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Juzgamiento de violencia psicol�gica intrafamiliar y el derecho a la reparaci�n integral de la v�ctima

 

Judgment of domestic psychological violence and the right to full reparation of the victim

 

Julgamento de viol�ncia psicol�gica dom�stica e direito � repara��o integral da v�tima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: heiden_hernandez@hotmail.com

 

 

 

Ciencias T�cnicas y Aplicadas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 23 de septiembre de 2022 *Aceptado: 18 de octubre de 2022 * Publicado: 17 de noviembre de 2022

 

 

        I.            Trabajo Final de Titulaci�n, Universidad T�cnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, Ecuador.

 

Resumen

La finalidad de la investigaci�n es determinar el derecho que tiene la v�ctima de violencia psicol�gica intrafamiliar a la reparaci�n integral, frente a identificar a la violencia como delito publico penal tipificado en el cuerpo legal. Por ende, se establece una investigaci�n bibliogr�fica pues, se emple� para este an�lisis los criterios y dem�s medios establecidos por la ley constitucional y todos los reglamentos leg�timos que las sucede como el C�digo Org�nico Integral Penal que busca proteger la integridad psicol�gica de la mujer y los miembros del n�cleo familiar. Por lo cual se determin� una modalidad de campo, que se enfoca en obtener datos informativos que evidencian el evento, en el cual se sustenta esta indagaci�n donde se denota la relaci�n causal del �mbito legal. Ante lo cual se corroboro que la estructura jur�dica ecuatoriana ante estos casos posee falencias en su estructura penal, as� como en los establecimientos objetivos y la especificaci�n de resultados que envuelve la aplicaci�n concreta de la claridad entre da�os psicol�gicos moderado y severo, es aqu� la erosi�n de la norma pues, no existe transparencia en este il�cito para ser considerado como tal, dado que la v�ctima debe presentar da�os evidentes de los cuales no se pueda recuperar para poder determinar que se eta frente a un il�cito mayor. Ante esta realidad los resultados de esta investigaci�n permitieron denotar que es necesarios un estudio a profundidad de estos delitos a fin de conducir a la norma a cambios emergentes acorde a la sociedad y sus variantes.

Palabras claves: Victima; Violencia; Psicol�gica; Intrafamiliar; Penal; Delito.

 

Abstract

The purpose of the investigation is to determine the right of the victim of intrafamily psychological violence to comprehensive reparation, as opposed to identifying violence as a criminal public offense typified in the legal body. Therefore, a bibliographical investigation is established because, for this analysis, the criteria and other means established by the constitutional law and all the legitimate regulations that follow them, such as the Comprehensive Organic Criminal Code that seeks to protect the psychological integrity of women and men, were used for this analysis. members of the family nucleus. Therefore, a field modality was determined, which focuses on obtaining informative data that evidences the event, in which this inquiry is based where the causal relationship of the legal field is denoted. In view of which, it was confirmed that the Ecuadorian legal structure in these cases has shortcomings in its penal structure, as well as in the objective establishments and the specification of results that involves the concrete application of clarity between moderate and severe psychological damage, it is here the erosion of the norm, therefore, there is no transparency in this crime to be considered as such, given that the victim must present evident damages from which they cannot be recovered in order to determine that they are dealing with a greater crime. Faced with this reality, the results of this investigation allowed us to denote that an in-depth study of these crimes is necessary in order to lead the norm to emerging changes according to society and its variants.

Keywords: Victim; Violence; psychological; intrafamilial; Penal; Crime.

 

Resumo

O objetivo da investiga��o � determinar o direito da v�tima de viol�ncia psicol�gica intrafamiliar � repara��o integral, em oposi��o � identifica��o da viol�ncia como crime p�blico tipificado no corpo jur�dico. Portanto, uma investiga��o bibliogr�fica � estabelecida porque, para esta an�lise, os crit�rios e outros meios estabelecidos pela lei constitucional e todos os regulamentos leg�timos que os seguem, como o C�digo Penal Org�nico Integral que visa proteger a integridade psicol�gica de mulheres e homens , foram utilizados para esta an�lise, membros do n�cleo familiar. Portanto, foi determinada uma modalidade de campo, que se concentra na obten��o de dados informativos que evidenciam o evento, na qual se baseia esta investiga��o onde se denota a rela��o causal do campo jur�dico. Diante disso, constatou-se que a estrutura jur�dica equatoriana nesses casos apresenta defici�ncias em sua estrutura penal, bem como nos estabelecimentos objetivos e na especifica��o de resultados que envolvem a aplica��o concreta de clareza entre danos psicol�gicos moderados e graves, est� aqui a eros�o da norma, portanto, n�o h� transpar�ncia neste crime para ser considerado como tal, haja vista que a v�tima deve apresentar preju�zos evidentes dos quais n�o poder� ser ressarcida para que se determine que se trata de um crime maior. Perante esta realidade, os resultados desta investiga��o permitiram-nos denotar que � necess�rio um estudo aprofundado destes crimes de forma a conduzir a norma a altera��es emergentes consoante a sociedade e as suas variantes.

Palavras-chave: V�tima; Viol�ncia; psicol�gico; intrafamiliar; Penal; Crime.

 

 

Introducci�n

La Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador (2008) reconoce la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas y declara que nadie puede ser discriminado por motivos de identidad sexual, religi�n, creencias, entre otros. El cap�tulo sexto que habla sobre el derecho a la independencia del T�tulo II denominado Derechos, reconoce y garantiza la legitimidad de vivir sin malos tratos. Pues dice que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal, que comprende: a. integridad moral y sexual, b) libertad de explotaci�n en el �mbito p�blico y privado el Estado adopta medidas fundamentales para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de explotaci�n.

Siendo, de vital atenci�n aquellas afecciones que se arremete contra las mujeres, ni�as, ni�os, j�venes, adultos mayores, discapacitados y todas personas en situaci�n de desventaja o vulnerabilidad. Se deben tomar medidas similares contra la violencia, la esclavitud y contra la explotaci�n sexual (Constitucion de la republica de Ecuador, 2008). As� como la prohibici�n de la tortura, la desaparici�n forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.

Asimismo, el cap�tulo sobre derechos de protecci�n afirma que la ley prev� procedimientos especiales y r�pidos para la persecuci�n y sanci�n de la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, los delitos de odio y los delitos contra ni�as, ni�os, j�venes seg�n el art�culo 81. Esta disposici�n conduce a la criminalizaci�n de los casos de violencia dom�stica.

Adem�s, la Constituci�n no s�lo garantiza los derechos establecidos, sino que tambi�n proh�be la publicidad que provoque violencia, discriminaci�n, sexismo (art�culo 19). Estableciendo medios de primeros auxilios para v�ctimas de abuso dom�stico y sexual (art�culo 35); asegura la atenci�n a la mujer adulta mayor maltratada (art�culo 36); leg�tima defensa contra cualquier maltrato, violencia, abuso sexual o de otra naturaleza o negligencia que provoque tales situaciones (art. 46, n�m. 4). La Carta Magna de la misma manera finaliza con la determinaci�n de que cualquier discriminaci�n, acoso o abuso directo o indirecto que perjudique a las mujeres en el trabajo; en el sistema educativo (art�culo 331).

Por ende, la decisi�n de tipo penal para denominar maltrato mental, surgi� ante la insistencia de un amplio sector de la sociedad. Y m�s que cualquier grupo feminista, argumentando sobre el car�cter primitivo de la violencia contra las mujeres, bajo este paradigma naci� en la ley Org�nica Integral Penal, el art�culo 157, un tipo penal permanente (Aguirre, 2021). Cuyos tres numerales estaban destinados a sancionar los ataques contra la mujer y su familia sin abandonar f�sicamente el g�nero humano de la v�ctima como consecuencia de la vulneraci�n hacia ella de forma f�sica o psicol�gica.

Pero el resultado contrario de la norma condeno a la violencia ps�quica, donde se ve�a afectado el psiquismo humano. De tal manera que seg�n esta tipolog�a estaba condenando la vulneraci�n de la psique, mediante un m�todo com�n de castigo individual, pero de cierto modo dejaba a la v�ctima desvalida poco a poco; por ende, durante la corta vida de esta norma se ten�a el derecho a tramitarla con un m�todo directo que intentaba de alguna manera facilitar la cooperaci�n de la v�ctima en el proceso, y esta norma establec�a la verdad de que no hab�a efecto jur�dico (Vasco, 2017). Considerando la proporci�n de aquellos procesos que quedaron sin resolver en la estructura del delito por deficiencias.

As� se cree que es necesario generar reformas en el mencionado tipo penal, que permitan un mejor juicio sobre el resultado o su prueba, y de igual forma, las v�ctimas no sean sistem�ticamente revictimizadas reuniendo pruebas, que dan m�s que todo publicidad a la acusaci�n y la continua presi�n social. Por ende, los familiares deben examinar minuciosamente a las personas que dejan entrar y ser pate de ellos. �

Tales observaciones deben abrir los ojos a este problema en los casos penales, porque la formulaci�n del tipo de delito debe integrar tanto la perspectiva t�cnica como el aspecto sexual y los derechos humanos de la v�ctima para la cooperaci�n y procedimientos criminales.

Junto con esto, la clasificaci�n err�nea desencadena una elecci�n inocente, lo que significa que la v�ctima queda completamente indefensa porque, adem�s de afectar la psique, no est� bajo la custodia del estado y en algunos casos puede enfrentar cargos penales.

Adem�s, la violencia dom�stica est� arraigada a lo largo de la historia, por lo que no es un trastorno moderno, aunque se considera un rasgo de la vida familiar aceptado desde la antig�edad. Seg�n, Palate (2022) en su publicaci�n efectuada en Quito, bajo el nombre de La eficacia de la reparaci�n integral en los procesos de violencia intrafamiliar, determina que en los �ltimos a�os, sin embargo, se entienden expresiones referidas a �ni�os abusados�, �mujeres abusadas� y �abuso sexual�, por lo que dicho abuso se ha convertido en un fen�meno creciente; En esta situaci�n, tal conducta ilegal se regul� por la difusi�n de� ideas jur�dicas, respondiendo a la objetividad que la proliferaci�n de� comunidades se debe a la fijaci�n de par�metros para el comportamiento de sus miembros. En Ecuador, la violencia intrafamiliar no es un fen�meno aislado que ocurre en el hogar, donde debe considerarse m�s seguro; y siendo el n�cleo familiar el pilar de la sociedad y la violencia intrafamiliar la principal causa de su desintegraci�n. El Estado intervino en las pol�ticas p�blicas y sociales encaminadas a solucionar este problema social y cambiar el statu quo experimental.

As� mismo, Salazar (2019) en su investigaci�n titulada: An�lisis jur�dico sobre la reforma del COIP en el juzgamiento y sanci�n de delitos contra la mujer y miembros del n�cleo familiar. Publicada en repositorio digital. Establece que la Constituci�n de la Rep�blica del Ecuador, como norma jur�dica y pol�tica vigente desde el a�o 2008, se refiere en el art�culo 81 como m�todos espec�ficos para juzgar y sancionar los delitos de violencia intrafamiliar, para buscar una respuesta inmediata de� la justicia o prestar especial atenci�n a algunos cr�menes y tipos de delitos, pero en el c�digo org�nico integral penal (COIP), regula el sistema penal de la regi�n, buscando afianzar especial y cuidadoso procedimiento para la investigaci�n y sanci�n de los delitos de maltrato contra la mujer o el n�cleo familiar, pero que no deja de ser t�pico, deja al descubierto todav�a otro principio constitucional muy fundamental del irrespeto, que� la v�ctima no se convierte en v�ctima. nuevamente, y, por otro lado, del incumplimiento de la rehabilitaci�n integral del agresor, y que, como unidad familiar como n�cleo de la sociedad, �sta es imprescindible.

 

Desarrollo

A pesar de los enormes esfuerzos de la sociedad por mantener la igualdad de g�nero, especialmente en Am�rica Latina, la cultura machista sigue siendo dominante en el tiempo. Obligando a los hombres a ejercer su poder sobre la raz�n, que casi siempre termina en el abuso de su contrario, la mujer que se cree como un eslab�n d�bil en sociedad (Farto, 2022). Como resultado, una mujer r�pidamente cae presa del miedo y la baja autoestima.

Otro factor dominante en los casos de abuso contra la mujer y violencia intrafamiliar es la desventaja socioecon�mica de las parejas. Principalmente los hogares de bajos ingresos tienen otras desventajas sociales, como el alcoholismo, que seguramente dar� lugar a la violencia dom�stica (Ord��ez, 2019). Violando as� el derecho de toda mujer a vivir en un lugar libre de abuso.

Por ende, el desconocimiento de las mujeres v�ctimas de violencia acerca de todas las disposiciones implementadas en el nuevo ordenamiento jur�dico, entorpece su autoconfianza general. Lo que lleva a que no existan recursos y por lo mismo el tribunal no tiene derecho a utilizar el dispositivo original para proteger la paz de la sociedad (Lique, 2019). Sin embargo, las denuncias moderadas llegan a la fiscal�a, que investiga situaciones relacionadas con la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y por otros medios.

Debido a que no se aplica la norma, porque el conocimiento del delito no llega al entendimiento de la administraci�n. Por ello se dice que se vulneran los derechos de las mujeres maltratadas. Quienes son v�ctimas no saben que tienen la oportunidad de condenar y procesar al agresor por su cooperaci�n en la comisi�n de este delito.

Los �rganos judiciales violan y hasta en cierta medida olvidan la integridad de la mujer. Pero no se debe olvidar que una parte importante de esa integridad depende tambi�n de la v�ctima y de su tendencia a olvidar el da�o sufrido y colaborar con los jueces en la identificaci�n de la recuperaci�n de la historia com�n y especialmente en el apoyo a los derechos y garant�as consagrados en la Constituci�n y otras normas como el C�digo de Conducta del Poder Judicial, Ley Org�nica Integral Penal (Rogel, 2019). Que se encargan de seguir las vulneraciones a las damas y la explotaci�n del n�cleo familiar entre otros, por lo tanto, este estudio se basa en el an�lisis de esta problem�tica social desde:

 

Lo que puede abordar el cuidado en la familia

Cabe se�alar que la violencia intrafamiliar no es una cuesti�n de verdad solo en Ecuador o Am�rica Latina, sino mundial. Pues un organismo como las Naciones Unidas tuvo que calificar la violencia contra la mujer como cualquier abuso basado en el g�nero que conduzca o logre causar a una mujer un da�o f�sico, sexual o mental, incluidas las amenazas (Organizacion de las Naciones Unidas, 2020). As� como, la coerci�n o la independencia arbitraria, como resultado de la vida p�blica o privada.

Adem�s, con lo anterior se denota que es una definici�n que justifica claramente que la violencia dom�stica no est� permitida en todo el mundo. Es decir, como miembros de la especie humana, representa una debilidad y retroceso en la comunidad donde todo acto que perjudica a una parte de la sociedad que se encuentra o se cree vulnerable deber�a ser penalizado (Camacho, 2020). Para ello, es necesario que se establezcan dogmas que regulen los comportamientos adversos de todos los miembros de la sociedad.

Por lo cual, en la realidad actual y especialmente en nuestro documento constitucional (Asamblea, 2008) vigente desde 2008 el art�culo 67 dice que el n�cleo de la familia est� es el foco central de sociedad, estableciendo que la familia es reconocida en sus diversos tipos. Y es el Estado el garante de proteger a la familia como n�cleo importante de la sociedad y asegurar las condiciones que en todos los sentidos favorecen el logro de sus fines. Consisten en v�nculos o certezas jur�dicas y se basan en la estabilidad de los derechos y oportunidades de sus miembros.

Por ello se dice que se habla de una decisi�n conceptual que no solo conduce a interrogantes como; si esta definici�n se dio en el 2008 o si naci� hace alg�n tiempo, y para ello basta subrayar que la sociedad ecuatoriana se ha construido como una rep�blica libre desde 1830. Y desde entonces en esa �poca hab�a mucho m�s que creencias sociales, normas jur�dicas que permit�an actuar de determinada manera (Mill�n, 2018). Fijando los par�metros de la autonom�a humana, y esto se ha repetido en muchas situaciones en el pa�s desde su existencia.

Hasta el momento, 20 constituciones diferentes, todas matizadas por el entorno en el que se desarrollaron. Y, adem�s, todas produjeron una enorme cantidad de normas jur�dicas que al menos intentaron respetar el entorno de dichas constituciones, lo que en la pr�ctica no fue as� (Ortiz, 2019). Significa construir nuevas reglas que de otro modo se completaban con fragmentos de f�rmulas o reformas legales fragmentarias que tend�an a organizarse de alguna manera en el documento constitucional vigente en ese momento.

Esto refleja la realidad, es decir, la constituci�n de 2008 no previ� la cl�usula de la familia y no la consagr� como el n�cleo de la sociedad. Para comprobarlo basta leer el art�culo 37 de la constituci�n pol�tica finlandesa adoptada por la Rep�blica del Ecuador en 1998, ya cancelada, que dec�a que el Estado reconoce y protege al n�cleo familiar como c�lula importante de la sociedad y garantiza condiciones que apoyen integralmente el logro de sus fines (Castillo E. , 2022). Consiste en v�nculos jur�dicos o certeza y se basa en los derechos y oportunidades de sus miembros en la estabilidad. Por lo tanto, esta descripci�n esquem�tica del n�cleo familiar es bastante tradicional.

Por ende, para entender c�mo se define en el documento constitucional que no hay sociedad sin familia, se debe entender el concepto de familia. Seg�n Mazo �(2019) define familia como un grupo de personas que tienen cierto nivel de relaci�n y viven juntos como tales, lo que conduce a otra pregunta sin respuesta, dado que lo preestablecido irrumpe con lo definido por la legislaci�n. Sin embargo, este estudio busca entender a fondo que existe al menos una semejanza entre conceptos, as� como si solo se considera como familia a quienes tienen un nivel de v�nculos formalmente predeterminado, o m�s bien al ir al documento constitucional donde se encuentra y se reconoce diferentes familias.

M�s aun cuando los principios de la palabra "familia"; Se encuentra en el lat�n famulus, que significaba siervo o esclavo. Lo que respalda el hecho de que en el pasado la familia inclu�a parientes y sirvientes de la residencia del amo (Sanchez, 2019). Por lo que se desprende de su significado muy primitivo que este t�rmino excluye simple comunicaci�n familiar separada del estado.

En otra materia, como la sociolog�a, el concepto de familia se refiere a la unidad social del padre, la madre y los hijos. Lo que significa, como vemos, que el parentesco se limita a quienes tienen relaciones bastante estrechas.

Por otra parte, en el derecho ecuatoriano, la unidad familiar es un conjunto de personas relacionadas seg�n el nivel de parentesco. As� lo establecen normas vigentes, en medio de las cuales podr�a aplicarse el C�digo de la Ni�ez y la Adolescencia Art. 96 referente a la naturaleza de la relaci�n familiar explic�ndola como el n�cleo esencial de la formaci�n de la sociedad y un �mbito natural e importante para el desarrollo general de sus miembros, en especial de los ni�os, ni�as y j�venes (Perpi��n, 2019). Recibe la ayuda y protecci�n del Estado para que todos sus miembros puedan ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.

Adem�s, sus interacciones jur�dicas internas, son personal�simas y por tanto inalienables, intransferibles o transmisibles. Tambi�n est�n prohibidos, salvo los casos expresamente previstos por la ley; reconociendo que, de acuerdo con nuestra legislaci�n interna, el n�cleo de la familia no puede elegirse biol�gicamente, nace o, por el contrario, se constituye cuando cambia el �rea civil (Ronquillo, 2020). Como el estado del matrimonio, y es te�ricamente para siempre, excepto ante la situaci�n de la decisi�n de la Corte Constitucional, que dice que despu�s de un divorcio, una persona pierde la posibilidad de incluir a sus exparejas entre sus familiares,

Lo cual confirma la inconstitucionalidad del art�culo 23 que determina que el parentesco es la uni�n o hubo entre una persona casada y los parientes consangu�neos de su marido o mujer, o entre los parientes consangu�neos del padre del hijo y el otro progenitor. La l�nea y el nivel de afinidad entre dos personas est�n determinados por la l�nea y el nivel de afinidad correspondiente (Fern�ndez, 2019). As� existe parentesco directo en primer grado entre suegra y yernos, y una l�nea de parentesco en segundo grado entre hijos.

M�s aun cuando en este art�culo, el texto entre comillas fue declarado inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional n� 1 publicada el 19 de mayo de 2011 en el Anexo 452 del Diario Oficial de la Uni�n Europea.

Por ende, todos los marcos legales anteriormente mencionados determinar�an entonces que el n�cleo de la familia es el ambiente creado a ra�z del matrimonio. Lo que en la realidad del pa�s est� definido por el art�culo 81 del C�digo Civil vigente, que dice que el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen para vivir juntos, reproducirse y ayudarse mutuamente (Castillo E. , 2021). Pero esto no es realidad porque, como ya se dijo desde el origen de la palabra, va m�s all� de lo contractual.

Siendo, el parentesco, la base de esta disputa pues, incluso en el art�culo 67 del mismo documento legal se establece que las familias se forman por v�nculos jur�dicos o de costumbres y se fundan sobre los derechos y oportunidades de sus miembros para lograr el equilibrio. Por lo tanto, la realidad es que no solo quienes est�n en una relaci�n contractual lo llaman matrimonio (Aguilar, 2022). Pues la uni�n libre es otro tipo de familias que en t�rminos legislativos no son consideradas como tal, y se necesita un espacio primitivo para poder ser denominadas de esa manera.

Para esto hay que recalcar que primero nace la llamada familia central o n�cleo familiar, compuesta por el padre, la madre y los hijos, independientemente de que est�n unidos por matrimonio o uni�n. En este punto, se puede ir sumando a la familia conjunta, caracterizada por una familia nuclear y personas relacionadas por consanguinidad a un solo miembro de la pareja (Carbo, 2022). Luego se tiene a la familia numerosa, que es la que se identifica a los dem�s miembros del n�cleo familiar, por ejemplo: t�os, abuelos, primos.

Adem�s, puede llamarse n�cleo de familia monoparental; es la formada por uno de los progenitores: padre o madre, que puede ocurrir por muerte, divorcio, abandono o por elecci�n de la mujer de tener un hijo libremente.

Tambi�n se tiene el n�cleo familiar de padre homosexual el que est� constituido por una pareja gay, ya sea lesbiana u homosexual. Lo que deja claro que el documento constitucional de este pa�s no se adapta aun a la modernidad pues, no permite la adopci�n por esta categor�a de parejas (Acebo, 2020). Dejando claro en el art�culo 68 que la adopci�n se aplica s�lo a parejas del sexo opuesto.

Habr�a adem�s un n�cleo familiar pol�gamo caracterizado por una diversidad simult�nea de hombres o mujeres. A su vez muestra dos versiones: el matrimonio basado en la poligamia, que es la uni�n de un hombre con m�s de una mujer; o la poliandria, que por otro lado la uni�n de una mujer con diferentes hombres (Terrazas, 2022). Y finalmente, el n�cleo de la familia mon�gama lo que podr�a ser la uni�n de un hombre con una sola mujer sin matrimonio.

Este breve estudio explica abundantemente que, seg�n la realidad jur�dica y constitucional, no existe un solo tipo de familia, sino diferentes familias, Cada una con sus propias caracter�sticas, pero todas con obligaciones jur�dicas comunes derivadas de la asociaci�n y los precedentes. Obligaciones y derechos inalienables estipulados en la Ley de Ni�ez y Adolescencia.

Esto explica que debe desarrollarse esta desviaci�n, porque la materia a investigar debe estar muy bien delimitada. Dado que la violencia intrafamiliar en el derecho penal no s�lo comprende el n�cleo familiar que surge del matrimonio, sino, adem�s, resaltar en el segundo p�rrafo del art�culo 155 del C�digo Penal que entr� en vigor el 10 de agosto de 2014 que el n�cleo de la familia debe entenderse como los miembros de la familia, incluyendo c�nyuge, pariente o uni�n independiente (Rodriguez, 2021). Pareja de hecho, ascendiente, descendiente, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo grado de parentesco y personas con las que se acredite que el imputado tiene o ha mantenido v�nculos familiares, �ntimos, afectivos, conyugales, abiertos, de noviazgo o de convivencia.

Este apartado deja bien claro que en la legislaci�n ecuatoriana se entiende como familia toda uni�n fuera del matrimonio y eso es importante porque la violencia que se produce puede extenderse m�s all� del n�cleo familiar cl�sico y como dice la constituci�n en todas las familias existentes.

En el ordenamiento jur�dico ecuatoriano existen tres tipos de parentesco a la vez, est� el parentesco que surge de personas que proceden de un mismo progenitor; afinidad entre un esposo y los parientes consangu�neos de su esposa; y civil, nacido por adopci�n.

En este ambiente, es posible entonces comprender lo que la legislaci�n entiende por maltrato en la familia, cuya definici�n est� orientada por ser la violencia practicada por uno de los miembros en alguna parte de la vida familiar o equiparada a otra contra unos o contra todos; comprende todos los actos violentos de fuerza f�sica que se dan en el �mbito dom�stico, acoso, hostigamiento o intimidaci�n cometidos por al menos un miembro de la familia contra otro miembro de la misma.

Definici�n que sugiere para determinar que el verdadero alcance del maltrato puede presentarse en diferentes situaciones. Como violencia contra la mujer, violencia contra las personas, maltrato infantil, violencia parental y de la vejez; y esto es exactamente lo que nuestra la Ley Penal, que defini� en su redacci�n (Rodr�guez, 2021). Creando una regla neutral, lo que significa brevemente, esta violencia y como puede nacer de un var�n a una mujer o viceversa, sin tener nada en com�n con el sexo del abusador, ni el lado del agresor es decir expresada por g�nero.

 

 

Determinaciones hist�ricas sobre la violencia intra familiar como il�cito tipificado dentro del sistema penal y procesal penal

En este punto se tiene la posibilidad de empezar diciendo que previamente a los a�os 90, en el Ecuador no se pod�a denunciar por un il�cito penal entre parientes cercanos, tales como un c�nyuge contra otro c�nyuge, pap� a hijo y al rev�s, etc�tera; la regla constante en C�digo de M�todo Penal vigente en dicha etapa expon�a:

En el art�culo 28 que no se admitir� denuncias contra ascendientes contra descendientes ni a la inversa, ni de un c�nyuge contra otro, ni de hermano contra hermano. Una vez presentada la incriminaci�n el juez exigir� al denunciante que como bajo juramento exprese si est� comprendido en varias de las prohibiciones del inciso anterior (Gonz�lez, 2018). Pues si de esta forma fuere, rechazar�a la acusaci�n.

En este entorno ni siquiera se pod�a pensar en denunciar por maltrato dentro de la familia, esto ya que se le consideraba como algo privado, pues se suscitaba en la esfera dom�stica. Y por ende el Estado consideraba que no deb�a intervenir, es de esta forma que la violencia dentro de la familia sencillamente no se pod�a denunciar (Caycedo, 2020). Frente a esta inquietud diversos de movimientos de f�minas que tomaron fomento en la actualidad entre ellos la Corporaci�n Dama a Dama, el Centro Ecuatoriano de Promoci�n y Acci�n de la Dama, CEPAM; y otros centros que, comenzaron a laborar en la asesor�a legal y apoyo psicol�gico de las damas v�ctimas de maltrato dentro de la familia.

Siendo dichos equipos de movimientos feministas y de damas, quienes a costa de presi�n obtuvieron en la era del R�gimen de Sixto Dur�n Ball�n, que se crearan las Comisar�as de la Dama, en el a�o de 1994, primeramente, en Guayaquil, Quito, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas y Ambato. Con el fin que se denuncien los hechos de maltrato dentro de la familia en dichos espacios, no obstante, continuaban con el mismo C�digo Penal y Procesal Penal, por ende, la prohibici�n de que no se pod�a denunciar entre parientes �ntimos se manten�a vigente (Carbo, 2022). Es de esta forma que, en ciertos de los centros de apoyo a la dama, eran las funcionarias quienes se tomaban la tarea de denunciar a los agresores en las comisar�as, esto a nombre de las v�ctimas que llegaban a solicitar ayuda.

Por otro lado, en el entorno universal, en la organizaci�n de Estados Americanos, se crea la Convenci�n interamericana para prevenir, sancionar y eliminar la violencia hacia la dama, Con la convenci�n Belem, siendo el Ecuador signatario del mismo y ratifica dicho acuerdo multilateral el 10 de enero de 1995, entrando en plena vigencia el 05 de marzo de 1995; en cuyo art�culo 7 en el CAP�TULO III. DEBERES DE LOS ESTADOS dice que los Estados miembros condenan toda forma de abuso contra la mujer (Caycedo, 2020). Y se comprometen a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaci�n, una pol�tica encaminada a prevenir, sancionar y eliminar tales aberraciones, desde:

a)      abstenerse de toda acci�n o abuso pr�ctico contra una dama y asegurarse de que las autoridades, sus bur�cratas, empleados y agentes e instituciones act�en de acuerdo con ese deber;

b)      actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer,

c)      incorporar en su legislaci�n interna las normas penales, civiles, administrativas y de otra �ndole necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y tomar las medidas administrativas adecuadas cuando sea necesario;

d)      emprender acciones legales para obligar al agresor a que se abstenga de hostigar, intimidar, amenazar, influir o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier manera que ponga en peligro su crecimiento o afecte su propiedad;

e)      tomar todas las medidas apropiadas, incluso medidas legislativas, para enmendar o derogar las leyes y reglamentos existentes o para cambiar las pr�cticas legales o consuetudinarias que apoyan la continuaci�n o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

f)       establecer procedimientos legales justos y efectivos para las mujeres maltratadas, incluyendo la custodia, el debido proceso y el acceso efectivo a dichos procedimientos;

g)      implementar los mecanismos legales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer maltratada cuente con un ingreso real para obtener una indemnizaci�n, reparaci�n por el maltrato u otros medios justos y efectivos.

h)      adoptar posiciones legislativas o de otra �ndole que sean necesarias para una modificaci�n positiva del presente convenio.

Ante esta obligaci�n jur�dica internacional aceptada por Ecuador, donde ni siquiera se permit�a condenar a la pareja o a los familiares cercanos, el pa�s se vio en la obligaci�n de elaborar una ley que prevenga, investigue y sancione la violencia intrafamiliar. Se agrega que precisamente por la presencia de movimientos y empresas de mujeres de la �poca, entre las que destacan figuras como Anunciata de Valdez, Eleonor Jim�nez, Roci� Salgado, Irene Pesantez, entre otras activistas de la �poca (Acebo, 2020). Quien lograron que en el per�odo legislativo de ese entonces el Congreso Nacional aprobar� la denominada LEY 103, o Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, la misma que entr� en vigencia el 11 de diciembre de 1995.

Por ende, este registro oficial 839, estableci� desde la promulgaci�n, que la misma v�ctima ya pod�a juzgar directamente a su agresor. Ya que era una ley especial aplicada principalmente ante el c�digo para iniciar procesos penales (Aguilar, 2022). Esta ley por primera vez abord� la violencia psicol�gica, f�sica, hereditaria y econ�mica, y en algunos casos la ley se refiri� al 103 del C�digo Penal, como delitos, lesiones y delitos sexuales. Todo esto en cuanto fuere necesario.

As� se tiene

de lo que el COIP define como delitos y relacionados con la violencia intrafamiliar, como ya se plante� en l�neas anteriores, a�n existen vac�os en su propio marco conceptual que deben ser discutidos e incluidos en las futuras reformas que la Comisi�n.

Es por ello que se puede determinar con todo lo previsto anteriormente y en espec�fico haciendo referencia a la provincia de Guayas, donde existe una gran preocupaci�n en lo que se refiere a la violencia contra la mujer. Por qu� esta parte del pa�s, se posiciona como una de las m�s afectadas con este mal social, dado que en la misma posee un incremento de violencia intrafamiliar aun 30%. Por ende, para asegurar el equilibrio y los derechos de la mujer, en la provincia se adoptaron diversos objetos normativos y pol�ticos bajo la influencia de una vasta tradici�n de lucha organizada de la mujer.

Sin embargo, ninguna de estas fuentes de derecho especifica una forma determinante de evaluar a la v�ctima de abuso despu�s del incidente para que pueda volver a su estado de salud anterior, tanto f�sico como mental, cuando ocurri� el abuso. Si bien esto es cierto a nivel provincial, ya existe un sistema integral de detenci�n de v�ctimas y testigos basado en la prevenci�n de la revictimizaci�n y la protecci�n de la v�ctima en su conjunto (Ronquillo, 2020). Por lo que el juez est� obligado a realizar una pronta detenci�n con medidas tales como: boletas de auxilio, orden de salida del agresor del domicilio com�n, expulsi�n, protecci�n temporal y tratamiento.

Asimismo, en cada caso concreto, se deben tener en cuenta las distintas y posibles situaciones de peligro por las que tienen que pasar las v�ctimas de maltrato para tomar medidas de protecci�n y evitar que el agresor reincida. Para obtener ayuda de inmediato, utiliza el llamado bot�n de seguridad, seg�n el cual act�a la polic�a.

Como se puede apreciar, existen procedimientos y normas en Guayas que se enfocan en las sanciones y medidas preventivas por el maltrato a la mujer para evitar otro ataque con consecuencias devastadoras para las v�ctimas; sin embargo, no posee una calma clara y especial que lo abarque todo. No existe un procedimiento regulado o estrictamente administrado para una v�ctima despu�s de un abuso f�sico, mental e incluso sexual. Se debe hacer un an�lisis en la provincia para crear un sistema que permita que estas mujeres sean monitoreadas cada dos horas del d�a, los 7 d�as de la semana, lo cual es necesario para que puedan desarrollarse plenamente en la sociedad como cualquier ser humano, sin importar el miedo y explotaci�n.

Para el an�lisis de los datos se tuvo en cuenta un cuestionario aplicado a ciertos habitantes de Luz de guayas del cant�n Guayas, ubicado en zona urbana. Se tom� una muestra por conveniencia la cual la integra 100 habitantes de la comunidad la misma fue aplicada de manera electr�nica por correo siendo una herramienta v�lida y flexible que tuvo en cuenta la escala de respuesta de dos opciones S� o No. Posici�n de los habitantes frente a la violencia psicol�gica intrafamiliar teniendo como objetivo conocer los puntos de vista y el nivel de conocimiento de los habitantes frente al tema. Obteniendo:

Figura 1: Tiene conocimiento de que son los delitos contra la mujer?��

 

El 100% de la muestra encuestada determino estar al tanto de los delitos contra las mujeres; es decir, todos tienen conocimiento del t�rmino delitos cometidos contra la mujer. An�lisis: En base a los resultados del estudio, se comprueba que todos los habitantes que participaron en el estudio conocen sobre los delitos de agresi�n contra la mujer, debido a que es un tipo de delito que se encuentra regulado en la ley org�nica integral penal.

 

Figura 2: �Conoce las causas del maltrato a la mujer?

 

El 92,1 % de los encuestados, conocen los motivos del maltrato a las mujeres; Sin embargo, una parte menor, el 7,9%, desconoce los motivos del maltrato a las mujeres. An�lisis: La mayor�a de los encuestados mencionaron que conocen las razones que conducen al abuso de las mujeres; donde un peque�o porcentaje de encuestados desconoc�a los motivos del maltrato a la mujer. Evidenciando que aun en la actualidad persiste ignorancia frente al tema.

 

Figura 3: �Sabe si las v�ctimas de maltrato denuncian agresi�n f�sica o emocional?

 

�El 48.8% de la poblaci�n encuestada, respondieron que saben si las v�ctimas de maltrato femenino denuncian agresi�n f�sica o emocional; A su vez, 51,2 respondieron que no saben si las mujeres maltratadas denuncian agresi�n f�sica. An�lisis: Casi la mitad de los encuestados dijeron que saben que las mujeres abusadas informan haber experimentado agresi�n f�sica y emocional; Al mismo tiempo, m�s del cincuenta por ciento de ellos no saben si las mujeres abusadas v�ctimas de violencia denuncian o no.

 

Figura 4: �Sab�as que la ley org�nica integral penal dicta que la sanci�n debe ser integral a favor de la v�ctima?

 

Se puede concluir que el 99.3% de la poblaci�n que contest� la encuesta, respondieron que saben que se ha iniciado la sanci�n y que hay que cuidarla porque es extensa; Al mismo tiempo 0,7 % respondieron que desconocen que la ley org�nica integral penal prescribe una pena que debe prescribirse a favor de la v�ctima para una paz integral. An�lisis: En base a los resultados de la encuesta aplicada a la poblaci�n objeto de estudio, llama la atenci�n que casi todos conocen la disposici�n org�nica penal a favor de la v�ctima como parte de la abstinencia integral. Al mismo tiempo, un grupo bastante peque�o no sabe que el castigo debe dar a la v�ctima una paz completa.

 

Figura 5: �Sabes lo que es la reparaci�n integral?

 

El 43,2 % encuestados saben lo que es la reparaci�n integral; Sin embargo, la mayor�a, el 56,8 por ciento, no saben lo que este t�rmino abarca. An�lisis: A pesar de que un gran porcentaje de los encuestados dijo saber qu� es la reparaci�n integral, un porcentaje mucho mayor desconoce qu� es el t�rmino y su funci�n social, en beneficio de la v�ctima ya qu� se refiere el derecho penal integral.

 

Conclusiones

�         La violencia contra intrafamiliar y la mujer es diferente de la violencia contra otros miembros del n�cleo familiar; lo cual no est� diferenciado en nuestra legislaci�n, porque la prevenci�n general es la prevenci�n de toda forma de maltrato (dentro de la familia), sin perjuicio de que actualmente el m�s grave el dirigido a una mujer por su condici�n o violencia de g�nero.

�         La malicia ps�quica es una entidad jur�dica fundamental que asegura la integridad ps�quica de una mujer o persona enferma, pero en nuestra legislaci�n la ilegalidad no est� bien definida porque tiene errores conceptuales que caen dentro del �mbito del delito. es procedimentalmente imposible o es imposible justificarlo por la estabilidad.

�         La tranquilidad integral est� sujeta a la realidad de la sanci�n, as� como a la protecci�n que el Estado pueda brindar a la v�ctima, por lo que no puede ni debe continuar bajo custodia estatal en ausencia de sanci�n penal. Requiere moderaci�n, lo que requiere la conciencia y la cooperaci�n activa de la v�ctima durante el proceso penal.

�         En la poblaci�n estudiada existe poca comprensi�n de los mecanismos que inciden positivamente en la tranquilidad general de las mujeres v�ctimas de maltrato, que, si bien la sentencia ofrece un ambiente de paz integral, no se explican claramente los mecanismos que conducen a la reparaci�n. eficiencia

�         No hay una verdadera calma general positiva, especialmente en el �rea psicol�gica de ser v�ctima.

�         Adem�s, no est� claro cu�l es el �rgano responsable de implementar la paz integral a la que tienen derecho las v�ctimas de abusos contra las mujeres.

�         Para asegurar una tranquilidad general digna y positiva para las v�ctimas de abuso contra la mujer, se definen l�mites claros, oportunos y efectivos con la ayuda de un equipo t�cnico especializado del Consejo de Justicia de guayas para asegurar el cumplimiento del derecho a la paz plena seg�n la sentencia.

 

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