����������������������������������������������������������������������������������

 

 

Responsabilidad estatal y desapariciones forzadas: an�lisis jur�dico del caso Ordenes Guerra y otros vs Chile

 

State responsibility and enforced disappearances: legal analysis of the Ordenes Guerra et al. vs. Chile case

 

Responsabilidade do Estado e desaparecimentos for�ados: an�lise jur�dica do caso Ordenes Guerra e outros vs. Chile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: imurillo2@indoamerica.edu.ec

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 12 de agosto de 2025 *Aceptado: 01 de septiembre de 2025 * Publicado: �03 de octubre de 2025

 

       I.          Estudiante de la Universidad Indoam�rica, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas carrera de Derecho; Ambato � Ecuador.

     II.          Abogada de los Tribunales de Justicia de la Rep�blica del Ecuador, Magister en Derecho Constitucional, Magister en Derecho Laboral y Seguridad Social, Docente Titular de la Universidad Indoam�rica Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Pol�ticas carrera de Derecho; Ambato � Ecuador.

 

Resumen

Los derechos pueden verse vulnerados por acciones u omisiones, donde se bien una de las principales obligaciones de los Estados es su resguardo y garant�a, este puede afectarlos a trav�s de su servidores o funcionarios, siendo que ante ejercicios de represi�n ha incurrido en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. En tanto en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se pretende el reconocimiento de derechos afectados no precautelados a nivel interno de las naciones, por lo que el presente estudio tiene como objetivo analizar la responsabilidad del Estado a derechos como la vida, integridad personal y libertad con soporte en el caso "�rdenes Guerra y otros vs. Chile", y los est�ndares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su aplicaci�n en los sistemas jur�dicos de los Estados parte. La investigaci�n plantea en tanto, una revisi�n documental - legal, con el empleo de un enfoque metodol�gico cualitativo y la aplicaci�n de m�todos como el anal�tico � sint�tico y el descriptivo, siendo que estos fueron conducentes a definir que la inacci�n estatal perpet�a la impunidad, afectando v�ctimas directas e indirectas. As� tambi�n dejando en evidencia las obligaciones estatales de investigar (completa, imparcial y efectiva), juzgar y reparar los derechos vulnerados, fortaleciendo los mecanismos internos de protecci�n, armonizar legislaciones nacionales con el derecho internacional y fomentar una memoria hist�rica junto a garant�as de no repetici�n.

Palabras Clave: Desapariciones forzadas; ejecuciones extrajudiciales; reparaci�n integral; responsabilidad estatal.

 

Abstract

Rights can be violated through actions or omissions. While one of the States' primary obligations is to protect and guarantee them, this can affect them through their officials or civil servants. Exercises of repression have led to forced disappearances and extrajudicial executions. While the Inter-American Human Rights System seeks to recognize affected rights that are not safeguarded at the internal level of nations, this study therefore aims to analyze the State's responsibility for rights such as life, personal integrity, and liberty, based on the case "Ordenes Guerra et al. vs. Chile" and the international standards established by the Inter-American Court of Human Rights and their application in the legal systems of the States Parties. The research proposes a documentary-legal review, employing a qualitative methodological approach and applying methods such as analytical-synthetic and descriptive, which led to the definition that state inaction perpetuates impunity, affecting direct and indirect victims. It also highlights the state's obligations to investigate (completely, impartially and effectively), prosecute and redress violated rights, strengthening internal protection mechanisms, harmonizing national legislation with international law and promoting historical memory along with guarantees of non-repetition.

Keywords: Forced disappearances; extrajudicial executions; comprehensive reparation; state responsibility.

 

Resumo

Os direitos podem ser violados atrav�s de a��es ou omiss�es. Embora uma das principais obriga��es dos Estados seja proteg�-los e garanti-los, isso pode afet�-los atrav�s dos seus funcion�rios ou servidores p�blicos. Os exerc�cios de repress�o levaram a desaparecimentos for�ados e a execu��es extrajudiciais. Embora o Sistema Interamericano de Direitos Humanos procure reconhecer direitos afetados que n�o s�o salvaguardados no �mbito interno das na��es, este estudo visa, assim, analisar a responsabilidade do Estado por direitos como a vida, a integridade pessoal e a liberdade, com base no caso "Ordens Guerra e outros vs. Chile" e nos padr�es internacionais estabelecidos pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos e a sua aplica��o nos sistemas jur�dicos dos Estados Partes. A investiga��o prop�e uma revis�o jur�dico-documental, empregando uma abordagem metodol�gica qualitativa e aplicando m�todos como o anal�tico-sint�tico e o descritivo, o que levou � defini��o de que a ina��o estatal perpetua a impunidade, afetando as v�timas diretas e indiretas. Real�a ainda as obriga��es do Estado de investigar (de forma completa, imparcial e eficaz), processar e reparar os direitos violados, fortalecendo os mecanismos internos de prote��o, harmonizando a legisla��o nacional com o direito internacional e promovendo a mem�ria hist�rica, a par das garantias de n�o repeti��o.

Palavras-chave: Desaparecimentos for�ados; execu��es extrajudiciais; repara��o integral; responsabilidade do Estado.

 

Introducci�n

Los derechos implican ser aquellas atribuciones propias de un titular, planteando principios para su aplicaci�n como el de exigibilidad o justiciabilidad una vez que son reconocidos en el marco del ordenamiento jur�dico de un Estado. M�s sin embargo existen numerosos casos que han llegado a conocimiento de sistemas supranacionales de protecci�n de derechos por graves violaciones a los mismos a nivel nacional de los Estados parte, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales (Modolell Gonz�lez, 2012).

Es as� que de manera inicial se pretender� abordar cual es la naturaleza jur�dica de la desaparici�n forzada de personas y la ejecuci�n extrajudicial a fin de evidenciar que elementos se atribuyen a cada una de estas infracciones penales y las consideraciones por las cuales se han determinado como un punto de enfoque en el derecho internacional esto seg�n la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2017).

En este contexto, la presente investigaci�n puntualizar� el marco legal internacional de protecci�n de derechos como son la vida, integridad personal y libertad en el tejido de la desaparici�n forzada de personas y la ejecuci�n extrajudicial, a m�s de los mecanismos judiciales y administrativos para proteger a las v�ctimas tanto directas como indirectas y en los casos como el expuesto la memoria hist�rica y la necesidad de un reconocimiento p�blico de las violaciones de derechos humanos, como parte del proceso de reparaci�n (Gattini-Zenteno, 2019).

Es as� como es imperioso explorar los sistemas jurisdiccionales y las v�as en sede nacional y supranacional para la protecci�n de derechos, partiendo del acceso a la justicia inicialmente en el propio Estado donde se han suscitado los hechos, y posteriormente el rol de los organismos internacionales una vez que se produce el agotamiento de recursos internos. Activaci�n del Sistema Interamericano en el �mbito regional, que pretende impedir la impunidad ante vulneraciones de derechos a las v�ctimas, haci�ndolas extensivas a terceros como sus familiares (CIDH, 2018).

Con ello se revisar�n los est�ndares establecidos por la CIDH en cuanto a la obligaci�n de investigar, enjuiciar, sancionar a los responsables de dichas violaciones y reparar, a las v�ctimas; y la adopci�n de reformas estructurales que aseguren que estos delitos no vuelvan a ocurrir (Sferrazza Taibi, 2019).

El an�lisis tomar� como referencia el caso ��rdenes Guerra y otros vs. Chile� (CIDH, 2018), resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evalu� la responsabilidad del Estado chileno en la denegaci�n de justicia y la falta de reparaci�n a las v�ctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura militar. Este an�lisis permitir� destacar los desaf�os que persisten en el acceso a la justicia y la garant�a de derechos fundamentales frente a contextos de represi�n estatal (Gattini-Zenteno, 2019).

Con lo que, es importante resaltar el campo de acci�n del Sistema interamericano de Derechos Humanos en el contexto de los casos abordados por este sistema, as� como los mecanismos disponibles para garantizar la reparaci�n integral de las v�ctimas y sus familiares. La investigaci�n examinar� aspectos como la prescripci�n de los delitos y los recursos judiciales disponibles, con el objetivo de identificar posibles barreras que dificulten el acceso a la justicia y proponer recomendaciones basadas en los est�ndares internacionales.

Con lo cual es relevante efectuar esta interpretaci�n del sentido y alcance de los est�ndares internacionales en materia de derechos humanos, considerando las obligaciones asumidas por los Estados y por tanto este estudio no solo abordar� el marco legal internacional, sino a su vez incluir� un punto de vista comparado con la experiencia de algunos pa�ses, y los mecanismos que de ser el caso se hayan implementado para esclarecer los hechos en distintos casos de vulneraci�n de derechos y su enfoque en la reparaci�n integral.

Es as� que, a trav�s de una perspectiva de derecho comparado, se examinar�n las fortalezas y debilidades de los modelos de justicia transicional, con el objetivo de identificar estrategias que permitan mejorar la respuesta institucional a nivel estatal ante la afectaci�n de los derechos puntualizados.

Con lo expuesto el objetivo del presente trabajo investigativo es verificar el rol de los organismos internacionales de protecci�n de derechos, en la figura del Sistema Interamericano para determinar la responsabilidad estatal ante desapariciones forzadas de personas y ejecuci�n extrajudicial, todo esto en soporte del an�lisis del caso ��rdenes Guerra y otros vs. Chile�. Por lo que se realizar� un estudio del marco jur�dico aplicable, la interpretaci�n jurisprudencial de la Corte Interamericana y la identificaci�n de principios y obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos.

 

Desarrollo

Naturaleza jur�dica de la desaparici�n forzada de personas y la ejecuci�n extrajudicial

Las desapariciones forzadas se pueden definir como un acto arbitrario por parte del Estado para privar a una persona de sus derechos de libertad y a la vida con la intenci�n de eliminar cualquier amenaza o conflicto potencial para el r�gimen.

Seg�n Sferrazza Taibi (2019):

Se contemplan como actos por medio de los cuales se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que �stas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que act�an en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorizaci�n o su asentimiento. (p�g. 135)

De esta definici�n se deduce que una persona puede ser detenida arbitrariamente bajo la alegaci�n de representar una amenaza para el gobierno, y que dicha privaci�n de libertad se caracteriza por la negativa estatal a revelar su paradero o reconocer su detenci�n, lo que deja a la v�ctima fuera de la protecci�n del Estado de derecho (ONU, 2006).

En el plano internacional, existen normas espec�ficas relativas a la desaparici�n forzada, tales como la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF), de alcance universal; la Convenci�n Interamericana sobre Desaparici�n Forzada de Personas (CIDFP); y la Declaraci�n sobre la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (DPPDF). Estos instrumentos ofrecen un marco normativo robusto que permite comprender la gravedad de este fen�meno (CIDH, 2017).

A partir de estas definiciones normativas, se entiende que la desaparici�n forzada implica el arresto, detenci�n, traslado o secuestro de una persona en contra de su voluntad por agentes estatales o con la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privaci�n o a informar sobre su paradero, lo que impide el uso de recursos legales eficaces para su protecci�n (Sferrazza, 2020).

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER-CPI) considera la desaparici�n forzada como un crimen de lesa humanidad. En este sentido, �se entender� la aprehensi�n, la detenci�n o el secuestro de personas por un Estado o una organizaci�n pol�tica, o con su autorizaci�n, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privaci�n de libertad o a dar informaci�n sobre el paradero de esas personas��(Ambos & Guerrero, 1999, p�g. 78). Adem�s, este crimen debe cometerse de manera prolongada y sin amparo legal (Corte Penal Internacional, 1998).

Por su parte, las ejecuciones extrajudiciales constituyen tambi�n una grave violaci�n a los derechos humanos, en las que el Estado priva arbitrariamente del derecho a la vida a una persona, sin un proceso legal o judicial que lo justifique. Al igual que en las desapariciones forzadas, estos actos suelen tener como objetivo silenciar a quienes representan una amenaza para el poder estatal (Aguilar, 2013).

Seg�n Henderson (2006), �una ejecuci�n extrajudicial se consuma ante la privaci�n arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, sin un proceso judicial o legal que lo disponga� (p�g. 285). Estos actos suelen ejecutarse con motivaciones pol�ticas, sociales o ideol�gicas, en contextos donde no se respetan los principios b�sicos del debido proceso.

A lo largo de la historia, las desapariciones forzadas han constituido violaciones sistem�ticas a los derechos humanos, muchas veces cometidas en el marco de pol�ticas de represi�n o dictaduras, y en la mayor�a de los casos han permanecido en la impunidad, negando a las v�ctimas y sus familias el derecho a la verdad, la justicia y la reparaci�n (Sferrazza, 2020).

Desde el punto de vista del derecho internacional, la desaparici�n forzada constituye una grave violaci�n de derechos humanos y, en ciertos contextos, un crimen de lesa humanidad. Su tipificaci�n internacional implica que estas conductas son imprescriptibles y que los Estados tienen la obligaci�n de prevenir, investigar, sancionar y reparar estos actos (Modolell Gonz�lez, 2012).

La desaparici�n forzada y la ejecuci�n extrajudicial deben analizarse desde una doble perspectiva: internacional y nacional. A nivel internacional, son consideradas violaciones graves a derechos fundamentales como la vida, libertad e integridad personal, reconocidos en instrumentos como la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma, que las consideran delitos internacionales imprescriptibles, no sujetos a amnist�as ni indultos (CIDH, 2018). En el �mbito interno, han sido reconocidas en constituciones nacionales y c�digos penales como delitos graves, lo que obliga a los Estados a actuar con diligencia en su prevenci�n y sanci�n.

 

Responsabilidad estatal en casos de desapariciones forzadas seg�n la Convenci�n Interamericana

En el marco de la suscripci�n y ratificaci�n de instrumentos internacionales, dan paso a la responsabilidad de los estados de efectuar adecuaciones normativas, para la concordancia entre la norma internacional con la local, y a su vez surgen el deber de, prevenci�n, protecci�n, investigaci�n y sanci�n de estos hechos il�citos, incluyendo la reparaci�n de las v�ctimas directas y de terceros como el caso de familiares, quienes tienen derecho de obtener informaci�n respecto a la desaparici�n, as� como la obtenci�n de las debidas reparaciones integrales (CIDH, 2021).

Conforme lo planteado con antelaci�n su naturaleza jur�dica es de �ndole penal desde dos �mbitos, como hecho il�cito internacional se concibe la responsabilidad internacional que genera el Estado, mientras que en un segundo campo consta la responsabilidad penal de las personas infractoras (ONU, 2006).

La Convenci�n Interamericana de derechos ha sido muy clara en cuanto a estas vulneraciones de derechos, ya que su m�xima prioridad es garantizar el cumplimiento de los derechos a los afectados y que sean reparados integralmente. Entre los derechos abordados que pueden figurar de manera conexa ante desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales consta el Derecho a la vida en su Art 4, el Derecho a la integridad Personal contemplado en el Art 5, y Derecho a la Libertad en el Art 7 (CIDH, 2018).

En lo que respecta a los compromisos estatales, una de las primordiales es el de prevenci�n, cada naci�n es competente de implementar medidas para evitar que ocurra ning�n tipo de desaparici�n forzada, dando posterior paso a otros elementos como protecci�n ante la vulneraci�n para cesar el acto il�cito y posteriores investigaci�n, sanci�n y reparaci�n. Incluyendo tambi�n la creaci�n de instituciones y leyes que amparen los derechos humanos de las v�ctimas. El Estado dentro de este contexto, tiene el deber de inspeccionar estos casos, al momento que ocurra una desaparici�n forzosa, el gobierno ser� el principal responsable de llevar a cabo una investigaci�n exhaustiva, diligente e imparcial para la garant�a de los derechos, de no ser as�, deber� ser sancionado por los organismos internacionales (Urruti, 2020).

En el caso de las ejecuciones extrajudiciales, el Estado tiene la obligaci�n de sancionar a los responsables de la privaci�n arbitraria de la vida de una persona o un grupo de personas respectivamente, previo una investigaci�n y de un debido proceso�(Gattini-Zenteno, 2019).

An�lisis casu�stico: �rdenes Guerra y otros Vs Chile Contexto Hist�rico e Intervenci�n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El caso Ordenes Guerra y otros vs. Chile se sit�a en el contexto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, que tuvo lugar desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Este r�gimen se caracteriz� por una represi�n sistem�tica contra los opositores pol�ticos, utilizando pr�cticas como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales (CIDH, 2018).

Siendo que las dos �ltimas referidas fueron empleadas con mayor recurrencia como herramientas de represi�n por las fuerzas de seguridad para eliminar cualquier tipo de oposici�n. Entre las v�ctimas estaban los familiares de los implicados en el caso Ordenes Guerra y otros vs. Chile, quienes fueron secuestrados, ejecutados sin juicio, y en algunos casos, sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familiares. Adem�s, el r�gimen implement� pol�ticas de ocultamiento y neg� la justicia, bloqueando las investigaciones sobre estos cr�menes y promoviendo leyes de amnist�a para proteger a los responsables (CIDH, 2018).

El golpe de Estado de 1973 derroc� al gobierno democr�tico de Salvador Allende e instaur� un r�gimen militar que disolvi� el congreso, prohibi� los partidos pol�ticos y suspendi� los derechos civiles y pol�ticos. Durante este periodo, miles de personas fueron perseguidas, detenidas y asesinadas, acusados de ser enemigos del Estado o de representar una amenaza para el r�gimen (Aguilar, 2013).

Tras el retorno a la democracia en 1990, el gobierno de Patricio Aylwin intent� abordar las violaciones a los derechos humanos a trav�s de la Comisi�n de la Verdad y Reconciliaci�n, el cual document� los casos de desapariciones, ejecuciones y torturas, identificando a 2279 v�ctimas. No obstante, las recomendaciones de la Comisi�n no se tradujeron en justicia completa a las v�ctimas debido a la persistencia de la Ley de Amnist�a de 1978 y reticencia de los tribunales a procesar a los responsables (Sferrazza, 2020).

Entre 1997 y 2001, los familiares de las victimas presentaron siete demandas civiles ante los tribunales de Chile, las que ten�an el objetivo de obtener una reparaci�n integral por el da�o moral causado por las desapariciones y ejecuciones, responsabilizando al Estado de Chile por los alegados cr�menes de lesa humanidad. Sin embargo, entre 1993 y 2003, los tribunales, incluyendo la Corte Suprema desestimaron las demandas bas�ndose en la prescripci�n de la acci�n en el �mbito civil, argumentando que el plazo para demandar hab�a comenzado en 1973 y hab�a expirado (CIDH, 2018).

Ante estos antecedentes el caso Ordenes Guerra y otros vs. Chile, en espec�fico es planteado por los familiares de las v�ctimas quienes, ante el pronunciamiento local de prescripci�n de la acci�n y agotamiento de recursos internos, Debido a la falta de un pronunciamiento satisfactorio del Estado Chileno, los familiares acudieron al sistema interamericano de derechos humanos, presentando un recurso ante la Comisi�n interamericana de Derechos Humanos en 2003 y 2004 (Benavides-Benalc�zar, 2019).

Adicionalmente el Estado chileno implement� programas de reparaci�n administrativa, como los establecidos en la ley 19.123 de 1992 y los de la ley 19.1980 de 2004, que ofrec�an pensiones y beneficios econ�micos a los familiares de las v�ctimas. No obstante, estos programas fueron considerados insuficientes, ya que no garantizaban justicia ni proporcionaban una reparaci�n integral efectiva que incluyera la verdad, la justicia y medidas de satisfacci�n. Luego de esto, lo interponen ante el sistema internacional, esto es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2017).

Dentro del sistema interamericano de Derechos Humanos existen dos �rganos con funciones complementarias, en primer nivel para la protecci�n de los derechos humanos consta la Comisi�n (en adelante CIDH), quien analiza de manera preliminar las peticiones, emite recomendaciones y busca acuerdos; de estos �ltimos de no ser alcanzados, da paso a la actuaci�n de la Corte en calidad de �rgano judicial, competente de emitir sentencias de car�cter vinculante para los Estados miembros (Henderson, 2006).

Siendo que en el caso objeto de estudio la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos encontr� que Chile hab�a violado los derechos a las garant�as jurisdiccionales y a la protecci�n judicial, establecidos en los articulo 8.1 y 25 de la Convenci�n Americana sobre los Derechos Humanos, en la aplicaci�n de la prescripci�n de los procedimientos civiles con cr�menes contra la lesa humanidad (Modolell Gonz�lez, 2012).

Con lo cual se dio paso a la actuaci�n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde los representantes legales de las victimas argumentaron que la aplicaci�n de los procesos civiles constituye una forma de revictimizaci�n, negando el acceso a la justicia y una adecuada indemnizaci�n por los da�os sufridos (Du Plessis & Pet�, 2007). Adem�s, enfatizaron que los cr�menes de lesa humanidad son de naturaleza tan grave que no deber�an estar sujetos a limitaciones temporales en la b�squeda de justicia o reparaci�n integral. Adicionalmente, informaron que las leyes y las pr�cticas del Estado chileno hab�an creado obst�culos legales y procesales que imped�an el acceso a recursos efectivos contrarios a sus obligaciones internacionales (Ambos & Guerrero, 1999).

Por su parte, el estado Chileno se allan� estrictamente al elemento f�ctico en atenci�n al Informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n (Comisi�n Rettig) que se instauro a nivel interno del pa�s, por lo que en la causa el punto central del debate atend�a a los procesos judiciales instaurados para la reparaci�n de �ndole civil, donde destacan que si bien no existe reparaci�n econ�mica mediante un pronunciamiento de una autoridad jurisdiccional, han accedido a beneficios administrativos y a otro tipo de bonificaciones (Sep�lveda Soto, 2021).

Dentro del an�lisis efectuado por la Corte se expone que los cr�menes de lesa humanidad son imprescriptibles, tanto en el �mbito civil y penal, por su naturaleza y gravedad. Siendo que la prescripci�n alegada dentro del caso era incompatible con el principio internacionalmente reconocido de impunidad sobre cr�menes de lesa humanidad, lo que causaba da�os adicionales al negar el derecho a la justicia y reparaci�n integral a las v�ctimas indirectas como lo son los familiares�(Gattini-Zenteno, 2019).

As� tambi�n enfatiz� que los programas de reparaci�n administrativa por el Estado chileno, si bien son �tiles, no equivalen a reparaciones judiciales y no cumplen con los requisitos internacionales en casos de graves violaciones de derechos humanos, resaltando que no pueden remplazar el derecho a tener acceso a recursos efectivos, y a una compensaci�n completa, bajo la dimensi�n de justicia y verdad. Por tanto, las reparaciones administrativas no sustituyen la obligaci�n de proporcionar una reparaci�n judicial integral (Aguilar, 2013).

En tanto el Estado chileno, reconoci� su responsabilidad internacional por la denegaci�n de justicia y admite que en estas situaciones no se aplicar� la prescripci�n. Los casos hab�an sido un error contra los compromisos internacionales de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado ha argumentado que en los �ltimos a�os se han implementado cambios legislativos y legales para corregir estas deficiencias. Adem�s, destac� los esfuerzos realizados a trav�s de programas administrativos de reparaci�n y pol�ticas de justicia transicional, se�alando que estos relejan un verdadero compromiso con la verdad, la justicia y la reparaci�n a las v�ctimas y a sus familiares.

Es as� como, en sentencia de 2018, la Corte acept� el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por Chile y declar� la vulneraci�n del derecho de acceso a la justicia, en los t�rminos de los derechos a las garant�as judiciales y a la protecci�n judicial previstos en la Convenci�n Americana, al haber aplicado la prescripci�n en los cr�menes de lesa humanidad, lo que impidi� un acceso a una reparaci�n integral efectiva a nivel de su sistema de justicia interna (CIDH, 2018).

La corte determin� como un paso positivo el reconocimiento de la responsabilidad del Estado chileno, pero enfatiz� que este de complementarse con medidas concretas para corregir las violaciones y garantizar la no repetici�n de estas pr�cticas. Entre las reparaciones otorgadas, la corte incluye el pago de compensaciones econ�micas a los familiares de las v�ctimas, la distribuci�n p�blica de la sentencia, la realizaci�n de actos oficiales de perd�n y reconocimiento, y la implementaci�n de reformas legislativas que garanticen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en todos los niveles jurisdiccionales (Benavides-Benalc�zar, 2019).

Adem�s, orden� la capacitaci�n de funcionarios judiciales y administrativos sobre est�ndares internacionales de derechos humanos para prevenir las futuras violaciones de cr�menes de lesa humanidad (Laplante, 2024). Este caso sienta un precedente crucial para la regi�n al afirmar que ning�n Estado puede utilizar plazos de prescripci�n u otras figuras legales para evadir sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos.

Est�ndares establecidos por la CIDH sobre responsabilidad estatal y acceso a la justicia

Los est�ndares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) sobre responsabilidad estatal y acceso a la justicia en graves violaciones de derechos humanos tienen como objetivo asegurar que el Estado respete sus obligaciones internacionales en materia de protecci�n de los referidos derechos. Siendo estos el resultado de una evoluci�n jurisprudencial encaminada a prevenir impunidad, garantizar la reparaci�n integral a las v�ctimas y promover el fortalecimiento de Estados garantistas de derechos en la regi�n americana (CIDH, 2017).

En primer lugar, la Corte IDH estableci� que los cr�menes de lesa humanidad, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, son violaciones de tal gravedad que generan una obligaci�n forzada por parte de los Estados. Este deber incluye la investigaci�n completa, imparcial y efectiva de los hechos, el procesamiento penal de los implicados y la imposici�n de sanciones proporcionales. Seg�n la corte, el incumplimiento de estas obligaciones constituye una violaci�n de derechos a las garant�as y la protecci�n judiciales definidos en los art�culos 8.1 y 25 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos (ONU, 2006).

Un aspecto central es la imprescriptibilidad de los cr�menes de lesa humanidad el tribunal dictamin� que, por su naturaleza y gravedad, estos delitos no pueden estar sujetos a plazos que impidan la investigaci�n, el procesamiento o la compensaci�n a las v�ctimas. Este principio se aplica tanto en materia penal como en materia civil, como se enfatiza en el caso Ordenes Guerra y otros vs. Chile, donde se encontr� que la aplicaci�n de la prescripci�n en procesos civiles por cr�menes de lesa humanidad violaba los derechos de las v�ctimas y perpetuaba la impunidad. En este sentido, la Corte exige a los Estados adaptar su legislaci�n nacional para garantizar la impunidad de estos cr�menes (Urruti, 2020).�

Otra norma importante es el derecho a una reparaci�n integral, que incluye medidas de compensaci�n econ�mica, y satisfacci�n como actos de perd�n y reconocimiento p�blico y garant�as de no repetici�n (Sferrazza, 2020). El tribunal reiter� que los programas de reparaci�n administrativa pueden ser �tiles, pero no restituyen el derecho de las victimas a la justicia y la reparaci�n integral. Este enfoque integral tiene como objetivos restaurar la dignidad de las v�ctimas y corregir el da�o causado individual y colectivamente (Du Plessis & Pet�, 2007).

Adicionalmente, la corte subray� la importancia del acceso efectivo a la justicia. Esto significa que los Estados deben eliminar todos los obst�culos legales, procesales o pr�cticos que impiden a las v�ctimas obtener recursos efectivos. En el caso de Chile, la corte resolvi� que la aplicaci�n de la prescripci�n y la negativa de los tribunales a analizar las reclamaciones por da�os y perjuicios implican una denegaci�n de justicia. Este est�ndar tambi�n exige que los Estados capaciten a sus funcionarios judiciales y administrativos en los est�ndares internacionales de derechos humanos para garantizar la adecuada aplicaci�n de la ley en casos de vulneraciones graves de derechos (Ambos & Guerrero, 1999).

Estas garant�as de no repetici�n pueden incluir reformas institucionales, la derogaci�n de leyes que permiten la impunidad y la implementaci�n de pol�ticas p�blicas que promuevan el respeto a los derechos humanos. La corte como otra medida, dispuso la obligaci�n de los Estados en investigar, enjuiciar y reparar los cr�menes de lesa humanidad. Estos est�ndares son fundamentales para luchar contra la impunidad y fortalecer la protecci�n de los derechos humanos en la regi�n (Henderson, 2006).�

Este caso establece un precedente importante en el derecho internacional de los derechos humanos, al enfatizar la obligaci�n de los Estados de garantizar justicia, verdad, y reparaci�n en casos de violaciones graves a los mismos. Adem�s, resalta los l�mites de las leyes de amnist�a y la prescripci�n frente a los cr�menes de lesa humanidad, reafirmando la primicia de los est�ndares internacionales sobre las legislaciones nacionales que permiten la impunidad (CIDH, 2017).�

Frente ha hechos de vulaneraci�n de derechos como en contexto de los elementos f�cticos del caso planteado,� encamin�n el actuar del Estado Chileno en el marco de los mecanismos de reparaci�n por lo que una de las principales iniciativas fue la creaci�n de la Comisi�n Nacional de la Verdad y la Reconciliaci�n en 1990, cuyo objetivo fue clarificar los hechos relacionados con las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura en Chile (CIDH, 2018). Este esfuerzo inicial fue complementado por la Comisi�n Nacional sobre Prisi�n Pol�tica y Tortura en 2003, que document� casos de tortura y detenciones arbitrarias. Estas comisiones brindaron un marco para el reconocimiento de las v�ctimas y el registro oficial de violaciones, lo que permiti� dise�ar pol�ticas de reparaci�n para los vulnerados (Corte Penal Internacional, 1998).

En materia de reparaciones econ�micas, el Estado chileno ha introducido medidas de compensaci�n para las v�ctimas y sus allegados, que incluyen pensiones mensuales, beneficios de salud y educaci�n, y compensaci�n por da�o moral. Estas medidas, aunque importantes, han sido criticadas por algunas v�ctimas y organizaciones de derechos humanos por no ser suficientes para satisfacer las necesidades de todos los afectados, especialmente aquellos que est�n excluidos de las listas oficiales debido a problemas encontrados en el proceso de registro (Henderson, 2006).

Un elemento clave del modelo chileno es la implementaci�n de medidas simb�licas, como monumentos, memoriales y actos de reconocimiento p�blico. Estas medidas han contribuido al proceso de construcci�n de memoria hist�rica y reconocimiento del sufrimiento de las v�ctimas, aunque cabe se�alar que debe ir acompa�ada de una justicia efectiva que garantice la reparaci�n integral (Garc�a‑Godos, 2018).

Sin embargo, uno de los mayores desaf�os en Chile ha sido la respuesta judicial hacia a las violaciones cometidas durante el r�gimen dictatorial. A pesar de los recientes avances en la investigaci�n y el enjuiciamiento de algunos casos, la prolongada implementaci�n de la Ley de Amnist�a de 1978 y la falta de independencia judicial en las d�cadas posteriores al r�gimen militar han impedido que se haga justicia para muchas v�ctimas. Esto subraya la importancia de garantizar que las medidas administrativas de reparaci�n no reemplacen los mecanismos judiciales, sino que complementen la b�squeda de la verdad y la justicia (CIDH, 2018).

Sistema Interamericano en la protecci�n de derechos, fijaci�n de est�ndares internacionales y responsabilidad estatal (discusi�n de resultados)

Uno de los principales aportes de la CIDH es su facultad para recibir y procesar denuncias individuales o colectivas en casos de graves violaciones de derechos humanos. Este mecanismo ayuda a identificar patrones de fallas o limitaciones en los sistemas de justicia de los diferentes Estados, brindando as� espacio para que las v�ctimas accedan a una justicia internacional cuando los recursos internos de cada pa�s han demostrado que no emiten una justicia adecuada. Adem�s, los informes sustantivos emitidos por la CIDH suelen incluir recomendaciones espec�ficas dirigidas a mejorar los sistemas judiciales y fortalecer las garant�as de protecci�n, lo que fue parte del caso objeto de an�lisis (Aguilar, 2013).

La CIDH tambi�n realiza controles a los Estados para examinar y estimar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, y verificar las condiciones de acceso a la justicia. Estas visitas suelen incluir reuniones con autoridades, v�ctimas y organizaciones de la sociedad civil, y generan informes en los que se identifican la existencia de desaf�os estructurales, proponiendo medidas para superarlos. Es por esto, la CIDH no solo act�a como un mecanismo de supervisi�n, sino tambi�n como un �rgano de control que impulsa reformas legislativas y pol�ticas p�blicas en materia de justicia (Sferrazza Taibi, 2019).

Otro aspecto importante es la promoci�n de est�ndares internacionales en la interpretaci�n y aplicaci�n de la ley. La CIDH ha desarrollado criterios sobre impunidad por cr�menes de lesa humanidad, reparaciones integrales y garant�as de no repetici�n. Estos est�ndares se han convertido en herramientas de referencia para los Estados a medida que ajustan sus marcos regulatorios y fortalecen sus sistemas judiciales (CIDH, 2017).

A lo largo de su jurisprudencia y resoluciones, la Corte IDH ha enfatizado que los Estados tienen la obligaci�n de remover los obst�culos normativos, administrativos y judiciales que impidan la plena exigibilidad y justiciabilidad de los derechos. Esto incluye la eliminaci�n de barreras como la prescripci�n en delitos de lesa humanidad, la aplicaci�n de leyes de amnist�a o la falta de independencia judicial en el tratamiento de violaciones de derechos humanos por parte de los Estados (Laplante, 2024).

Es as� como la Corte IDH ha desarrollado un rol fundamental respecto a la promoci�n y protecci�n de los derechos humamos en Latinoam�rica, orientando sus funciones a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. En tanto, es sustancial el aporte del Derecho internacional, con enfoque especifico en este estudio, con el Sistema Interamericano pues con los instrumentos firmados y ratificados por los Estados, estos se comprometen a realizar adecuaciones normativas en el derecho interno (Corte Penal Internacional, 1998).

Cabe resaltar que una vez reconocido un derecho (derecho interno o instrumentos ratificados) este se vuelve exigible, es decir surge el principio de exigibilidad que habilita a quienes se sientan afectados, a reclamarlos ante las autoridades pertinentes esto es en instancias judiciales, administrativas o incluso a trav�s de otros mecanismos sean estos pol�ticos o sociales (Aguilar, 2013). Otra de las facultades de la CIDH relacionadas con este principio es emitir informes dirigidos a las naciones para que fortalezcan sus normas, garantizando as� el acceso a la justicia de las victimas por cr�menes de lesa humanidad, cumpliendo tambi�n con la finalidad del ejercicio efectivo de los derechos (Sep�lveda Soto, 2021).

Y por otra parte dentro de este mismo Sistema Interamericano, se puede hacer referencia al principio de justiciabilidad, que se orienta a acudir ante un operador de justicia o Tribunal y mediante un proceso judicial reclamar el respeto, protecci�n o reparaci�n de un derecho. Es as� como a nivel interno de los Estados deben existir los mecanismos judiciales para la protecci�n de los derechos, siendo que de agotar los recursos internos se habilita la intervenci�n de la CIDH de peticiones individuales que permiten a las v�ctimas presentar denuncias en contra de los Estados cuando no hayan sido garantistas de un sistema de acceso a la justicia efectivo, ni cuando han proporcionado una respuesta acorde a las graves violaciones recibidas, y de ser el caso la posterior participaci�n de la Corte IDH que cuenta con jurisdicci�n para pronunciarse en casos en espec�fico (Garc�a‑Godos, 2018).

Los principios mencionados anteriormente contribuyen a asegurar que los derechos no se queden como unas simples declaraciones formales, sino m�s bien, sean reclamados y garantizados efectivamente con la intervenci�n de los mecanismos judiciales y administrativos correspondientes (CIDH, 2018).

Con este rol del Sistema Interamericano en la protecci�n de derechos, se ampl�an con las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, las sentencias vinculantes, jurisprudencia y los mismos instrumentos internacionales con los que se procura unificar los criterios de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos (ONU, 2006).

Como uno de los instrumentos principales para la fijaci�n de los est�ndares internacionales se encuentra la CADH, la cual se encarga de establecer las obligaciones para los Estados en cuanto la protecci�n de los derechos humanos. La CIDH mediante la creaci�n de jurisprudencia en este �mbito, consolida el principio fundamental de imprescriptibilidad de los cr�menes de lesa humanidad, referente a este caso, la Corte estableci� criterios vinculantes que obligan a los estados a que adopten diferentes medidas para no dejar en impunidad estas infracciones penales (Urruti, 2020).

Sobre el principio de imprescriptibilidad, se ha establecido seg�n Ninaquispe (2012) que:

Si al tiempo de cometerse las conductas delictivas estas no estaban tipificadas como delitos de lesa humanidad, no se puede procesar, como tales, en base al ordenamiento legal vigente por cuanto se viola el principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal y por ende tampoco es aplicable el principio de imprescriptibilidad (p�g. 45).

Este es un pronunciamiento clave en el caso objeto de estudio, donde el concepto va ligado directamente con el principio de legalidad, puesto que, si al momento de cometerse una infracci�n penal y esta no ha sido normada previamente en un cuerpo normativo, no cabr�a la imprescriptibilidad debido a que no existir�a una conducta punible bajo los par�metros de tipicidad, antijuricidad y responsabilidad penal (Aguilar, 2013).

A nivel universal, la Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional han sido determinantes en la consolidaci�n de est�ndares jur�dicos sobre estos delitos (Corte Penal Internacional, 1998). Estos instrumentos han reafirmado la naturaleza de la desaparici�n forzada y la ejecuci�n extrajudicial cuando se cometen de manera sistem�tica. Asimismo, la Declaraci�n sobre la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha contribuido a la fijaci�n de principios esenciales, como el derecho de las v�ctimas a la reparaci�n integral (CIDH, 2021).

Con enfoque espec�fico en el caso Ordenes Guerra y otros vs Chile, la actuaci�n de la Corte IDH determin� la responsabilidad estatal en los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales trascurridas en la dictadura militar entre 1973-1990 en Chile, a causa de la falta de garant�as jurisdiccionales y mala pr�ctica de justicia por parte del Estado (Garc�a‑Godos, 2018).

Con este fallo se reafirm� la obligaci�n del Estado de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, eliminando cualquier obst�culo que limite el acceso a la justicia. Adem�s, la Corte determin� que Chile no cumpli� con las obligaciones internacionales de garant�as de derechos, ya que no investig� de forma diligente las vulneraciones a los derechos humanos, adicionalmente ejerci� la figura de la prescripci�n, impidiendo que los afectados no puedan ejercer su derecho a una reparaci�n integral efectiva (Laplante, 2024).

Se concluy� que la aplicaci�n de la prescripci�n en casos de cr�menes de lesa humanidad contraviene el derecho internacional, ya que estos delitos, debido a su gravedad, son imprescriptibles, es decir un Estado por el paso del tiempo no pierde su poder punitivo. En este sentido, la Corte reafirm� que los Estados deben garantizar el acceso a la justicia y eliminar barreras normativas, procesales u otras que impidan la investigaci�n y sanci�n de estos cr�menes (CIDH, 2018).

Como otro punto importante del fallo, se determin� la negativa pura del Estado a ofrecer medidas de reparaci�n efectivas a las v�ctimas y a los afectados colaterales, lo que constituy� como una vulneraci�n directa al derecho a la protecci�n judicial establecida en la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos. La Corte enfatiz� que las medidas brindadas por Chile, aunque constituyen un esfuerzo estatal en el reconocimiento del da�o causado, no pueden sustituir la obligaci�n de garantizar una reparaci�n integral (Corte Penal Internacional, 1998).

En cuanto a la responsabilidad, la sentencia tambi�n abord� esta tem�tica de forma que se�ala al Estado chileno en que no adopt� las medidas judiciales y legislativas para garantizar que estos delitos no caigan en impunidad a futuro. Esto incluy� la necesidad de armonizar su normativa interna con los est�ndares internacionales, eliminar cualquier disposici�n legal que favorezca la impunidad y reforzar la capacitaci�n de jueces y fiscales en materia de derechos humanos (Modolell Gonz�lez, 2012).

Por lo tanto, surge como imprescindible realizar adecuaciones normativas tendientes a garantizar el acceso efectivo a la justicia. Seg�n (2021):

La facultad de acudir a otra entidad administrativa que resuelva o incluso el derecho a resoluciones alternativas de conflictos. Enfoc�ndose en las etapas del proceso en s� mismo, as� como tambi�n el derecho a acudir ante un tribunal, a que se juzgue en conformidad a derecho, a que se resuelva el conflicto y que ello tenga posibilidad de ejecuci�n. (p�g. 32)

Garantizar el acceso efectivo a la justicia de las v�ctimas de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, requiere la implementaci�n de reformas estructurales en los sistemas jur�dicos y administrativos de los Estados. Estas reformas apuntan a superar los obst�culos legales y procesales existentes, fortalecer las capacidades institucionales y armonizar los marcos regulatorios nacionales con los est�ndares internacionales de derechos humanos (Ninaquispe, 2012).

Otro eje central es la eliminaci�n de figuras jur�dicas que perpet�an la impunidad, como las leyes de amnist�a o la prescripci�n de procesos civiles relacionados con cr�menes de lesa humanidad. Esto incluye reformar las normas que limitan temporalmente la capacidad de las v�ctimas de buscar reparaci�n y justicia, garantizando al mismo tiempo que las disposiciones jur�dicas nacionales est�n en consonancia con el derecho internacional. Adicionalmente, las reformas deben incluir la creaci�n o fortalecimiento de mecanismos integrales de reparaci�n. Esto incluye el establecimiento de sistemas administrativos y judiciales que garanticen compensaci�n econ�mica, medidas de satisfacci�n y garant�as de no repetici�n para las v�ctimas y sus familiares (Toro-Paredes et al, 2022).

La rendici�n de cuentas y la transparencia se consideran elementos claves para mejorar el acceso a la justicia. Esto requiere la introducci�n de sistemas de monitoreo y evaluaci�n de las decisiones judiciales, asegurando que cumplan con los est�ndares de motivaci�n y que respondan de manera adecuada a los derechos de las v�ctimas. Asimismo, es importante fomentar la participaci�n activa de las v�ctimas en los procesos judiciales y administrativos, reconociendo su derecho a ser escuchadas y a recibir informaci�n clara y accesible sobre el desarrollo de sus casos (Du Plessis & Pet�, 2007).

Dentro del an�lisis acerca del caso �Ordenes Guerra y otros vs Chile� y su aplicaci�n en la norma permite evidenciar cu�n importante es garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva y la reparaci�n integral en casos de graves violaciones a los derechos humanos: A lo largo del desarrollo de este an�lisis, se han determinado barreras procesales y normativas que han impedido la efectiva judicializaci�n de estos delitos. Esto plantea la necesidad de fortalecer los est�ndares nacionales en concordancia con el derecho internacional (Sep�lveda Soto, 2021).

Como uno de los fundamentales puntos de discusi�n se radica en la aplicaci�n de la prescripci�n ante el cometimiento de estos cr�menes de lesa humanidad, la cual ha sido usado como obst�culo para la reparaci�n integral hacia las v�ctimas. En este caso, la CIDH deja en claro que la prescripci�n no se aplica en delitos que atenten a la lesa humanidad, puesto que, debido a la gravedad de estos deben ser investigados y sancionados sin un l�mite de tiempo.�

Otro aspecto de relevancia es la necesidad de garantizar mecanismos de control y supervisi�n que eviten la impunidad y refuercen la independencia del sistema judicial. En Chile, la jurisprudencia ha evolucionado para permitir la persecuci�n de estos delitos impuestas por la Ley de Amnist�a de 1978 (CIDH, 2021).

En cuanto a la reparaci�n, la sentencia de la CIDH respecto a este caso enfatiz� que los programas de reparaci�n a pesar de ser valiosos no fueron lo suficientemente efectivos lo cual no permiti� una correcta reparaci�n a los afectados y sus familiares. Estos mecanismos al ser considerados como limitados en cuanto a su alcance y ejecuci�n no deber�an enfrascarse �nicamente a compensaciones econ�micas, sino tambi�n rehabilitaci�n, satisfacci�n y garant�as de no repetici�n (CIDH, 2018).

En cuanto a los est�ndares internacionales, se ha demostrado que la labor de la CIDH y la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sido clave en la fijaci�n de principios sobre la responsabilidad estatal, el acceso a la justicia y la reparaci�n. Estos est�ndares han servido como referencia para que los Estados ajusten sus marcos normativos y pol�ticas p�blicas. Sin embargo, el grado de cumplimiento var�a en cada pa�s, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la supervisi�n internacional y la implementaci�n efectiva de las recomendaciones y sentencias de estos organismos (CIDH, 2021).

Es por esto que, la discusi�n ha girado en torno a la responsabilidad estatal en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas reflejando la necesidad de armonizar la normativa de los Estados con los est�ndares internacionales con la fin0alidad de mejorar la efectividad de los mecanismos de reparaci�n y justicia. A pesar de los avances normativos, persisten desaf�os estructurales que requieren reformas en la investigaci�n, judicializaci�n y reparaci�n de estos delitos. La experiencia chilena y los precedentes de la CIDH constituyen una referencia valiosa para que estos Estados fortalezcan su respuesta institucional y garantice el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

 

Conclusiones

• La desaparici�n forzada y la ejecuci�n extrajudicial constituyen graves violaciones a los derechos humanos que atentan contra la vida, la integridad personal y la libertad de las personas. Su reconocimiento como cr�menes de lesa humanidad en el derecho internacional ha establecido obligaciones ineludibles para los Estados en cuanto a su prevenci�n, investigaci�n, sanci�n y reparaci�n integral. Estos delitos, debido a su naturaleza y gravedad, no pueden quedar impunes ni ser objeto de figuras legales como la prescripci�n.

 

• Desde una perspectiva comparada, se ha evidenciado que, aunque existen diferencias en la forma en que los pa�ses han abordado estas violaciones, el acceso a la justicia sigue enfrentando barreras estructurales en varios sistemas jur�dicos. La experiencia de Chile ha demostrado que, pese a los avances en materia de reconocimiento y reparaci�n administrativa, la justicia penal y la efectiva sanci�n de los responsables contin�an siendo retos pendientes, por tanto, se evidencia la pertinencia de un sistema internacional de derechos, como en el presente caso del Sistema Interamericano.

 

En este sentido, se concluye que la responsabilidad estatal en la protecci�n de los derechos humanos debe ir m�s all� del reconocimiento normativo y traducirse en acciones concretas. Esto implica la eliminaci�n de barreras procesales, la capacitaci�n especializada de operadores de justicia, la creaci�n de mecanismos efectivos de supervisi�n y control, y la adopci�n de pol�ticas de memoria hist�rica y garant�as de no repetici�n.

 

Referencias

1.�������� Aguilar, P. (2013). Memory and Amnesia: The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy. Berghahn Books.

2.�������� Ambos, K., & Guerrero, �. (1999). El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bogot�, Colombia: Universidad Externado de Colombia. Obtenido de https://publicaciones.uexternado.edu.co/gpd-el-estatuto-de-roma-de-la-corte-penal-internacional-9789586164214.html

3.�������� Asamblea Nacional. (2013). Ley para la Reparaci�n de las V�ctimas y la Judicializaci�n de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad Ocurridos en el Ecuador. Registro Oficial Suplemento 143. Obtenido de https://www.dpe.gob.ec/lotaip/pdfjulio/JURIDICO/a2/LO_VICTIMAS.pdf

4.�������� Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constituci�n. Quito.

5.�������� Benavides-Benalc�zar, M. (2019). La reparaci�n integral de la v�ctima en el proceso penal. Revista Internacional de Investigaci�n en Ciencias Sociales, 15(2), 279�317. Obtenido de https://revistainvestigacion.unl.edu.ec/index.php/riics/article/view/1234

6.�������� Bolet�n Oficial de la Rep�blica Argentina. (1994). Constituci�n de la Naci�n Argentina. Obtenido de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/constitucion-nacional

7.�������� CIDH. (2017). Cuadernillo de Jurisprudencia N� 6: Desaparici�n forzada. Obtenido de https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824-2015.pdf

8.�������� CIDH. (2018). Caso �rdenes Guerra y otros vs. Chile (Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 372.

9.�������� CIDH. (2021). Obligaci�n de los Estados de adecuar su normativa interna a los Est�ndares Interamericanos de Derechos Humanos OEA.

10.������ Corte Penal Internacional. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Obtenido de https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

11.������ Du Plessis, M., & Pet�, S. (2007). Repairing the Past? International perspectives on reparations for gross human rights abuses. Intersentia. Obtenido de https://www.academia.edu/69909209/Repairing_the_Past_International_Perspectives_on_Reparations_for_Gross_Human_Rights_Abuses_Edited_by_Max_du_Plessis_and_Stephen_Pet%C3%A9_Antwerp_Intersentia_2007_Pp_xix_455_89

12.������ Garc�a Godos, J. (2018). Victims and victimhood in reparation programs: Lessons from Latin America. The Politics of Victimhood in Post-conflict Societies, 25�51. Obtenido de https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-70202-5_2

13.������ Gattini-Zenteno, A. (2019). Cr�menes contra la humanidad:Impresentabilidad de la acci�n civil. Revista Debates sobre Derechos Humanos, (3), 181 189. Obtenido de https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/74622

14.������ Henderson, H. (2006). La ejecuci�n extrajudicial o el homicidio en las legislaciones de Am�rica Latina. Revista IIDH, 43(1), 281�298. Obtenido de https://revista.iidh.ed.cr/index.php/iidh/article/view/XXX

15.������ Laplante, L. (2024). Administrative reparations programs and transitional justice: Dilemmas, debates and new directions. In Netherlands Yearbook of International Law, Volume 53.

16.������ Modolell Gonz�lez, J. (2012). El crimen de desaparici�n forzada seg�n la jurisprudencia de la Corte IDH. En Jurisprudencia Penal Internacional. UNAM. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3515/12.pdf

17.������ Ninaquispe, K. (2012). El principio de imprescriptibilidad en los delitos contra la humanidad en el proceso de judicializaci�n peruano. . Tesis de maestr�a Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtenido de https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_fc5b91acdc5fc6e6cf87214b3dfc7a96

18.������ ONU. (2006). Convenci�n Internacional para la Protecci�n de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

19.������ Sep�lveda Soto, C. (2021). Acceso efectivo a la justicia para mujeres v�ctimas de violencia en el pololeo: an�lisis sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales contra�das por el Estado chileno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2020. Tesis de pregrado Universidad de Chile . Obtenido de https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/179215

20.������ Sferrazza Taibi, P. (2019). Desaparici�n forzada y sistema interamericano. LA Evolci�n del concepto de victima en la jurisprudencia de la CIDH. Revista Electr�nica Iberoamericana. Vol. 13,, 1�21. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7335474.pdf

21.������ Sferrazza, P. (2020). Desapariciones forzadas por actores no estatales: la jurisprudencia de la Corte IDH. �conos, 68, 25�43.

22.������ Toro-Paredes et al, G. (2022). El rol del estado frente a las desapariciones forzadas de personas en Ecuador. Revista Metrop�litana. Obtenido de https://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/479

23.������ Urruti, L. (2020). El prop�sito es identificar los alcances de la obligaci�n de los Estados parte de adecuar su normativa interna para garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convenci�n Americana de Derechos Humanos. Derecho y Cambio Social, (62). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7626204.pdf?utm_source=chatgpt.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).