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La prueba en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional

 

The evidence in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control

 

A evid�ncia na Lei Org�nica das Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: milton.vega.26@est.ucacue.edu.ec

 

 

Ciencias de la Educaci�n ���

Art�culo de Investigaci�n

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* Recibido: 23 de diciembre de 2022 *Aceptado: 12 de enero de 2023 * Publicado: 28 de febrero de 2023

 

1. Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.
2. Universidad Cat�lica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Resumen

La presente investigaci�n realiza un an�lisis de la prueba en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional en Ecuador. Para cumplir con este objetivo se aplica una metodolog�a de no experimental, pues se remiti� �nicamente a la recolecci�n de datos que fueron utilizados con fines anal�ticos en este documento, adem�s se incorporaron los m�todos inductivo - deductivo, porque se analizan los temas de investigaci�n desde particular hasta lo general; es decir, los temas integrales de la problem�tica plateada. Se inici� con un proceso de recolecci�n de datos relevantes en los principales repositorios institucionales y de �ndole cient�fico en la red para luego aplicar criterios de selecci�n de estudios que coincidieran los objetivos de este documento.

�Entre los principales resultados obtenidos, se presenta un an�lisis de la prueba desde su conceptualizaci�n desde diferentes puntos de vista, el objeto de la prueba, la finalidad y los principios que obedece dentro de los procesos judiciales. Tambi�n, se presenta, una argumentaci�n desde la teor�a jur�dica sobre los vac�os que posee la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional en materia probatoria, especialmente en su art�culo 16, desde diferentes puntos de vista. Se concluye que esta ley no garantiza de manera directa y precisa el proceso necesario para la presentaci�n, valoraci�n y evaluaci�n de la prueba, lo que fomenta la permisividad de la subjetividad al momento de presentar un fallo ante las pretensiones de las contrapartes.

Palabras Clave: Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional; Prueba; Proceso judicial.

 

Abstract

The present investigation carries out an analysis of the evidence in the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control in Ecuador. To meet this objective, a non-experimental methodology is applied, since it was referred only to the collection of data that were used for analytical purposes in this document, in addition, inductive - deductive methods were incorporated, because the research topics are analyzed from a particular perspective. up to the general; that is, the integral themes of the silver problem. It began with a process of collecting relevant data in the main institutional and scientific repositories in the network to then apply criteria for the selection of studies that coincided with the objectives of this document.

� Among the main results obtained, an analysis of the test is presented from its conceptualization from different points of view, the object of the test, the purpose and the principles that it obeys within the judicial processes. Also, an argument is presented from legal theory on the gaps that the Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control has in evidentiary matters, especially in its article 16, from different points of view. It is concluded that this law does not directly and precisely guarantee the necessary process for the presentation, evaluation and evaluation of the evidence, which encourages the permissiveness of subjectivity when presenting a ruling before the claims of the counterparties.

Keywords: Organic Law of Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control; Proof; Judicial process.

 

Resumo

A presente investiga��o realiza uma an�lise da evid�ncia na Lei Org�nica de Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucional no Equador. Para atender a este objetivo, uma metodologia n�o experimental � aplicada, uma vez que se referiu apenas � coleta de dados que foram utilizados para fins anal�ticos neste documento, al�m disso, foram incorporados m�todos indutivos - dedutivos, porque os t�picos de pesquisa s�o analisados ​​a partir de uma perspectiva particular at� o geral; isto �, os temas integrais do problema da prata. Come�ou com um processo de recolha de dados relevantes nos principais reposit�rios institucionais e cient�ficos da rede para depois aplicar crit�rios de sele��o de estudos que coincidissem com os objetivos deste documento.

� Dentre os principais resultados obtidos, � apresentada uma an�lise da prova desde sua conceitua��o sob diferentes pontos de vista, o objeto da prova, a finalidade e os princ�pios que ela obedece dentro dos processos judiciais. Al�m disso, � apresentado um argumento da teoria jur�dica sobre as lacunas que a Lei Org�nica de Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucional possui em mat�ria probat�ria, especialmente em seu artigo 16, sob diferentes pontos de vista. Conclui-se que esta lei n�o garante de forma direta e precisa o processo necess�rio para a apresenta��o, aprecia��o e aprecia��o da prova, o que incentiva a permissividade da subjetividade ao apresentar uma decis�o perante as pretens�es das contrapartes.

Palavras-chave: Lei Org�nica de Garantias Jurisdicionais e Controle Constitucional; Prova; Processo judicial.

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Introducci�n

Dentro de los procesos jurisdiccionales en Ecuador, los medios probatorios conforman una de las principales herramientas para que los administradores de justicia puedan ampliar su visi�n sobre los hechos de un caso; y, les permitan tomar decisiones m�s acertadas al momento de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (Wang, 2020). Asimismo, las pruebas presentadas durante un proceso jurisdiccional permiten esclarecer de mejor manera las posturas de los involucrados para llegar a un consenso sobre la verdad de los hechos ocurridos en un tiempo determinado (Tobar, 2020).

Los procesos jurisdiccionales que gozan de objetividad e imparcialidad en sus acciones, no pueden omitir la parte probatoria si quieren asegurar y justificar el debido proceso dentro un caso adoptado por organismos de justicia (Ch�vez y Jim�nez, 2021). Del mismo modo, lo medios probatorios presentados por los involucrados deben asegurar la pertinencia en el caso para que puedan ser incluidos en conformidad con la normativa legal vigente en el pa�s (V�sconez, 2020).

Respecto a lo anteriormente mencionado, en el contexto de Ecuador, la normativa que rige la forma en que los medios probatorios pueden ser incluidos en un proceso jurisdiccional es el C�digo Org�nico General de Procesos COGEP, (Contreras y Cobo, 2021). Este c�digo representa la estructura legal que tiene la justicia ecuatoriana para regular los procedimientos judiciales en los juzgados, salas y tribunales de justicia. Sin embargo, el COGEP no regula la materia constitucional, penal y electoral del pa�s, pese a esto, cuando se aborda el tema de presentaci�n de prueba en los procesos jurisdiccionales es inevitable el uso de documentos que guardan conexi�n con esta normativa (Paredes y Paredes, 2022).

Ecuador es un pa�s constitucionalizado, es decir, todos los procederes de los ciudadanos, organismos p�blicos, privados: �(�) est�n bajo el sometimiento de la ley y por lo tanto a las mayor�as legislativas al sometimiento formal y material es decir de contenido, de todo el Estado incluida la propia ley a la Constituci�n� (Calle, 2013, p.88). En otras palabras, el Ecuador garantiza los derechos y obligaciones de los ecuatorianos a trav�s de la Constituci�n.

Respecto a los derechos constitucionales se menciona que el estado garantiza estos derechos a trav�s de la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) que establecen las v�as jur�dicas para la protecci�n de los ciudadanos en caso de una vulneraci�n (Castillo, 2022). La LOGJCC, es un documento que tiene por objeto, regular la jurisdicci�n constitucional, con el fin de garantizar los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, as� como tambi�n la eficacia y la supremac�a constitucional (Storini et al., 2022).

Sin embargo, en su art�culo 16 tiene como finalidad regular el correcto procedimiento de la pr�ctica y valoraci�n de la presentaci�n de la prueba en los procesos constitucionales; no obstante, al momento no especifica de manera clara el correcto procedimiento para la presentaci�n de medios probatorios dejando espacio a la interpretaci�n en la justicia ecuatoriana.

Por lo mencionado, el presente documento, se�ala la necesidad de una reforma del art�culo 16 de la LOGJCC del Ecuador como estrategia para evidenciar la falta de directrices procesales en la presentaci�n de pruebas en procesos de garant�as jurisdiccionales que aseguren los derechos de la defensa y la libertad probatoria de los procesados. Por lo tanto, en esta investigaci�n se plantea el siguiente problema de investigaci�n: �el procedimiento probatorio dentro de la LOGJCC garantiza la valoraci�n de las pruebas por parte de un administrador de justicia durante un juicio o es subjetivo?

�Para cumplir con lo relatado, esta investigaci�n realiza una indagaci�n te�rica sobre los argumentos y procedimientos que se deben aplicar al momento de desarrollar una audiencia y presentaci�n de pruebas. Tambi�n, se identifica la subjetividad en la valoraci�n del juez ante la presentaci�n de pruebas y se determina la necesidad de sugerir una reforma al art�culo 16 de la LOGJCC.

 

Metodolog�a

La presente investigaci�n fue de tipo no experimental, pues se remiti� �nicamente a la recolecci�n de datos que fueron utilizados con fines anal�ticos en este documento. Este tipo de investigaci�n seg�n Mor�n y Alvarado (2010) corresponde al an�lisis de las causas de una situaci�n problem�tica para analizar sus efectos.

A lo expuesto, se incorporaron los m�todos inductivo - deductivo, porque se analizaron los temas de investigaci�n desde lo particular hasta lo general; es decir, los temas integrales de la problem�tica plateada. Se aplic� tambi�n el m�todo dogm�tico jur�dico, que permiti� hacer alusi�n a la parte positiva del derecho. Adicionalmente, se describe y explica todos los conceptos que ser�n planteados en la elaboraci�n del marco te�rico y en los antecedentes de la investigaci�n, esto a trav�s de la investigaci�n documental puesto que el enfoque de este trabajo es cualitativo.

Adem�s, la investigaci�n tuvo un alcance descriptivo explicativo, por su parte Mart�nez (2012) se aplica en investigaciones que se deseen describir los componentes principales de un fen�meno o realidad para posteriormente intentar encontrar los elementos causales del mismo.

 

Resultados

A continuaci�n, se presentan los resultados obtenidos de la revisi�n de la literatura existente respecto a la incidencia de la prueba en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para la presentaci�n de los mismo, se subdivide en 2 sub apartados que est�n en conformidad con los objetivos de este documento, es decir: realizar una exploraci�n te�rica sobre los argumentos y procedimientos que se deben aplicar al momento de desarrollar una audiencia y presentar las pruebas e identificar como opera la subjetividad en la valoraci�n del juez ante la presentaci�n de pruebas.

 

La prueba

Antes de iniciar con la exploraci�n te�rica sobre los argumentos y procedimientos aplicables para los medios probatorios durante una audiencia, es importante definir que es una prueba y a qu� se considera una prueba en el �mbito ecuatoriano. Seg�n Aparicio et al. (2017) la prueba no tiene una definici�n plenamente establecida ya que se a utilizado esta palabra en diferentes contextos y con varias interpretaciones que dificultan abordar una �nica definici�n. Sin embargo, se puede conceptualizar a trav�s de distintos autores:

Seg�n los aportes realizador por, Bordal� (2020) desde un punto de vista doctrinario, la prueba se puede representar como una acci�n o circunstancia que act�e como un determinante al momento de establecer la credibilidad de un hecho o una declaraci�n durante un proceso judicial. En contraposici�n autores como Calvinho (2020) afirman que la prueba es cualquier medio que pueda ser utilizado para garantizar la certeza de algo y reduzca la incertidumbre de una afirmaci�n.

Respecto a lo anterior mencionado, Coloma (2017) alude que un medio de prueba puede estar conformado por varios recursos como: documentos escritos, fotograf�as, testimonios de personas que estuvieron presente en el desarrollo de los sucesos, entre otros. Es decir, un medio probatorio es cualquier elementos o persona que ayude a esclarecer al repartidor de justicia la veracidad de una proposici�n que haya sido formulada durante un juicio o la falsedad de las mismas.

En otro orden de ideas, L�pez (2018) menciona que un concepto importante a tener en cuenta para dilucidar una conceptualizaci�n acertada sobre la prueba es: el Objeto de la Prueba, que se puede plantear como la respuesta a una interrogante, es decir �qu� se debe probar? Al respecto, Tip�n (2019) menciona que el OP:

Debe entenderse lo que se puede probar en general, aquello sobre que puede recaer la prueba; es una noci�n puramente objetiva y abstracta, no limitada a los problemas concretos de cada proceso, ni a los intereses o pretensiones de las diversas partes, de id�ntica aplicaci�n en actividades extraprocesales, sean o no jur�dicas, es decir, que, como la noci�n misma de la prueba, se extiende a todos los campos de la actividad cient�fica e intelectual.

En otras palabras, el OP se puede considerar a todo aquello que puede ser probado y que obedece a las pretensiones que muestren las contrapartes en un proceso judicial, para que sea aprobado con un proceso probatorio. Sin embargo, el OP tambi�n trae consigo un debate respecto a si deben probarse hechos o afirmaciones. Desde un punto de vista doctrinario, la prueba solo puede confirmar o denegar los hechos que derivan de las actividades de las personas y que son consideradas como presupuestos para los efectos jur�dicas y estos, son los que deben ser probados para sostener y apoyar las pretensiones presentadas, haciendo uso de todos los medios que pone en disposici�n la ley (Paredes y Paredes, 2022), (L�pez, 2018).

En contraposici�n, Mej�a (2020) aluden que no solo los hechos se pueden probar haciendo uso de todos los medios probatorios, por el contrario, tambi�n se pueden utilizar estos medios para confirmar o denegar afirmaciones. Al respecto, Fenoll (2020) comenta que, al hablar de afirmaciones de las contrapartes en un juicio, se est� colocando a disposici�n de la ley la interpretaci�n de las dos versiones en un caso, donde el repartidor de justicia debe escuchar los testimonios y decantarse por una sola verdad, por lo tanto, al no incluir hechos facticos que puedan ser probados, la ley debe recurrir a la presentaci�n de pruebas que sostengan estas afirmaciones para llegar a la verdad.

Pese al debate existente sobre el objeto de la prueba, se puede afirmar en base a los aportes de los autores revisados que el OP obedece al uso de todos los medios probatorio para confirmar o denegar una afirmaci�n o un hecho. Adem�s, tomando en cuenta el aporte realizado por Cabezas (2021): �que inclusive en los casos en los que estamos frente a la prueba de afirmaciones, estas deben remitirse a los hechos, pues las afirmaciones derivan de los hechos narrados que son, en �ltima instancia, los que se deben proba� (p.43). Podemos afirmar entonces, que ambos enfoques est�n estrechamente relacionados, por lo tanto, se deben abordar de forma similar al hablar de las OP.

Otro concepto importante, es la finalidad de la prueba, que seg�n el aporte de Salgado (2019) se puede sintetizar a: cualquier actividad que est� involucrada en la averiguaci�n de la verdad en un caso judicial, donde un repartidor de justicia debe analizar y valorar las verdades presentadas por ambas partes para decidir con certeza cu�l de las afirmaciones presentan los mejores argumentos y medios probatorios para que el fallo le favorezca.

Asimismo, como menciona Paredes y Paredes (2022) no se puede hablar de la finalidad de la prueba sin abordar el derecho a la prueba, que se puede definir como un derecho natural, constitucional y humanista que tiene un individuo para probar las acusaciones en su contra o respaldar las afirmaciones presentadas hacia otro individuo, organizaci�n o instituci�n, a trav�s de todos los medios probatorios necesarios y las herramientas legales proporcionadas por la ley. Es decir, la finalidad de la prueba es sin duda, la demostraci�n de la verdad a trav�s del derecho inalienable de las personas para defenderse con los procesos probatorios, acreditar los hechos expuestos por las partes, definir una sola verdad sobre un suceso e incrementar la convicci�n del repartidor de justicia para su fallo.

Se puede complementar las definiciones anteriores con los aportes de Granizo (2007) quienes mencionan en sus investigaciones que la prueba tambi�n tiene algunos principios en los que se basa para desarrollarse dentro del sistema jur�dico. Es decir, la jurisdicci�n, establece la normativa necesaria para que la prueba pueda ser presentada, analizada y evaluada seg�n el cuerpo legal establecido y que puede dividirse en los siguientes principios (Tip�n, 2019):

�       Principio de la necesidad de la prueba y prohibici�n de aplicar el conocimiento de lo privado del juez sobre los hechos

�       Principio de eficacia jur�dica y legal de la prueba

�       Principio de unidad de la prueba

�       Principio de la comunidad de la prueba

�       Principio de contradicci�n de la prueba

�       Principio de formalidad y legitimidad de la prueba

�       Principio de la pertinencia y conducencia de la prueba

�       Principio de inmediaci�n de la prueba

�       Principio de preclusi�n de la prueba

�       Principio dispositivo

�       Principio de lealtad de la prueba

 

Prueba en las garant�as jurisdiccionales en la legislaci�n ecuatoriana

Al analizar los aportes de los autores anteriormente mencionados, se puede observar un consenso, al conceptualizar a la prueba como un instrumento para corroborar o refutar una proposici�n que ayude al repartidor de justicia, tomar decisiones m�s acertadas en relaci�n a la verdad de los hechos. Pese a esto, la presentaci�n de las pruebas est� reguladas y normadas, para el caso de Ecuador, los documentos que realizan estas funciones son: la Constituci�n de la Republica del Ecuador o por sus siglas CRE, el C�digo Org�nico General de Procesos COGEP y la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional LOGJCC (Ordo�ez et al., 2019). Respecto a este �ltimo, en el art�culo 1 de la LOGJCC menciona cual es el objeto y su finalidad dentro de la justicia ecuatoriana y se cita a continuaci�n:

Art. 1.- Objeto y finalidad de la ley. - Esta ley tiene por objeto regular la jurisdicci�n constitucional, con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constituci�n y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la eficacia y la supremac�a constitucional. (LOGJCC, 2022, p.2)

Del mismo modo, en el art�culo 16 de la LOGJC establece sobre las pruebas, que la persona que demanda o accionante es quien debe presentar todos los argumentos necesarios para sustentar sus pretensiones excepto cuando la carga de la prueba sea invertida y menciona la potestad que tienen los repartidores de justicia para pedir las pruebas necesarias (Silva, 2017). A continuaci�n, se cita el art�culo en menci�n:

Art. 16.- Pruebas. - La persona accionante deber� demostrar los hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La recepci�n de pruebas se har� �nicamente en audiencia y la jueza o juez s�lo podr� negarla cuando la haya calificado de inconstitucional o impertinente. En la calificaci�n de la demanda o en la audiencia, la jueza o juez podr� ordenar la pr�ctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas, sin que por ello se afecte el debido proceso o se dilate sin justificaci�n la resoluci�n del caso. Cuando la jueza o juez ordene la pr�ctica de pruebas en audiencia, deber� establecer el t�rmino en el cual se practicar�n, que no ser� mayor de ocho d�as y por una sola vez. Por excepci�n, la jueza o juez podr� ampliar de manera justificada este t�rmino exclusivamente por la complejidad de las pruebas y hasta cuando �stas sean practicadas. En caso de ser injustificada la ampliaci�n o de retardar en exceso la resoluci�n de la causa, se considerar� como falta grave y se aplicar� la sanci�n correspondiente, de conformidad con el C�digo Org�nico de la Funci�n Judicial. La comisi�n para recabar pruebas podr� ser unipersonal o pluripersonal, para que realice una visita al lugar de los hechos, recoja versiones sobre los hechos y las evidencias pertinentes y elabore un informe que tendr� el valor de prueba practicada. Se presumir�n ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad p�blica accionada no demuestre lo contrario o no suministre la informaci�n solicitada, siempre que de otros elementos de convicci�n no resulte una conclusi�n contraria. En los casos en que la persona accionada sea un particular, se presumir�n ciertos los hechos cuando se trate de discriminaci�n o violaciones a los derechos del ambiente o de la naturaleza. (LOGJCC, 2022, p.9)

Luego de analizar el art�culo 16 se puede entender que el funcionario exclusivo encargado de valorar las pruebas presentadas durante una audiencia, son los jueces, quienes aplican esta funci�n en conformidad de lo que dictamina la ley. Al respecto, P�rraga et al. (2022) Comenta que la forma en que se basan los repartidores de justicia para evaluar las pruebas presentadas por las contrapartes, parte desde la sana critica, es decir, su juicio se basa desde los conocimientos almacenados por la justicia ecuatoriana y de la experiencia que el juez haya obtenido a trav�s de los a�os en los juzgados, que le permiten utilizar la l�gica para considerar que un hecho est� comprobado y listo para sentencia.

Sin embargo, como mencionan O�ate (2017) y Garc�a et al. (2021) la LOGJCC no establece de forma precisa dentro de su normativa cual es el procedimiento de tramitaci�n, actuaci�n de la valoraci�n o presentaci�n de la prueba dentro de un proceso judicial, asimismo, siendo esta normativa el eje rector para una materia de tal importancia para la legislaci�n ecuatoriana, resulta inveros�mil que no se haya reformulado hasta el momento el art�culo 16 para que se declare en forma expresa, cual es el procedimiento preciso para la presentaci�n de los medios probatorio o para el debate probatorio.

�Del mismo modo, Rojas et al. (2020) menciona que la falta de precisi�n en la norma ecuatoriana admite subjetividad y equivale a retirar un derecho constitucional a un ciudadano pues: �tanto vale no tener un derecho, cuanto no poder probarlo� (p.8). Es decir, al no poder probar un hecho o una afirmaci�n en el tiempo y etapa del proceso preciso es lo mismo que no haber presentado los medios probatorios.

Seg�n el aporte presentado por Garc�a y Trelles (2021), la prueba y la regulaci�n de su presentaci�n en medio legislativo se encuentra lejos de estar bien regulada puesto que posee vac�os, ya que el momento de presentar y valorar la prueba solo� se� puede� utilizar� medios� probatorios� que� no� soliciten actuaci�n, lo cual no tiene sentido, pues en general los actos probatorios pretenden la injerencia del juez, caso contrario no poseer�a importancia. Por lo tanto, en base a lo mencionado, se puede argumentar que no hay un medio normado y regularizado preciso en la ley ecuatoriana para la presentaci�n de la prueba.

En otro orden de ideas, uno de los pilares m�s importantes para la LOGJCC para la materia probatoria en este pa�s, es el establecimiento de los mecanismos necesarios para que las personas puedan procurar la verdad y dar un visi�n m�s amplia y precisa a los jueces para que fallen a favor del accionante o, por el contrario, se resuelva una absoluci�n de los cargos en los tribunales, siendo de gran importante que se garantice en el proceso los derechos constitucionales y fundamentales de las personas involucradas (Ch�vez, 2020).

En tal sentido, al darle a los jueces la potestad de decidir cu�ndo y c�mo se presenta las pruebas para ser evaluadas y emitir sentencia, se est� afectando el debido proceso ya que entra a coaccionar las valoraciones subjetivas de las pruebas y fomenta que se vulnere la discrecionalidad de los repartidores de justicia, restando la subjetividad en todo el proceso (C�rdenas et al., 2021). Al respecto, Idrovo y Rojas (2021) mencionan que:

De ah� que, el dise�o procesal constitucional ecuatoriano, parecer�a orientarse a esa b�squeda de la verdad, a trav�s de permitir al juez ordenar la pr�ctica de pruebas de modo accesorio o residual, respecto de la iniciativa instructora que les corresponda a las partes. (p.74)

Es decir, desde el punto de vista de la legislaci�n ecuatoriana, la prueba y los medios probatorios no tienen la incidencia o representaci�n que deber�an para resolver o llegar a la verdad entre 2 contrapartes. Por lo tanto, se entiende que el proceso, no parte desde la base de la demostraci�n de los accionantes e indefectiblemente tendr� distinciones o variaciones sobre los hechos realmente acontecidos; pues, si partimos de la base de que la b�squeda de la verdad de los hechos, es ideol�gicamente oportuna y necesaria, aceptamos el supuesto que se trata inevitablemente de una verdad relativa y ligada al contexto en el que la verdad de los hechos es establecida (Correa, 2018).

Desde una comprensi�n axiol�gica del proceso judicial en sus diferentes ordenamientos, se puede determinar que la verdad de los hechos establecido parte desde la defensa de las afirmaciones del accionante, pues, es este quien debe demostrar sus aseveraciones en base al principio general y es desde all� que parten el procedimiento posterior (Y�pez, 2015). Sin embargo, este principio debe convivir con otros principios como: la excepci�n a la regla general, sobre la acreditaci�n de los hechos negativos, o bien, en la acreditaci�n de la legalidad de los recursos de un funcionario, a quien se le atribuye la ilicitud de los mismos, como lo contempla la legislaci�n penal (Balt�n et al., 2018).

En base a lo anteriormente mencionado y teniendo en cuenta la permisi�n de la subjetividad para el accionar de los jueces en la presentaci�n de los medios probatorios en las audiencias, se puede argumentar que el poder probatorio otorgado es meramente complementario, por lo tanto, se puede ver vulnerado desde la base del procedimiento y tergiversarse en las fases posteriores. En consecuencia, la veracidad y aceptabilidad del accionante no se respalda por completo por las pruebas presentadas y se da una mayor relevancia a las consideraciones del repartidor de justicia para juzgar que postura es la verdadera sin presenciar toda la base probatoria necesaria.

 

Conclusiones

La Constituci�n es la norma suprema, misma que menciona y establece los derechos y garant�as �ntimamente prescritas dentro de nuestra legislaci�n ecuatoriana, las cuales establecen en su forma textual que el Ecuador es un estado constitucional de derechos (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Por lo expuesto la presente investigaci�n realiza un an�lisis de la prueba en la Ley Org�nica de Garant�as Jurisdiccionales y Control Constitucional en Ecuador para cumplir con este objetivo se aplica una metodolog�a de no experimental, pues se remiti� a la recolecci�n de datos que fueron utilizados con fines anal�ticos en este documento.

Adem�s se incorporaron los m�todos inductivo, deductivo, porque se analizan los temas de investigaci�n desde lo particular hasta lo general; es decir, los temas integrales de la problem�tica plateada, para garantizar as� el derecho a la legitima defensa y al debido proceso, establecidos en la CRE en su art�culo 75 y 76, los mismos que instauran los derechos de protecci�n en que se menciona el acceso gratuito, la tutela efectiva imparcial y expedita, como tambi�n hay que hacer menci�n que las garant�as b�sicas son fundamentales en este tema de investigaci�n.

�Puesto que cumplen y hacen cumplir el lineamiento del debido proceso, ya que este tiene por objeto la presunci�n de inocencia, el que nadie podr� ser juzgado por un acto u omisi�n no prescrito en la norma, pruebas invalidas por violaci�n a las normas establecidas, siempre se aplicara la ley menos rigurosa, que existe la proporcionalidad de la norma con la sanci�n y por ultimo existen derechos que garantizan la defensa, punto que hasta la fecha no se est� dando, ya que no existe la norma vigente para el caso (Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Esto en proporci�n con el art�culo 14, 16 y 40 de la LOGJCC, los mismos que mencionan dentro de su normativa los requisitos de la audiencia y la forma que se deber�a llevar la misma por parte de la jueza o juez, en la que se puede observar que este cuerpo legal no da el tiempo suficiente para reproducir la prueba, vulnerando as� el derecho al debido proceso.

Es por ello que se considera la implementaci�n de una normativa que permita a las partes procesales el tener el tiempo suficiente para que puedan reproducir la prueba, misma que deber�a ser calificada por parte de la autoridad competente, sin dejar de lado cada una de las que sean presentadas, as� tambi�n se debe entender que esta prueba es fundamental dentro de todo proceso y no simplemente dejar a criterio del juez esta realidad probatoria.

Por lo expuesto se considera que estos procesos vulneran la seguridad jur�dica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso que nuestra Constituci�n establece como principios fundamentales dentro de la aplicaci�n de los procesos y es as� que tratadistas como: Arr�zola Jaramillo, Canales Cort�s, Duartes Delgado, Ferrer Arroyo, L�pez Medina, P�rez Lu�o, Zavala Egas, entre otros, mencionan que existe la vulneraci�n de estas garant�as b�sicas dentro de la legislaci�n ecuatoriana al no darles la realidad del caso, esto con el prop�sito de no dejar en indefensi�n a ninguna persona y poder garantizar los derechos establecidos en nuestra carta magna.

 

Referencias

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