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La minera ilegal en Sucumbos y Orellana: Un anlisis jurdico sobre la eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a la proteccin de los derechos ambientales y colectivos
Illegal mining in Sucumbos and Orellana: A legal analysis of the effectiveness of the Ecuadorian regulatory framework in protecting environmental and collective rights
A minerao ilegal em Sucumbos e Orellana: Uma anlise jurdica da eficcia do quadro regulatrio equatoriano na proteo dos direitos ambientais e coletivos
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Correspondencia: wijaramillofi@uide.edu.ec
Ciencias Tcnicas y Aplicadas
Artculo de Investigacin
* Recibido: 26 de agosto de 2025 *Aceptado: 11 de septiembre de 2025 * Publicado: 13 de octubre de 2025
I. Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
II. Estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
III. Docente de la Universidad Internacional del Ecuador, Ecuador.
Resumen
Este estudio analiza el impacto de la minera ilegal en Sucumbos y Orellana, dos provincias amaznicas gravemente afectadas por esta actividad. Se identifican consecuencias ambientales como la deforestacin, la prdida de biodiversidad y la contaminacin de ros con mercurio y otros metales pesados, lo que pone en riesgo la salud de los ecosistemas y de las comunidades locales. En el plano social, se observan efectos como el desplazamiento de poblaciones, el aumento de la delincuencia y la precarizacin laboral, desde una perspectiva jurdica, el anlisis se centra en la eficacia del marco normativo ecuatoriano en la proteccin de los derechos ambientales y colectivos. A pesar de contar con una Constitucin garantista y una legislacin ambiental avanzada, se evidencian serias deficiencias en la aplicacin de la norma, el control estatal y la sancin a los infractores, el objetivo principal es evaluar la respuesta legal frente a esta problemtica y proponer estrategias que fortalezcan la institucionalidad, promuevan la justicia ambiental y ofrezcan alternativas sostenibles para las comunidades afectadas. Este enfoque busca no solo mitigar el dao existente, sino tambin garantizar la vigencia de los derechos de la naturaleza y de los pueblos amaznicos.
Palabras Clave: Minera ilegal; Derechos ambientales; Contaminacin; Amazona; Marco normativo.
Abstract
This study analyzes the impact of illegal mining in Sucumbos and Orellana, two Amazonian provinces severely affected by this activity. It identifies environmental consequences such as deforestation, biodiversity loss, and river contamination with mercury and other heavy metals, which puts the health of ecosystems and local communities at risk. At the social level, it observes effects such as population displacement, increased crime, and job insecurity. From a legal perspective, the analysis focuses on the effectiveness of the Ecuadorian regulatory framework in protecting environmental and collective rights. Despite a constitutional guarantee and advanced environmental legislation, serious deficiencies are evident in the enforcement of regulations, state oversight, and punishment of violators. The main objective is to evaluate the legal response to this problem and propose strategies that strengthen institutions, promote environmental justice, and offer sustainable alternatives for the affected communities. This approach seeks not only to mitigate existing damage, but also to guarantee the validity of the rights of nature and of the Amazonian peoples.
Keywords: Illegal mining; Environmental rights; Pollution; Amazon; Regulatory framework.
Resumo
Este estudo analisa o impacto da minerao ilegal em Sucumbos e Orellana, duas provncias amaznicas severamente afetadas por esta atividade. Identifica consequncias ambientais como a desflorestao, a perda de biodiversidade e a contaminao dos rios com mercrio e outros metais pesados, o que coloca em risco a sade dos ecossistemas e das comunidades locais. A nvel social, observa efeitos como a deslocao da populao, o aumento da criminalidade e a precarizao do trabalho. Do ponto de vista jurdico, a anlise centra-se na eficcia do quadro regulatrio equatoriano na proteo dos direitos ambientais e coletivos. Apesar de uma garantia constitucional e de uma legislao ambiental avanada, so evidentes graves deficincias na aplicao das normas, na fiscalizao estatal e na punio dos infratores. O principal objetivo avaliar a resposta jurdica a este problema e propor estratgias que fortaleam as instituies, promovam a justia ambiental e ofeream alternativas sustentveis s comunidades afetadas. Esta abordagem procura no s mitigar os danos existentes, mas tambm garantir a vigncia dos direitos da natureza e dos povos amaznicos.
Palavras-chave: Minerao ilegal; Direitos ambientais; Poluio; Amaznia; Marco regulatrio.
Introduccin
La minera ilegal representa una de las amenazas ms graves y complejas para la sostenibilidad ambiental, la cohesin social y el respeto a los derechos colectivos en el Ecuador. En las provincias de Sucumbos y Orellana, ubicadas en el corazn de la Amazona ecuatoriana, este fenmeno ha adquirido una dimensin alarmante, al punto de comprometer la integridad de ecosistemas vitales, la salud de las poblaciones locales y la vigencia efectiva del Estado de derecho. Estas regiones no solo albergan una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, sino que tambin constituyen territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades indgenas, cuyas formas de vida estn profundamente entrelazadas con el entorno natural.
La expansin acelerada de la minera ilegal ha generado una serie de impactos negativos que trascienden lo ambiental: contaminacin de fuentes hdricas con metales pesados, destruccin de suelos y hbitats, aumento de enfermedades vinculadas a la exposicin de sustancias txicas, ruptura del tejido comunitario, conflictividad social, desplazamientos forzados y el debilitamiento de las economas locales. Paralelamente, se observa una preocupante ineficacia en los mecanismos estatales de control, prevencin y sancin, lo que permite que esta actividad ilcita prolifere con relativa impunidad, muchas veces con la complicidad de redes de corrupcin o la falta de presencia institucional en zonas remotas.
Desde el mbito jurdico, resulta urgente interrogar la capacidad real del marco normativo ecuatoriano incluida la Constitucin, la Ley de Minera, la normativa ambiental secundaria y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado para proteger los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos indgenas y comunidades locales. Si bien Ecuador ha sido pionero en reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, esta innovacin constitucional an enfrenta serios desafos para su aplicacin prctica, especialmente en contextos de explotacin ilegal de recursos naturales.
El presente estudio tiene como objetivo principal analizar la eficacia de las normas jurdicas y polticas pblicas orientadas a frenar la minera ilegal en Sucumbos y Orellana, a partir de un enfoque integral que articule dimensiones legales, ambientales, sociales y territoriales. Asimismo, se busca identificar los vacos normativos, las limitaciones en la capacidad de respuesta institucional y las posibles rutas para fortalecer un modelo de gobernanza ambiental que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales de sostenibilidad, equidad intergeneracional y plurinacionalidad.
Finalmente, esta investigacin aspira a contribuir con insumos tiles para la formulacin de estrategias jurdicas y sociales orientadas a la defensa de los territorios amaznicos, el respeto a los derechos colectivos y la promocin de alternativas sostenibles que respondan a las necesidades reales de las comunidades afectadas, en consonancia con los principios de justicia ambiental, participacin ciudadana y reparacin integral.
Metodologa
La presente investigacin adopta un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y analtico, orientado a examinar la eficacia del marco normativo ecuatoriano frente a la minera ilegal en las provincias de Sucumbos y Orellana, con especial nfasis en la proteccin de los derechos ambientales y colectivos. El estudio se estructura a partir de la revisin doctrinal, normativa y jurisprudencial, complementada con el anlisis de casos concretos registrados en el territorio, en primer lugar, se realiz una revisin exhaustiva de la normativa vigente en materia ambiental, minera y de derechos colectivos en el Ecuador, incluyendo la Constitucin de la Repblica, la Ley de Minera, el Cdigo Orgnico del Ambiente, y tratados internacionales ratificados por el Estado. Esta revisin permiti establecer el marco legal aplicable y detectar posibles vacos o contradicciones en su aplicacin.
En segundo lugar, se desarroll un anlisis de informacin secundaria proveniente de estudios acadmicos, informes de organizaciones no gubernamentales, reportes institucionales, pronunciamientos judiciales y noticias de medios de comunicacin locales y nacionales. Esta informacin sirvi para contextualizar los efectos sociales y ecolgicos de la minera ilegal en Sucumbos y Orellana, finalmente, se seleccionaron casos representativos de conflictos socioambientales vinculados a la minera ilegal en ambas provincias, a fin de ilustrar de manera emprica las debilidades y limitaciones del sistema jurdico. Estos casos fueron analizados bajo criterios de pertinencia territorial, afectacin a derechos y presencia (o ausencia) de intervencin estatal, esta metodologa permiti articular los elementos normativos, doctrinarios y fcticos necesarios para evaluar con mayor profundidad la efectividad del marco legal, y formular propuestas orientadas a mejorar la proteccin jurdica de los territorios amaznicos y de las comunidades que los habitan.
Contexto de la minera ilegal en Sucumbos y Orellana: impactos socioambientales y dinmicas territoriales
La minera ilegal en las provincias amaznicas de Sucumbos y Orellana ha proliferado con rapidez en las ltimas dcadas, convirtindose en una actividad altamente lucrativa, pero profundamente destructiva. Estas provincias, ubicadas en la regin nororiental del Ecuador, poseen una riqueza natural incalculable, con extensas reas de bosque primario, ros vitales para el equilibrio ecolgico y territorios habitados por comunidades indgenas y campesinas. Sin embargo, esta riqueza ha sido blanco de operaciones mineras no reguladas que han vulnerado derechos, transformado paisajes y alterado la vida comunitaria (Snchez & Len, 2021).
Las principales formas de minera ilegal en estas zonas incluyen la extraccin de oro aluvial en riberas de ros como el Coca, Napo y Aguarico, utilizando mtodos rudimentarios y altamente contaminantes. Uno de los principales insumos utilizados es el mercurio, una sustancia txica que contamina cuerpos de agua, suelos y organismos vivos, provocando efectos irreversibles en los ecosistemas. Esta contaminacin afecta directamente a especies endmicas y a las fuentes de subsistencia de las poblaciones locales, como la pesca, la agricultura y el uso ancestral del territorio (Defensora del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
A nivel social, la minera ilegal ha generado conflictos internos en las comunidades, polarizacin entre quienes se benefician econmicamente de la actividad y quienes defienden la proteccin del territorio. Adems, se ha documentado un aumento de la delincuencia organizada, el trabajo informal, la trata de personas y el deterioro de las condiciones de vida, especialmente de mujeres, nios y personas mayores (Cepeda, 2020). A esto se suma la dbil presencia institucional del Estado en zonas remotas, lo que permite que redes de minera ilegal operen con relativa impunidad, muchas veces ligadas a grupos armados o estructuras de corrupcin local (lvarez, 2023).
Este panorama evidencia que la problemtica de la minera ilegal en Sucumbos y Orellana no puede ser entendida nicamente desde una perspectiva ambiental, sino que exige una visin integral que incorpore factores econmicos, sociales, culturales y geopolticos. Adems, plantea la necesidad de repensar las estrategias de intervencin pblica y el rol del Derecho en contextos donde las garantas constitucionales como los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de las comunidades indgenas se ven constantemente vulneradas (Acosta & Martnez, 2018).
Impactos ambientales de la minera ilegal.
La minera ilegal en las provincias de Sucumbos y Orellana provoca impactos ambientales profundos y multisistmicos, que ponen en riesgo la integridad de uno de los ecosistemas ms biodiversos del planeta: la Amazona ecuatoriana. Al operar fuera de los controles ambientales establecidos, esta actividad extractiva vulnera gravemente los principios de sostenibilidad y conservacin ambiental, generando consecuencias negativas a corto, mediano y largo plazo (Ministerio del Ambiente, Agua y Transicin Ecolgica [MAATE], 2022).
En primer lugar, la deforestacin acelerada es uno de los efectos ms visibles y dramticos. Para la apertura de zonas de explotacin, se talan grandes extensiones de bosque primario, generando la prdida irreversible de coberturas forestales que cumplen funciones cruciales en el ciclo del carbono, la regulacin climtica y la conservacin de la biodiversidad. Esta prdida vegetal impacta directamente en la reduccin de hbitats naturales para numerosas especies endmicas muchas de ellas en peligro de extincin alterando las cadenas trficas y la estabilidad ecolgica (Snchez & Len, 2021; WWF Ecuador, 2021).
Otro impacto ambiental severo es la contaminacin hdrica. La minera ilegal en estas zonas utiliza mercurio como agente amalgamante para separar el oro de los sedimentos, liberando grandes cantidades de este metal pesado y otros compuestos txicos en ros y quebradas. El mercurio, altamente persistente y bioacumulativo, contamina los sistemas acuticos, afectando no solo a la fauna sino tambin a las comunidades humanas que dependen del agua para el consumo, la pesca y las actividades cotidianas. Este tipo de contaminacin tiene efectos neurotxicos y puede ocasionar problemas de salud pblica, incluyendo daos neurolgicos en poblaciones vulnerables (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], 2021).
Adicionalmente, la minera ilegal genera una alteracin significativa del suelo y de la geomorfologa local. La remocin indiscriminada de sedimentos y la modificacin de cauces fluviales provocan erosin, sedimentacin y cambios en el drenaje natural, lo que incrementa la vulnerabilidad de las reas circundantes a deslizamientos y fenmenos hidrometeorolgicos extremos. Estos cambios repercuten negativamente en la productividad agrcola y en la estabilidad territorial de las comunidades asentadas en la regin (Defensora del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
Finalmente, la minera ilegal fragmenta y deteriora corredores biolgicos esenciales para el mantenimiento de procesos ecolgicos como la dispersin de semillas, la polinizacin y los movimientos migratorios de fauna silvestre. La reduccin de la conectividad del paisaje facilita la prdida de biodiversidad, altera los balances naturales y compromete la resiliencia del ecosistema frente al cambio climtico (WWF Ecuador, 2021).
En resumen, los impactos ambientales causados por la minera ilegal en Sucumbos y Orellana son multidimensionales, comprometen los principios constitucionales de proteccin a la naturaleza y afectan directamente el derecho de las poblaciones locales a un ambiente sano. La magnitud y persistencia de estos daos requieren respuestas legales, tcnicas y sociales integrales para revertir y mitigar sus efectos en el territorio amaznico (Acosta & Martnez, 2018).
Visin integral de la minera ilegal: factores econmicos, sociales, culturales y geopolticos.
La problemtica de la minera ilegal en las provincias de Sucumbos y Orellana no puede ser comprendida ni abordada adecuadamente desde una nica perspectiva ambiental, sino que requiere una visin integral que abarque las dimensiones econmicas, sociales, culturales y geopolticas que entrelazan y amplifican sus efectos, desde el punto de vista econmico, la minera ilegal acta como un fenmeno multifactico. Por un lado, representa una fuente inmediata de ingresos para poblaciones locales en situacin de vulnerabilidad, muchas veces en contextos de pobreza estructural, desempleo y ausencia de alternativas econmicas formales. La actividad minera informal brinda oportunidades de trabajo aunque precario y sin garantas laborales lo que explica su arraigo en ciertas comunidades (Cepeda, 2020). Sin embargo, esta economa paralela genera distorsiones en los mercados locales, fomenta la informalidad y la evasin fiscal, y crea redes ilcitas que involucran el contrabando de minerales, el lavado de activos y la corrupcin de funcionarios pblicos. Estos factores erosionan la gobernabilidad y la estabilidad econmica regional, dificultando la implementacin de polticas pblicas efectivas (MAATE, 2022).
En el plano social, la minera ilegal contribuye a la fragmentacin comunitaria y al deterioro del tejido social. Las comunidades enfrentan conflictos internos entre quienes se benefician de la extraccin y quienes defienden la conservacin del territorio. Se documentan casos de violencia, desplazamiento forzado y aumento de problemticas sociales como la trata de personas, el consumo de sustancias y la delincuencia organizada (DPE, 2022). Particularmente, mujeres, nias y jvenes se ven afectados de manera desproporcionada, al ser vulnerables a abusos y explotacin en contextos de alta precariedad. Adems, la llegada masiva de migrantes atrados por la minera genera tensiones demogrficas y culturales (UNODC, 2021).
La dimensin cultural es central para entender las implicaciones profundas de la minera ilegal en territorios habitados por pueblos indgenas y comunidades originarias. Estas comunidades poseen una cosmovisin y formas de vida estrechamente vinculadas a la naturaleza, la tierra y el agua, que son esenciales para su identidad, espiritualidad y sobrevivencia (Acosta & Martnez, 2018). La destruccin de los ecosistemas, la contaminacin de fuentes hdricas y la alteracin del territorio ancestral afectan no solo sus medios de subsistencia tradicionales como la agricultura, la caza y la pesca sino tambin sus derechos colectivos y culturales consagrados en la Constitucin ecuatoriana y en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. La imposicin de actividades extractivas externas puede ocasionar procesos de aculturacin, prdida de saberes ancestrales y desarraigo social (Escobar, 2020).
Desde la perspectiva geopoltica, la minera ilegal en la Amazona ecuatoriana se inserta en dinmicas complejas que involucran actores transnacionales y regionales. La proximidad a las fronteras con Colombia y Per facilita la circulacin transfronteriza de minerales, capitales y personas, incluyendo grupos criminales organizados que aprovechan la debilidad institucional en zonas remotas para consolidar su control (lvarez, 2023). Este escenario desafa la soberana nacional y plantea problemas de seguridad, gobernanza y cooperacin internacional. La insuficiente presencia del Estado en territorios dispersos y de difcil acceso contribuye a la proliferacin de redes ilcitas y a la falta de control efectivo (UNODC, 2021).
En consecuencia, abordar la minera ilegal desde una visin integral implica superar enfoques fragmentados y aislados. Requiere el diseo y la implementacin de polticas pblicas multidimensionales que contemplen la generacin de alternativas econmicas sostenibles y legales, el fortalecimiento del tejido social y cultural de las comunidades, la proteccin efectiva de los derechos colectivos y ambientales, y la cooperacin interinstitucional y transfronteriza para garantizar la seguridad y la gobernabilidad territorial (Snchez & Len, 2021). Solo as ser posible enfrentar de manera efectiva los retos que la minera ilegal impone a la Amazona ecuatoriana y avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete la diversidad, la justicia y la sostenibilidad.
Afectaciones sociales y culturales
Las repercusiones de la minera ilegal en la regin amaznica ecuatoriana van mucho ms all del dao ambiental visible: se manifiestan con fuerza en las estructuras sociales, en los valores culturales y en la cohesin comunitaria de los pueblos que habitan este territorio. La expansin desregulada de actividades extractivas ilegales ha generado una transformacin profunda en las formas de vida de las comunidades rurales e indgenas, reemplazando economas tradicionales por dinmicas impuestas desde lgicas extractivistas, patriarcales y violentas.
En este contexto, las redes criminales que controlan la minera ilegal no solo actan como agentes econmicos, sino que instauran regmenes de gobernanza de facto basados en el miedo, la cooptacin y la violencia. Estas estructuras socavan la legitimidad del Estado, reemplazan sus funciones esenciales y distorsionan las relaciones comunitarias a travs del clientelismo, la extorsin y la fragmentacin del tejido social. Como lo advierte la Fundacin InSight Crime (2023), estas organizaciones logran establecer economas paralelas que se sostienen mediante el trabajo forzoso, el pago por proteccin, el trfico de personas y el uso de menores en labores de extraccin o como mensajeros y vigilantes en campamentos ilegales.
La presencia de minera ilegal genera una ruptura radical del equilibrio sociocultural. Las prcticas agrcolas, el comercio justo, el ecoturismo y otras formas de sustento tradicional se ven desplazadas por una economa extractiva centrada en el lucro inmediato, sin planificacin ni sostenibilidad. Esta situacin afecta no solo la seguridad alimentaria, sino tambin el sentido de identidad y pertenencia cultural de las comunidades, cuyo vnculo con la tierra y los recursos naturales es profundamente espiritual y colectivo (Acosta, 2012). Asimismo, se introducen patrones de consumo ajenos a la lgica comunitaria, generando tensiones intergeneracionales y debilitamiento de las formas tradicionales de organizacin.
A nivel comunitario, esta dinmica se traduce en la prdida de liderazgo legtimo, en el aumento de la violencia de gnero, en la intensificacin del alcoholismo y las adicciones, as como en el deterioro de los sistemas educativos y sanitarios. Las mujeres y nias son particularmente vulnerables, enfrentando riesgos asociados a la trata, la violencia sexual y la carga desigual del trabajo de cuidados en contextos de crisis. Las juventudes, por su parte, se enfrentan a la frustracin y a la falta de oportunidades reales, lo que los expone a la cooptacin por parte de redes delictivas, reforzando as el ciclo de exclusin y violencia.
Por otra parte, el debilitamiento de la institucionalidad estatal en estas regiones producto de la corrupcin, la inaccin o la complicidad con intereses econmicos ilegales impide la aplicacin efectiva de los derechos colectivos, reconocidos en la Constitucin del Ecuador de 2008. El principio del Sumak Kawsay, que plantea una convivencia armnica entre los seres humanos y la naturaleza, es vulnerado sistemticamente por una lgica extractivista que mercantiliza el territorio y desconoce la autonoma de los pueblos originarios.
Frente a este escenario, es urgente desarrollar polticas pblicas orientadas a la reparacin cultural y la revitalizacin del tejido social. Esto requiere no solo fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, sino sobre todo devolver la voz y el protagonismo a las comunidades afectadas. Es necesario consolidar estructuras de gobernanza territorial que sean legtimas, participativas y culturalmente pertinentes, capaces de articular procesos de justicia restaurativa, proteccin colectiva y fortalecimiento del patrimonio inmaterial de los pueblos amaznicos.
Solo a travs de un enfoque integral que combine justicia social, justicia ambiental y justicia intercultural ser posible enfrentar los retos estructurales que plantea la minera ilegal. La reconstruccin del tejido social debe convertirse en el eje central de cualquier estrategia de intervencin, reconociendo a las comunidades no como vctimas pasivas, sino como sujetos de derechos, guardianes del territorio y actores imprescindibles para la construccin de un modelo de desarrollo equitativo, diverso y sustentable.
Dimensin econmica de la minera ilegal
El crecimiento descontrolado de la minera ilegal en la Amazona ecuatoriana constituye una seria amenaza no solo para la integridad ecolgica y social del territorio, sino tambin para el desarrollo econmico sostenible a nivel local, regional y nacional. Este fenmeno ha dado lugar a un sistema econmico paralelo, informal e ilcito, que distorsiona los principios bsicos de una economa funcional y democrtica al favorecer la concentracin de riqueza en manos de actores criminales y al generar profundos desequilibrios territoriales.
La minera ilegal, al operar fuera del marco jurdico y tributario, evade impuestos, no aporta al presupuesto estatal ni cumple con obligaciones laborales, ambientales o sociales. En consecuencia, mientras genera altos ingresos inmediatos para ciertos sectores o actores, estos recursos no se traducen en inversin pblica ni en beneficios colectivos para las comunidades, perpetuando as un modelo de acumulacin excluyente. Segn la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2024), este tipo de minera representa una de las fuentes de financiamiento ms lucrativas para el crimen organizado en Amrica Latina, superando incluso a algunas modalidades del narcotrfico en ciertas regiones.
A nivel local, esta actividad destruye sectores econmicos sostenibles como la agricultura, la pesca artesanal, el turismo comunitario y los emprendimientos productivos basados en el respeto al entorno natural. La contaminacin de ros con mercurio, la deforestacin y el deterioro de los suelos afectan directamente la productividad y la seguridad alimentaria de las comunidades. Esta dinmica erosiona las capacidades locales de autogestin, rompe los circuitos de economa solidaria y profundiza la dependencia de actividades extractivas de alto impacto, que son voltiles, inestables y carentes de planificacin (Acosta, 2012).
Desde una perspectiva macroeconmica, la expansin de este sector informal alimenta un entorno de inestabilidad, desincentiva la inversin extranjera responsable y debilita la competitividad de los territorios amaznicos. La corrupcin sistmica asociada a la minera ilegal impone costos elevados al funcionamiento institucional, afecta la seguridad jurdica y obstaculiza procesos de desarrollo integral. Las dinmicas de soborno, extorsin y captura de funcionarios pblicos reproducen un escenario de impunidad estructural que, lejos de erradicarse, se fortalece mediante la connivencia de actores estatales y privados (InSight Crime, 2023).
Al mismo tiempo, la minera ilegal acenta la fragmentacin social en los territorios. Las comunidades tienden a dividirse entre quienes se benefician econmicamente aunque sea de forma temporal y riesgosa y quienes sufren las consecuencias ecolgicas y sociales. Esta polarizacin genera conflictos internos, deteriora las relaciones comunitarias y debilita la accin colectiva, impidiendo que emerjan propuestas de desarrollo sustentable con base comunitaria. En muchos casos, la falta de oportunidades laborales dignas obliga a los jvenes a incorporarse en esta economa ilcita, exponindolos a situaciones de riesgo, violencia y criminalizacin.
Frente a esta compleja realidad, se hace urgente replantear los modelos de desarrollo aplicados en la Amazona y priorizar una visin territorial que fortalezca el tejido econmico local desde una lgica de derechos y sostenibilidad. Esto implica disear polticas pblicas que promuevan la diversificacin productiva, fomenten alternativas econmicas basadas en el conocimiento ancestral, la bioeconoma y la soberana alimentaria, y que reconozcan a las comunidades amaznicas como protagonistas activos del desarrollo.
Asimismo, se requiere reforzar los mecanismos de fiscalizacin econmica y control financiero para rastrear los flujos ilegales asociados a la comercializacin de oro extrado ilcitamente. La trazabilidad, la transparencia y la rendicin de cuentas deben convertirse en pilares de una poltica econmica orientada al bienestar colectivo y al respeto del patrimonio natural. Solo as ser posible romper el ciclo de pobreza, violencia y extractivismo que actualmente domina en vastas zonas de la Amazona ecuatoriana.
Insuficiencia y desafos del marco normativo
Pese a que Ecuador cuenta con un marco legal avanzado que reconoce los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa, libre e informada, y establece sanciones contra la minera ilegal, en la prctica persisten graves falencias estructurales que obstaculizan su aplicacin efectiva (Acosta & Martnez, 2018). La situacin se asemeja a un barco bien diseado, pero con tripulacin descoordinada y herramientas rotas: aunque las normas existen, su ejecucin se ve limitada por la falta de coordinacin interinstitucional, la corrupcin a distintos niveles del Estado y la escasa presencia institucional en zonas fronterizas como Orellana y Sucumbos (Defensora del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
A estos factores se suman la carencia de personal tcnico capacitado, la insuficiencia de recursos logsticos para realizar controles ambientales eficaces y una voluntad poltica muchas veces condicionada por intereses econmicos y extractivistas. Como resultado, el marco legal se aplica de manera parcial, fragmentada o incluso selectiva, generando una justicia ambiental dbil, en la que los procesos judiciales se dilatan y rara vez se consolidan como precedentes jurdicos fuertes (Villavicencio, 2021).
Un avance significativo en esta materia fue la sentencia 273-19-JP/22 de la Corte Constitucional, que declar la vulneracin de los derechos colectivos de la comunidad Ai Cofn de Sinangoe, incluyendo el derecho a la consulta previa y los derechos de la naturaleza. Esta decisin marc un hito en la jurisprudencia nacional al reforzar la constitucionalidad del consentimiento previo de las comunidades indgenas ante proyectos extractivos (Corte Constitucional del Ecuador, 2022). Sin embargo, su aplicacin en casos similares ha sido limitada, como si fuera una antorcha encendida en medio de una densa niebla: su luz existe, pero no logra penetrar el sistema en su conjunto, por la resistencia de actores econmicos y polticos poderosos, y por la inercia de instituciones que an priorizan el desarrollo extractivo sobre la proteccin ambiental.
Adems, la lucha continua por la justicia ambiental en Ecuador revela la necesidad urgente de un enfoque de gobernanza ms slido e integrado, que vaya ms all del simple reconocimiento formal de derechos. La relacin entre comunidades locales e industrias extractivas refleja un desequilibrio sistmico, donde los intereses econmicos pesan ms que las garantas ambientales. Este desequilibrio perpeta la exclusin de las voces indgenas y vulnerables, muchas veces invisibilizadas por estructuras de poder centralizadas (Escobar, 2020).
La intensificacin de la minera impulsada por la demanda global de minerales estratgicos ha agravado estos conflictos, generando tensiones sociales cada vez ms evidentes en la cuenca amaznica (lvarez, 2023). En este contexto, replantear los mecanismos de implementacin y fiscalizacin ambiental se vuelve imprescindible. Fortalecer las iniciativas lideradas por comunidades y movimientos sociales de base puede compararse con nutrir las races de un rbol: desde abajo se puede dar estabilidad y vida a todo el sistema.
Estas iniciativas no solo cuestionan el statu quo extractivista, sino que tambin proponen prcticas sostenibles y centradas en la autodeterminacin territorial y cultural. Apostar por una gobernanza participativa y territorial abre paso a una distribucin ms equitativa del poder, fomentando una estructura social y ecolgica ms resiliente, democrtica y justa para el presente y futuro del pas (UNEP, 2021).
Visin integral: enfoque econmico, social, cultural y geopoltico
La minera ilegal no puede ser comprendida ni enfrentada de manera efectiva si se analiza nicamente desde una perspectiva ambiental o jurdica. Es imprescindible adoptar una visin holstica que abarque simultneamente los factores econmicos, sociales, culturales y geopolticos, ya que todos estos elementos estn profundamente interrelacionados en las dinmicas extractivas que se desarrollan en las provincias amaznicas de Orellana y Sucumbos (Snchez & Len, 2021).
Estas provincias son territorios estratgicos, no solo por su riqueza en biodiversidad y minerales, sino tambin por su ubicacin fronteriza con Colombia. Esta condicin geogrfica ha convertido la regin en un corredor para el trfico ilcito de maquinaria, combustibles, insumos qumicos y personas, facilitando la consolidacin de redes criminales y grupos armados. Estos actores aprovechan la debilidad institucional para imponer su control territorial, transformando el paisaje sociopoltico, erosionando la autoridad del Estado y generando espacios dominados por una economa paralela sustentada en la violencia, la explotacin y el despojo (lvarez, 2023; UNODC, 2021).
Desde la dimensin econmica, el abandono histrico del Estado ha generado un vaco estructural en el acceso a servicios bsicos y alternativas productivas sostenibles. Este vaco ha sido ocupado por economas ilegales que ofrecen ingresos rpidos a poblaciones empobrecidas, mientras destruyen los ecosistemas y refuerzan la dependencia de actividades ilcitas. En consecuencia, se reproduce un modelo de acumulacin excluyente, en el que las comunidades no acceden a los beneficios del desarrollo, sino que cargan con sus costos ambientales y sociales (Acosta & Martnez, 2018; MAATE, 2022).
Desde lo social, este modelo promueve la exclusin estructural, debilitando los vnculos comunitarios, generando conflictos internos y exponiendo a la poblacin especialmente a los jvenes a dinmicas de reclutamiento por parte de actores armados ilegales. El acceso limitado a servicios pblicos y la impunidad con la que operan estas redes generan un sentimiento de desproteccin y desesperanza, con impactos desproporcionados sobre mujeres, nios y nias (DPE, 2022; Cepeda, 2020).
En el mbito cultural, la minera ilegal representa una amenaza directa a las cosmovisiones y prcticas ancestrales de los pueblos indgenas. Las lgicas extractivistas no solo destruyen los territorios, sino tambin contaminan el tejido simblico y espiritual que vincula a estas comunidades con la selva. Se manifiestan as procesos de aculturacin y prdida de saberes tradicionales, incluyendo el debilitamiento de la lengua materna, la mercantilizacin de la tierra y la desaparicin de ritos sagrados (Escobar, 2020; Acosta & Martnez, 2018).
Desde una perspectiva geopoltica, la falta de presencia efectiva del Estado y la inexistencia de una poltica fronteriza integral han permitido que actores externos como empresas transnacionales, redes criminales y hasta intereses geoestratgicos influyan directamente en la configuracin del territorio amaznico ecuatoriano. Esta situacin compromete la soberana nacional y debilita los mecanismos de proteccin de los derechos colectivos y territoriales de los pueblos indgenas, quienes se ven atrapados en disputas ajenas a su control (UNEP, 2021; UNODC, 2021).
Ante este complejo panorama, es urgente repensar el rol del Estado y de la sociedad civil en la defensa del territorio. Se requieren polticas pblicas integrales que combinen prevencin, vigilancia, justicia ambiental y garanta de derechos desde un enfoque intercultural. Reconocer la diversidad de los pueblos amaznicos y su papel fundamental en la conservacin de los ecosistemas es clave. Solo mediante un enfoque que entienda la minera ilegal como un fenmeno multicausal e interconectado ser posible construir soluciones duraderas, justas y sostenibles (Snchez & Len, 2021; Escobar, 2020).
Criminalidad organizada y minera ilegal
La minera ilegal en la regin amaznica ecuatoriana no opera como una actividad aislada ni marginal, sino como parte de un entramado delictivo altamente estructurado y articulado con redes de crimen organizado transnacional. Esta convergencia representa una amenaza directa a la seguridad nacional, a la soberana territorial y a los derechos fundamentales de las poblaciones locales, especialmente en las provincias de Orellana y Sucumbos, donde la dbil presencia del Estado ha facilitado la consolidacin de formas alternativas y violentas de gobernanza territorial.
Diversos informes de inteligencia, investigaciones periodsticas y anlisis acadmicos han documentado el control ejercido por organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y los Comandos de la Frontera sobre zonas estratgicas de extraccin minera (InSight Crime, 2023; El Universo, 2024). Estas estructuras criminales no solo explotan el oro ilegalmente, sino que tambin operan como facilitadores logsticos de otras actividades ilcitas, como el narcotrfico, el trfico de armas y la trata de personas. Utilizan insumos qumicos prohibidos, como el mercurio importado clandestinamente desde Colombia o Brasil, y blanquean las ganancias mediante empresas fachada o negocios informales, imposibilitando su rastreo por parte de las autoridades fiscales (UNODC, 2024).
La regin del ro Putumayo, as como reas cercanas al Alto Punino, se ha transformado en un corredor estratgico para la circulacin de oro, droga y armamento. Esta articulacin entre minera ilegal y crimen organizado ha generado una economa criminal integrada, donde los distintos delitos se retroalimentan y fortalecen mutuamente, dando lugar a un fenmeno de gobernanza criminal de facto (InSight Crime, 2023). En estas zonas, las normas las dictan las redes ilcitas, desplazando la autoridad del Estado y sometiendo a las comunidades a esquemas de violencia sistemtica.
El impacto humano es devastador. Las poblaciones indgenas y campesinas enfrentan constantes amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados y prdida del control sobre sus territorios ancestrales. Las mujeres, nias y adolescentes son especialmente vulnerables a la trata con fines de explotacin sexual, mientras que los jvenes son reclutados por las organizaciones criminales ante la ausencia de alternativas productivas dignas. Estos factores configuran una situacin de violencia estructural que afecta los derechos colectivos, el tejido comunitario y la reproduccin de la vida.
Eventos como la masacre del 9 de mayo de 2025, donde fueron asesinados 11 militares en Alto Punino durante un operativo contra la minera ilegal, evidencian el alto grado de militarizacin y resistencia armada que enfrenta el Estado en su intento por recuperar el control de estos territorios (Primicias, 2025). Esta violencia no es casual, sino producto de la consolidacin de una arquitectura criminal que combina coercin armada, poder econmico y cooptacin institucional.
Desde un punto de vista institucional, la infiltracin del crimen organizado en organismos pblicos, fuerzas del orden y sistemas judiciales erosiona gravemente la legitimidad democrtica. La corrupcin, la impunidad y la falta de coordinacin interinstitucional impiden respuestas eficaces y sostenibles. La ausencia de una poltica integral de seguridad ambiental y de proteccin territorial ha facilitado que estas organizaciones operen con impunidad, socavando la gobernabilidad y minando la confianza ciudadana (Villavicencio, 2021).
Frente a este escenario, resulta imprescindible superar los enfoques meramente punitivos. Se requiere una estrategia integral que combine medidas de seguridad con polticas sociales, econmicas y culturales que fortalezcan las capacidades comunitarias, promuevan la justicia restaurativa y garanticen los derechos colectivos. Solo mediante la articulacin entre el Estado, las organizaciones sociales y los pueblos originarios ser posible frenar el avance de estas estructuras criminales y recuperar la soberana sobre los territorios amaznicos.
Participacin de las comunidades y resistencia territorial
La minera ilegal en la regin amaznica del Ecuador no puede ser analizada como una simple actividad extractiva, sino como una manifestacin de un sistema de violencia estructural que opera en complicidad con redes transnacionales de criminalidad organizada. Esta forma de extractivismo ilegal se sustenta en la fragilidad institucional del Estado, el abandono histrico de las comunidades fronterizas y la alta rentabilidad del oro en mercados globales. Como resultado, las provincias amaznicas de Orellana y Sucumbos se han convertido en epicentros de disputas territoriales, despojo y consolidacin de soberanas paralelas impuestas por actores armados ilegales (InSight Crime, 2023; UNODC, 2024).
Diversos estudios e informes oficiales han sealado cmo organizaciones como Los Choneros, Los Lobos y los Comandos de la Frontera ejercen control armado y econmico sobre territorios mineros estratgicos, estableciendo estructuras coercitivas de gobierno local. Estas organizaciones imponen reglas, explotan recursos, controlan rutas fluviales y terrestres, extorsionan a la poblacin y corrompen funcionarios pblicos, judiciales y policiales, constituyendo una gobernanza criminal de facto (UNODC, 2024). Adems, utilizan el oro como mecanismo de lavado de activos y financiamiento de otras actividades ilcitas, lo que ha convertido al extractivismo ilegal en una parte integral de la economa criminal regional.
El impacto de este fenmeno sobre las comunidades locales es devastador y multidimensional. Las poblaciones indgenas y campesinas son desplazadas de sus territorios ancestrales, pierden sus medios de subsistencia y enfrentan un clima permanente de violencia, represin y miedo. El tejido social comunitario se ve afectado por la fragmentacin, el silencio forzado y la ruptura del liderazgo tradicional. Las mujeres y nias son particularmente vulnerables a redes de trata y explotacin sexual, mientras que los jvenes son cooptados por grupos armados o sometidos a trabajos forzados en campamentos mineros ilegales, donde la vida carece de garantas mnimas de dignidad.
La masacre ocurrida en mayo de 2025 en Alto Punino, donde murieron 11 militares durante un fallido operativo contra la minera ilegal, demuestra el alto grado de militarizacin, violencia y control territorial que ostentan estas redes criminales. Lejos de ser un evento aislado, este hecho confirma la presencia consolidada de estructuras delictivas con capacidad armada y logstica para enfrentar al Estado (Primicias, 2025).
Desde un enfoque institucional, la ausencia del Estado ha permitido que estas organizaciones criminales ocupen el vaco de poder y definan las reglas de convivencia en zonas enteras de la Amazona ecuatoriana. Esta prdida de control estatal no solo pone en riesgo la soberana nacional, sino que socava las bases democrticas al permitir la cooptacin de instituciones locales y la manipulacin de procesos polticos por parte de intereses ilegales (Villavicencio, 2021). La minera ilegal, en este contexto, se convierte en un instrumento de dominacin y control territorial que profundiza la desigualdad, vulnera derechos colectivos y erosiona la confianza ciudadana en la institucionalidad.
Frente a esta complejidad, las respuestas estatales enfocadas exclusivamente en el uso de la fuerza han resultado insuficientes y, en ocasiones, contraproducentes. La criminalizacin de los territorios y la militarizacin de los conflictos sin estrategias estructurales de inclusin y reparacin solo agravan la violencia y profundizan la exclusin. Por tanto, es indispensable adoptar un enfoque multidimensional que incluya mecanismos de proteccin comunitaria, justicia restaurativa, educacin intercultural, acceso a servicios bsicos y generacin de alternativas econmicas sostenibles.
Adems, la participacin activa de las comunidades es clave para enfrentar este fenmeno. Las organizaciones indgenas, campesinas y ambientales han demostrado una capacidad notable de resistencia territorial, mediante acciones de defensa de derechos colectivos, denuncias internacionales y procesos de autogobierno. Reconocer y fortalecer estas formas de organizacin es fundamental para restablecer el tejido social y avanzar hacia un modelo de desarrollo que priorice la justicia ambiental, la equidad econmica y el respeto a la diversidad cultural.
Propuestas y alternativas sostenibles
Frente al crecimiento descontrolado de la minera ilegal y sus consecuencias devastadoras sobre el tejido social, la institucionalidad democrtica y los ecosistemas amaznicos, se vuelve urgente el diseo e implementacin de estrategias integrales, sostenidas y contextualizadas. Estas estrategias no deben limitarse a respuestas tecnocrticas o represivas, sino constituirse como verdaderos mecanismos de reparacin histrica, justicia ambiental y empoderamiento territorial. Las soluciones deben construirse desde un enfoque intercultural y de derechos humanos, reconociendo el papel fundamental de los pueblos indgenas y campesinos como actores activos en la defensa del territorio y del patrimonio natural del pas (Acosta & Martnez, 2018; Escobar, 2020).
En este marco, se proponen las siguientes lneas estratgicas:
1. Fortalecimiento de la gobernanza ambiental comunitaria
La construccin de modelos alternativos de gobernanza debe partir del reconocimiento del saber ancestral, la autodeterminacin de los pueblos y el ejercicio colectivo de los derechos territoriales. Esto implica garantizar el respeto a las estructuras organizativas tradicionales, promover el autogobierno indgena y establecer mecanismos legales vinculantes que reconozcan a las comunidades como sujetos activos en la gestin ambiental. La gobernanza ambiental con enfoque comunitario y plurinacional ha demostrado ser una herramienta eficaz para el manejo sostenible de los recursos naturales y la conservacin de la biodiversidad (Gudynas, 2011; UNEP, 2021).
2. Inversin pblica sostenida en salud, educacin y alternativas econmicas
Las soluciones estructurales requieren que el Estado asuma una presencia activa y responsable en los territorios histricamente excluidos. Es urgente ampliar la cobertura y calidad de servicios bsicos, especialmente en salud intercultural, educacin bilinge y conectividad digital, e implementar proyectos econmicos sostenibles bajo principios del Sumak Kawsay o buen vivir. Iniciativas como el ecoturismo comunitario, la agroecologa, la apicultura, los bioemprendimientos y la reforestacin productiva pueden generar ingresos dignos y sostenibles, coherentes con las cosmovisiones locales (Villalba, 2013; MAATE, 2022).
3. Creacin de observatorios ciudadanos y ambientales
Para romper los crculos de impunidad y opacidad que rodean a las concesiones mineras y a las actividades ilegales, es imprescindible fomentar la participacin ciudadana en la fiscalizacin social. La creacin de observatorios territoriales autnomos, descentralizados y con respaldo tcnico permitira monitorear el cumplimiento de la legislacin ambiental, denunciar irregularidades y generar alertas tempranas sobre conflictos socioambientales. Estos espacios deben contar con herramientas tecnolgicas y respaldo legal para incidir en las decisiones estatales (Defensora del Pueblo del Ecuador [DPE], 2022).
4. Garanta del derecho a la consulta previa, libre e informada
A pesar de su reconocimiento constitucional y jurisprudencial, el derecho a la consulta previa contina siendo sistemticamente vulnerado. Este derecho no debe reducirse a un trmite administrativo, sino que debe aplicarse con carcter vinculante, culturalmente pertinente y respetando el consentimiento libre e informado de las comunidades. La sentencia 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional establece parmetros claros para su aplicacin, los cuales deben ser exigibles mediante mecanismos independientes y participativos (Corte Constitucional del Ecuador, 2021).
5. Fortalecimiento institucional y lucha contra redes ilegales
La erradicacin de la minera ilegal exige una institucionalidad fuerte, articulada y libre de corrupcin. Es necesario crear unidades fiscales y judiciales especializadas en delitos ambientales y crimen organizado, as como capacitar a agentes de control, jueces y defensores pblicos en normativa ambiental y derechos colectivos. La cooperacin internacional, especialmente en inteligencia financiera, rastreo del oro ilegal y control fronterizo, ser clave para desmantelar las estructuras criminales que sostienen la minera ilegal (UNODC, 2021).
6. Programas de reconversin laboral y transicin justa
Miles de personas participan en la minera ilegal como nico medio de subsistencia. Por ello, es indispensable implementar polticas de reconversin laboral que incluyan capacitacin tcnica, acceso a crditos productivos, formalizacin de emprendimientos y acompaamiento psicosocial. Estas medidas deben disearse con enfoque territorial, interseccional y de gnero, considerando las condiciones especficas de las poblaciones vulnerables. Solo as se podr romper el ciclo de dependencia econmica y ofrecer alternativas reales de vida digna (Snchez & Len, 2021; UNEP, 2021).
Estas acciones no deben ser impuestas verticalmente desde el centro del poder, sino co-construidas con las comunidades amaznicas a travs de procesos participativos, interculturales y deliberativos. Reconocer y fortalecer el rol de los pueblos indgenas como defensores del territorio y garantes del equilibrio ecolgico es condicin esencial para avanzar hacia un nuevo pacto social y ambiental. Las alternativas sostenibles no deben entenderse nicamente como soluciones tcnicas, sino como formas de justicia histrica y restitucin de derechos, que devuelvan la dignidad a los pueblos y restauren la armona con la naturaleza.
CONCLUSIONES
El presente anlisis demuestra que la minera ilegal en las provincias de Sucumbos y Orellana no es un fenmeno aislado, sino un problema estructural profundamente arraigado que afecta de manera simultnea al medio ambiente, a los derechos colectivos de las comunidades y a la estabilidad del Estado de derecho en el Ecuador. Esta actividad, que se expande en territorios histricamente marginados, ha generado graves impactos sociales, culturales, econmicos y ecolgicos, poniendo en riesgo la vida de las comunidades locales, la biodiversidad amaznica y la soberana nacional.
Pese a que el marco normativo ecuatoriano reconoce principios avanzados como los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta previa y la proteccin del territorio ancestral, su aplicacin sigue siendo dbil e insuficiente. Las instituciones encargadas de hacer cumplir estas normas enfrentan mltiples obstculos: corrupcin, falta de coordinacin, escasez de recursos y, sobre todo, una presencia limitada del Estado en zonas fronterizas. Esto ha permitido que redes de crimen organizado se consoliden en estos territorios, ejerciendo control social, econmico y poltico mediante el uso de la violencia y la ilegalidad.
Las comunidades afectadas no han permanecido pasivas. En varios casos han liderado procesos de resistencia territorial y defensa de sus derechos, a pesar de enfrentar amenazas constantes. Sin embargo, estos esfuerzos necesitan del respaldo efectivo del Estado y de polticas pblicas que prioricen su proteccin, su autodeterminacin y su desarrollo integral.
Por tanto, enfrentar la minera ilegal exige un enfoque integral y multisectorial. No basta con acciones punitivas o discursos de legalidad. Es necesario fortalecer la institucionalidad democrtica, garantizar la justicia ambiental, promover alternativas econmicas sostenibles y reconocer el papel fundamental de las comunidades amaznicas como defensoras legtimas del territorio. Solo as ser posible construir un modelo de desarrollo justo, equitativo y respetuoso de la vida, la cultura y la naturaleza.
Referencias
- Acosta, A. (2012). El Buen Vivir: Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos. Abya Yala.
- Constitucin de la Repblica del Ecuador. (2008). Registro Oficial Suplemento 449. Asamblea Nacional del Ecuador. https://www.asambleanacional.gob.ec
- Corte Constitucional del Ecuador. (2021). Sentencia No. 1149-19-JP/21: Caso Pueblo Shuar Arutam. https://www.corteconstitucional.gob.ec
- El Universo. (2024, marzo 8). Minera ilegal y crimen organizado en la Amazona ecuatoriana. https://www.eluniverso.com
- Fundacin InSight Crime. (2023). Economas criminales en Amrica Latina: el caso del oro ilegal. https://insightcrime.org
- Fundacin InSight Crime. (2023). El oro ilegal en Amrica Latina: minera, violencia y redes de poder. https://insightcrime.org
- Gudynas, E. (2011). Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo. Amrica Latina en Movimiento, (462). https://www.alainet.org
- Ministerio del Ambiente, Agua y Transicin Ecolgica del Ecuador. (2022). Informe tcnico sobre impactos econmicos de la minera ilegal en ecosistemas sensibles de la Amazona ecuatoriana.
- Naciones Unidas - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre crimen organizado y actividades extractivas ilcitas en Amrica del Sur. https://www.unodc.org
- Naciones Unidas - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Oro ilegal, crimen organizado y corrupcin en Sudamrica. https://www.unodc.org
- Primicias. (2025, febrero 14). Masacre en Alto Punino: asesinato de 11 militares durante operativo antiminero. https://www.primicias.ec.
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