����������������������������������������������������������������������������������

 

An�lisis jur�dico de la admisibilidad y eficacia de la acci�n extraordinaria de protecci�n, Loja 2021

 

Legal analysis of the admissibility and effectiveness of the extraordinary protection action, Loja 2021

 

An�lise jur�dica da admissibilidade e efic�cia da a��o extraordin�ria de tutela, Loja 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: fabyrobri0805@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas ���

Art�culo de Investigaci�n

��

* Recibido: 23 de mayo de 2023 *Aceptado: 30 de junio de 2023 * Publicado: �31 de julio de 2023

 

1. Abogado, Mag�ster en Derecho Penal Econ�mico, Especialista Jur�dico Regional de la Intendencia de Loja de la Superintendencia de Compa��as, Valores y Seguros, Ecuador.
2. Doctor en Ciencias del Derecho, Pontificia Universidad Cat�lica del Ecuador, Ecuador.

Resumen

Para la realizaci�n del presente art�culo, se revisaron los portales web de grafos y sentencias de la Corte Constitucional, de donde se extrajeron las veintiocho sentencias correspondientes al a�o 2021, posteriormente a las sentencias descargadas, se las someti� a los m�todos propuestos en el apartado de metodolog�a, con este an�lisis de dict�menes, se obtuvieron importantes hallazgos sobre los requisitos previos que debe cumplir una Acciones Extraordinarias de Protecci�n (AEP), antes de entrar a tr�mite de admisibilidad, como la jurisdicci�n, temporalidad, identificaci�n de derechos vulnerados, los requisitos sobre los cuales opera o se debe interponer una AEP, y que se encuentran consagrados en la Constituci�n de la Rep�blica, y la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. Tambi�n en el an�lisis de causas, se pudo visibilizar que los fallos de desistimiento y rechazos alcanzan el setenta por ciento, lo cual se pudo corroborar puesto que en el an�lisis de las causas, los jueces constitucionales detectaron inobservancias en la fundamentaci�n de derechos vulnerados, el alcance y fondo de sus alegatos, en la interpretaci�n de los articulados que deben cumplir estos recursos para ser admitidos a tr�mite y en la err�nea elecci�n al momento de elegir la v�a de la justicia constitucional en lugar de la v�a ordinaria.

Palabras Clave: acci�n extraordinaria de protecci�n; admisibilidad; alegatos; justicia constitucional.

 

Abstract

For the realization of this article, the web portals of graphs and sentences of the Constitutional Court were reviewed, from which the twenty-eight sentences corresponding to the year 2021 were extracted, after the sentences downloaded, they were submitted to the methods proposed in the section on methodology, with this analysis of opinions, important findings were obtained on the prerequisites that an Extraordinary Protection Actions (AEP) must meet, before entering the admissibility process, such as jurisdiction, temporality, identification of violated rights, requirements on which operates or must be filed by an AEP, and which are enshrined in the Constitution of the Republic, and the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. Also in the analysis of causes, it was possible to make visible that the decisions of withdrawal and rejections reach seventy percent, which could be corroborated since in the analysis of the causes, the constitutional judges detected non-observances in the justification of violated rights, the scope and substance of their allegations, in the interpretation of the articles that these remedies must comply with in order to be admitted for processing and in the erroneous choice when choosing the path of constitutional justice instead of the ordinary path.

Keywords: extraordinary protection action; admissibility; allegations; constitutional justice.

 

Resumo

Para a realiza��o deste artigo, foram revistos os portais web de gr�ficos e senten�as do Tribunal Constitucional, de onde foram extra�das as vinte e oito senten�as correspondentes ao ano de 2021, ap�s o download das senten�as, elas foram submetidas aos m�todos propostos no parte metodol�gica, com esta an�lise de pareceres, foram obtidas importantes constata��es sobre os pressupostos que uma A��o Extraordin�ria de Prote��o (AEP) deve atender, antes de entrar no processo de admissibilidade, como compet�ncia, temporalidade, identifica��o de direitos violados, requisitos sobre os quais opera ou devem ser instauradas por uma AEP, e que se encontram consagradas na Constitui��o da Rep�blica, e na Lei Org�nica das Garantias Jurisdicionais e do Controlo Constitucional. Ainda na an�lise das causas, foi poss�vel visibilizar que as decis�es de desist�ncia e indeferimento chegam a setenta por cento, o que p�de ser corroborado uma vez que na an�lise das causas, os ju�zes constitucionais detectaram inobserv�ncias na justifica��o de direitos violados, o alcance e o conte�do de suas alega��es, na interpreta��o dos artigos que esses recursos devem observar para serem admitidos ao processamento e na escolha err�nea ao optar pela via da justi�a constitucional em detrimento da via ordin�ria.

Palavras-chave: a��o de prote��o extraordin�ria; admissibilidade; alega��es; justi�a constitucional.

����������������������������������������������������������������������������������������������

Introducci�n

Las Garant�as Jurisdiccionales, dentro de las cuales se contempla la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, no pueden ser confundidas con su predecesor recurso denominado Amparo Constitucional, debido a que la acci�n de la AEP es m�s amplia permitiendo la legitimaci�n pasiva a particulares, y desde luego para hacerlo debe cumplir con ciertos requisitos (Costa�n, 2019, p.141).

La interposici�n de estas Garant�as Jurisdiccionales, necesariamente debe abordar la solemnidad sustancial que debe contener la demanda por parte del abogado de la parte accionante, en la citaci�n se hace conocer al o los accionados el contenido de la demanda, debido a que sin esta ning�n proceso judicial puede seguir su curso, a fin de evitar posibles carencias o faltantes en el cuerpo de la demanda que podr�a acarrear hacia la Nulidad Procesal, puesto que seg�n, esta nulidad acarrea el comprometimiento de las garant�as de defensa de los justiciables y que son indispensables como garant�a del imperio de la justicia (Salazar, 2020, p.7).

Seg�n Sarango (2008) toda sentencia debe sujetarse al debido proceso contando con los siguientes aspectos: Legalidad, Igualdad, derecho a un juez imparcial, derecho a ser juzgado sin dilaciones, derecho a no ser juzgado dos veces, derecho a defensa y presunci�n de inocencia, garant�a de publicidad, sentencia justa, principio de la doble instancia y tutela judicial efectiva (p.18).

En cuanto a la tem�tica a ser desarrollada, de conformidad con el portal de estad�sticas de la Corte Constitucional de Ecuador, a partir de la vigencia de la actual Constituci�n que data del a�o 2008 y de La Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional en 2009, se ha venido suscitando un incremento en las demandas de accion de protecci�n, partiendo de seis demandas en el a�o de su entrada en vigencia a picos de doscientos veinte y tres en 2010,� trescientos sesenta y tres en 2012 hasta ubicarse a ochocientos una demandas en 2020 en cuanto a centenares; pero en las unidades de mil en el apartado de demandas se registra un pico m�ximo en 2021 a�o de pandemia con mil ciento noventa y tres dictamentes, hablando a nivel del pa�s.� De estas estad�sticas tambi�n se desprende que de el periodo de mayor incidencia el a�o 2021, la provincia de Loja registra veintiocho dict�menes de los cuales: veintiuno corresponden a Acci�n Extraordinaria de Protecci�n, cinco de Incumplimiento de Sentencias y Dict�menes y dos de Acci�n P�blica de Inconstitucionalidad, representando el 2,35% a nivel nacional (Corte Constitucional, 2022).

Si bien las definiciones de: eficacia, que hace referencia al cumplimiento de objetivos propuestos en un tiempo indicado; y de eficiencia, que relaciona directamente al cumplimiento del objetivo propuesto con una visi�n economicista de recursos, para Calsamiglia (1988): � A la legitimaci�n por la legalidad se a�ade la legitimaci�n por eficiencia y eficacia�, por lo que la legitimaci�n por la legalidad, entendida como dict�men o sentencia de la que se ocupar� el an�lisis jur�dico, se la puede separar de la eficacia y eficiencia para los fines que persigue el presente art�culo.

Otra consideraci�n adicional, al momento de justificar el desarrollo del siguiente art�culo, se deriva del cumplimiento de los objetivos que se plantean, puesto que se podr�an obtener importantes conclusiones, que permitan visibilizar el elevado n�mero de �los dictamenes y las motivaciones respecto a su admisibilidad, sin olvidarnos de los motivos que generaron el incumplimiento de las sentencias que registra el portal de estad�sticas de la Corte Constitucional.� �

Por los motivos expuestos anteriormente, los objetivos a plantearse para realizar en an�lisis jur�dico del caso se�alado con anterioridad son:

�       Objetivo General

�       Realizar el an�lisis jur�dico de los veintiocho dict�menes de las acciones de protecci�n en la provincia de Loja en el a�o 2021.

�       Objetivos espec�ficos

�       Efectuar un an�lisis jur�dico de los dict�menes de admisibilidad total de las Acciones Extraordinarias de Protecci�n, en la provincia de Loja del a�o 2021

�       �Concretar mediante un an�lisis jur�dico, las motivaciones que conllevaron al desistimiento, rechazo, y aceptaci�n parcial de las Acciones Extraordinarias de Protecci�n, en la provincia de Loja en el a�o 2021.

�       Concretar el an�lisis jur�dico de las causas que motivaron el incumplimiento de los dict�menes de las acciones extraordinarias de protecci�n en la provincia de Loja en el a�o 2021.

1. MARCO TE�RICO

Para la concretar el alcance de los objetivos planteados, es necesario dar un breve repaso a los hechos precedentes al a�o 2008, a�o en que se expidi� la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (CRE), debido a que, en Am�rica Latina y m�s concretamente Am�rica del Sur, a raz�n de adoptar nuevos modelos de democracia, nuestro pa�s cambi� su constituci�n, la cual tiene un car�cter incluyente, debido a que se fundamenta en propender a erradicar la desigualdad social y la exclusi�n, esto como consecuencia de haberse adherido o haber ratificado la competencia de tratados y convenios internacionales de derechos humanos, los cuales tuvieron mucha influencia en la redacci�n de los textos constitucionales (Goig, et al., 2019, p.27).

Una vez sometida a Referendum Constitucional aprobatorio y, posteriormente entrar en vigor, la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (en adelante CRE), Calder�n y otros autores (2020), en el libro Cuestiones de actualidad jur�dica y social en el Ecuador, se�alan aspectos importantes en la CRE: El primero que al hacer el an�lisis del primer art�culo posiciona al Estado ecuatoriano como el m�ximo garante de los derechos contenidos en la carta magna, en segundo t�rmino la carta magna deja de ser norma jer�rquica superior en cuanto a la normativa ecuatoriana de refiere, torn�ndose en eje central de la vida del Estado, y como tercer aspecto, destaca que no solo las instituciones estatales son las causantes de violaciones de derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino tambi�n situaciones propicias que afecten derechos u otros ciudadanos que lo causaren.

En el art�culo 437 la CRE de 2008 establece a la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n (AEP en adelante), como una Garant�a Jurisdiccional, la cual se puede plantear contra sentencias o autos definitivos que tengan �resoluciones con fuerza de sentencia�, en las que se hubiese violado por acci�n u omisi�n, el debido proceso o alg�n derecho constitucional. Si bien la AEP es una medida de car�cter extraordinario, esta requiere del cumplimiento de requisitos previos, siendo preponderante el hecho de haber agotado la v�a judicial ordinaria, ya que este recurso extraordinario no constituye una etapa adicional al proceso, sino m�s bien es un recurso extra ordinario que protege todos los derechos que se pudiesen violentar mientras recurre el proceso (Ferrer, et al., 2021).

Siguiendo con la caracterizaci�n de este recurso extraordinario, Villafuerte (2020), se�ala:

Que su acci�n se limita a permitir ejercer control constitucional a las sentencias o dict�menes que emiten los administradores de justicia, siempre y cuando, se cumplan los requisitos establecidos en la ley que regula la AEP, encontrando concordancia con las atribuciones de la Corte Constitucional y los efectos emanados de la AEP (p.67)

Sin embargo este recurso extraordinario, ha venido sufriendo un proceso de desnaturalizaci�n como lo se�ala Zhind�n y coautores (2019), logrando identificar que en las causas que son inadmitidas, se observa una marcada prevalencia de falta de claridad en la argumentaci�n respecto al derecho o derechos vulnerados, llegando a basarse unicamente en lo injusto o equivocado de un auto, omitiendo revisi�n de hechos de legalidad, adem�s de que los usuarios no han agotada las instancias ordinarias de justicia y otros extraordinarios, y que los autos, sentencias o resoluciones no son definitivos, sin olvidarnos de la falta de oportunidad o la preclusi�n.

Si bien se hab�a se�alado con anterioridad el fin de la AEP es precautelar y tutelar todos los derechos constitucionales de los individuos, es necesario enfatizar que la interposici�n de este recurso extra ordinario, no suspende la ejecuci�n de una sentencia en firme, por lo que no puede ser considerada como otra instancia en el proceso, sino m�s bien de una verdadera garantia constitucional (Bravo, et al, 2019, p.378).

Es necesario tambi�n entender que al tratarse de un recurso extraordinario, la AEP posee su propia ley, denominada Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC en adelante) la cual fue aprobada en el a�o 2009, y que se�ala con claridad espec�fica en su art�culo 62, las causales de la admisi�n de este recurso extraordinario, y la inobservancia de una de estas causales, es sancionada por la Corte Constitucional con la inadmisi�n, archivo y devoluci�n del expediente al juzgado de origen sin opci�n a interponer apelaci�n a esta decisi�n, sin tener opci�n a subsanar o corregir errores identificados en la demanda de AEP. Adem�s la LOGJCC en su art�culo 42. numerales 1 al 7 indica las causales para declarar improcedente una demanda, incluyendo en el �ltimo numeral el hecho de que las omisiones o actos que pudiera cometer el Consejo Nacional Electoral, deber�n ser impugnados en el Tribunal Contencioso Electoral y en el art�culo 4 numerales 1 al 14, donde invoca los principios procesales de la justicia constitucional, destacando el numeral 13 con el principio iura novit curia, mediante el cual el juez constitucional puede aplicar una norma distinta a la de los participantes en un proceso constitucional.���

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se har� necesario revisar las cifras, y as� poder determinar el tipo de dict�menes que se dieron en la provincia del Loja en el a�o 2021; para aquello se tabular�n el n�mero de demandas de acuerdo al dictamen dado a las acciones Extraordinarias de Protecci�n en la Corte Constitucional, los cuales tuvieron un comportamiento como el que se detalla a continuaci�n:

Tabla 1.

Dict�menes a las acciones de protecci�n en la provincia de Loja a�o 2021.

Nota:� Si bien el portal de grafos de la Corte Constitucional contemplaba veintiocho dict�menes, al hacer la revisi�n del portal de sentencias, hubo uno que correspond�a a la jurisdicci�n de la provincia de Chimborazo, por lo cual fue descartado, quedando veinte y siete en total

Figura 1.

Ponderaci�n de dict�menes de Acciones Extraordinarias de Protecci�n.

�Nota: Se utiliz� la misma base de datos contenida en el portal del buscador de la Corte Constitucional (Corte Constitucional, 2023).

De la tabla uno y figura uno, se puede ver que existe prevalencia de la desestimaci�n de las Acciones Extraordinarias de Protecci�n con algo m�s de tres quintos del total de sentencias, seguida del rechazo con cerca de un quinto de sentencias, la aceptaci�n parcial en los dict�menes con algo m�s de un d�cimo, y finalmente la m�s baja corresponde a la aceptaci�n con algo menos de un d�cimo, en cuanto a est� recurso legal corresponde.

La Acci�n Extraordinaria de protecci�n, al definirse seg�n el Art 94 de la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador como un recurso extraordinario, es aplicable ante la Corte Constitucional, y esta se admitir� �nicamente cuando se pruebe la existencia de violaci�n de los derechos consagrados en la constituci�n, dentro de un t�rmino legal y cuando se hayan agotado los recursos ordinarios (Constituci�n de la Rep�blica, 2023). �

De la revisi�n en el portal de causas de la Corte Constitucional, se observa que existen conflictos a nivel administrativo en instituciones p�blicas, y les corresponde a sus administradores y su departamento jur�dico, defender a su instituci�n, impugando autos que crean que atentan contra su instituci�n y por ende los intereses del Estado, raz�n por la cual en las sentencias se las han visibilizado ya sea como accionante o accionado, y estas causas abarcan los siguientes ambitos judicialmente hablando.

 

Tabla 2.

Frecuencia de causas con AEP por �mbito Judicial

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante revisi�n de las sentencias del portal de graphos de la Corte Constitucional

Figura 2.

Ponderado de la frecuencia de causas con AEP

Nota. Los datos representados se obtuvieron del portal de la Corte Constitucional (Corte Constitucional, 2023)

De la tabla 2 y figura 3 en cuanto tiene que ver a la frecuencia por ambito judicial de las AEP, lo constitucional se encuenta cerca de la mitad de causas, seguido por casi un quinto de causas de indole contencioso administrativo, y un poco m�s de un d�cimo en la misma proporcion de lo civil, laboral y penal, quedando menos del un decimo para el �mbito contencioso tributario y finalmente un veinticicoavo para el �mbito meramente tributario.

2. METODOLOG�A

Para conseguir los objetivos planteados, se analiz� el universo de sentencias que comprende veintiocho dict�menes que se dieron en el a�o 2021, y que est�n contenidos en el portal digital de estad�sticas de la Corte Constitucional para la provincia de Loja.�

Una vez obtenidos los expedientes, se procedi� a su revisi�n para realizar el an�lisis jur�dico de los veintiocho expedientes, utilizando los siguientes m�todos de investigaci�n: ��

El m�todo deductivo, puesto que este m�todo permiti� obtener conclusiones a partir de un razonamiento l�gico, que tiene su basamento en leyes y principios hasta llegar a un hecho concreto; este ser� utilizado en el desarrollo de los tres objetivos espec�ficos, debido a que el an�lisis jur�dico debe sujetarse estrictamente a cuerpos legales.

El m�todo anal�tico � sint�tico, ayudar�a al descubrimiento de relaciones y caracter�sticas generales entre los elementos que se analizan, en este caso las sentencias.

El m�todo Cuantitativo, fue necesario para su aplicaci�n en los objetivos de estudio, porque permiti� la categorizaci�n de las causas que motivaron la admisibilidad o no de las Acciones Extraordinarias de Protecci�n (AEP).

3. RESULTADOS

�       Objetivo Espec�fico 1

En cuanto a los dict�menes que han sido sancionados por la Corte Constitucional con aceptaci�n, y del total de los veintisiete dictamenes de Acciones Extraordinarias de Protecci�n del a�o 2021, �nicamente dos fueron aceptados con AEP, resultando que debido a las similitudes observadas se pudo realizar un an�lisis en conjunto al ser los dos dict�menes los �nicos con aceptaci�n.

Las sentencias de la Corte Constitucional 330-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021) y 316-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021), tienen como accionantes a personas naturales y como accionados al Servicio de Rentas Internas (en adelante SRI) contra una liquidaci�n de pago y a la Contralor�a General del Estado (CGE en adelante) por excepciones a una coactiva respectivamente, por lo tanto se trata de juicios de �ndole Contencioso � Tributario la primera y la segunda contencioso � Administrativo respectivamente. De los fallos de los jueces: En la causa 330-16-EP/21 el juez deja sin efecto el pago administrativo impugnado debido a que se soporta en comprobantes de compra venta v�lidos, y en la sentencia 316-16-EP/21 se declara nulidad del auto as� como de la coactiva; ambas instituciones recurren al recurso se casaci�n; en las sentencias de apelaci�n. De este recurso interpuesto, en la 330-16-EP/21 se cambia la sentencia dando legitimidad y valid�z jur�dica a la liquidaci�n, el accionante alega que debido a vicios de aplicaci�n del numeral 3 del art�culo 42 del Reglamento para la Aplicaci�n de la Ley de R�gimen Tributario Interno y tambi�n a la err�nea interpretaci�n de los art�culos 107 A, B, C de la Ley de R�gimen Tributario, conjuntamente �aplicaci�n indebida del art�culo 92 del C�digo Tributario Interno, el accionado pide aclaraci�n, la cual le es negada; y en la sentencia 316-16-EP/21 niegan el recurso de casaci�n sumado a la negativa del tribunal respectivo al pedido de ampliaci�n y aclaraci�n. Tras los fallos a nivel de casaci�n: en la causa 330-16-EP/21 el accionante interpone AEP y en la causa 316-16-EP/21 la CGE solicita tambi�n AEP; en la sentecia 330-16-EP/21 �los jueces constitucionales tras dar el dictamen de aceptaci�n, declaran violentado el derecho de la Tutela Judicial Efectiva del demandante en primera instancia, puesto que la sala que juzg� el caso, cas� la sentencia y no dict� la sustitutiva o de reemplazo, por lo que la CC en su sentencia, deja sin efecto la dictada por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia, dejando en firme la decisi�n de casar la sentencia recurrida, ordenando que otro Tribunal resuelva y atienda las demandas del accionante, no sin retrotraer el proceso al momento anterior al dictado de la sentencia, en el caso de la 316-16-EP/21, los jueces de la CC encontraron que la Conjueza viol� el derecho a la seguridad jur�dica del ente estatal, yendo m�s all� del petitorio en los alegatos de las partes en conflicto y seg�n el Art 140 del C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial no puede excederse en analizar m�s all� de las pretensiones de los litigantes, raz�n por la cual los jueces de la CC aceptan la AEP.

�       Objetivo Espec�fico 2

En el an�lisis del segundo objetivo espec�fico, tras la revisi�n en el portal de sentencias de la Corte Constitucional se encontraron: quince sentencias de desistimiento, cuatro de rechazo y tres de aceptaci�n parcial. En primer t�rmino, analizaremos los causales de desistimiento de las AEP, y para el cumplimiento de este objetivo se considerar� de los veintisiete art�culos analizados, incluir como muestra �nicamente dos an�lisis de desistimiento, dos para rechazo y dos para aceptaci�n parcial, en raz�n de la limitante de extensi�n del art�culo que la reglamentaci�n de la revista cient�fica podr�a aplicar. De las sentencias de desistimiento:��

�En el dictamen 1550-16-EP/21, el accionante William C interpone una acci�n subjetiva o de plena jurisdicci�n contra la CGE por una glosa en la que confirm� su responsabilidad civil culposa, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 5, emite el fallo que declara caducada la facultad de la CGE para determinar responsabilidad civil culposa del accionante. En casaci�n interpuesta por la CGE, La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia rechaz� el recurso no casando la sentencia impugnada por indebida aplicaci�n de los art�culos 56, 71 y 72 de la Ley Org�nica de la CGE. Posteriormente en ente estatal en litigio plantea una AEP, en la cual alega la vulneraci�n del derecho de la Tutela Judicial Efectiva, los jueces de la CC en funci�n de los art�culos 55, 71 y 72 de la LOCGE �y que se refieren a la caducidad del tiempo establecido en la ley, esto es el plazo general de 5 a�os, y el espec�fico de 180 d�as respectivamente, se�alan que la CGE perdi� la competencia en raz�n del tiempo, por lo que no vulner� su derecho a la Tutela Judicial, respecto al derecho de Seguridad Jur�dica del Art 82 de la CRE, no le corresponde a la CC pronunciarse sobre normativa de la CGE, por lo que el dictamen es sancionado con desestimaci�n de la causa y devoluci�n del expediente a la judicatura de origen, (Corte Constitucional, 2021).

En el dictamen 1759-15-EP/21, el ciudadano Luis M interpone una AEP contra GAD Municipal de Loja, por multa y revocaci�n de permisos de construcci�n; en primera instancia la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer o Miembros del N�cleo Familiar de Loja, niega la demanda y la redirecciona por la v�a contencioso - administrativa; el accionante apela, pero la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja desestima la apelaci�n y ratifica sentencia. Acto seguido el recurrente interpone AEP a sentencia de segundo nivel alegando vulneraci�n al debido proceso y que nadie ser� juzgado ni sancionado por un acto u omisi�n contemplado en la CRE art�culo 76, numeral 3, y art�culos 424, 425, 426 y 427 respecto a la jerarqu�a normativa, tambi�n se�al� el accionante, que se lo sancion� con una ordenanza reformada en el a�o 2015, aduciendo que ten�a permiso de construcci�n desde el 2007 al 2015; con base a ese alegato los jueces de la CC en su an�lisis del caso argumentaron: En lo referente al debido proceso no se ha vulnerado su derecho ya que ha accedido a todas las instancias del proceso, y respecto a la jerarqu�a de la normativa de la retroactividad de la ordenanza es un asunto de v�a ordinaria y no constitucional; con estos argumentos la CC fall� con desestimar la causa y devolver el expediente a la judicatura de origen �(Corte Constitucional, 2021).

�Se les practic� similar an�lisis a los dict�menes 1837-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 1853-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 1880-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 1957-17-EP/21 (Corte Constitucional , 2021); 2105-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021), 2153-15-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2237-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2253-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2448-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2548-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2585-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 2689-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021); 3006-17-EP/ (Corte Constitucional, 2021).

En cuanto al an�lisis de los dict�menes de Aceptaci�n Parcial, si bien de los veintisiete dict�menes hubieron 3, se har� el an�lisis de dos dict�menes de relevancia:

En el dictamen 746-17-EP /21, el accionante Mario R present� un recurso de plena jurisdicci�n al ser excluido de la Cooperativa de Transportes �Nambija�, contra el accionado Ministerio de Inclusi�n Econ�mica y Social del Ecuador (en adelante MIES); el Tribunal Contencioso Administrativo con Sede en Loja (En adelante TCAL) conoce la causa y en su fallo desech� la demanda, neg�ndole tambi�n el pedido de ampliaci�n y aclaraci�n. El accionante interpone un recurso de casaci�n en contra del TCAL, recurso del cual avoca conocimiento la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, quien en su fallo inadmite la casaci�n. El ciudadano Mario R interpone un recurso de AEP contra el auto de la Corte Nacional, que declara nulidad en el proceso de admisi�n del recurso de casaci�n, tambi�n reclama la vulneraci�n de sus derechos a la tutela judicial efectiva, al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa en su garant�a de motivaci�n y a la garant�a de recurrir el fallo y a la seguridad jur�dica. En el an�lisis del caso los jueces de la CC se�alan que se vulner� el derecho a la seguridad jur�dica, bajo el argumento de que los jueces de la Corte Nacional, al resolver un tema de admisibilidad deben resolver el fondo, mediante un auto y no mediante sentencia que de manera motivada, justifique la excepci�n al principio de preclusi�n; por esta raz�n los jueces de la CC en su sentencia admiten parcialmente la AEP ya que se vulner� el derecho a la seguridad jur�dica por parte de los jueces nacionales de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, y ordenan como medida de reparaci�n dejar sin efecto la nulidad declarada por los jueces de sustanciaci�n de la Corte Nacional de Justicia y, y retrotraer el proceso hasta el momento anterior a la emisi�n del auto para que la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia resuelva el recurso de casaci�n �(Corte Constitucional, 2021).

En el dictamen 1965-18-EP/21, el Tribunal de Garant�as Penales de Loja emiti� sentencia �con voto de mayor�a�, en la que se ratific� la inocencia de Silvano R, procesado por delito de violaci�n, con la circunstancia de uso de intimidaci�n, tipificado y sancionado en el art�culo 171. Numeral 2 del C�digo Org�nico Integral Penal (en adelante, COIP). La Fiscal�a provincial de Loja interpuso un recurso de apelaci�n, del cual avoc� conocimiento la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tr�nsito de la Corte Provincial de Loja, en su fallo la sala que acept� a tr�mite el caso, revoc� la sentencia subida en grado, y declar� al procesado responsable del delito de violaci�n en el grado de autor directo, con las agravantes de los numerales 4 y 9 del art�culo 48 del COIP (agravantes en infracciones contra la integridad sexual) , en consecuencia, le impuso la pena de veintinueve a�os y cuatro meses de c�rcel, aunado a una multa de mil seiscientos salarios b�sicos. Conocida la sentencia de apelaci�n, el accionado interpuso recurso de casaci�n, el cual fue inadmitido por el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia; inadmisi�n que hizo al accionado plantear AEP, al revisar el expediente para admisi�n a tr�mite, la Sala de Admisi�n de la Corte Constitucional detect� la posible vulneraci�n del derecho al doble conforme, el cual hace parte del derecho al debido proceso en su garant�a de recurrir, y que se encuentra consagrada en el art�culo 76, numeral 7, literal m de la CRE, por existencia de omisi�n normativa, por la falta de un recurso que permita la revisi�n integral de la sentencia condenatoria, cuando en un proceso penal esta se dicte por primera vez en segunda instancia, adem�s de fundamentarse en el art�culo 75 numeral 4 de la LOGJCC, se vieron en la necesidad de convocar a las partes procesales del caso: Asamblea Nacional, Presidencia de la Republica y Procuradur�a General del Estado (en adelante PGE); en cuanto a las pretensiones del accionado: Este pide que se deje sin efecto el auto de inadmisi�n de la casaci�n, fundamentado en el derecho al debido proceso en la garant�a de la motivaci�n, consagrado en el art�culo 76 numeral 7 literal l de la CRE, ya que el tribunal no habr�a abordado su alegaci�n contenida en el escrito de interposici�n del recurso, se�alando que, de la norma jur�dica vulnerada por el tribunal de apelaci�n en el art�culo 171 del COIP, se desprende el hecho de que el casacionista haya solicitado una nueva valoraci�n de hechos y pruebas, lo que es improcedente en el recurso de casaci�n de conformidad con el art�culo 656 del COIP. Del an�lisis de los jueces de la CC se desprende que se debe establecer si la tramitaci�n del recurso de apelaci�n es v�lida, est� en directa dependencia de si es adecuado para garantizar el derecho al doble conforme, as� como tambi�n la Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo expresa con el recurso de la doble conformidad judicial, remarcando que da la posibilidad de la revisi�n integra del fallo condenatorio; en tal virtud el fallo de la CC acepta parcialmente la AEP ya que se vulner� el derecho al doble conforme del accionado, deja sin efecto la inadmisi�n de auto de casaci�n la Corte Nacional de Justicia, la cual contar� con un plazo de dos meses para regular provisionalmente, a trav�s de una resoluci�n, un recurso que garantice el derecho al doble conforme (Corte Constitucional, 2021)

Similar an�lisis se efectu� en la sentencia de Corte Constitucional 790-17-EP /21 (Corte Constitucional, 2021).

Del an�lisis jur�dico de los dict�menes de rechazo a la interposici�n de Acci�n Extraordinaria de Protecci�n se desprende:

En el dictamen 779-16-EP/21, Campos O present� una demanda contenciosa administrativa subjetiva en contra de la accionada Universidad Nacional de Loja (UNL en adelante), impugnando el c�lculo de la compensaci�n por jubilaci�n o retiro voluntario por treinta y cuatro a�os y no diecisiete, causa que correspondi� a la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 5 de lo Contencioso Administrativo de Loja, la cual design� a un perito para que contablemente se�ale el monto de la liquidaci�n, indicando que previa a la experticia contable se deben depositar los valores en el Banco de Fomento; pasado un tiempo la misma sala pide sentar raz�n del tiempo transcurrido, se�alando ciento trece d�as; el accionante pide se designe nuevo perito pero la misma sala declara en abandono el proceso en el mismo dia, ante lo cual el recurrente solicita revocar el abandono del proceso, lo que le fue negado y decidi� optar por presentar apelaci�n, recurso que le es negado debido a que en la Ley de la Jurisdicci�n Contencioso Administrativa no existe el recurso de apelaci�n de los autos pronunciados; como paso siguiente el accionado presenta AEP y se�ala que el auto vulnera sus derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garant�a de cumplimiento de las normas y derechos de las partes, y a la seguridad jur�dica, solicitando que se declare la vulneraci�n de sus derechos constitucionales, la nulidad del proceso, y se retrotraiga al momento en que el juez tenga que disponer la sustentaci�n de la causa, en contraparte los jueces del tribunal accionado se�alan que ha pasado m�s tiempo del se�alado y que los jueces en un mandato pidieron se deposite los honorarios del perito, el cual no fue obedecido por al accionante, tras los alegatos de las partes en conflicto, los jueces de la CC de su an�lisis destacan: que el recurrente en su argumentaci�n se limita a decir que la falta de notificaci�n al perito no es aplicable al abandono, en consecuencia no aplic� el recurso extraordinario de casaci�n, que en esa �poca era la v�a adecuada, del an�lisis el fallo de la CC contempla: Rechazar a AEP interpuesta (Corte Constitucional, 2021).

Con el dictamen 1587-14-EP/21, el accionante EP Petroecuador, present� una demanda en contra del accionado Sergio B, por expropiaci�n de una gasolinera, proceso que conoci� Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cant�n Centinela del C�ndor provincia de Zamora Chinchipe, tribunal que en su fallo, declar� la expropiaci�n de la gasolinera y fij� como justo precio la cantidad de USD 477.881,95 a ser pagada por EP Petroecuador; inconforme la empresa de la Estatal Petrolera interpone apelaci�n y se adhiere a la otra parte en conflicto, este recurso fue conocido por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, sala que al negarle la adhesi�n al demandado, acept� parcialmente el recurso; y como fallo, modific� la sentencia subida en grado cambiando el precio de expropiaci�n en 522.398,78 USD; las partes en conflicto presentaron un recurso extraordinario de casaci�n, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, neg� los recursos interpuestos por improcedentes, dada la negativa al recurso de casaci�n EP Petroecuador y la Direcci�n Regional de la Procuradur�a General del Estado de Loja y Zamora Chinchipe presentaron una acci�n extraordinaria de protecci�n en contra de la accionada Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe; dentro de los alegatos EP Petroecuador manifest� que se vulner� su derecho a la seguridad jur�dica contemplado en el art�culo 82 CRE, se�ala que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, inadmiti� a tr�mite el recurso de casaci�n, y que el mismo debi� ser admitido ya que cumpli� con los presupuestos establecidos en la Ley de Casaci�n y fue presentado dentro del t�rmino previsto en la norma, la PGE en cambio se�ala que al inadmitir la casaci�n vulneraron su derecho a la tutela judicial efectiva en lo referente al acceso a la justicia, debido proceso en la garant�a de la motivaci�n y seguridad jur�dica, contemplados en los art�culos 75, 76 numeral 7 literal l y 82 de la CRE, se configur� una violaci�n evidente al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y acceso a la justicia, adem�s los accionados sostienen que de acuerdo a la normativa aplicable al caso, solo en los procesos de conocimiento se pod�a interponer el recurso de casaci�n, por lo que no hay violaci�n de la normativa aplicable al caso. Del an�lisis previo al dictamen de los jueces de la CC, estos se�alan los art�culos 94 y 437 de la CRE, del primero cuando se hayan vulnerado sus derechos en autos definitivos o sentencias sin omitir y haber agotado todos los recursos de justicia ordinarios y extraordinarios y el segundo sobre la presentaci�n de grupos e individuos, tambi�n se�ala el art 58 de la LOGJCC donde se ampl�a la garant�a del debido proceso y derechos individuales por acci�n u omisi�n, con este an�lisis el fallo de los jueces de la CC es rechazar por improcedente la acci�n extraordinaria de protecci�n presentada por EP Petroecuador y desestimar la acci�n extraordinaria de protecci�n presentada por la Procuradur�a General del Estado y, se dispone la devoluci�n del expediente ��(Corte Constitucional, 2021).

Id�ntico an�lisis de ha dado a las sentencias: 2139-17-EP/21 (Corte Constitucional, 2021) y 121-16-EP/21 (Corte Constitucional, 2021).

�       Objetivo Espec�fico 3

�Respecto al tercer objetivo, respecto al an�lisis jur�dico de las causas que demandan el incumplimiento de dict�menes en la provincia en el a�o 2021, encontramos en el portal de la CC un total de tres causas, de las cuales dos corresponden a la UNL y uno el GAD Municipal de Loja.

En el dictamen CC 34-16-IS/21 los accionantes Juana G y otros ciudadanos contra el GAD municipal de Loja, presentan una Acci�n de Protecci�n para impugnar la emisi�n de t�tulos de cr�dito por uso de la v�a p�blica, que habr�an vulnerado sus derechos al debido proceso en la garant�a de motivaci�n, derecho a la defensa, derecho a la seguridad jur�dica y derecho a la igualdad; correspondiendo el caso a la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil de Loja, la cual en su fallo, rechaz� la acci�n de protecci�n, situaci�n que hace apelar a los accionantes; �aceptado el recurso, le correspondi� procesar la causa a la a Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Loja, dependencia que hab�a identificado una vulneraci�n de derechos como el derecho al debido proceso en la garant�a de motivaci�n, a la igualdad y a la seguridad jur�dica; los accionantes mediante escrito presentado, se mantienen en que se incumpli� la sentencia apelaci�n, pidiendo que se den de baja los nuevos t�tulos que reemplazaron a los originales; ante lo cual la Unidad Judicial Especializada de lo Civil y Mercantil de Loja en un auto producto de seguimiento de la Defensor�a del Pueblo concluy� que la sentencia fue cumplida con la baja de los t�tulos de cr�dito impugnados. Dentro de los alegatos de las partes en conflicto los accionantes se mantienen en que los nuevos t�tulos no cumplen con los principios de igualdad, debido proceso y seguridad jur�dica, solicitan que se disponga se incluya el detalle del concepto del valor a pagar, mientras que los accionados se basan en el informe del juez de Unidad Mercantil para sostener el cumplimiento de la sentencia. Tras el an�lisis de la causa por parte de los jueces de la CC se�alan que, si bien se dispuso que una eventual nueva emisi�n de t�tulos deber�a respetar las normas jur�dicas aplicables al caso, y no se estableci� ning�n par�metro concreto que pueda examinarse en este tipo de acciones, en su fallo se desestima la demanda de incumplimiento (Corte Constitucional, 2021).

En el dictamen n�mero 11-20-IS/21, los accionantes Mar�a R y Manuel T, demandan a la UNL en persona de su Rector, por incumplimiento de sentencia, en la cual piden que se les remunere de acuerdo con su grado acad�mico de PhD mediante su recategorizaci�n, correspondiendole el tr�mite a la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del N�cleo Familiar de Loja, Unidad que en su fallo, acept� parcialmente la demanda, declar� la vulneraci�n del derecho a la igualdad y no discriminaci�n, dispuso el pago de la remuneraci�n que les corresponde a los accionantes, dando un termino perentorio de 30 dias para que se pague la diferencia entre lo percibido y las acciones de personal de su nuevo grado acad�mico. La instituci�n acad�mica apela y la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja acepta a tr�mite, fallo de apelaci�n en el cual se acept� parcialmente el recurso y resolvi� revocar la sentencia de la Unidad Judicial, declarando vulnerados los derechos de petici�n, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jur�dica, tambi�n dispone al Rector resolver de manera definitiva, completa y motivada las pretensiones de los accionantes en un plazo de treinta dias; tanto accionantes como accionado pidieron aclaracion, la cual les fue concedida en los siguientes t�rminos: Se ha vulnerado el derecho de petici�n, por lo que el rector de la UNL es quien debe responder respecto de la ecategorizaci�n de los accionantes y el pago de sus remuneraciones en relaci�n con los t�tulos de PhD obtenidos. Siguiendo con el litigio, los accionantes presentan AEP, contra el fallo de a Corte Provincial de Justicia de Loja, recurso extraordinario que les fue inadmitido; mediante escrito presentado por los accionantes, piden por escrito a Unidad Judicial que otorg� setenta y dos horas a la parte accionada para que informe sobre el cumplimiento de las medidas ordenadas en la sentencia, en respuesta al petitorio de los accionantes, la la Unidad Judicial dispuso oficiar al coordinador defensorial zonal 7 quien informa, que pese a haber solicitado al Rector un informe al respecto no ha respondido, a lo que la Unidad judicial inform� al delegado de la Defensor�a del Pueblo que informe al Rector de la UNL solicitandole su pronunciamiento, otorgandole como plazo ocho dias, seg�n lo contempla el art. 31(Sobre acceso a la informaci�n reservada o confidencial) de la Ley Org�nica de la Defensor�a del Pueblo. Finalmente se acepta de demanda de incumplimiento, y como medidas de reparaci�n, se ordena el pago a favor de los accionantes y que en el t�rmino de cinco d�as h�biles, el Rector remita la documentacion con el CUR o comprobante de registro como respaldo del pago a los accionantes, asi como al IESS y al SRI. �(Corte Constitucional, 2021).

El dictamen 32-17-IS/21 (Corte Constitucional, 2021), tambi�n fue analizado en sus diversas etapas.

�       DISCUSI�N

Del an�lisis de las sentencias de la CC correspondientes al a�o 2021 y que contienen un alto n�mero de desistimientos y rechazo, se hubiera podido evitar, si los recursos extraordinarios interpuestos a nivel de casaci�n o AEP, fundamentaban su petitorio primeramente en la CRE, para determinar los derechos que se vulneraron dentro del proceso judicial, y entre los articulados encontrados de la CRE producto del an�lisis de las veintisiete causas tenemos: Art�culo. 11 numeral 9 (sobre la tutela judicial efectiva); art 76 y numerales (sobre motivaci�n de las resoluciones del poder p�blico); Art. 82 (sobre el derecho a la seguridad jur�dica); Art 94 (sobre la aclaraci�n y ampliaci�n de la sentencia); Art 169 (sobre principios de normas procesales); Art 178 (sobre �rganos jurisdiccionales); Art 184 (sobre las funciones de la Corte Nacional de Justicia); Art. 424 y 425 (sobre la aplicaci�n de Instrumentos de derechos humanos y jerarqu�a normativa); Art. 426 y 427 (sobre interposici�n de normas constitucionales); Art. 437 (sobre ciudadanos y colectivos pueden pedir acciones extraordinarias de protecci�n, contra resoluciones que tengan fuerza de sentencia) (Asamblea Nacional, 2021).

En segundo t�rmino, considerar los argumentos para la admisibilidad en los articulados de ley de Casaci�n o de la LOGJCC dependiendo del recurso planteado, en el caso de la casaci�n, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia fundamentaron la admisi�n o no del recurso, en los siguientes art�culos: Art 3, numerales 1 a 5 (sobre fundamentos de causales para fundamentar el recurso), art 4 (sobre legitimaci�n del recurso), art. 5 (sobre t�rminos o tiempos para su interposici�n); art.6 numerales 1 al 4 (sobre requisitos formales u obligatorios para interponer el recurso); Art 7. Causal 1era a 3era (sobre la calificaci�n), y Art. 8 numerales 1 al 3 (sobre la admisibilidad) (Congreso Nacional, 2007); y acerca de los articulados de la LOGJYCC: Art. 4 numerales 1 al 14 (Sobre fundamentos procesales de la justicia constitucional) - art. 13 (principio Iura novit cura); Art 42 y numerales (Sobre la improcedencia de la AEP); Art 51 (Sobre legitimaci�n activa de personas naturales y jur�dicas); art 58 (Sobre el debido proceso en sentencias y autos definitivos): Art 71 y 72 (Sobre el tr�mite y la sentencia) (asamblea Nacional, 2009).

Se pudo observar que en las sentencias que se inadmitia la casaci�n, posteriormente al interponer AEP terminaba siendo inadmitida o rechazada, exceptuando el dictamen de CC 1965-18-EP/21,en el que los jueces de la CC al revisar el expediente, encontraron vulneraci�n al derecho del doble conforme y hubo necesidad de dejar sin efecto el auto de inadmisi�n de la casaci�n de la Corte Nacional de Justicia.

4. CONCLUSIONES

�       El recurso de Casaci�n, as� como AEP deben fundamentarse en la CRE para identificar el derecho vulnerado y en sus respectivas leyes para presentar las causas.

�       Cuando se presenta AEP en primera instancia de v�a ordinaria, es inmediatamente inadmitida o rechazada, debido a los jueces de esas instancias suelen fallar para que agoten la v�a ordinaria.

�       Las causas que se elevan a AEP en CC, y en las cuales que piden pronunciamiento sobre normativa interna de Instituciones del Estado o Gobiernos Aut�nomos, terminan siendo por lo general inadmitidas, sus sentencias sugieren la v�a ordinaria, principalmente en los de �mbito Contencioso Administrativo o Contencioso Tributario.

�       Las instituciones del Estado que por lo general inician en instancias menores como accionados, suelen terminar en instancias constitucionales de AEP como accionantes.

�       Se hace mal uso de los recursos extraordinarios de protecci�n, debido al desconocimiento de su �mbito de aplicaci�n, sobre todo en su fundamentaci�n y alcance de sus alegatos.

�       Del an�lisis se desprende que existen conjueces que a nivel de Corte Nacional se exceden analizando los procesos, abordando temas que van m�s all� de las pretensiones de los concurrentes.

�       Existe una marcada tendencia, seg�n los jueces de la CC a que los patrocinadores de las partes confundan lo legal con lo injusto en los veredictos o fallos ya sea a nivel de CC o Corte Nacional de Justicia.

Finalmente se puede observar que el abuso o mal uso de la AEP o casaci�n, proviene directamente de yerros en la fundamentaci�n, la inobservancia del �mbito de aplicaci�n la temporalidad y el no agotamiento de la v�a ordinaria del sistema judicial.

 

Referencias

Aguirre Guzm�n, V. (2006). https://repositorio.uasb.edu.ec/. Recuperado el 2023, de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1510/1/RF-06-TC-Aguirre.pdf

Asamblea Nacional. (22 de octubre de 2009). OAS. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ecu_org2.pdf

Asamblea Nacional. (21 de agosto de 2018). telecomunicaciones. Obtenido de https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2018/09/Codigo-Org%C3%A1nico-General-de-Procesos.pdf

Bravo, A., Narv�ez , C., V�zquez, J., & Erazo, J. (16 de diciembre de 2019). Fundaci�n Koinon�a. Obtenido de https://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/592/852

Calder�n, L., Ayluardo, J., Chinin�n , M., D�az, L., Fuentes , M., Latorre, F., . . . Z��iga , A. (2020). Cuestiones de Actualidad Jur�dica y Social en el Ecuador. Barcelona: Bosch.

Calsamiglia, A. (1Septiembre de 1988). Dialnet. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1048059.pdf

Congreso Nacional. (28 de noviembre de 2007). Obtenido de https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/ley_de_casacion.pdf

Constituci�n de la Rep�blica. (26 de junio de 2023). defensa.gob,ec. Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Corte Constitucional . (19 de mayo de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5YTZmMjUwOC04MGNjLTRjOWUtYjA5NS1hNWRlYTkwZDRjNTgucGRmJ30=

Corte Constitucional. (21 de abril de 2021). Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5OWE2NmZhNy1lMDZkLTQ4MTktYjNiYy1iMTAwZjRmNjMwMTEucGRmJ30=

Corte Constitucional. (17 de marzo de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicwOGMwNjhkOC01ZjcyLTRlNDMtYWQxMi02ZTJhNzM2MGFlZWYucGRmJ30=

Corte Constitucional. (24 de febrero de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5Zjg3YzAxZC01YWI3LTQxZjEtOWZiYS0xNTBiZjFkZGE3NTUucGRmJ30=

Corte Constitucional. (05 de mayo de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOiczOGE5ZWExOS0wZjU5LTQxMGItOTJjOS04YzU5N2EwYWU2MmQucGRmJ30=

Corte Constitucional. (24 de febrero de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidhNGM3ZmRjNy1hMTVlLTQyNTAtYWU2YS1lOWRkNTcxYjgwMDEucGRmJ30=

Corte Constitucional. (15 de septiembre de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2MTgwZDFhYy05ZjIxLTRiOGItYTM5YS0yMzcyZThkOGM4MTMucGRmJ30=

Corte Constitucional. (22 de sepiembre de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidmZGExOTEyYy00MjIzLTRkMDUtYWRmNC1jZDNhMDZhOGY2ZGYucGRmJ30=

Corte Constitucional. (17 de noviembre de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5MDllNzQ5Yy1lZTdlLTRlMzYtYTE5OC1hZThjZjcxOWUyOGMucGRmJ30=

Corte Constitucional. (03 de febrero de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3ZjVlZjdlYy00NzkwLTQwODAtYjZiMS00N2Q5MzY4ZjViNjMucGRmJ30=

Corte Constitucional. (10 de marzo de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOiczMjgwM2NlMy0yZmI2LTRiYTQtOTY4Ni1jNmZhMmYyZGMyNTEucGRmJ30=

Corte Constitucional. (25 de agosto de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidhMjE2MzY4NS05ZmFiLTQ5YmEtYjViYi02ZmFkOThmZjA1OWMucGRmJ30=

Corte Constitucional. (31 de marzo de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiYzIyZDI4NS03MTc4LTRlYWItOGI5NC1kZDQ0ODkxMDFlZTEucGRmJ30=

Corte Constitucional. (24 de noviembre de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidiZGUzNWRjYS03MmRjLTRmZDEtYjM1NC00YWZkZGFhZjUxNTQucGRmJ30=

Corte Constitucional. (29 de septiembre de 2021). ESACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicwZjU4YjQwZi1mYWFjLTRhNjItYWVjNC0xN2MzM2NkMTJhYzYucGRmJ30=

Corte Constitucional. (16 de junio de 2021). ESACC . Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic0NmU4ZTg2ZC01NTFhLTQ3MmQtYWFjNC1kYjgzMzYwZGVkM2UucGRmJ30=

Corte Constitucional. (07 de abril de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidjYzRjZDAwMi1mNDhiLTRkZTYtOGQyZC02NDA1MDkwYmNlYmYucGRmJ30=

Corte Constitucional. (19 de mayo de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic5YTZmMjUwOC04MGNjLTRjOWUtYjA5NS1hNWRlYTkwZDRjNTgucGRmJ30=

Corte Constitucional. (03 de febrero de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidkZTMwZjJmNC1mNmZiLTQ5NmQtOTMwYi0wOWY0YjdkY2M0OWQucGRmJ30=

Corte Constitucional. (24 de marzo de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic0NDU4NjU0NC1lODVhLTRhZjItOTc4Yi1hOWM5MzViOTcyOWEucGRmJ30=

Corte Constitucional. (09 de junio de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3YTUzNGIwNi0zNmMwLTQ0YjEtODdmMi02M2IzMTg1ZmIwZTQucGRmJ30=

Corte Constitucional. (05 de mayo de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3NzZhZDkxMS05M2NiLTQ3YTgtOGM3MS1hNjE0ZmIzZjM1MjAucGRmJ30=

Corte Constitucional. (23 de junio de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOidhZDUxOTljYS1jNTFmLTRjOWYtYWMwYi04YmIwYzI0YTJiZGYucGRmJ30=

Corte Constitucional. (01 de diciembre de 2021). ESSAC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOicwODJkZGUzZi05M2UzLTQ0ZTEtOWZkOS0zMDk2NWRhOWQxOTUucGRmJ30=

Corte Constitucional. (07 de abril de 2021). ESSAC Corte Constitucional. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic0NmU4ZTg2ZC01NTFhLTQ3MmQtYWFjNC1kYjgzMzYwZGVkM2UucGRmJ30=

Corte Constitucional. (13 de enero de 2021). ESSACC. Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2ZTQwZjUyOC00NzBjLTQ1Y2UtOWY1YS1mOWU3Mzk2NWNmZGQucGRmJ30=

Corte Constitucional. (2022). Portal Corte Constitucional. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de https://portal.corteconstitucional.gob.ec/Grafos.aspx

Corte Constitucional. (27 de 06 de 2023). Corte Constitucional. Obtenido de https://buscador.corteconstitucional.gob.ec/buscador-externo/principal/resultadoSentencia?search=%7B%22textoSentencia%22:%22loja%22,%22numSentencia%22:%22%22,%22numeroCausa%22:%22%22,%22flag%22:false%7D

Costa�n, M. (2019). Colloquim Biblioteca. (Colloquium, Ed.) Obtenido de https://colloquiumbiblioteca.com/index.php/web/article/view/21/21

ESSAC. (04 de agosto de 2021). Obtenido de http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic3MzNhM2E3YS04NTY0LTRjNGQtODI3OC0wNjAyNDE2M2ZmMWIucGRmJ30=

Ferrer, E., Mart�nez, F., Figueroa, G., & Flores, E. (2021). Diccionario de Derecho Procesal, Constitucional y Convencional. M�xico: UNAM.

Franco Guzm�n, B. R. (diciembre de 2014). repositorio.ulvr.edu.ec. Obtenido de http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/553/1/T-ULVR-0479.pdf

Goig, J., Erazo, S., Ravelo , G., Celi, I., Ord��ez , P., Ord�nez, L., . . . Montesinos, M. (2019). Constitucionalismo Contempor�neo en Am�rica Latina. Mexico: Dykinson. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Luis-Ordonez-Pineda/publication/336702886_EL_DERECHO_FUNDAMENTAL_A_LA_PROTECCION_DE_DATOS_PERSONALES_EN_AMERICA_LATINA/links/5dae260c92851c577eb96b7d/EL-DERECHO-FUNDAMENTAL-A-LA-PROTECCION-DE-DATOS-PERSONALES-EN-AMERIC

Ministerio de Defensa. (05 de enero de 2021). Obtenido de https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf

Salazar, M. (2020). DSpace Uniandes. Obtenido de https://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/11469/1/TUBEXCOMAB014-2020.pdf

Sarango, H. (2008). https://repositorio.uasb.edu.ec/. Recuperado el 7 de mayo de 2023, de https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/422/1/T627-MDE-Sarango-El%20debido%20proceso%20y%20el%20principio%20de%20motivaci%c3%b3n%20de%20las%20resoluciones....pdf

Villafuerte, K. (2020). Repositorio Universidad Indoam�rica. Obtenido de https://repositorio.uti.edu.ec/bitstream/123456789/1982/1/VILLAFUERTE%20PACHECO%20KAREN%20EUGENIA.pdf

Zhind�n, J., Erazo, J., Pozo, E., & Narv�ez, C. (2019). La desnaturalizaci�n de la Acci�n Extraordinaria de Protecci�n en la pr�ctica judicial ecuatoriana. Santa Ana de Coro: Iusticia Socialist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2023 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).