La construcción social del territorio desde la gestión de las conflictividades.

Una reflexión desde la planificación

 

The social construction of the territory from conflict management. 

A reflection from the planning  

 

A construção social do território a partir da gestão de conflitos.

Uma reflexão do planejamento planning

 

 

                                                                                                                                                                               Isabel Calvo-González ^I

isabelcalvo16@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9622-5874

 

Correspondencia: isabelcalvo16@gmail.com

 

Ciencias Sociales

Artículo de Reflexión

 

                                                                                           

*Recibido: 23 de Julio de 2019 *Aceptado: 14 de Agosto de 2019 * Publicado: 05 de Septiembre 2019

 

 

1. Docente de la Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales de la carrera en Planificación Económica Social, Heredia, Costa Rica.

Resumen

Se expone una esquematización conceptual, tomada como base para comprender como se genera la construcción social del territorio desde la gestión de las conflictividades que se desarrollan en este, a partir de la planificación para el desarrollo y un caso de estudio ejecutado en el Pacífico Central de Costa Rica, en función de la gestión de un área marina de pesca Responsable en las comunidades denominadas Paquera y Tambor en la Península de Nicoya. El mar como territorio parte desde una construcción social del espacio, de las diversas interrelaciones entre actores, pero además tiene como base una correlación de fuerzas de pesos y contrapesos que gestionan los procesos organizativos que ahí se desarrollan. Con base a las interacciones entre los diversos actores en el territorio se generan transformaciones que tienen implicaciones en los procesos de desarrollo y de planificación, vinculadas con la gestión institucional.

Palabras clave: Organización y gestión; desarrollo económico y social; aguas territoriales; derecho del mar; derecho de pesca.

 

Abstract

A conceptual schematization is presented, taken as the basis to understand how the social construction of the territory is generated from the management of the conflicts that develop in it, from the planning for development and a case study carried out in the Central Pacific of Costa Rica, depending on the management of a responsible marine fishing area in the communities called Paquera and Tambor in the Nicoya Peninsula. The sea as a territory starts from a social construction of space, from the various interrelationships between actors, but also has as a basis a correlation of weights and counterweights that manage the organizational processes that take place there. Based on the interactions between the various actors in the territory, transformations are generated that have implications in the development and planning processes, linked to institutional management.

Keywords: Organization and management; economic and social development; territorial waters; law of the sea; fishing rights.

 

Resumo

É apresentada uma esquematização conceitual, tomada como base para a compreensão de como a construção social do território é gerada a partir da gestão dos conflitos que nele se desenvolvem, do planejamento para o desenvolvimento e do estudo de caso realizado no Pacífico Central da Costa Rica. . , dependendo da gestão de uma área de pesca marinha responsável nas comunidades chamada Flirting and Drum na Península de Nicoya. O mar como território parte de uma construção social do espaço, das várias inter-relações entre atores, mas também tem como base uma correlação de pesos e contrapesos que gerenciam os processos organizacionais que ali ocorrem. A partir das interações entre os diversos atores do território, são geradas transformações que têm implicações nos processos de desenvolvimento e planejamento, vinculadas à gestão institucional.

Palavras-chave: Organização e gestão; desenvolvimento econômico e social; águas territoriais; direito do mar; direitos de pesca.

 

Introducción

Los conflictos socio ambientales por la gestión de los recursos pesqueros están relacionados con la manera en la cual los diversos actores que hacen uso de estos, definen la dimensión ambiental (conservación, comercialización o competición) y a partir de estas delimitaciones intersubjetivas generan procesos de apropiación y control sobre estos; estas “luchas o conflictos no se producen exclusivamente por depredación de la naturaleza, sino como efecto no consensual sobre el ambiente” (Folchi (2001), Citado en Bowe et al, 2012, p. 213), por lo que el conflicto socioambiental es por lo tanto, producto de la confrontación de visiones intersubjetivas de los diferentes grupos sociales y las prácticas objetivas de relacionarse con estos recursos, siendo pertinente lo planteado por Cedeño-Hidalgo,  Cuenca-Tinoco & Cevallos-Uve (2019), cuando indican la necesidad de contar con indicadores estratégicos que permitan generar investigaciones en pro de conocer el real impacto de la competitividad cuando esta se desarrolla en escenarios ambientales.

La apropiación y control del recurso marino es mediada por las actividades productivas que se realizan en un espacio determinado, por ejemplo cuando establecemos el término de recurso pesquero ya se hace una valoración del ambiente en relación, en este caso en específico, con la pesca como actividad productiva; la cual da un valor diferenciado a ese recurso biológico de acuerdo a una lógica de comercialización determinada. De acuerdo a Mastrangelo (2009) el recurso natural “proviene de una concepción moderna del vínculo hombre – naturaleza – sociedad… la naturaleza es un ámbito por fuera de la cultura al que es posible recurrir para satisfacer las necesidades del hombre” (p. 344)

Es importante tomar en cuenta que los “recursos naturales no son dados de manera objetiva, sino que se relacionan con necesidades sociales específicas de manera que, tanto históricamente como en el presente, han sido objeto de disputa entre actores en posiciones sociales desiguales” (Mastrangelo, 2009, p. 343). Por tal motivo, la delimitación del conflicto está asociado a lo que materialmente se considera que posee un potencial mercantil o que puede entrar dentro de la circulación de mercancías, siendo interesante gestionar elementos de evaluación para tratar de equilibrar las decisiones sobre el uso de los recursos naturales, cuando exista potencial explotación de los mismos, tal como argumentan Reyes-Vélez & Moreno-Yépez (2017).

De acuerdo con la teoría conflictivista “la sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Por esta razón, el conflicto es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor de cambio social” (Lorenzo, 2001, p. 237). Ante esto, específicamente en relación con los conflictos socio ambientales estos son “proceso(s) complejo(s) de interacción que se da(n) entre dos o más partes, en torno a una o más cuestiones relacionadas con el acceso, uso, aprovechamiento, control, deterioro o conservación de los recursos naturales o del medio ambiente que se encuentran ubicados en un territorio determinado” (Suárez y Calello, 2012, p. 2).

 

Desarrollo

Específicamente en el caso del Área Marina de Pesca Responsable, tal y como lo indica su nombre, se centra en el ordenamiento formal y legitimado en el plano institucional de la actividad pesquera; pero en el cual confluyen otras actividades productivas que hacen uso del mismo recurso marino que utilizan los pescadores, y/o de los espacios utilizados por estos para desarrollar su actividad. En este sentido, la complejidad empírica del objeto de estudio radica en la multiplicidad de intereses subjetivos y objetivos, en otras palabras, en las formas en que se concibe el medio y las relaciones materiales con ese medio marino.

Esto quiere decir que tenemos un espacio donde confluyen varios actores con diversas actividades productivas, pero además con valoraciones ambientales distintas. Estas valoraciones ambientales no son definidas solamente por la actividad productiva sino también por la presión de extracción que el mercado demande, para poder mantener niveles de ingresos adecuados para la manutención familiar de los actores dependientes de la comercialización del recurso marino o el uso para fines turísticos.  Ante este panorama plantea Spadoni (2013) que:

Los  conflictos socio ambientales son en esencia territoriales ya que se construyen a partir de una visión de los actores anclada en el espacio, generando una fuerte colisión entre el espacio económico y el espacio vital (Sabatini, 1997); distributivos debido a que se ponen en juego incompatibilidades percibidas en relación a la inequidad e ilegitimidad en la distribución de derechos y recursos; y políticos ya que se discute no sólo el uso y manejo del recurso natural sino también el control sobre dicho territorio (p. 47).

Es así como estos surgen con base a formas de construcción simbólica del recurso y las relaciones que se desarrollan sobre este, por lo que se puede identificar que “todo conflicto surge de una situación objetiva, pero tan importante como los elementos materiales en torno a los cuales se origina el conflicto son los elementos subjetivos, ideologías o representaciones mentales que los actores sociales implicados tienen de dicha situación. No ha olvidarse que la realidad objetiva (da) no es más que una subjetividad impuesta” (Tejerina, 1991, p. 60). Esta subjetividad impuesta hace que “cada sistema económico y social determine una modalidad específica de explotación de los recursos naturales y de uso de la fuerza de trabajo humano y, consecuentemente, utiliza normas específicas sobre el buen o mal uso de los recursos naturales” (Godelier, 1980 citado en Martínez, 2012, p. 38).

Esto nos permite identificar que no significa en los casos de conflictos socioambientales territoriales como el del área marina de pesca responsable, haya una valoración depredadora pre establecida en las concepciones subjetivas y en las objetivas de los actores sociales que enfocan intereses en los procesos extractivistas, ejemplo los pescadores que utilizan artes no sostenibles, sino que más bien hay una demanda comercial y una obligación de manutención económica que los obliga a realizar extracciones de cada vez mayor cantidad de producto, para lo cual utilizan artes que conlleven menos esfuerzo que extraigan más, a la vez de buscar espacios donde este esfuerzo de extracción sea menor por la cantidad de especies que hayan en el sitio, sin importar su estado biológico (reproducción, crecimiento, maduración de tallas, entre otras).

Lo complejo de este abordaje es que no necesariamente hay coherencia entre las valoraciones ambientales y sus acciones prácticas sobre el medio. Las condiciones para reproducir la fuerza de trabajo, la falta de oportunidades de empleo, los bajos niveles educativos y la ausencia de estrategias coordinadas y participativas de desarrollo conllevan en ocasiones a una mayor expresión del conflicto social, como plantea (Svampa, 2008) “los conflictos ambientales, en diversos niveles (local, nacional, global), son causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social” (p. 7). Tomando como base lo que plantea Svampa, para una mejor construcción analítica se crearon varias categorías con diferentes niveles de profundidad para comprender el fenómeno de estudio, las cuales son:

-           El problema de desarrollo vinculado a la conflictividad

-           La conflictividad vinculada a la razón de interdependencia de los actores

-           La razón de interdependencia de los actores que los vincula al conflicto

-           El conflicto como es percibido por los actores 

Las categorías construidas para el análisis del problema permitieron la identificación del conflicto pero además conocer el relacionamiento que este mantiene con otras dinámicas macro sociales. Así es como se identifica que las diversas acciones que se desarrollan en el espacio marino, hacen que los usuarios del recurso construyan diversas dinámicas de relacionamiento, lo que ha llevado a generar acuerdos informales de convivencia, pero también tensiones en el momento en que estos pactos sociales se rompen. Es así como en un espacio marino relativamente pequeño como el de Paquera – Tambor (que tiene 20357 hectáreas) hay pescadores artesanales que utilizan artes de pesca sostenibles, pescadores con artes no sostenibles, turismo y transporte mediante cabotaje marítimo.

Ahora cabe preguntarse, cómo influye el ordenamiento espacial marino como estrategia de gestión formal del recurso en las relaciones de estos diversos actores que hacen uso, manejo y extracción de los recursos y las cuales se han venido desarrollando en el área por medio de acuerdos sociales informales. En relación a esta pregunta identificamos que los conflictos tienen dos niveles de relacionamiento, primeramente uno normativo (formal y/o informal) que son “aquellas reglas y normas que responden a una percepción  de la naturaleza, a un mundo de valores relacionadas con esta y que se traducen en instituciones que norman (o intentan hacerlo) el nivel operacional” (García Silberman, Ponce de León, & Orellana Lanza, 2000), y luego el nivel operacional el cual “está relacionado con prácticas de uso, acceso, manejo y/o explotación de la naturaleza” (García Silberman, Ponce de León, & Orellana Lanza, 2000), siendo el espacio geográfico, en este caso el territorio, constituido por las dinámicas sociales que confluyen en este como un eje dinamizador.

En base a esto planteado, es que se visualiza que el Estado - por medio de políticas públicas - ha intentado normar los distintos usos, apropiación y gestión de los espacios destinados para la actividad pesquera con un discurso desde el ambientalismo, pero a la vez dejando de lado el entramado económico – productivo que genera competencia por los espacios de extracción del recurso. La elaboración e implementación de estrategias de ordenamiento se realizan desde relaciones de poder, siendo en este caso la institucionalidad representante de un poder que legitima o deslegitima los usos, la extracción y limita el acceso que tienen los múltiples usuarios del espacio (por lo menos de manera normativa).

Pero a pesar esto no existe una lectura crítica de estas instituciones sobre quiénes están siendo representados en estos espacios de toma de decisión, y sobre todo el cómo la implementación de estas estrategias alteran las dinámicas sociales en el espacio, más no así  las actividades productivas, por cuanto estas mismas responden a una lógica más amplia de acumulación de capital. Por lo cual la restricción que se crea por medio del ordenamiento espacial a nivel formal, no necesariamente limita el impacto ambiental que pueda generarse por el desarrollo de las actividades productivas en la zona, la no existencia de límites espaciales ni sociales deslegitiman el respeto del área marina de pesca responsable.

Así el accionar de las instituciones con el establecimiento de reglas formales de uso, manejo y extracción puede apoyar el desarrollo de conflictos que surjan de la heterogeneidad de usuarios en el espacio y del recurso, por cuanto estas reglas apoyan el desencadenamiento de desigualdades de distribución. Tomando como base las conflictividades y la relación con la institucionalidad, se debe de analizar como categoría analítica el poder, no solo desde el desarrollo sino también desde la construcción simbólica de los territorios. Manzanal (2008) plantea que el “territorio sintetiza relaciones de poder especializadas, relaciones entre capacidades diferenciales para transformar, producir e imponer acciones y voluntades, sea bajo resistencia o no, bajo conflicto o no… la producción social del espacio es un resultado del ejercicio de relaciones de poder” (p. 33).

Desde este aspecto se puede indicar que el territorio es más que un espacio en abstracto, concebido de manera apolítico y sin relación socio histórico:

El  territorio envuelve siempre, al mismo tiempo (...), una dimensión simbólica, cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de “control simbólico” sobre el espacio donde viven (siendo también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión más concreta de carácter político disciplinar [y político-económico deberíamos agregar]: una apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinamiento de los individuos” (Haesbaert, 2006 citado en Manzanal, 2008, p. 34).

La gestión territorial por lo tanto se puede identificar como la “capacidad de influir y controlar los medios, instrumentos y recursos para la toma de decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos del espacio territorial…implica la posibilidad de enfrentar conflictos por las distintas visiones e intereses sobre el uso de los recursos en el territorio” (Gómez et al, 2008, p. 12). Con base a esta gestión se llevan a cabo procesos de transformación y el establecimiento de órdenes espaciales de las actividades productivas y de su relacionamiento social, delimitados en estrategias de Ordenamiento Territorial.

Este Ordenamiento debe visualizarse como una herramienta que permite delimitar los usos para minimizar los impactos negativos que las actividades humanas tienen sobre el ambiente, pero la delimitación conlleva el desarrollo de procesos participativos que contemplen la puesta en común de la heterogeneidad de intereses, actividades y visiones del medio ambiente que existan en un espacio determinado, con el fin de equilibrar demandas sociales con ofertas ambientales y la no interrupción de reproducción de estos. Se puede indicar que en sí “el territorio es poder. Es el ámbito espacial de imbricación de las múltiples relaciones de poder. El territorio es siempre, en sí mismo, un ámbito en disputa, donde se destaca la capacidad diferencial de los actores buscando su control o dominio” (López de Souza, 1995; Haesbaert, 2006, citado en Manzanal, 2011, p. 2).

En esto interviene el Estado como garante de derechos, así “las confrontaciones no se generan únicamente por diferencias en los objetivos, sino que también pueden darse por una lucha basada en la diferencia de valores, poder y recursos (Coser, 1956), así como opiniones, principios (Soanes et al. 2008), aspiraciones, metas, intereses materiales y percepciones (Adams et al. 2003), (Toledo, 2010, p. 20). Las acciones realizadas para la gestión territorial en el área marina de pesca responsable se desarrollan desde los poderes hegemónicos, representadas por las normativas específicamente de regulación de la pesca artesanal comercial. Entendida la gestión territorial como “el conjunto de decisiones, diligencias y actuaciones que conducen al manejo o administración de recursos naturales, al desarrollo económico y a la ejecución de planes” (Barragán, 1997, citado en Gómez, 2008, p. 74).

Por lo que esta gestión que se está llevando a cabo lo que deja de lado es la construcción de un capital social en el cual exista empoderamiento en la toma de decisiones sobre la producción pesquera y en sí sobre el territorio que conforman los actores que habitan la zona. Esto implica brindar a las personas que habitan en cercanía a la zona de conflictos, garantías no solo de supervivencia, sino, de calidad de vida basada en el respeto a los derechos humanos como eje de protección integral del ser humano, aunado a contar con un gestión ambiental que les permita fortalecer sus interrelaciones con el medio ambiente.

 Tal  como indica Bermúdez (2019), esto permite confluir en la posibilidad de contar con ciudadanos con pensamiento global – ambiental, posibilitando además, la puesta en marcha de valores para la protección del ecosistema, siendo este un aporte desde la perspectiva de Aldana Zavala & Colina Ysea (2019), esto posibilita la identificación de los habitantes con el territorio, Tremont  & Caldera  (2018), proyectan que esto conlleva a la promoción de la defensa de la descentralización como derecho para la vida, Valdez & Graterol  (2019), exponen que esto eleva la calidad de vida de la sociedad.

 

Conclusiones

El área marina de pesca responsable en su conceptualización teórica y metodológica contempla estos aspectos mencionados anteriormente, pero estos tienen sus problemas en el proceso de gestión, específicamente en los acuerdos de elección colectiva y el monitoreo.   También con respecto a dotar de licencias de pesca específicas para pescadores con artes responsables se visibiliza problemas en relación a la equivalencia proporcional entre beneficios y costos, por cuanto no existe motivación por parte de la institucionalidad para la diferenciación de los pescadores responsables, menos hay una trazabilidad de este producto, lo que hace que a pesar del esfuerzo que realizan los pescadores (utilización de artes diferenciadas, mayor fuerza de trabajo, entre otros) no se da un valor agregado al producto que extraen y no se logra una competencia en igualdad de condiciones con aquellos pescadores con artes ilegales.

En el espacio pesquero ha existido bastante intervención por parte de ONG, el Estado y Universidades, pero estás han tenido grandes debilidades en el tratamiento de la problemática pesquera, por cuanto se han centrado en ciertos elementos aislados, sin ver el problema de manera sistémica:

La institucionalización de los conflictos sociales ha sido la principal estrategia de la sociedad política para responder a los movimientos sociales. A cada onda de movimientos surge una serie de leyes y nuevos órganos públicos destinados a cuidar la problemática. Pero la institucionalización jurídica por sus características de rigidez, normalizaciones y tratamiento supuestamente igualitario, no capta las especificidades de los problemas según los grupos sociales involucrados, no ha resuelto los problemas y apenas contribuye al aumento de la descreencia popular en el poder del Estado como instancia supuestamente promotora del bien común” (Wagner, 2011, p. 40). 

El conflicto socio ambiental, se debe entender como un proceso complejo el cual se da por una “interacción entre dos o más partes, en torno a una o más cuestiones relacionadas con el acceso, uso, aprovechamiento, control, deterioro o conservación de los recursos naturales o del medio ambiente que se encuentran ubicados en un territorio determinado” (Gudynas, 2014, p. 112). Desde el tema del conflicto este puede tener diversos niveles, ya que desde la realidad pesquera, este se puede indicar que ha actuado de manera cíclica. No se puede hablar de un solo conflicto generado por el uso, manejo y apropiación de los recursos, sino de varios conflictos, con diversos actores y con distintos niveles de conflictividad. 

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