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Efectos jur�dicos de la rebeld�a y contumacia en materia penal en Ecuador

 

Legal effects of rebellion and contumacy in criminal matters in Ecuador

 

Efeitos jur�dicos da rebeli�o e da contum�cia em mat�ria penal no Equador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: Lcastro3@utmachala.edu.ec

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de junio de 2025 *Aceptado: 15 de julio de 2025 * Publicado: �27 de Agosto de 2025

 

       I.          Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

     II.          Universidad T�cnica de Machala, Ecuador.

 

Resumen

En Ecuador, la rebeld�a y la contumacia son conceptos procesales relevantes que impactan el desarrollo del proceso penal, aunque solo la rebeld�a se encuentra normada en el C�digo Org�nico Integral Penal. El objetivo principal de este trabajo de revisi�n� es examinar los efectos jur�dicos de estas figuras en el proceso penal analizando el impacto sobre las garant�as procesales, especialmente en cuanto a los principios constitucionales de debido proceso, presunci�n de inocencia y derecho a la prueba. A trav�s de un estudio metodol�gico apoyado de la normativa y jurisprudencia aplicable, se pudo concluir que en materia penal, aunque la rebeld�a no implica la aceptaci�n de los hechos imputados, en la medida que suspende el proceso penal le puede generar consecuencias procesales significativas tanto en la tutela de derechos de la v�ctima en los casos de delitos de acci�n p�blica, cuanto en la oportunidad para la propia defensa del rebelde en los casos de delitos imprescriptibles y delitos de acci�n privada.

Palabras Clave: Rebeld�a; contumacia; proceso penal; derecho a la defensa.

 

Abstract

In Ecuador, contumacy and default are relevant procedural concepts that impact the development of criminal proceedings, although only default is regulated in the Comprehensive Organic Criminal Code. The main objective of this review is to examine the legal effects of these concepts in criminal proceedings, analyzing the impact on procedural guarantees, especially regarding the constitutional principles of due process, presumption of innocence, and right to evidence. Through a methodological study supported by applicable regulations and jurisprudence, it was concluded that in criminal matters, although default does not imply acceptance of the alleged facts, to the extent that it suspends the criminal process, it can generate significant procedural consequences both in the protection of the victim's rights in cases of public action crimes, and in the opportunity for the rebel's own defense in cases of imprescriptible crimes and private action crimes.

Keywords: Rebellion; contumacy; criminal proceedings; right to defense.

 

Resumo

No Equador, a contum�cia e a revelia s�o conceitos processuais relevantes que impactam o desenvolvimento do processo penal, embora apenas a revelia esteja regulada no C�digo Penal Org�nico Integral. O principal objetivo desta revis�o � examinar os efeitos jur�dicos destes conceitos no processo penal, analisando o impacto nas garantias processuais, especialmente no que diz respeito aos princ�pios constitucionais do devido processo legal, da presun��o de inoc�ncia e do direito � prova. Atrav�s de um estudo metodol�gico apoiado na regulamenta��o e jurisprud�ncia aplic�veis, concluiu-se que, em mat�ria penal, embora a revelia n�o implique a aceita��o dos factos alegados, na medida em que suspende o processo penal, pode gerar consequ�ncias processuais significativas quer na prote��o dos direitos da v�tima nos casos de crimes de a��o p�blica, quer na oportunidade de defesa do pr�prio rebelde nos casos de crimes imprescrit�veis e crimes de a��o privada.

Palavras-chave: Rebeli�o; contum�cia; processo penal; direito de defesa.

 

Introducci�n

La presente investigaci�n con fines de titulaci�n (bajo la tutor�a de Gabriel Suqui Romero), parte de una problem�tica advertida en clases de Derecho procesal penal en la Universidad T�cnica de Machala. En efecto, debatiendo en aulas normativa sobre procedimiento penal ordinario ecuatoriano, qued� inicialmente plasmada la inquietud en las autoras respecto de la informalidad de los t�rminos rebeld�a y contumacia en Ecuador. Pese a la relevancia que importa la rebeld�a en la pr�ctica forense penal, ha sido poco abordada por la doctrina especializada. Bajo esta premisa, el an�lisis de la presente instituci�n procesal en gran medida se erige a partir de los lineamientos jur�dicos plasmado en la legislaci�n ecuatoriana.���

As�, tradicionalmente las diversas legislaciones vienen normando la incomparecencia del procesado en los �mbitos no penales y penales bajo las figuras de silencio, rebeld�a o contumacia. En este sentido, en materia procedimental, a decir de Cabanellas, la declaraci�n de rebeld�a es la �decisi�n judicial adoptada contra una persona que, citada en forma legal para comparecer ante autoridad o juez competente, no se presenta, por lo cual contin�a sin ella el tr�mite del procedimiento��(2006). Sin embargo, en la actualidad, el moderno derecho procesal sugiere desterrar la idea de rebeld�a o contumacia, en el sentido que comparecer a juicio no es obligaci�n ni deber�(Quintero & Prieto, 1995). En efecto, quien decide no comparecer al menos en el �mbito de materias no penales, no es ni siquiera constre�ido con el auxilio de la fuerza p�blica y no es sujeto de ninguna medida o sanci�n distinta al ejercicio de los derechos que decide voluntariamente no ejercitarlos con su incomparecencia, es decir no tiene legalmente, ninguna obligaci�n de comparecer; contrario a lo que se afirma en Cuvi-Veliz, quien sostiene que �si una persona se encuentra procesada judicialmente y es convocada a una audiencia de juicio tiene la obligaci�n de comparecer para que sea resuelta su situaci�n jur�dica� (2023).

Para abordar la problem�tica de tinte procedimental que encierra la presente investigaci�n, es menester contextualizarla a partir de sus nociones. En ese sentido, a la rebeld�a com�nmente se la entiende como una figura procesal que se activa cuando el imputado o procesado no comparece sin justificaci�n alguna a las citaciones o llamamientos de la autoridad judicial. Tambi�n puede ser entendida como una situaci�n jur�dica en que se sit�a voluntariamente el demandado luego de ser citado en legal y debida forma, cuando no atiende la citaci�n y no comparece al llamado de la justicia (Grillo, 2024). O tambi�n como argumenta Ovalle, se trata de una actitud de las partes procesales para no realizar un acto procesal�(2017); es decir, una posici�n subjetiva (actitud interior) que se proyecta objetivamente (no realiza el acto procesal).

En el proceso penal ecuatoriano, la declaraci�n de rebeld�a habilita al juez a adoptar ciertas medidas, tales como la emisi�n de �rdenes de localizaci�n y captura, para garantizar que el requerido cumpla con su deber de someterse al proceso. Sin embargo, en la praxis procesal penal ecuatoriana no existe un procedimiento formal para la declaratoria de rebeld�a, simplemente existen actuaciones judiciales en momentos procesales diferentes en donde el juez, previo cumplimiento de ciertas verificaciones, asume t�citamente la rebeld�a del procesado. Tornando, en materia penal, la declaratoria de rebeld�a en un acto meramente informal, contrario con lo que sostiene la doctrina respecto de lo formal de este procedimiento; al punto que inclusive, como afirma Jim�nez, para su formalidad, la rebeld�a debe ser judicialmente declarada�(Jim�nez, 1980).

Y es que, la apreciaci�n realizada en el p�rrafo anterior, es fundamental para justificar jur�dicamente los casos de procedencia o no de los efectos jur�dicos que puede acarrear la declaratoria de rebeld�a. En efecto, si de acuerdo con Moreno & V�squez la rebeld�a implica la situaci�n en la que la persona investigada se sustrae de la acci�n de la justicia, dificultando el normal desarrollo del proceso penal�(2019). Pero es importante analizar si esa sustracci�n de la acci�n de la justicia es por razones justificadas o por razones injustificadas. Resulta coherente que la ausencia justificada suspenda la prosecuci�n de un proceso, sobre todo si se est� en audiencia de juzgamiento; en caso de ausencia injustificada se plantea el debate respecto si debe o no suspenderse el proceso contra el rebelde. En Ecuador la respuesta es positiva, es decir, la ausencia justificada o injustificada s� suspende la prosecuci�n del proceso penal, sin que necesariamente se d� una declaraci�n formal de rebeld�a. No obstante, en legislaciones penales como Espa�a, por ejemplo, la sola ausencia injustificada no paraliza el proceso; suspende solo por rebeld�a declarada�(STS 163/2000), en ciertos procedimientos penales.

De su lado, la contumacia se configura como una conducta obstinada de desobediencia o negativa manifiesta a atender los llamados de la autoridad judicial. A diferencia de la simple rebeld�a, la contumacia no solo significa la ausencia injustificada, sino una �actitud renuente y persistente� en no atender los requerimientos de comparecencia o participaci�n en el proceso (Torres J. , 2021). Entonces, desde esta perspectiva, la contumacia refleja una mayor gravedad al suponer una voluntad deliberada de eludir las responsabilidades procesales como sostiene la jurisprudencia de Per�, por ejemplo�(Recurso de Nulidad  351‑2019, 2021); al punto que tolerarla, ��ser�a permitir que la decisi�n de iniciar la acci�n penal quedara en manos del individuo que, en forma antojadiza, opta por eludir las citaciones sabiendo que su actuar es suficiente para burlarse de la justicia��(Sentencia C‑591 de 2005, 2005).

Procesalmente la rebeld�a y la contumacia proyectan implicaciones directas en el debido proceso, en el sentido de que toda persona sujeta a un proceso penal tiene derecho a ser o�da, a contar con una defensa t�cnica y goce de un juicio justo e imparcial. La doctrina penal contempor�nea abanderada por Ferrajoli subraya la necesidad de proteger la presunci�n de inocencia y la dignidad humana, incluso en casos en los que el procesado se sustrae de la justicia�(Ferrajoli, 1995), como en los casos del procesado rebelde.

Por su parte, y como se ver� con detenimiento m�s adelante, en materia probatoria la rebeld�a y la contumacia influyen en la distribuci�n de la carga de la prueba (Alvarez & Villegas, 2017), en el sentido de que la incomparecencia del procesado dificulta la obtenci�n de pruebas y la correcta valoraci�n de los hechos. No obstante, la doctrina ha advertido que no se debe confundir la rebeld�a con la aceptaci�n t�cita de la culpabilidad, ya que la presunci�n de inocencia no se extingue por la sola incomparecencia como acota�(Carbonell M. , 2011).

Estas dos instituciones procedimentales tambi�n revisten implicaciones en el �mbito de las medidas cautelares. En efecto, la adopci�n de medidas como la prisi�n preventiva o la orden de captura en casos de rebeld�a o contumacia debe enmarcarse en los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. El debate doctrinal surge en cuanto a los l�mites de estas medidas, especialmente cuando pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las personas encausadas, como advierten los autores Moreno & V�squez citados supra.

Finalmente, es necesario resaltar que nivel de la doctrina, respecto de la rebeld�a y contumacia se debate una doble postura o perspectiva: �la garantista de Ferrajoli y la disuasiva explicada en (Torres, 2021). En la primera, la prioridad se encuentra en la protecci�n de los derechos humanos y garant�as procesales, incluso si la persona investigada decide no comparecer; en la segunda, la rebeld�a y la contumacia deben acarrear consecuencias severas para evitar la obstaculizaci�n del proceso y garantizar la eficiencia de la justicia penal.

La advertida dicotom�a ilustra la tensi�n entre la necesidad de que el proceso penal se desarrolle con celeridad y la obligaci�n de salvaguardar los derechos fundamentales de los sujetos procesales. A partir de estos enfoques, se estudia la pertinencia de la rebeld�a y se analiza sus consecuencias jur�dicas dentro del ordenamiento ecuatoriano.

Desarrollo

Sustento normativo de rebeld�a y contumacia en Ecuador

La Constituci�n de la Rep�blica de Ecuador (CRE) determina los principios fundamentales que rigen el proceso penal, entre los que constan el de legalidad (art. 76), seg�n el que toda persona puede hacer lo que no est� prohibido en la ley y se le garantiza el debido proceso en todas las instancias judiciales; el de presunci�n de inocencia (art. 76, numeral 2) que garantiza la inocencia de las personas hasta que se pruebe lo contrario; el derecho a la defensa (art. 76, numeral 7), seg�n el que la defensa t�cnica y material son irrenunciables y deben garantizarse en todas las etapas del proceso penal; y, el debido proceso, por el que se le garantiza a la persona procesada el acceso a un juicio imparcial, a ser notificado de los cargos e informado de sus derechos procesales. Adem�s, dentro de las garant�as del debido proceso, la CRE proclama del derecho al silencio y a no auto incriminarse.

Por otro lado, la tutela judicial efectiva es otro de los derechos fundamentales que se garantizan a trav�s de un proceso penal. La CRE cataloga a este derecho como uno de los fundamentales derechos de protecci�n. Este derecho garantiza la tutela de derechos a trav�s del sistema de justicia ecuatoriano conforme se desprende del art. 75 de la Carta Magna.

Los advertidos principios constitucionales sientan las bases para el an�lisis de la rebeld�a y la contumacia, especialmente en cuanto a la protecci�n de los derechos del procesado y la limitaci�n de las potestades punitivas del Estado (Corte Constitucional del Ecuador, 2018).

De su lado, la jurisprudencia constitucional ecuatoriana como explica Torres, se ha pronunciado reiterativamente fijando criterios que permiten diferenciar entre rebeld�a y ausencia injustificada, subrayando que se requiere un acto formal y motivado para declarar la rebeld�a (2021).

A nivel de normas procedimentales org�nicas, aunque el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), no define expresamente estas instituciones ni tampoco el procedimiento para sus declaratorias; sin embargo, si se refiere a una de ellas al momento de regular las normas de audiencia, adoptando la denominaci�n simplemente de rebeld�a, recogida tambi�n por el C�digo Org�nico General de Procesos (COGEP). Es decir, El ordenamiento jur�dico ecuatoriano, emplea la denominaci�n �rebeld�a� como el t�rmino t�cnico procesal; descartando el empleo de la contumacia que es acogido en algunas legislaciones. En definitiva, en Ecuador los dos conceptos -uno normado y otro no- implican incumplimiento de la obligaci�n que tiene el demandado o procesado de comparecer a un proceso. Lo advertido permite sostener que en Ecuador solamente se norman los efectos de la rebeld�a, pero no su procedimiento; a diferencia de lo que ocurre en otros pa�ses de habla hispana en los que, en Espa�a, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en los art�culos 834 a 846, fija los par�metros y todo el procedimiento para la declaratoria de rebeld�a. En Suram�rica, Per� en cambio ha optado por acoger el t�rmino contumaz para referirse al ausente, as� el art. 79 del C�digo de Procedimiento Penal de este pa�s, regla tanto los casos de contumacia cuanto el tr�mite de sus declaratoria y sus efectos. En Venezuela, como resalta Mata, la normativa procesal en materia penal de ese pa�s determina que cuando el imputado no comparece sin justificaci�n alguna, a petici�n del Ministerio P�blico o de la v�ctima, el tribunal penal puede declarar su rebeld�a�(Mata, 2020).

No obstante, el Ecuador, de un an�lisis sistem�tico y puntual a ciertas normas espec�ficas de COGEP se puede advertir algunos efectos de la rebeld�a procesal, como la no implicaci�n de reconocimiento o confesi�n de los hechos por parte del rebelde; tampoco paraliza la sustanciaci�n del proceso (en materias no penales); el juzgador est� en la obligaci�n de verificar los hechos por medio de las pruebas aportadas; y, el rebelde puede comparecer en cualquier momento posterior y se lo acepta en el estado en que se encuentre el proceso. Veamos a continuaci�n cada uno de estos efectos para ir anclando en debate en materia del proceso penal.

 

 

 

Efectos generales de la rebeld�a

a) La declaratoria de rebeld�a no implica reconocimiento de los hechos por parte del rebelde

En principio este efecto es aplicable para materias no penales, sin embargo, al actuar el COGEP como norma supletoria, es aplicable tambi�n en materia procedimental penal (COIP) con ciertos matices. En efecto, en el proceso penal ecuatoriano se garantiza a favor de la persona procesada el derecho al silencio y a no auto incriminarse (excepto en los casos de procedimiento abreviado donde se exige voluntariedad expresa).

De ah� que, en los casos de rebeld�a del procesado, esta figura, en resguardo de los advertidos derechos, no implica una aceptaci�n de los hechos que le imputa la fiscal�a en la persecuci�n penal. Por lo que, en materia penal, la primera consecuencia o efecto de la rebeld�a queda t�citamente impl�cita en la siguiente f�rmula �la rebeld�a no implica el reconocimiento o confesi�n t�cita de los hechos por parte del procesado rebelde�.

b) La rebeld�a y la no suspensi�n del proceso

Aunque en materias no penales en Ecuador la rebeld�a no suspende la continuaci�n del proceso, es decir, posee efectos no suspensivos; no obstante, este efecto resulta incompatible en materia penal en la que, por mandato constitucional se proh�be el juzgamiento en ausencia, por lo que, el proceso penal se suspende si el procesado no se encuentra presente una vez finalizada o resuelta con auto de llamamiento a juicio la etapa evaluatoria y preparatoria (Art. 563.14 COIP).

Sin embargo, hay que resaltar que la rebeld�a de procesado si surte efecto procesal en causas penales por delitos imprescriptibles, ya que �stos pueden ser juzgados en su ausencia; es decir, en estos casos los efectos de la rebeld�a no suspenden el proceso penal. Un ejemplo mediato, lo constituye el caso sobornos (2012-2016) se juzgaron en ausencia a un ex presidente del Ecuador y a otros funcionarios gubernamentales.

En definitiva, por mandato constitucional, delitos como el genocidio, lesa humanidad, agresi�n a un Estado, cr�menes de guerra, desaparici�n forzada de personas, peculado, cohecho, concusi�n, enriquecimiento il�cito, los delitos que provoquen da�os ambientales y los delitos cometidos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de edad.

c) Necesidad de probar los hechos alegados o imputados contra el rebelde

El sistema procesal penal ecuatoriano se asienta sobre la base de la potestad acusatoria que le confiere el Estado al Ministerio P�blico (a pesar de que la Exposici�n de Motivos del COIP se aspire a un modelo adversarial); pero se desarrolla en estricta observancia a derechos fundamentales, entre ellos, el debido proceso. Una de las garant�as b�sicas del debido proceso lo constituye el derecho a la prueba de los hechos.

Por este orden de ideas, por regla general, quien alega un hecho dentro de un proceso penal tiene la obligaci�n de probarlo en juicio; es decir, le compete a �ste la carga de la prueba; esto ocurre precisamente en materia procedimental penal en Ecuador. Y es que, como le corresponde a la fiscal�a la titularidad penal del ejercicio p�blico de la acci�n penal ser� �sta, a la hora de formular cargos y posteriormente sostener un dictamen acusatorio en la etapa de evaluaci�n y preparaci�n de juicio y de presentarlo en juicio, quien deba probar los hechos acusados al procesado. De ah� que, en Ecuador, en delitos que se persiguen bajo el ejercicio p�blico de la acci�n penal, la fiscal�a tiene la carga de la prueba respecto a los hechos que acusa al procesado.

Luego, en materias no penales, estando el procesado en rebeld�a, esta situaci�n no elimina la obligatoriedad de probar los hechos que configuran la pretensi�n de la parte accionante y que servir�n para que el juzgador, luego de valorarlos, emita su correspondiente sentencia (esto porque en materias no penales la legislaci�n ecuatoriana permite el juzgamiento en ausencia). Pero en materia penal, este efecto �nicamente podr�a tornarse viable en los casos de juzgamiento en ausencia; ya que, fuera de estos casos, no se puede hablar de prueba en la medida que �sta �nicamente se la practica en la audiencia de juicio y estando ausente el rebelde no se puede instalar esta audiencia (Art. 563.11 COIP).

De lo analizado el presente efecto en materia penal, �nicamente resulta posible en los casos de juzgamiento por rebeld�a en ausencia por delitos imprescriptibles.

d) Permisi�n al rebelde de apersonarse o comparecer al proceso cualquier momento posterior a su rebeld�a

El derecho a la defensa como garant�a del debido proceso implica, entre otras garant�as, el derecho a comparecer para ejercer su defensa en cualquier momento del proceso penal.

Respecto de esta cuesti�n como se ver� infra, una persona puede adoptar la situaci�n de rebelde desde el inicio mismo de un proceso penal con la etapa de instrucci�n fiscal, inclusive, desde antes del inicio del proceso penal, esto es, desde la fase pre procesal de investigaci�n previa, cuando es llamado en calidad de sospecho a rendir su versi�n libre y sin juramento. Sin embargo, en cualquiera de los dos eventos, la rebeld�a inicial no impide que con posterioridad el rebelde comparezca voluntariamente al proceso penal, eso s�, lo har� bajo prevenciones del estado en el que se encuentre la causa; es decir, no podr� exigir actuaciones procesales que ya precluyeron mientras estuvo rebelde.

 

Efectos de la rebeld�a en los procesos penales por el ejercicio p�blico de la acci�n penal

Centrando la reflexi�n en materia procesal penal y de un an�lisis sistem�tico al Libro II del COIP, se observa dos momentos procesales con sus respectivos efectos en casos de rebeld�a manifiesta del procesado. Veamos a continuaci�n cada una de ellas:

a) Ausencia de la persona procesada en la Audiencia de Evaluaci�n y Preparaci�n del Juicio (Art. 563. 14).

La citada norma prev� la posibilidad de una rebeld�a manifiesta por parte de la persona procesada en el momento procesal culminante de la etapa intermedia, que en la pr�ctica se retrotrae al final de la audiencia de evaluaci�n y preparaci�n del juicio. En este evento, la no asistencia f�sica o virtual injustificada del procesado lo ubica en la condici�n de pr�fugo.

El efecto o consecuencia procedimental de la advertida inasistencia no es otro que la suspensi�n del proceso en esta etapa y la consecuente no iniciaci�n de la etapa de juicio. Por otro lado, el efecto o consecuencia que recae sobre el procesado es la conminaci�n para que voluntariamente y f�sicamente se presente al juicio o en su defecto sea presentado con el auxilio de la fuerza p�blica. Respecto de este efecto, en atenci�n al momento procesal, surge la siguiente interrogante que merece ser reflexionada �Qu� sucede si la rebeld�a se produce en la fase pre procesal de investigaci�n previa o en la etapa de instrucci�n fiscal?

La primera cuesti�n, es decir, si una persona en calidad de sospechosa es llamada a rendir una versi�n en esa condici�n durante una investigaci�n previa, puede presentar dos eventos: la primera que no se lo pueda ubicar por que se desconoce su domicilio y/o lugar de trabajo o residencia por ende no se le pueda entregar la notificaci�n; y, la segunda que habiendo sido ubicado y entregada la notificaci�n para que rinda su versi�n, el sospechoso no acuda a este llamado de fiscal�a. En esta segunda posibilidad puede que el sospechoso no acuda al llamado de fiscal�a a rendir su versi�n porque simplemente no quiere apersonarse a las investigaciones (no le interesa rendir versi�n ni ejercer sus derechos durante la investigaci�n previa); o, pude ser que se encuentre imposibilitado de hacerlo, en este �ltimo evento, presentar� los justificativos necesarios para comparecer con posterioridad si as� lo desea.

En definitiva, en la medida que, pese a ser notificado de forma personal decida voluntariamente no comparecer a la investigaci�n previa, esta rebeld�a inicial no posee ning�n efecto con respecto a la prosecuci�n de esta fase pre procesal, es decir, no impide que se lleve a cabo sin la presencia del sospechoso investigado. Del mismo modo tampoco impide el eventual inicio de un proceso penal, siempre y cuando, obviamente, se cumplan las exigencias legales determinadas en el COIP. Sin embargo, respecto de la persona del sospechoso rebelde, los efectos se retrotraen a la oportunidad que habr�a perdido para poder preparar su defensa desde esta fase pre procesal, como se desprende de lo normado en el primer inciso del Art. 580 del COIP.

Luego, sobre el segundo momento procesal planteado en la interrogante en cuesti�n (la instrucci�n fiscal), el sospechoso adquiere la calidad de procesado y puede presentarse o no a la audiencia de formulaci�n de cargos con la que se inicia el proceso penal. Es menester advertir que tanto su comparecencia al inicio de la instrucci�n fiscal, concretamente a la audiencia de formulaci�n de cargos, cuanto, al desarrollo de toda la etapa, no es necesariamente de apersonamiento, es decir, personal; lo puede hacer mediante autorizaci�n al abogado defensor o mediante procuraci�n. Si, por el contrario, decide no acudir a los llamados de fiscal�a ni autorizar a defensor particular en la instrucci�n fiscal, esta etapa no se paraliza, contin�a en ausencia del procesado rebelde; es decir, los efectos de la rebeld�a no suspenden el desarrollo y conclusi�n de la etapa de instrucci�n fiscal, por ende, el proceso no se paraliza, contin�a con la sola presencia de su defensor p�blico designado por el Estado.

Sin embargo, la rebeld�a del procesado surte efectos negativos en su contra en la medida que no aporta elementos de convicci�n que quiz�s le permitan obtener un posible sobreseimiento en la etapa de evaluaci�n y preparaci�n; siempre que, eso s�, su rebeld�a sea deliberada y a sabiendas, caso contrario, si no existe un informe de b�squeda suficiente que evidencie la notificaci�n en forma al sospechoso o procesado, habr� vulneraci�n al derecho a la defensa que debe ser reparado mediante posible nulidad procesal.

En definitiva, la rebeld�a del procesado en la fase pre procesal de investigaci�n previa y en la etapa de instrucci�n fiscal, no suspende o paraliza la prosecuci�n del proceso penal; pero si la rebeld�a se produce o perdura hasta resuelta la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio, si se suspende el proceso penal hasta que el procesado rebelde sea detenido o se presente voluntariamente.

 

 

b) Ausencia del de la persona procesado en la audiencia del juicio (Art. 563.11)

A diferencia del supuesto anterior, la advertida norma ubica ante la posibilidad de que el procesado ha comparecido a todas las etapas anteriores al proceso (instrucci�n fiscal y evaluaci�n y preparatoria de juicio) y ello, precisamente, ha dado lugar a la apertura de la etapa de juicio en su contra. Sin embargo, el d�a de la audiencia de juicio, no estando privado de libertad, decide voluntaria y deliberadamente no asistir a la audiencia de su juzgamiento, es decir, ha decidido ser rebelde y no asistir a su juzgamiento el d�a y hora se�alado para la realizaci�n de la audiencia de juicio.

En este evento, la citada norma del Art. 563.11, establece que no se podr� llevar a cabo esta audiencia cuando el procesado se encuentra en situaci�n de rebeld�a; por lo tanto, el proceso sufre una suspensi�n en la etapa de juicio. Lo hasta aqu� advertido aplica en eventuales procedimientos ordinarios y tambi�n en eventuales juzgamientos por procedimientos directos y en ciertos casos en abreviados, pese a que, por su naturaleza, estos �ltimos tengan una tramitaci�n diferente.

Adem�s, nuevamente, en este caso, al igual que en el anterior, la rebeld�a no suspende o paraliza el proceso penal en casos de delitos imprescriptibles que permiten juzgamiento en ausencia.

Efectos de la rebeld�a en materia de la prueba penal

En materia penal la carga de la prueba b�sicamente consiste en la obligaci�n que tienen las partes de un proceso de aportar elementos probatorios para sustentar sus afirmaciones. En este sentido, como se advierte en �lvarez & Villegas, la rebeld�a tiene implicaciones a la hora de la distribuci�n de la carga de la prueba (2017). En efecto, en la medida que el procesado rebelde se encuentra ausente del proceso, dificultar� a la acusaci�n la obtenci�n de cierta prueba que puede obtenerse a partir de su comparecencia. Y pese a que, en caso de que comparezca no tenga la obligaci�n de aportar pruebas de descargo; sin embargo, puede facilitar las investigaciones a su favor y de esta manera permitir que los juzgadores obtengan la prueba necesaria para una correcta valoraci�n de los hechos. Esto por cuanto, coincidiendo con Carbonell, no se debe confundir la rebeld�a con la aceptaci�n t�cita de la culpabilidad, ya que la presunci�n de inocencia no se extingue por la sola incomparecencia (2011) del procesado, en el caso que nos ocupa, del procesado rebelde. Respecto de esta l�nea de an�lisis es oportuno resaltar la calidad de presunci�n relativa que el derecho peruano le otorga a la rebeld�a; de ah� que, a decir de Herrera, para que la rebeld�a cause convicci�n al juzgador, es necesario que se corrobore con la actuaci�n conjunta de otros medios probatorios (2021).

Un escenario complejo se presenta en materia de la responsabilidad penal de las personas jur�dicas que rige en Ecuador desde 2014, por la que, las personas jur�dicas nacionales y extranjeras de derecho privado pueden ser procesadas penalmente. En este escenario, la carga de la prueba juega un rol primordial en la determinaci�n de la verdad procesal, en la medida que la din�mica de estos procesos presenta un entorno problem�tico y complejo en el que, la carga de la prueba no solo implica obligaci�n de probar ciertos hechos (lo f�ctico del tipo penal); sino que tambi�n, una forma de distribuci�n de riesgos entre las partes en juicio. Veamos a continuaci�n algunas cuestiones dignas de matizar:

Para declarar la responsabilidad penal de las personas jur�dicas en la legislaci�n penal ecuatoriana como se se�ala con detenimiento en �(Suqui, 2021), se debe probar entre otros presupuestos de imputaci�n, el defecto de organizaci�n de la entidad, es decir, que al momento que se cometi� el delito atribuible, se encontraba defectuosamente organizada. Respecto de esta cuesti�n, a decir de Velasco, la carga de la prueba respecto de la falta de contrales internos efectivos (defecto de organizaci�n), puede recaer tanto la acusaci�n (fiscal�a) como en la defensa de la propia persona procesada, ello va a depender del modelo de imputaci�n adoptado (2024). En el caso ecuatoriano, uno de los modelos proyectado, entre otros, como se advierte en el citado autor, en atenci�n al principio de culpabilidad es el de autorresponsabilidad penal, por lo que, en este escenario la carga de la prueba le corresponder� siempre a la fiscal�a. Sin embargo, dado a la redacci�n defectuosa del art�culo 49 del COIP que permite proyectar otros modelos de imputaci�n de responsabilidad penal de las personas jur�dicas, autores como Velasco consideran que el sistema de imputaci�n es el vicarial o por heterorresponsabilidad y a la vez el de autorresponsabilidad; de ah� que, a decir del autor, la carga de la prueba no estar�a claramente atribuida, lo que ocasiona incertidumbre jur�dica (2024)

Sin embargo, sea cual fuere el modelo de imputaci�n de la responsabilidad penal de las personas jur�dicas, la carga de la prueba de los modelos de imputaci�n puede adaptarse tanto a la necesidad de la fiscal�a (de manera obligatoria) para probar que el delito atribuible se cometi� en escenarios de desorganizaci�n empresarial, cuanto a la necesidad de la defensa para probar que si posee controles internos efectivos el momento de que se cometi� el delito.

Ahora bien, en caso de que la persona jur�dica procesada se encuentre rebelde, en los escenarios advertidos (sea cual fuere el modelo de imputaci�n), su no comparecencia o falta de colaboraci�n con el proceso no debe llegar a interpretarse como presunci�n de culpabilidad, lo contrario ser�a tensar principios como la inocencia o la prohibici�n de autoincriminaci�n. Por este orden de ideas, respecto de la rebeld�a, T�llez sugiere que la omisi�n procesal activa de los acusados �su negativa a comparecer o aportar pruebas� no debe interpretarse autom�ticamente como admisi�n de culpabilidad, aunque llegue a generar efectos procesales significativos que condicionan el desarrollo del juicio, la aplicaci�n de medidas cautelares, y la eficacia de la justicia penal�(2021).

No obstante, para una parte de la doctrina, el juicio penal en ausencia puede ser viable en casos limitados, bajo par�metros de estricto respeto a las garant�as de la defensa t�cnica y otros par�metros procesales necesarios�(Piombo, Siquier, & Tahtagian, 2005). La propuesta de los citados autores permitir� aliviar la carga procesal del sistema penal y evitar que la ausencia del imputado obstruya el proceso, siempre que la responsabilidad de aportar pruebas no se traduzca en una afectaci�n al debido proceso.

Ahora bien, respecto de la carga de la prueba en contextos de responsabilidad penal corporativa debe entenderse como una herramienta de equidad procesal. La correcta atribuci�n de esta carga, y la responsabilidad que implica su ejercicio, son claves para garantizar la efectividad del proceso penal de cara a observar respeto a los derechos fundamentales de las entidades procesadas y, a su vez, de cara a fomentar el combate eficaz contra la criminalidad empresarial que ha crecido considerablemente en la �ltima d�cada en Ecuador.

Efectos de la rebeld�a y medidas cautelares

Las medidas cautelares en materia penal son instrumentos o mecanismos legales que permiten a los juzgadores garantizar la prosecuci�n del proceso penal y, por ende, la tutela judicial efectiva de derechos. En este sentido, los efectos de la rebeld�a tienen notable impacto a la hora del an�lisis para su imposici�n.

Una de las medidas cautelares de car�cter personal es la prisi�n preventiva. En efecto, la prisi�n preventiva al ser considerada como la m�s grave de las medidas cautelares, en el sentido que restringe la libertad, ha sido regulada por criterios como los de legalidad, proporcionalidad y necesidad; dentro de este �ltimo criterio han de observarse los sub criterios fumus boni iuris y periculum in mora. Ahora bien, en la pr�ctica el empleo de esta medida cautelar de �ltima ratio ha sido severamente cuestionada, sobre todo en cuanto a sus l�mites y en las consecuencias directas en los casos de vulneraciones a derechos fundamentales de quienes las padecen dentro de un proceso penal como se advierte en (Moreno & V�squez, 2019).

En Ecuador, en la medida que est� proscrito el juicio en ausencia (con las excepciones advertidas supra), la rebeld�a del procesado acarrea la emisi�n, por parte del juzgador, de una orden de prisi�n preventiva con la consecuencia de captura inmediata. Y es que, como sostiene Jarolin, la rebeld�a genera tambi�n la posibilidad de adoptar medidas para garantizar la eficacia de la sanci�n, como el embargo de bienes o la publicaci�n de datos (p. 395).

Por otro lado, resulta imperiosa la necesidad de legitimizaci�n de las medidas cautelares dentro de un sistema garantista como proclama Ferrajoli, en el sentido de que �stas solo gozaran de legitimidad si cumplen funciones estrictamente procesales �no punitivas� y si existen suficientes garant�as de revisi�n judicial (1995). �De ah� que, siguiendo a este autor, la medida cautelar debe estar fundada en un periculum in mora justificado, es decir, en un riesgo concreto de obstrucci�n al proceso (p. 866), a lo que a�adimos en un necesario fumus boni iuris o presunci�n de buen derecho (existencia de elementos de convicci�n suficientes respecto de la infracci�n y de la presunta responsabilidad del procesado); y no en su simple condici�n de rebelde. Sobre este particular la jurisprudencia constitucional ecuatoriana en Sentencia No. 034-18-SIN-CC (2018), reitera que toda persona procesada en rebeld�a sigue gozando de sus derechos fundamentales, por lo que la adopci�n de medidas cautelares o sanciones debe ser proporcional y ajustada al debido proceso.

Efectos de la rebeld�a en los procedimientos por el ejercicio privado de la acci�n penal

Hay que resaltar que conforme al COIP en Ecuador la acci�n penal es p�blica (art. 409); pero su ejercicio puede p�blico o privado (art. 410). La titularidad del ejercicio p�blico de la acci�n penal le corresponde exclusivamente a la fiscal�a, en procesos ordinarios, abreviados, directos y unificados; mientras que el ejercicio privado de la acci�n penal le corresponde �nicamente a la v�ctima (solamente en los siguientes delitos: estupro, calumnia, usurpaci�n, lesiones que no superen los 30 d�as de incapacidad con excepci�n de los casos de violencia contra la mujer o miembros del n�cleo familiar; y, delitos de tr�nsito y delitos contra los animales que forman parte del �mbito para el manejo de la y fauna urbana). En el �ltimo de los escenarios advertidos se centra la reflexi�n respecto de los efectos de la rebeld�a en Ecuador.

En efecto, los procedimientos que se desarrollan bajo el ejercicio privado de la acci�n penal poseen una regulaci�n diferente respecto de aquellos del ejercicio p�blico. Una de las diferencias marcadas es la no intervenci�n de fiscal�a como sujeto procesal; otra, y la trascendental para los efectos de este trabajo, versa respecto a la naturaleza misma del procedimiento que por ser de inter�s individual, mantiene una estructura, caracter�sticas e instituciones propias que difieren sustancialmente de los procedimientos de acci�n p�blica.

As�, entre las reglas que contempla el art. 649 COIP, se�ala la posibilidad de juzgamiento en ausencia cuando la norma determina que cuando el querellado no acude a la audiencia, se continuar� con la misma en su ausencia. Como se observa, la rebeld�a del querellado o procesado en los delitos de acci�n privada produce efectos de no suspensi�n del proceso que se lleva en su contra y como consecuencia podr� ser juzgado en ausencia, convirti�ndose este caso, al igual que el juzgamiento por delitos imprescriptibles, en una excepci�n a la prohibici�n general de juzgamiento en ausencia en materia penal en Ecuador.

Ahora bien, pese a que la citada norma procedimental en casos de rebeld�a del procesado en principio permita la prosecuci�n del proceso penal y su juzgamiento en ausencia, sin embargo, su aplicaci�n queda condicionada al cumplimiento de los mismos requisitos establecidos por el propio COIP para los casos de inicio de procesos ordinarios del ejercicio p�blico de la acci�n penal:

a)     Se debe cumplir en primer t�rmino con la citaci�n al querellado conforme a lo dispuesto por el C�digo Integral Penal y, en caso de que no se lo pueda ubicar, se debe agotar todos los medios admitidos por el COIP para asegurar que la citaci�n haya tenido lugar. Respecto de esta exigencia, el art. 595.3 del COIP se�ala que para formular cargos la fiscal�a debe agotar todos los medios posibles que permitan identificar el domicilio del investigado, esto de cara a notificarle con el inicio del proceso penal para que pueda ejercer su defensa. Como se observa, en este caso, la rebeld�a del sospechoso no exime la obligaci�n que tiene el Estado por medio de la fiscal�a con el auxilio de la polic�a judicial (investigadores) de notificar al rebelde que contra �l se va a llevar a cabo o iniciar un proceso penal.

 

En la pr�ctica los agentes fiscales durante la investigaci�n previa suelen disponer a los investigadores (com�nmente agentes policiales) que procedan con en cumplimiento de la advertida obligaci�n y en caso de que no den con el paradero, les exige que presenten un informe de b�squeda en donde se detalle y adjunte toda la evidencia de la imposibilidad de dar con el domicilio o paradero del sospechoso.

 

Ahora bien, en el caso de los procedimientos de acci�n privada, para que la rebeld�a surta efectos de juzgamiento en ausencia, es decir, para que se lleve a cabo la audiencia de juzgamiento sin la presencia del procesado querellado, la parte querellante debe cumplir con esta exigencia previo a la citaci�n por la prensa conforme a las reglas del COGEP.

 

�b. Una vez citado el querellado, si este no compareciese a fijar casillero judicial y a designar a su defensor en el plazo fijado por el C�digo Integral Penal (10 d�as), el juzgador le designar� un defensor p�blico. Y, en todo caso con la presencia o no del querellado se llevar� a cabo su juzgamiento en rebeld�a.

Efectos de la rebeld�a en la prescripci�n de la acci�n penal

Otro de los temas que involucra la rebeld�a en un proceso penal es la instituci�n de la prescripci�n de la acci�n penal, que en el caso ecuatoriano opera en el mismo plazo del rango de pena mayor contemplado en el respectivo tipo penal, es decir, prescribe en el tiempo m�ximo de la pena privativa de libertad.

Respecto de esta cuesti�n, otros escenarios, la rebeld�a del procesado proyecta la suspensi�n o interrupci�n de plazos procesales de prescripci�n, de cara a evitar que el procesado rebelde puede llegar a beneficiarse de la prescripci�n de la acci�n penal, esto bajo el fundamento que, a decir de Jarolin, la rebeld�a puede propiciar impunidad por parte del imputado que a la postre puede terminar obstaculizando la justicia (2018). As�, en pa�ses como Per�, como se advierte en Noronha, el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, ha se�alado que la declaraci�n de contumacia genera como efecto la suspensi�n del plazo de prescripci�n de la acci�n penal, y no la interrupci�n (2024).

En Ecuador, adem�s de no existir, en materia penal, norma que regule la declaratoria de rebeld�a, �sta no suspende el computo de plazo de la prescripci�n de la acci�n penal, con lo que, se proyecta una obstaculizaci�n al derecho de la tutela efectiva de justiciable penal.

La rebeld�a y su influencia en la tutela judicial efectiva

La tutela judicial efectiva o �derecho a acceder libremente a la administraci�n de justicia��(Vivares, 2024), como derecho continente est� estructurada o contiene tres derechos: acceso a la justicia; actuaciones, procedimiento y resoluciones fundadas en Derecho; y, efectividad en ejecuci�n de las resoluciones judiciales. De ah� que, la esencia de la tutela judicial efectiva, radica en el pronunciamiento judicial a las pretensiones acompa�ado de argumentos y siempre motivados o fundamentos de Derecho, en los cuales se vislumbre la justicia social y el respeto irrestricto a las garant�as de los sujetos procesales�(L�pez & Morcote, 2020).

El acceso a la justicia conforme al art. 75 de la CRE debe ser gratuito, expedito e imparcial. Respecto de esta garant�a de la tutela, la rebeld�a del procesado no genera ning�n impacto en la medida que el procesado decida deliberadamente tornarse rebelde, ya que de todos modos la tutela penal de los derechos de la v�ctima se activa a trav�s de fiscal�a en los delitos de acci�n p�blica y a trav�s del querellante en los delitos de acci�n privada. Respecto de la garant�a actuaciones, procedimiento y resoluciones fundadas en derecho, que en definitiva competen al debido proceso, las implicaciones de la rebeld�a para el procesado rebelde son como han quedado analizadas supra.

En lo que respecta a la garant�a de efectividad en la ejecuci�n de las resoluciones judiciales, la rebeld�a torna complejo el panorama. En efecto, fuera de los casos de juzgamiento en ausencia por imprescriptibilidad o de procedimientos de acci�n privada, la rebeld�a del procesado, genera impactos negativos en la tutela judicial efectiva. Esto por cuanto la rebeld�a del procesado suspende su juzgamiento y, por ende, la posibilidad de una tutela directa en materia penal a la v�ctima. Esto en el sentido que no va a poder observar la materializaci�n de la justicia penal con una sentencia que, por un lado, sancione a quien vulner� el derecho respecto del cual exige tutela y, por otro lado, al no existir una sentencia no podr� ejercitar directamente la reparaci�n de su derecho vulnerado (tendr� que acudir a la v�a civil para hacerlo).

 

Conclusiones

La rebeld�a no extingue los derechos fundamentales del procesado, tales como la presunci�n de inocencia y el derecho a la defensa. Aunque el procesado se ausente, el proceso debe continuar respetando estos derechos. En el contexto penal, la rebeld�a no suspende el proceso, salvo en los casos de delitos imprescriptibles, donde el juicio puede realizarse en ausencia. La carga de la prueba recae en la fiscal�a, y la rebeld�a no implica un reconocimiento de culpabilidad.

En los delitos de acci�n privada, la rebeld�a permite el juzgamiento en ausencia del procesado, siempre que se haya cumplido con las formalidades de citaci�n y notificaci�n seg�n el COIP. Para que la rebeld�a sea v�lida, el Estado debe garantizar que la citaci�n al procesado sea efectiva. En el caso contrario, la falta de notificaci�n podr�a vulnerar el derecho a la defensa, lo que podr�a resultar en la nulidad procesal.

Finalmente, y como una futura l�nea de investigaci�n, hay que se�alar que al no existir normativa que determine de forma expresa el tr�mite de rebeld�a penal, los efectos que esta figura puede acarrear frente a la prescripci�n de la acci�n afectan en cierta forma la tutela judicial efectiva

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� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

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