�, se consigue que reduzca la tasa de delincuencia como las actuaciones que llevan a delinquir.

b)      Es sancionatorio: Su principal herramienta para lograr y conseguir el orden social, como tambi�n llegar a medidas preventivas para la comisi�n de delitos, una facultad, por tanto, respetada por las personas. Mediante, el fomento de valores, el Estado crea la habilidad de discernir temas como robar, da�ar, agredir, hurtar y las sanciones que con ella conllevan.

c)      Debe ser equitativo: Las sanciones deben dar respuesta a la idea de equidad procurando ser la pena que se ha impuesta la m�s justa posible seg�n el da�o ocasionado. La idea, es que, del Derecho Penal, las personas reciban lo que merecen.

Sobre este �ltimo punto es importante mencionar que para Villasmil (2021), existe una relaci�n compleja entre Derecho Penal y Derechos Humanos tanto en el campo de la doctrina como en la pr�ctica, tal como lo reflejan las distintas realidades y teor�as en la materia, donde ha llevado a reflexionar acerca de las formas m�s viables para humanizar el derecho penal y procesal penal con el fin de preservar la dignidad humana.

Esta es una cuesti�n que, dentro del abordaje sobre las garant�as de un juicio justo, involucra el ejercicio de una pr�ctica que vaya acorde al respeto de los convenios internacionales pactados por pa�ses como Ecuador en materia de derechos humanos, donde le compete al Estado el velar porque se garantice su efectivizaci�n y que en el sistema de justicia involucra tanto al demandante, la v�ctima como al demandado o victimario en una acci�n judicial.

En efecto, el derecho a un juicio justo est� expreso en el art�culo 10 de la Declaraci�n de los Derechos Humanos de 194 que, en esencia, demanda el derecho a una audiencia p�blica y justa conformada por un tribunal independiente e imparcial (Naciones Unidas, 1948). Sin embargo, para Naciones Unidas (2023), aunque muchos sistemas legales incluyen variadas salvaguardias para reducir errores judiciales, aunque no siempre funcionan de manera correcta, no todos los pa�ses tienen estos sistemas desarrollados porque no funcionan correctamente.

El problema, se�ala el organismo internacional, es que no hay calidad en las garant�as legales como en la definici�n de un crimen determinado o la independencia de jueces, fiscales y abogados; por cuanto, existe, entre otros, riesgo a que un delito menor se convierta en punible con una pena de c�rcel de gran magnitud que, incluso, en ciertos pa�ses lleve a la pena de muerte; por tanto, a su decir el t�rmino juicio justo se convierte en ilusorio por lo que resulta amenazante para los derechos de los acusados.

Dentro de la realidad del Ecuador, el debido proceso es uno de los derechos fundamentales manifiesto en la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008), desde donde en el art�culo 76 se establecen una serie de garant�as b�sicas:

�         Garant�a el cumplimiento de las normas y derechos de las partes.

�         Presunci�n de inocencia.

�         Principio de legalidad �nullum crimen, nullum poena, sine proevia lege� (no hay crimen, no hay pena, sin ley previa).

�         Ineficacia de pruebas obtenidas violando la Constituci�n o la ley.

�         Indubio pro reo.

�         Proporcionalidad entre las infracciones y las penas.

�         Derecho a la defensa.

En lo inherente a la proporcionalidad entre las infracciones y las penas, Escudero (2017) comenta que esta est� relacionado al da�o inferido al bien jur�dico y con la trascendencia social del hecho (da�o social)� (p. 41); lo que determina hallar un punto de equilibrio con relaci�n a las normas aplicables seg�n el delito cometido previsto en la ley, incluso en las que se incluya la aplicaci�n de agravantes, que justifique la sanci�n impuesta.

Sin embargo, para Rodr�guez (2018) pese a que ha evolucionado el sistema de justicia ecuatoriano, todav�a se aprecian falencias graves. Considera que los operadores de justicia que son llamados a respetar el debido proceso suelen incurrir en violaci�n al derecho a la defensa que resulta ineficaz cuando se lo ha dejado en estado de indefensi�n y, por tanto, reduce sus garant�as a un juicio justo deviniendo, por tanto, en la falta de aplicaci�n de una de las caracter�sticas del Derecho Penal: la equidad en la sanci�n impuesta.

 

Protecci�n de los derechos fundamentales del acusado en el debido proceso

El discurso relacionado a los derechos fundamentales del acusado se apoya en el cumplimiento de los derechos humanos que se hallan descritos en las declaraciones sobre las que los Estados han acordado su efectivizaci�n en las naciones adscritas a las mismas. De tal modo que, para Vallejo (2021), el derecho fundamental se asume como un poder reconocido a trav�s de la norma suprema que otorga la posibilidad de ejecutar o no una serie de actos respaldados por medios jurisdiccionales que dan protecci�n al poder p�blico del Estado y a las personas, por cuanto, los derechos fundamentales est�n reconocidos en los textos constitucionales de cada pa�s.

Se entiende as� que en el Estado de Derecho que se manifiesta en acciones como ser garante de libertades fundamentales a trav�s de leyes generales aplicadas por jueces independientes, entre otros, le asiste ser garante a que, dentro del debido proceso, que se entiende es un principio jur�dico, se respeten los derechos legales que a toda persona le asiste.

En este sentido, para Carrasco y Trelles (2020), si bien es cierto los derechos fundamentales no contemplan de manera expl�cita en la Carta Magna del 2008, estos se hallan inmersos en los derechos humanos, atributos supremos que no necesariamente deben ser reconocidos por los Estados; lo que determina que si un juez no asume el rol de protector que tutele el respeto de sus derechos humanos y fundamentales �jam�s se podr� hablar de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social y mucho menos se podr� tener la confianza de una aut�ntica seguridad jur�dica� (Carrasco y Trelles, 2020, p. 322).

En tal efecto, el ejercicio de calidad de la justicia, que involucra una serie de aristas, que lleven a procesos justos que se entiende es uno de los derechos fundamentales, se presenta en un escenario ampliamente conflictivo, en tanto, priman intereses de grupo que se manejan bajo escenarios de exclusi�n y discriminaci�n persistiendo una percepci�n generalizada de que no existe confianza sobre las resoluciones emitidas por jueces en tema de sanci�n justa y equitativa.

El tema se torna a�n m�s conflictivo cuando se trata de aplicar cuestiones como los llamados agravantes de oficio, donde se entiende que el juez toma parte en su aplicaci�n sin solicitud expresa ya sea del fiscal o el acusador. Esto determina que, aunque la categor�a agravante se encuentra manifiesto en el C�digo Org�nico Integral Penal del Ecuador, deja en tela de duda de si la injerencia directa del juez es aplicable o no en cuanto a que puede transgredir derechos fundamentales del acusado como el debido proceso que no lleven a decisiones justas y en derecho y, por tanto, a otorgar garant�as a un juicio justo independientemente del delito que se haya cometido.

Versa as� manifestar que en el debido proceso deben contemplarse una serie de principios que deben ser previstos en el juicio para otorgar eficiencia al Estado de Derecho y, por ende, garant�as al acusado. En resumen, est�n:

a)      Garant�as relativas al principio de legalidad.

b)      Presunci�n de inocencia.

c)      Derecho a que las pruebas obtenidas o actuadas con violaci�n de la Constituci�n o la ley no tengan validez alguna y carezcan de eficacia probatoria,

d)      El derecho a que se aplique la norma que m�s favorezca al reo,

e)      Proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, y

f)       El derecho a la defensa. (Gonz�lez, 2019, p. 41)

Se comprende as� que el debido proceso penal tiene una relaci�n directa con el acatamiento de los derechos fundamentales del acusado que se halla supeditado a un proceso penal, donde como todo ciudadano y ciudadana le asiste tambi�n a la justicia velar porque dichos derechos no afecten tampoco a la persona acusada o procesada, lo que indica la ejecuci�n de un proceso en el que prime, ante todo, el ejercicio de la justicia basada en el respeto de los derechos humanos.

 

El principio procesal dispositivo: fundamento jur�dico

La naturaleza jur�dica del principio dispositivo tiene sus bases en el inter�s de reducir la injerencia ll�mese preponderante de ciertos sujetos, cuyos sistemas procesales se basaron precisamente en este principio y el inquisitivo. Narv�ez (2020) menciona as� que el an�lisis de dichos principios tiene como punto de partida la �poca de la Revoluci�n Francesa, momento hist�rico en que la divisi�n de poderes, concepci�n ideol�gica base de la revoluci�n, se tradujo en la devaluaci�n del poder judicial que se tradujo en desconfianza hacia los tribunales quedando subordinado a otras funciones.

Narv�ez (2020) comenta que, para pensadores revolucionarios e influyentes como Montesquieu, la divisi�n de poderes no fue en la pr�ctica el paso a un verdadero poder judicial, pero que deja establecido que cuestiones como el rol del juez deb�a limitarse a aplicar la ley que es creada por las verdaderas fuerzas sociales, y donde la actividad es meramente intelectual pero no creadora de derecho.

Este criterio tuvo amplio eco en Am�rica Latina por efecto de la difusi�n de c�digos napole�nicos, un documento intocable que los llamados ex getas recomendaban constantemente ir nuevamente a este y no salirse de sus cauces �ateni�ndose a su letra cuando esta es clara, o a los principios generales de sus leyes, cada vez que se presente una situaci�n de vac�o o ambig�edad de sus normas� (Fern�ndez, 2005, p. 54). As� la tarea interpretativa de un juez estaba limitada una mera aplicaci�n de la ley convirti�ndose en meros instrumentos de esta.

Bajo este contexto, para P�rez (2023), el principio procesal dispositivo surge precisamente en una �poca en que los c�digos procesales redujeron de manera clara el rol del juez dentro de un proceso, donde se indica que las partes y solo ellas tienen el inter�s de solucionar un conflicto. Se�ala que la historia judicial del Ecuador tiene sus bases en los jueces espa�oles, cuya tradici�n era que el bien com�n se constitu�a en el objetivo de la Funci�n Judicial.

En la actualidad, se determina que la justicia tiene un rol importante en el ordenamiento social, cuyas bases se sustentan en el art�culo 21 del C�digo Org�nico de la funci�n judicial, en cuya esencia se�ala la misi�n de la Funci�n judicial centrada en preservar y recuperar la paz social como soporte de la tarea p�blica y el ordenamiento jur�dico. Adem�s, promover la eficacia y acatamiento del ordenamiento jur�dico en marcha, por tal raz�n toda servidora y servidor de dicha Funci�n �observar� una conducta diligente, recta, honrada e imparcial� (C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, 2009, p. 9). A lo expuesto, el mismo cuerpo normativo manifiesta en el art�culo 19 lo relacionado al principio dispositivo, de inmediaci�n y concentraci�n que menciona:

Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolver�n de conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en m�rito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. Sin embargo, en los procesos que versen sobre garant�as jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneraci�n de derechos que no fuera expresamente invocada por los afectados, las juezas y jueces podr�n pronunciarse sobre tal cuesti�n en la resoluci�n que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo (�). (C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial, 2009, pp. 9-10).

De tal modo, el principio dispositivo desde su concepci�n cl�sica surge a partir de la desconfianza de la tarea del juzgador, cuya tarea actual se centra en promover armon�a entre la demanda y el pronunciamiento dado. Descansa en el principio de congruencia, es decir, en el contenido de las resoluciones judiciales que involucra armon�a entre el pedido realizado por las partes con la sentencia emitida.

De acuerdo con Narv�ez (2020), este axioma est� a�n presente en el sistema de justicia ecuatoriano alcanzado, inclusive, un alto desarrollo jurisprudencial, dado por criterios dados por los m�ximos �rganos de la justicia ordinaria, es decir, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Nacional de Justicia, con amplia influencia del sistema procesal continental europeo, y cuya influencia se aprecia en art�culos expresos en la Constituci�n de la Rep�blica (2008) como el 167 que manifiesta: �la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los �rganos de la Funci�n Judicial y por los dem�s �rganos y funciones establecidos en la Constituci�n� (p. 62).

De tal modo que el principio dispositivo, para Quiroga (como se cit� en (P�rez, 2023), es un principio auxiliar de la imparcialidad, lo que indica que el juez bajo ninguna circunstancia debe asumir una posici�n de acusador o formar parte de la defensa, es decir, ni en la parte material ni formal, pero para P�rez (2023), esto no significa que las partes tengan, poder en la ordenaci�n del proceso, cuyo cometido le corresponde al �rgano decisor, quien en definitiva su tarea est� dada en la b�squeda de la verdad, y por tanto, en el ejercicio de hacer justicia.

 

Los agravantes de oficio sobre delitos sexuales dentro del Derecho Penal ecuatoriano

Para introducirse en el tema, es esencial esclarecer a qu� hace referencia el t�rmino agravantes de oficio. De acuerdo con Yanza y Cobe�a (2020), en el �mbito penal aparece la figura de circunstancias que son tipificadas con la finalidad de atenuar o agravar la pena impuesta, y que dentro del c�digo Org�nico Integral Penal est� expreso en el art�culo 44 establecido en los mecanismos de aplicaci�n de atenuantes y agravantes que deben ser consideradas para la aplicaci�n de la pena.

La primera por tanto favorece al acusado, y cuya tarea es evitar efectos de injusticia que en el trayecto puedan surgir aminorando, por tanto, su responsabilidad penal. Los agravantes, en cambio, determinan la imposici�n de una pena mayor, donde en ambas circunstancias, el COIP (COIP, 2021) se�ala que:

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondr� el m�nimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracci�n. Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracci�n, se impondr� la pena m�xima prevista en el tipo penal, aumentada en un tercio. (p. 24).

Dentro del C�digo Org�nico Integral Penal del Ecuador (COIP, 2021) est� manifiesto, por ejemplo, en el art�culo 47 que establece las circunstancias de agravantes generales de la infracci�n y que en total suman 18 que aplican a todos los delitos.

Con menci�n espec�fica al art�culo 48, este aplica en casos de delitos sexuales relacionada a infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal que, en resumen, se�ala lo siguiente:

a)      Hallarse la v�ctima al momento de la infracci�n al cuidado de entidades p�blicas privadas como el de salud, educaci�n otros similares.

b)      Hallarse la v�ctima al momento de la infracci�n en centros de privaci�n de la libertad, o en espacios militares o policiales, y otros similares; adem�s de ambientes de esparcimiento, deportivo, de turismo, de cuidado, de estudio o deportivo

c)      El haber contagiado a la v�ctima con enfermedad grave, mortal o incurable.

d)      Cuando la v�ctima haya quedado en situaci�n de embarazo, en etapa de puerperio o si lleva al aborto a consecuencia del cometimiento de la infracci�n.

e)      Compartir o ser parte del entorno familiar de quien ha sido v�ctima.

f)       El haberse aprovechado de la v�ctima que se halle en estado de vulnerabilidad, necesidad extrema econ�mico o situaci�n de abandono.

g)      Si la infracci�n penal se ha cometido a modo de tortura con fines de explotaci�n, castigo, humillaci�n, entre otros.

h)      Generar infracci�n o mantener alg�n tipo de relaci�n de autoridad sobre la v�ctima.

i)       El haber conocido a la v�ctima previo al cometimiento de la infracci�n.

Se entiende, de este modo, que le corresponde al juez imponer la pena respectiva basada en las evidencias presentadas, cuya petici�n en el caso de imposici�n de circunstancias agravantes o atenuantes le corresponde a Fiscal�a o a las partes, una cuesti�n que de acuerdo a la Corte Nacional de Justicia (2018), es deber del juzgador resolver el caso bas�ndose en hechos incluidos tanto en la acusaci�n y en la defensa, donde impondr� de manera precisa la pena a cumplir. Para ello, debe reconocer aquellos agravantes o atenuantes que hayan sido introducidas y discutidas dentro del juicio oral.

 

Metodolog�a

El estudio se desarroll� utilizando una metodolog�a basada en un enfoque cualitativo. Se eligi� esta metodolog�a debido a su idoneidad para recopilar informaci�n que permitiera determinar si existe un fundamento legal s�lido que habilite a los jueces a imponer agravantes de oficio. Tambi�n se busc� determinar si los jueces deben ejercer esta facultad de manera aut�noma, independientemente de la solicitud de la Fiscal�a, y en qu� circunstancias espec�ficas se justifica o no su aplicaci�n.

Adem�s, se consider� que, dada la naturaleza del estudio en el �rea del derecho, era necesario un abordaje descriptivo que incluyera aspectos conceptuales e hist�ricos para describir el fen�meno en cuesti�n, espec�ficamente enfocado en la aplicaci�n de agravantes de oficio en delitos sexuales.

En cuanto a los m�todos, t�cnicas e instrumentos utilizados, se emple� el m�todo de an�lisis-s�ntesis para comprender la aplicaci�n de agravantes de oficio por parte de los jueces penales y determinar si esto viola el principio dispositivo establecido en el art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. Adem�s, se recurri� al m�todo del derecho comparado para investigar si exist�an precedentes jurisprudenciales relevantes en Ecuador que permitieran la aplicaci�n de agravantes sin una solicitud expresa de la Fiscal�a o el acusador particular.

La t�cnica de revisi�n documental se utiliz� para obtener informaci�n pertinente relacionada con casos espec�ficos y establecer si exist�a un fundamento legal s�lido que permitiera a los jueces imponer agravantes de oficio. Tambi�n se emple� esta t�cnica para explorar otras investigaciones sobre el tema en estudio y determinar si los jueces deben ejercer la facultad de aplicar agravantes de oficio de manera aut�noma, y en qu� circunstancias se justificar�a esta aplicaci�n.

En cuanto al universo de estudio y el tratamiento muestral, debido a la naturaleza cualitativa del estudio y la escasa literatura disponible sobre el tema analizado, se recurri� a art�culos cient�ficos y tesis de posgrado de los �ltimos 5 a�os, aunque tambi�n se consideraron investigaciones anteriores debido a la limitada disponibilidad de literatura reciente.

 

 

 

Resultados

Dentro del presente apartado, se desarrolla la parte de resultados tomando como eje la revisi�n bibliogr�fica pertinente a la investigaci�n en estudio. Para ello, el proceso sigue una secuencia de temas de inter�s que permitan determinar si �la aplicaci�n de agravantes de oficio, por parte de los Jueces Penales, transgrede el principio dispositivo determinado en el art�culo 19 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial?

 

Rol del juez

 

Tabla 1: Rol del juez

Fuente: P�rez (2023); Gavil�nez (2020) Elaboraci�n propia.

 

Como factor fundamental que resalta del aporte de P�rez (2023) y de Gavil�nez (2020) est� centrado en afirmar que el rol de juez est� dado, ante todo, en otorgar seguridad jur�dica bas�ndose en categor�as como agentes de cambio social, convivencia social, primac�a de la verdad objetiva, b�squeda de la verdad, decisiones justas. Implica afirmar que su rol es fundamental en todo proceso.

Resalta tambi�n como factor trascendente el t�rmino imparcialidad que de inmediato se relaciona al principio dispositivo que demanda que el juez no es parte ni formal ni material en el proceso, pero Gavil�nez (2020) deja entrever la necesidad de que su rol pese a que se manifieste desigual en su aplicaci�n, es necesario, que el Estado en su conjunto aplique las penas en proporci�n al delito ejecutado y en apego al derecho del imputado.

 

Delito sexual y derechos de la v�ctima

 

Tabla 2: Delito sexual y derechos de la v�ctima

Fuente: Fiscal�a General del Estado�(2023), Soledispa�(2017) y la Defensor�a del Pueblo Ecuador�(2023)Elaboraci�n propia.

Del aporte investigativo de Fiscal�a General del Estado�(2023), Soledispa�(2017) y la Defensor�a del Pueblo Ecuador�(2023) se determina que el derecho de la v�ctima del delito sexual se halla ampliamente vulnerado, con mejoras evidentes a su favor a partir de la aplicaci�n de la Carta Magna desde el 2008, pero que a�n dista mucho por efectivizar sus derechos cayendo constantemente en revictimizaci�n, lo que indica que todav�a constituye una figura poco atendida, donde el sistema no es emp�tico con la v�ctima.

Esto se asevera por el n�mero de sentencias emitidas para el 2022, lo que indica falencias en el proceso. A�adido a ello, falta de apoyo interinstitucional sobre medidas que apliquen protecci�n y reparaci�n integral hacia la v�ctima, por delitos como el sexual.

 

 

Derechos del acusado

Tabla 1: Derechos del acusado

Fuente: Soledispa (2017) y Carri�n y Quinche (2021) Elaboraci�n propia.

 

Del aporte de Soledispa (2017) y Carri�n y Quinche (2021) se determina que en materia de derechos del acusado tampoco existen las garant�as necesarias dentro del sistema de justicia, en tanto, del an�lisis de Carri�n y Quinche (2021) existe un juego de intereses pol�ticos so pretexto de prevenir el delito. Indica que la verdadera alternativa de soluci�n no versa en aumentar el tiempo e penas o agravantes, sino en promover programas de rehabilitaci�n con aporte del sistema educativo. Adem�s, resalta como punto trascendente que en el tema de derechos y garant�as del inculpado resalta como categor�a la imparcialidad de los jueces, una cuesti�n que acuerda el inter�s de su rol trascendente en el sistema judicial como se expuso en p�rrafos anteriores.

 

Discusi�n

Las contradicciones relacionadas a las garant�as constitucionales tanto para la v�ctima como para el imputado determinan un estado de indefensi�n manifiesta tanto en el n�mero de sentencias emitidas durante el 2022 por delitos sexuales que de acuerdo con la Defensor�a del Pueblo Ecuador (2023) apenas se han emitido en un 4,15%, como el aumento de penas o agravantes que seg�n manifiesta Carri�n y Quinche (2021) no resuelven la situaci�n conflictiva de los inculpados que, en esencia, para su reinserci�n a la sociedad requieren de medidas m�s profundas de actuaci�n.

En efecto, tras el proceso investigativo de los resultados obtenidos se determina que, en materia de derechos humanos, tanto la v�ctima como el victimario adolecen de estos derechos inherentes a todo individuo sin importar condici�n alguna, con tendencia de mayor afectaci�n a las v�ctimas como lo manifiesta la Fiscal�a General del Estado (2023).

Sin embargo, y en atenci�n a que se garanticen los derechos fundamentales de los acusados, como part�cipes del derecho constitucional que a todos y todas las personas les asiste y est� expreso en la Constituci�n de la Rep�blica del 2008 en art�culos como el art�culo 11, en cuyo numeral 6 manifiesta que �todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarqu�a� (p. 12); es pertinente se�alar que en materia de las garant�as de un juicio justo acorde a la imposici�n de penas proporcionadas y ajustadas a la gravedad del delito cometido, pese a que es una pr�ctica del Derecho penal, en la realidad no son efectivizadas.

Esta es una realidad manifiesta por la investigaci�n de Carri�n y Quinche (2021), quienes analizan que el aumento de penas o agravantes son una respuesta del llamado populismo punitivo; una cuesti�n de �ndole pol�tico que a m�s de no resolver de fondo la inseguridad ciudadana, vulnera garant�as de excarcelaci�n del imputado; contradicciones en el discurso de garant�as constitucionales que no terminan por consolidar un Estado de Derecho ni la realidad operativa del sistema procesal penal como lo se�ala Cuasque (2013) en su estudio.

En materia espec�fica del principio dispositivo, como principio auxiliar de la imparcialidad, una categor�a recurrente en el proceso investigativo del presente estudio sobre el rol del juez en el sistema judicial, determina que este no debe asumir una posici�n de acusador o ser parte de la defensa, por cuanto, desde este axioma tanto P�rez (2023) como Gavil�nez (2020) concuerdan en que su tarea es, ante todo, ejercer la verdad objetiva anclada al uso de decisiones justas y apegadas al derecho.

Dado lo expuesto, no se justifica la facultad de imponer agravantes de oficio en delitos como los sexuales, al manifestarse atentatorios contra sus derechos o garant�as como la excarcelaci�n o a la libertad; independientemente de si ha sido inculpado o no, en tanto, la justicia no ejecuta un proceso de sanci�n social o juzgamiento social por el acto cometido, sobre todo, por delito sexual, sino en apego a derecho conforme las pruebas emitidas tanto por la defensa como la parte acusatoria y en concordancia a la justicia como filosof�a de los derechos humanos.

Sin embargo, del estudio de Gavil�nez (2020) es factible la aplicaci�n de la denominada sana cr�tica del juez, como medio id�neo del derecho, que de acuerdo con Quelal (2021) tiene sus ra�ces en categor�as trascendentes como actuar sin vicios, ni errores y bas�ndose en el arte de actuar en funci�n de la verdad de los hechos, pero que resulta en un arma de doble filo.

El problema es que, en el Ecuador, al menos tras el proceso investigativo efectuado, no se evidencia precedentes jurisprudenciales de relevancia que validen la aplicaci�n de agravantes de parte del juez, ni tampoco evidencia legal suficiente que indique bajo qu� circunstancias puntuales es justificable su aplicaci�n.

 

Conclusiones

La aplicaci�n de agravantes de oficio en el contexto del Derecho Penal de Ecuador sigue siendo motivo de controversia, dada la escasa evidencia que respalde su efectividad para impartir justicia en el pa�s. Esta pr�ctica tiene el potencial de afectar la equidad y la justicia en el proceso penal contra el imputado, quien, al igual que cualquier ciudadano, goza de derechos fundamentales, independientemente del delito del que se le acuse.

En el caso espec�fico de los delitos sexuales, que generan una fuerte presi�n social debido a las consecuencias devastadoras para grupos vulnerables, como los menores de edad, existe un riesgo de que se aproveche el populismo punitivo para imponer penas agravadas de manera indiscriminada. Esto podr�a resultar en decisiones que menoscaben los derechos del imputado, aunque es importante reconocer que tanto las v�ctimas como los victimarios son sujetos de derecho y merecen ser tratados como tal.

Cuando los jueces optan por imponer agravantes de oficio, se corre el riesgo de cometer vicios y errores que perjudiquen al acusado. Por lo tanto, es fundamental garantizar que esta discrecionalidad se ejerza de manera justa y coherente para evitar resultados sesgados y desiguales. Sin embargo, la falta de un fundamento legal s�lido y la ausencia de claridad sobre las circunstancias espec�ficas en las que es justificable la aplicaci�n de agravantes complican esta tarea.

No obstante, una alternativa legal viable es la aplicaci�n de la sana cr�tica del juez, que permite una valoraci�n imparcial de la evidencia dentro del sistema penal acusatorio. La imparcialidad es un elemento central en la aplicaci�n de agravantes de oficio, ya que contribuye a mantener el orden y la paz social, as� como a promover medidas preventivas del delito y ejecutar sanciones con equidad desde la perspectiva del Derecho Penal.

 

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