����������������������������������������������������������������������������������

 

 

Responsabilidad penal del peat�n en accidentes de tr�nsito: implicaciones jur�dicas de su conducta

 

Criminal liability of pedestrians in traffic accidents: legal implications of their conduct

 

Responsabilidade criminal dos pe�es em acidentes de via��o: implica��es jur�dicas da sua conduta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondencia: fredypatriciobarraganperez@gmail.com

 

 

Ciencias Sociales y Pol�ticas

Art�culo de Investigaci�n

 

* Recibido: 26 de junio de 2025 *Aceptado: 24 de julio de 2025 * Publicado: �08 de agosto de 2025

 

       I.          Universidad Indoam�rica, Ecuador.

     II.          Universidad Indoam�rica, Ecuador.

 

Resumen

Esta investigaci�n analiza el comportamiento del peat�n en los accidentes de tr�fico desde el �mbito penal, tema que suele quedar en la sombra frente al protagonismo del conductor. Se parte del reconocimiento de que los peatones, en ocasiones, act�an de forma imprudente y ese descuido contribuye directamente al siniestro. Con una metodolog�a cualitativa y un dise�o descriptivo, se examinan las normas vigentes en Ecuador y se se�alan los vac�os que impiden sancionar penalmente al peat�n cuando cabe hacerlo. La revisi�n de doctrina y legislaci�n muestra que la figura del peat�n ha sido jur�dicamente tratada apenas como espectador pasivo de un fen�meno donde, en realidad, puede ser protagonista activo. As�, el estudio busca ofrecer pistas que hagan la lectura del Derecho m�s equilibrada, coherente con el principio de seguridad vial y con el moderno enfoque del Derecho Penal. Se concluye, por tanto, que una reforma legal que reconozca la corresponsabilidad de todos los usuarios �peatones incluidos� elevar�a la prevenci�n, fortalecer�a la justicia y har�a m�s seguro el espacio p�blico.

Palabras Clave: Responsabilidad penal; Peatones; Accidentes de tr�fico; Conducta temeraria; Seguridad vial; Derecho comparado.

 

Abstract

This research analyzes pedestrian behavior in traffic accidents from a criminal perspective, a topic that is often overlooked compared to the role of drivers. It is based on the recognition that pedestrians sometimes act recklessly, and this carelessness directly contributes to accidents. Using a qualitative methodology and a descriptive design, it examines current regulations in Ecuador and identifies the gaps that prevent pedestrians from being criminally sanctioned when appropriate. The review of doctrine and legislation shows that pedestrians have been legally treated merely as a passive spectator of a phenomenon when, in reality, they can be an active protagonist. Thus, the study seeks to offer insights that make for a more balanced interpretation of the law, consistent with the principle of road safety and the modern approach to criminal law. It concludes, therefore, that a legal reform that recognizes the shared responsibility of all users�including pedestrians�would enhance prevention, strengthen justice, and make public spaces safer.

Keywords: Criminal liability; Pedestrians; Traffic accidents; Reckless conduct; Road safety; Comparative law.

 

Resumo

Esta investiga��o analisa o comportamento dos pe�es em acidentes de tr�nsito numa perspetiva criminal, um t�pico frequentemente negligenciado em compara��o com o papel dos condutores. Baseia-se no reconhecimento de que os pe�es por vezes agem de forma imprudente, e esta imprud�ncia contribui diretamente para os acidentes. Utilizando uma metodologia qualitativa e um desenho descritivo, examina a regulamenta��o atual no Equador e identifica as lacunas que impedem os pe�es de serem penalizados quando apropriado. A revis�o da doutrina e da legisla��o mostra que os pe�es t�m sido legalmente tratados apenas como espectadores passivos de um fen�meno, quando, na realidade, podem ser protagonistas ativos. Assim, o estudo procura oferecer insights que permitam uma interpreta��o mais equilibrada da lei, consistente com o princ�pio da seguran�a rodovi�ria e a abordagem moderna do direito penal. Conclui, por isso, que uma reforma jur�dica que reconhe�a a responsabilidade partilhada de todos os utilizadores � incluindo os pe�es � melhoraria a preven��o, refor�aria a justi�a e tornaria os espa�os p�blicos mais seguros.

Palavras-chave: Responsabilidade criminal; Pe�es; Acidentes de tr�nsito; Conduta imprudente; Seguran�a rodovi�ria; Direito comparado.

 

Introducci�n

Los accidentes de tr�nsito siguen siendo un problema estructural para la salud p�blica y tambi�n para el acceso a justicia, ya que sus repercusiones van m�s all� de las carreteras y tocan la seguridad y la vida cotidiana de las personas. En este panorama, los peatones son uno de los grupos m�s expuestos al peligro y, de forma casi ir�nica, pueden convertirse ellos mismos en fuentes de riesgo. Tradicionalmente, el sistema penal ha puesto el peso del an�lisis sobre lo que hace el conductor, pero ahora se reconoce que ciertos actos peatonales -como cruzar en puntos no habilitados, ignorar sem�foros o comportarse con imprudencia frente al tr�fico- pueden contribuir de manera activa a que ocurra un siniestro.

Aunque la ley ecuatoriana establece obligaciones generales para todos los usuarios de la v�a, incluidos peatones, todav�a no queda claro cu�ndo y c�mo se puede imputarles responsabilidad penal. Esta falta de precisi�n crea un vac�o que, adem�s de desarticular el principio de corresponsabilidad, desbalancea la aplicaci�n del sistema de justicia penal. En efecto, como ha se�alado Garc�a (2019), el peat�n sigue trat�ndose, en muchos casos, como un espectador pasivo y se ignora el nexo causal que su conducta puede tener con el da�o provocado. Castillo y otros (2023) sostienen que la norma, para ser justa y t�cnica, debe mirar a todos los actores de la escena vial en pie de igualdad.

Partiendo de esa cr�tica, el presente estudio se propone investigar hasta qu� punto el peat�n puede ser penalmente responsable en un accidente de tr�fico y qu� consecuencias jur�dicas emanan de su conducta bajo el actual marco normativo. Su meta es aportar una lectura m�s equilibrada del Derecho Penal, que reconozca que la seguridad en las calles es un deber compartido y que cada usuario, incluido el peat�n, ha de cumplir obligaciones ajustadas a su potencial de causar da�o.

 

METODOLOG�A

Este estudio se bas� en un enfoque cualitativo, que combina teor�a con observaciones reales, al mirar casos concretos y estad�sticas que ayudan a contar la historia. El m�todo principal fue el exeg�tico-jur�dico, por medio del cual se pusieron sobre la mesa las normas vigentes en Ecuador, como el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), la Ley Org�nica de Transporte Terrestre, Tr�nsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) y, claro, la propia Constituci�n, prestando especial atenci�n a los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

 

Simult�neamente, se us� un enfoque hermen�utico para leer y explicar esas reglas a la luz de la doctrina penal actual, considerando tambi�n los fallos de la Corte Nacional de Justicia y las sentencias de otras cortes latinoamericanas que viven realidades parecidas.

 

En la parte pr�ctica de la investigaci�n, se revisaron varias sentencias recogidas del sitio oficial de la Funci�n Judicial. La b�squeda se centr� en causas penales donde peatones fueron parte de accidentes de tr�nsito, y el per�odo abarcado fue de 2020 a 2024. Tambi�n se miraron estad�sticas publicadas por la Agencia Nacional de Tr�nsito y la Organizaci�n Mundial de la Salud para poner en perspectiva cu�ntos siniestros involucraron a peatones y qu� elementos del entorno, como caminos o se�ales, pueden estar agrandando el problema.

 

Con esta combinaci�n de documentos judiciales y datos gubernamentales, fue posible confrontar lo que dice la ley con lo que realmente ocurre en las calles. El contraste mostr� no solo las lagunas en las normas, sino tambi�n la fricci�n que existe entre la promesa de proteger a los ciudadanos y las condiciones materiales que todav�a ponen en riesgo a los peatones en Ecuador.

DESARROLLO

La responsabilidad penal que puede recaer sobre un peat�n involucrado en un accidente de tr�fico es un asunto que reviste a la vez relevancia jur�dica y preocupaci�n social, pues examina hasta qu� punto la libertad de movimiento personal puede ceder ante la necesidad de proteger a todos los usuarios de la v�a. Por ende, el comportamiento del peat�n debe valorarse no solo a la luz de las reglas escritas, sino tambi�n a partir de los efectos reales que su decisi�n, por peque�a que parezca, pueda producir sobre otras personas. Dado que la supervivencia y la integridad f�sica son derechos que la Constituci�n resguarda con especial severidad, se torna imprescindible contar con un ordenamiento que especifique qu� se espera del viandante y qu� consecuencias jur�dicas emergen si dicho est�ndar se tipifica, sobre todo cuando fallas de ese tipo acaban en lesiones o muertes. Un examen cabal de este tema, entonces, implica cruzar el estudio de las normas viales pertinentes, las cl�usulas penales que castigan las actuaciones negligentes y, de modo paralelo, los mecanismos procesales que garanticen un debate equitativo en sede judicial (Armaza, 2025).

El an�lisis de la responsabilidad penal de los peatones en Ecuador comienza en el contexto constitucional y legal que, por un lado, protege derechos fundamentales y, por otro, regula la seguridad en las v�as. As�, el art�culo 66 de la Constituci�n asegura el derecho a la vida, la integridad f�sica y la seguridad personal, y el art�culo 76 establece el principio de legalidad penal, que impide castigar conductas a menos que una norma previa las califique expresamente como delito y fije la pena correspondiente. Este requisito, que forma parte del Estado constitucional de derechos y justicia, obliga a que cualquier decisi�n sobre responsabilidad penal repose en reglas claras, espec�ficas y vigentes (Ram�rez, 2021).

La Ley Org�nica de Transporte Terrestre, Tr�nsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) dedica un apartado espec�fico a las obligaciones que tienen los peatones dentro del sistema de movilidad. Entre las exigencias m�s comunes figura hacerlo por cruces debidamente se�alizados, acatar la luz de los sem�foros y abstenerse de actos imprudentes que entorpezcan el tr�fico o pongan en peligro su vida y la de otros. Aunque la norma prev� sanciones administrativas, como fotomultas o simplemente un aviso verbal, el texto no esclarece del todo qu� consecuencias penales podr�an surgir si una falta de ese tipo, por imprudencia grave, termina en lesiones serias o en la muerte de alguien.

 

La simple violaci�n de una norma de tr�nsito por un peat�n no equivale, por s� misma, a que ese individuo incurra en delito. El C�digo Org�nico Integral Penal ecuatoriano (COIP) se�ala con claridad los requisitos que deben reunirse para calificar como culposos ciertos accidentes viales, incluyendo las lesiones culposas, contempladas en el art�culo 397, y el homicidio culposo, descrito en el art�culo 398. Dentro de ese esquema legal, solo procede atribuir responsabilidad penal al peat�n cuando se demuestra que su conducta, ya sea un acto positivo o una omisi�n, fue suficientemente culpable, esto es, marcada por negligencia, imprudencia o impericia, y esa misma conducta guard� un nexo causal directo con el da�o producido.

Para que se plantee una imputaci�n penal a un peat�n, deben darse tres condiciones: primero, que su acci�n u omisi�n haya quebrantado, de forma clara, un deber general de cuidado que la norma le exige; segundo, que esa conducta guarde una relaci�n de causa-efecto directa con el da�o que se produjo, ya sea una lesi�n grave o la muerte de alguien; y tercero, que el peat�n hubiera tenido, en el momento de actuar, la posibilidad real de prever lo que pod�a pasar y de evitarlo. Estas exigencias suponen un an�lisis preciso de las singularidades del caso, evitando as� convertir en delito conductas triviales o recurrir al castigo penal donde bastar�a una advertencia administrativa o una acci�n formativa.

Tambi�n hay que recordar el principio de m�nima intervenci�n, que aconseja reservar el C�digo Penal para aquellas conductas que afectan gravemente los bienes jur�dicos, y que no pueden corregirse de manera efectiva por otras ramas del Derecho. Por tanto, un leve incumplimiento de la norma de tr�fico jam�s deber�a automatizar una pena; el reproche penal debe reservarse a los episodios en que la conducta haya creado un riesgo serio, perfectamente evitable, y en el que la inobservancia del deber de cuidado acabe materializ�ndose en un da�o tangible para un tercero.

Por consiguiente, el examen de la imputaci�n penal del peat�n requiere una aproximaci�n que articule las garant�as constitucionales con la lectura t�cnica del C�digo Org�nico Integral Penal y de la normativa sobre tr�nsito. Esta tarea, a su vez, sugiere la conveniencia de revisar el ordenamiento actual, incorporando de manera expl�cita los casos en que la actuaci�n del peat�n pueda acarrear responsabilidad penal, de modo que se fortalezca la coherencia del sistema y se fomente una cultura vial de corresponsabilidad en la que cada participante �incluidos los peatones� asuma sus deberes con seriedad y esp�ritu c�vico.

 

 

Adem�s, es necesario diferenciar la responsabilidad penal del peat�n de otras formas de responsabilidad, como la civil o administrativa (Dur�n, 2023). Mientras la civil busca reparar el da�o causado mediante indemnizaciones, y la administrativa se enfoca en sanciones no privativas de libertad, la penal persigue castigos m�s severos que implican restricciones a la libertad o imposici�n de medidas punitivas. En el contexto jur�dico, esta diferenciaci�n es crucial para garantizar que la sanci�n impuesta guarde proporcionalidad con la conducta y sus consecuencias, evitando que actos menos graves sean tratados como delitos. As�, la penalizaci�n solo procede cuando la conducta del peat�n es gravemente negligente y produce da�os significativos, lo que demanda una investigaci�n exhaustiva y un juicio justo.

 

En el �mbito del Derecho Penal, la garant�a del debido proceso se erige como la regla esencial que debe guiar la evaluaci�n de la eventual culpabilidad de un peat�n envuelto en un siniestro vial. No es suficiente que las autoridades sospechen que se quebrant� alguna norma de tr�nsito; procede demostrar, de acuerdo con los principios de culpabilidad y legalidad, que la conducta del peat�n fue intencionada o negligentemente reprochable y que existe un nexo inmediato entre esa acci�n y el da�o producido. La presunci�n de inocencia, el derecho a una defensa efectiva y la obligaci�n de la Fiscal�a de aportar la prueba son herramientas que blindan al ciudadano frente a decisiones caprichosas y sostienen la credibilidad del sistema penal. Solo un an�lisis minucioso, apoyado en evidencias objetivas y situadas en su contexto, puede dar fundamento a una condena leg�tima en un Estado que ha consagrado la protecci�n de los derechos fundamentales.

 

Desde un enfoque social, es evidente que caminar por la calle coloca a los peatones entre los usuarios m�s expuestos e indefensos de la movilidad urbana. Los informes sobre siniestros viales, tanto en Ecuador como en otras partes del mundo, muestran que una cuarta parte o m�s de las muertes y lesiones severas recaen precisamente sobre este grupo. Esta cifra invita a actuar de forma amplia y no solo a castigar incumplimientos aislados. Programas de educaci�n continua, calles bien iluminadas, pasos seguros y normativas que antepongan la vida a los veh�culos tienden a prevenir m�s que cualquier multa. La respuesta penal, entonces, debe usarse con moderaci�n, restringi�ndose a los casos extremos en que la imprudencia del peat�n convierta un error ordinario en un da�o f�cil de evitar (Organizaci�n Mundial de la Salud, 2023).

 

El tratamiento jur�dico de los accidentes de tr�nsito en Ecuador est� dando pasos hacia una mayor profundidad y equilibrio. En lugar de limitarse a detectar conductas imprudentes del peat�n, los tribunales comienzan a evaluar todos los elementos que interact�an en el hecho: calidad de la se�alizaci�n, �ngulos de visibilidad, graduaci�n de la velocidad, condiciones del clima y caracter�sticas del entorno urbano. Este enfoque sistem�tico evita explicaciones apresuradas que desv�an la responsabilidad s�lo al peat�n y permite que el juez admire, caso por caso, la corresponsabilidad que el principio de proporcionalidad exige (Espin & Medina, 2024). A su vez, el reconocimiento de tratados internacionales, como la Convenci�n de Viena sobre Tr�nsito Vial, fortalece el deber estatal de crear reglas y dispositivos que cuiden, sin excepci�n, a todos los usuarios de la v�a.

 

Es fundamental que el personal del sistema de justicia reciba capacitaci�n espec�fica en materia de tr�nsito y movilidad. Magistrados, fiscales y expertos t�cnicos deben dominar los conceptos b�sicos de ingenier�a vial, medicina forense y criminolog�a del tr�nsito para valorar los hechos con objetividad. Solo as� se evitar�n sentencias que, al ignorar la l�gica del entorno, reproducen sesgos o castigos desproporcionados. Por otra parte, la mediaci�n penal se presenta como una v�a que, en incidentes menores, puede reparar el da�o sin que intervenga necesariamente el aparato punitivo.

 

Lo que hoy se tipifica como delito deber�a distinguir, con mayor nitidez, al peat�n eventualmente irresponsable de quien act�a de forma temeraria. Una norma que se�ale conductas imprudentes y las sancione con claridad aportar�a coherencia al ordenamiento y reforzar�a la prevenci�n. El espacio vial es, por su naturaleza, un bien p�blico, y la ley debe recordar constantemente que cada actor comparte la responsabilidad de preservar su integridad. En esa tarea, el C�digo no solo tutela ni instrumenta retaliaci�n, sino que puede ofrecer, adem�s, lecciones cotidianas de respeto, prudencia y convivencia pac�fica en la movilidad (Ram�rez, 2021).

As� tambi�n la Alcald�a Metropolitana de Quito (2024), la responsabilidad penal del peat�n no puede analizarse aisladamente, sino dentro de un enfoque integral que considere la interacci�n entre diferentes actores del tr�nsito y las condiciones urbanas. Solo a trav�s de pol�ticas p�blicas coordinadas, educaci�n vial, infraestructura adecuada y un sistema de justicia eficiente ser� posible disminuir la siniestralidad vial y garantizar la protecci�n efectiva de los derechos fundamentales. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que requiere la cooperaci�n activa de la sociedad, el Estado y cada individuo, en un esfuerzo conjunto por construir espacios urbanos seguros y respetuosos para todos.

Seg�n P�rez (2022), la evoluci�n tecnol�gica y la digitalizaci�n del tr�nsito han abierto nuevas oportunidades para mejorar la prevenci�n y control de infracciones cometidas por peatones. El uso de c�maras de vigilancia, sensores y sistemas inteligentes en las v�as permite una mejor documentaci�n de los hechos y facilita la identificaci�n precisa de responsabilidades. Estos avances tecnol�gicos contribuyen a una administraci�n de justicia m�s eficiente y transparente, al proveer pruebas objetivas que reducen la subjetividad en la evaluaci�n de la conducta del peat�n. Sin embargo, tambi�n plantean desaf�os en cuanto a la protecci�n de datos personales y el respeto a los derechos fundamentales, por lo que su implementaci�n debe estar acompa�ada de regulaciones claras y mecanismos de control adecuados.

Consolidar una cultura vial desde la infancia no es una tarea secundaria, sino un recurso clave para edificar una sociedad que use el espacio p�blico con respeto y responsabilidad. Al incorporar la educaci�n sobre movilidad en escuelas, barrios y comunidades se ense�a m�s que reglas de tr�nsito; se cultiva una mirada preventiva ante el riesgo y un aprecio genuino por la vida. As�, los nuevos peatones y futuros conductores adquieren rutinas seguras, desactivan la indiferencia ante las se�ales y, en lugar de temer al castigo, aprenden a valorar al otro como principio de convivencia.

Opino que la educaci�n vial no puede seguir siendo un asunto pasajero encajado en campa�as puntuales, sino que debe convertirse en una pol�tica de Estado continua, integrada y que atraviese generaciones. Ese compromiso con una movilidad segura tiene que arraigar primero en el aula, luego en la casa y en la comunidad en conjunto. Si esa base educativa se articula despu�s con normas claras, sanciones equitativas y programas p�blicos bien pensados, podr�amos empezar a sembrar una cultura preventiva y solidaria. Como apunta Carri�n (2021), el objetivo no es s�lo bajar n�meros, sino humanizar el tr�nsito, convertir las calles en espacios de cuidado mutuo y asegurar que el derecho a llegar sano no dependa de la suerte, sino de nuestra responsabilidad compartida.

 

Responsabilidad penal del peat�n

La responsabilidad penal del peat�n se presenta como un concepto jur�dico que cobra relevancia en situaciones en que su conducta, m�s all� de una mera infracci�n de tr�fico, causa un perjuicio significativo. Aunque tradicionalmente el peat�n es catalogado como el usuario m�s exposado de la v�a p�blica, esa fragilidad no le otorga patente de corso frente al ordenamiento. El principio de igualdad jur�dica impone a toda persona �ya sea quien camina o quien maneja� el cumplimiento de ciertos deberes m�nimos en la esfera colectiva, sobre todo cuando su actuaci�n pone en riesgo bienes de considerable valor, como la vida y la integridad f�sica (Asamblea Nacional, 2021).

Desde la �ptica del derecho penal, la imputaci�n exige la presencia acumulativa de cuatro elementos: una conducta atribuible (acci�n u omisi�n), tipicidad (que la conducta est� prevista como delito), antijuridicidad (que infrinja efectivamente el ordenamiento) y culpabilidad (que haya dolo o culpa). Esta estructura es indiferente al papel que el sujeto desempe�e en la escena vial. En consecuencia, si el peat�n act�a con descuido o arrobo �por ejemplo, cruzando en plena autopista o desoyendo el sem�foro en rojo�, puede convertirse en autor penal cuando de su decisi�n deriva un resultado grave, como lesiones severas o la muerte de otra persona (Singaňa, 2019).

La Ley Org�nica de Transporte Terrestre, Tr�nsito y Seguridad Vial (LOTTTSV) exige a los peatones que crucen por pasos cebras, acaten las luces de los sem�foros y sigan las indicaciones de los agentes de tr�nsito. Quien desatienda esas obligaciones podr� enfrentar multas y otras sanciones administrativas. Sin embargo, si la falta provoca da�os graves, su conducta podr�a ser investigada bajo el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP), en concreto en los art�culos 145 y 152 que tipifican el homicidio y las lesiones culposas (COIP, 2022; Corte Nacional de Justicia, 2020).�

Es preciso admitir que, aunque el peat�n es la parte m�s fr�gil en la v�a, en ciertas circunstancias puede provocar un accidente y ser considerado causa eficiente del mismo. Machado (2021) afirma que el derecho penal no puede ignorar a estos actores solo porque son vulnerables; basta que su acci�n cumpla los elementos del tipo penal para que se les atribuya responsabilidad. Esta perspectiva promueve una mirada objetiva y equilibrada de la justicia, que se fija en lo que se hace y no en la jerarqu�a social del autor.

La Convenci�n de Viena sobre Circulaci�n Vial, ratificada por Ecuador, delimita claramente lo que se espera de los peatones y subraya que cada persona en la v�a act�e con una prudencia m�nima. Tal disposici�n ha motivado a naciones latinoamericanas, como Colombia y Per�, a incluir en sus textos internos reglas concretas que ata�an exclusivamente a quienes transitan a pie. Alg�n grado de presi�n similar enfrenta ahora Ecuador, que debe reformar su c�digo penal para reflejar esta corresponsabilidad de forma equilibrada, ofreciendo tanto protecci�n a los m�s vulnerables como una exigencia razonable a quienes caminan (L�zaro, 2021).

 

Por evidente que resulte, no puede ignorarse el escenario donde el hecho ocurra: un transe�nte en ruta urbana bien se�alizada tiene muy diferentes posibilidades que otro en sendero rural desprovisto de marquesinas ni veredas. Esa realidad deber�a influir en el momento de imputar responsabilidad, de modo que no resulte arbitrario asumir que todos siempre pueden cumplir la norma. Cuando el entorno carece de cruces demarcados o de luz, hacer recaer toda la culpa sobre el peat�n resulta desmedido. Por el contrario, all� donde existen cada uno de esos elementos, la falta de cuidado puede justificar sin reparo una medida punitiva (Castillo et al., 2023).

En definitiva, la responsabilidad penal del peat�n debe entenderse dentro de una concepci�n global del tr�nsito, en la que cada agente peatones, conductores y ciclistas queda sometido, al menos en teor�a, al mismo principio de legalidad. No se busca criminalizar al viandante, sino aceptar, en ciertas situaciones, que su decisi�n puede generar efectos jur�dicos. De este modo, se favorece un sistema penal m�s equilibrado, aliado con el derecho a la vida y con la prevenci�n general, donde la culpa no se mide por la fragilidad del rol, sino por el acto concreto y sus repercusiones (Medina et al., 2024).

 

Contexto y problem�tica del peat�n en accidentes de tr�nsito

Tanto en las ciudades como en las localidades m�s peque�as, los peatones siguen siendo el eslab�n m�s fr�gil en la movilidad cotidiana. Salen a la calle porque tienen que hacerlo, pero esa necesidad los coloca casi siempre al borde del peligro, ya que los choques y las ca�das aumentan sin tregua. Detr�s de esos siniestros hay una mezcla de problemas: calles mal dise�adas, poca cultura sobre c�mo moverse y convivir en el espacio p�blico, actitudes temerarias de algunos caminantes y muchos conductores, y controles igualmente d�biles sobre las reglas que deber�an proteger a toda la gente que va a pie (Alessandrini et al., 2021).

Sin embargo, m�s que un asunto t�cnico, este desaf�o requiere un replanteamiento radical sobre c�mo el Estado, la comunidad y cada persona entienden el concepto de movilidad. En muchas de nuestras ciudades, el dise�o urbano ha favorecido indistintamente el paso de carros, dejando a los peatones siempre en un segundo plano. Aqu� las aceras est�n rotas, los pasos cebra apenas se ven, los cruces carecen de sem�foros y no hay un solo rinc�n que invite a caminar con tranquilidad. De ese modo, los citadinos se ven obligados a improvisar rutas, a tomar decisiones arriesgadas y, por desgracia, a aumentar el n�mero de accidentes. Fuera del centro urbano, en los barrios perif�ricos o en las zonas rurales, la situaci�n es a�n peor: falta luz, no hay se�ales y las calles son un zulaje de agujeros, tierra y miedo.

Desde una perspectiva cr�tica, hay que aceptar que la conducta del peat�n, en ciertos contextos, tambi�n puede aumentar el riesgo en la v�a. Acciones como cruzar de repente, revisar el tel�fono mientras se camina o ignorar las se�ales no deben restarse importancia. No obstante, identificar estas fallas individuales no justifica culpabilizar exclusivamente al transe�nte; el problema necesita un examen completo que considere la escasa educaci�n vial, la ausencia de pol�ticas sostenidas y la falta de programas pedag�gicos que empiecen desde la infancia.

Sim�tricamente, una porci�n significativa de quienes manejan act�a de forma habitual contra las reglas: ocupan �reas reservadas para peatones, exceden los l�mites de velocidad y conducen a alta velocidad frente a colegios o residencias. Esta realidad, agravada por la escasa supervisi�n policial, revela una cultura en la que la impunidad protege al veh�culo y desdibuja la vida humana. Resulta inaceptable que la existencia diaria del peat�n dependa, una y otra vez, de la prisa, la negligencia o la simple indiferencia de quienes est�n al volante.

Las estad�sticas son abrumadoras. Seg�n los �ltimos informes de la Agencia Nacional de Tr�nsito, un n�mero elevado de muertos en carreteras ecuatorianas son peatones. Esa cifra no solo mide el drama cotidiano, sino que pone en duda si la prevenci�n y el control que hoy tenemos son siquiera suficientes. Lo m�s inquietante es que sugiere que el dise�o de nuestras ciudades y las prioridades del Estado deben cambiar ya, moviendo el foco hacia una movilidad segura que se entienda como un derecho de todos y no como un lujo de unos pocos.

La Ley Org�nica de Transporte Terrestre, Tr�nsito y Seguridad Vial se�ala, en su primer art�culo, que el peat�n debe ser el primero en la jerarqu�a de la movilidad. Sin embargo, ese principio todav�a no se traduce, en el d�a a d�a, en medidas efectivas que lo protejan ni en una corresponsabilidad genuina de conductores, autoridades y ciudadanos. Aunque la norma asigna tareas a cada usuario de la v�a, el respeto a esas obligaciones sigue siendo muy tenue, sobre todo porque falta vigilancia sistem�tica y la conciencia social todav�a es limitada. Esa realidad prueba que cambiar la estad�stica no requiere solo mejores leyes, sino una transformaci�n profunda de nuestra cultura c�vica.

Por lo tanto, resulta esencial adoptar una estrategia integrada. La seguridad y equidad del peat�n no puede quedar a merced de lo que cada persona haga por su cuenta. Es fundamental contar con un dise�o urbano inclusivo, con educaci�n vial presente en todos los niveles escolares, con campa�as de sensibilizaci�n que no cesen y con una vigilancia que, sin excusas, castigue las conductas peligrosas. De este modo podemos no solo reducir accidentes, sino convertir las calles en �mbitos de convivencia donde la vida humana prime sobre la prisa o la inercia burocr�tica.

 

Tipificaci�n de conductas del peat�n y su impacto jur�dico

Los peatones que usan la v�a p�blica no s�lo tienen derechos, sino tambi�n deberes legales, y la ignorancia o el descuido en el cumplimiento de esos deberes puede acarrearles serias consecuencias. Durante muchos a�os se asumi� que en cualquier accidente de tr�fico la culpa reca�a, casi por defecto, en el conductor, pero esa visi�n debe matizarse y aceptar que el peat�n tambi�n puede actuar de forma imprudente. Cuando un peat�n atraviesa sin mirar, por ejemplo, su conducta no s�lo puede ser objeto de una multa administrativa, sino que, en ciertos casos graves, puede llegar a ser calificada como un delito si su decisi�n provoca o agrava un choque (Orrego, 2021). Reconocer esta posibilidad no busca castigar al que camina, sino corregir la cultura jur�dica que ha dejado todo el peso en el volante, planteando una corresponsabilidad que haga m�s justo y seguro el espacio vial.

Entre las conductas que pueden perjudicar la responsabilidad del peat�n sobresalen aquellas que ponen en riesgo los principios b�sicos de la seguridad vial. Cruzar avenidas r�pidas por un lado, ignorar deliberadamente las pasarelas o saltar a la calzada sin mirar son h�bitos m�s comunes de lo que se piensa. Aunque en general se les considere infracciones menores, cuando se cruzan umbrales de gravedad acaban produciendo lesiones serias. El principio de autoprotecci�n deja claro que, adem�s de �tico, el peat�n tiene la obligaci�n legal de moverse en el espacio p�blico con al menos un m�nimo de cuidado. Tratarlo siempre como v�ctima absoluta simplifica el asunto y puede entorpecer una investigaci�n penal imparcial y completa.

Si un conductor ignora un sem�foro en rojo, un cartel de alto o la se�alizaci�n espec�fica en una zona escolar, el problema va m�s all� de tornar las calles desorganizadas; ese gesto puede, dependiendo de las consecuencias que produjera, ser tratado como un delito muy serio. El sistema penal no se limita a mirar si alguien actu� con mala fe deliberada; tambi�n da espacio a castigar las imprudencias que, a simple vista, podr�a evitar quien iba al volante. Por lo tanto, un peat�n tampoco deber�a refugiarse s�lo en su fragilidad cuando decide cruzar por un lugar prohibido, poniendo en riesgo a otros. En una red de transporte inclusiva, tanto los automovilistas como quienes caminan, montan en bicicleta o utilizan el transporte p�blico se deben medir con expectativas de cuidado equiparables.

En Ecuador, aunque hay pocos precedentes judiciales que eval�en la responsabilidad penal del peat�n, eso no equivale a carecer de norma. La Ley Org�nica de Transporte Terrestre, Tr�nsito y Seguridad Vial asigna deberes claros a quienes caminan por la v�a, y el C�digo Org�nico Integral Penal tipifica condenas por homicidio y lesiones culposas que pueden, en ciertos escenarios, imputarse a transe�ntes. La f�rmula legal pide, por tanto, una indagaci�n pormenorizada que examine cada incidente y establezca de forma objetiva si realmente el peat�n contribuy� al resultado da�ino. La tarea del juzgador es, por l�gica, eludir dos extremos opuestos: ni tratar al peat�n como v�ctima predestinada, ni sancionarlo severamente sin prueba contundente de su culpa.

En el �mbito civil, la responsabilidad del peat�n adquiere un peso considerable, sobre todo cuando se trata de reparar de forma completa los da�os que �l mismo provoca. Aunque la l�gica cotidiana asocie las colisiones o los atropellos fundamentalmente a quienes manejan, el comportamiento de un peat�n imprudente puede dar origen a accidentes que causan lesiones o quebrantos materiales. Esa real posibilidad hace que en muchas ocasiones los tribunales deban lidiar con la figura de la concurrencia de culpas, analizando, paso a paso, el grado de culpa que le toca a cada parte en un evento concreto. Por ende, la cultura jur�dica deber�a moverse hacia una mirada m�s equilibrada, que adem�s de imponer castigos justos contemple medidas restaurativas y preventivas �tiles para reducir futuros incidentes.

Conviene a�adir que, para que el Derecho penal pueda imputarle a un peat�n un comportamiento delictivo, deben concurrir todos los elementos t�picos, esto es, acci�n u omisi�n, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, en esa secuencia. No basta con se�alar que quebrant� una norma de tr�fico; hay que probar que esa infracci�n fue el v�nculo causal inmediato del da�o, que el peat�n era consciente del riesgo y que, en �ltimo t�rmino, pudo optar por otra conducta menos peligrosa. Esa exigencia funciona como un filtro que evita que la v�a penal se convierta en un instrumento arbitrario y, de hecho, obliga al Estado a fortalecer sus equipos de investigaci�n, su peritaje vial y la forma en que valora las pruebas recabadas.

Desde la perspectiva de las pol�ticas p�blicas, aumentar la dureza de las sanciones no es la soluci�n m�s �til. Las experiencias internacionales indican que la educaci�n vial resulta efectiva cuando empieza en la infancia y se arraiga en la cultura de la ciudad. Los peatones deben aprender no solo sus derechos, sino, igualmente, sus deberes. Tener normativa de tr�nsito es valioso, pero eso se sostiene solo si esa norma va acompa�ada de calles seguras, buena se�alizaci�n y campa�as que promuevan una movilidad emp�tica y responsable.

La imputaci�n penal al peat�n no debe verse como un castigo aislado, sino como una pieza dentro de un conjunto normativo que busca bajar los accidentes en las v�as. La regla general es que el C�digo Penal act�e como �ltimo recurso, cuando fallaron la educaci�n, la infraestructura y las estrategias preventivas. Aceptar que el peat�n tambi�n es responsable en determinadas circunstancias no significa dejarlo sin protecci�n, sino pedirle, igual que a los dem�s ciudadanos, un m�nimo de cuidado. Solo en un escenario donde conductores, ciclistas y peatones cumplan sus responsabilidades puede lograrse una verdadera justicia vial.

 

Implicaciones jur�dicas y sociales de la responsabilidad penal del peat�n

Cuando un peat�n causa un accidente, las leyes no miran para otro lado y las consecuencias pasan del papel a la vida real. Aunque durante a�os se ha cre�do que los caminantes s�lo pueden ser v�ctimas en la calle, tambi�n deben seguir reglas que protegen a todos, desde automovilistas hasta ciclistas. Si alguien cruza en rojo, camina por el centro de la carretera o hace algo que frena el tr�fico, el sistema puede decidir que esa acci�n merece un castigo penal. Misterio, estos actos, que muchos ven como tonter�as, crean peligros que ayunan no s�lo la suerte del infractor, sino la del conductor que nunca vio lo que iba a pasar. Ante estas situaciones, el juez tiene que moverse guiado por lo que dice el C�digo Org�nico Integral Penal (COIP) y por otras normas que aclaran c�mo tratar a un peat�n que se excede (Corte Nacional de Justicia, 2020).

 

Las leyes sobre tr�nsito no pueden seguir viendo al peat�n s�lo como v�ctima: deben aceptar que la persona que camina tambi�n participa, activa y responsable, del tr�fico por las calles. Por tanto, la regulaci�n moderna tiene que equilibrar la protecci�n de ese caminante con el cumplimiento de sus deberes cuando cruza o se mueve junto a veh�culos.

 

Dicho esto, castigar penalmente a una persona que camina exige mirar cada caso con lupa. Primero, debe quedar claro que realmente hizo algo, o dej� de hacerlo, que encaje en un tipo de delito y que eso estuvo directamente ligado al da�o que se produjo. No todas las faltas llevan a la c�rcel, y menos si no hay prueba de que hubo dolo, es decir, que la persona actu� con intenci�n de perjudicar, o culpa, que es descuido grave. El principio de que cada quien responde s�lo por lo que pudo controlar obliga a que cada sanci�n repose en evidencias objetivas y proporcione tranquilidad de que la culpabilidad est� demostrada m�s all� de toda duda. As�, el C�digo prev� desde advertencias o trabajos en la comunidad, hasta un juicio completo cuando ocurren lesiones o muertes. De esto se sigue que el castigo no surge porque el peat�n sea fr�gil, sino porque falt� al deber de cuidar a quien comparte la v�a (Asamblea Nacional, 2021).

 

El derecho penal nunca deber�a aplicarse de forma autom�tica ni simplona. Cuando un peat�n es acusado de romper la ley, hay que mirar su contexto: si realmente entend�a la norma y qu� condiciones hab�a en la calle o la avenida donde estaba.

 

Las posibles consecuencias de esa imputaci�n van m�s all� de un fallo de un juez. Tambi�n importan las repercusiones que la sociedad siente cada d�a. La m�s clara es la necesidad de que todos, incluso quienes caminan, entiendan que son responsables de mantener la v�a segura. Este punto intenta desterrar la idea de que solo los conductores deben cumplir reglas y cargar con deberes. Al estar en la calle, el peat�n interact�a constantemente con las normas y con los dem�s actores que comparten el espacio. Por eso, cuando llega una sanci�n, se busca prevenir y no castigar por placer: la meta es dejar claro cu�les son las fronteras del buen comportamiento en lugares p�blicos.

 

Aplicar una multa o aviso al peat�n de forma razonada y visible no solo castiga, sino que ense�a a la comunidad que el cuidado de la v�a es un trabajo de todos.

 

A veces, cuando pensamos en multas y castigos, olvidamos que tras cada infracci�n hay una persona real. Muchas veces, los peatones cruzan la calle de prisa porque llevan un beb� al m�dico, no porque sean irresponsables. Si solo se les castiga sin mirar la historia detr�s de la calle, terminamos acusando a quienes ya han estado desprotegidos. Por eso, el juez debe tener en la cabeza la medida justa y, en lugar de solo multas, ofrecer clases breves o talleres que de verdad ayuden a la gente a andar m�s segura. Al final, todos aprendemos sin romper la dignidad de nadie (Castillo et al., 2023).

 

Una forma moderna de entender las leyes no puede limitarse a golpear con el l�piz, sino que debe ofrecer caminos que ense�an sin herir. Educar, construir pasos seguros y dar voz a las comunidades vulnerables son tareas tan cruciales como la multa.

Tambi�n es importante ver las cosas desde el punto de vista de las v�ctimas. Cuando un peat�n juega con imprudencia y causa un choque que hiere o mata, la gente espera una reacci�n clara y firme. Las familias tienen derecho a saber qu� pas� de verdad, a que se se�ale al que fall� y a que todos los da�os, grandes y peque�os, se reparen sin excusas. Si la ley se queda callada, la sensaci�n de impunidad crece y la confianza en las instituciones se desgasta. Por eso, un examen imparcial que mire lo que hizo cada uno es clave para que, al menos, sigamos creyendo que la justicia puede funcionar (Dur�n, 2023).

 

Reparar el da�o no debe limitarse a pagar cuentas. Incluir gestos simb�licos, acciones restaurativas y ayuda comunitaria hace que la justicia se sienta m�s real y da un poco de dignidad al dolor que soporta la v�ctima, cuidando as� el v�nculo entre la gente y las instituciones.

 

Tambi�n hay que dejar claro que el peat�n, aunque parece m�s fr�gil que un coche, no est� libre de cumplir reglas legales. Pensar as� puede sonar protector, pero desde un punto de vista que quiere igualdad ante la ley, acaba siendo arriesgado. Para que las calles sean realmente seguras, todos �conductores, ciclistas, motociclistas y peatones� tienen que compartir las mismas responsabilidades. Si alguien decide saltarse esas tareas, se rompe el equilibrio y se siguen reproduciendo situaciones peligrosas. La norma no juzga seg�n estereotipos sobre qui�n est� m�s expuesto, sino por lo que realmente ocurre cuando una persona act�a (Junqui y V�lez, 2024).

 

Ver al peat�n como un ser jur�dico incapaz es, en el fondo, una forma escondida de discriminarlo. Al otorgarle deberes se refuerza su voz, se afirma que tambi�n es ciudadano activo y se reconoce su lugar leg�timo dentro del sistema vial.

 

La idea de que la ley penal alcance al peat�n est� pensada solo para los casos m�s extremos, como un recurso de �ltima l�nea. Su objetivo no es castigar por puro gusto, sino evitar futuros incidentes, reparar el da�o causado y ense�ar a no volver a tropezar. Nadie discutir�a que hay que sancionar si alguien hiere a otro por andar distra�do o por cruzar como si la calle no existiera, pero eso no quita que el Estado deba mejorar los pasos peatonales, lanzar avisos visibles, educar a los ni�os desde el aula, vigilar de verdad y ofrecer un espacio pac�fico donde las partes se arreglen sin odio. Con esas acciones, los choques disminuir�n y las calles vivir�n en mejor armon�a (Andrade et al., 2023).

Por lo tanto, el castigo penal no puede ser el coraz�n de la seguridad vial, sino esa �ltima salida a la que recurrimos cuando todo lo dem�s falla. La verdadera revoluci�n llegar� el d�a en que prevenir, construir y educar cuesten y manden tanto como dar latigazos al infractor.

 

Conclusiones

Aunque los peatones suelen considerarse la parte m�s fr�gil del tr�fico, eso no significa que est�n fuera de la ley. En una ciudad donde coches, bicicletas y transe�ntes comparten la misma v�a, lo que cada uno hace o deja de hacer impacta la seguridad de todos. Si una persona camina distra�da por la calzada, salta un sem�foro en rojo o cruza a prisa por una avenida, puede provocar un accidente grave y, por lo tanto, asumir parte de la culpa. En Ecuador, el C�digo Org�nico Integral Penal deja muy claro que un comportamiento temerario en la acera o cerca de ella puede tener consecuencias penales, siempre que se respete el principio de que nadie es castigado sin una norma espec�fica que lo dicte. Al incluir al peat�n en este esquema, la ley refuerza la idea de que la justicia debe ser pareja: todos los ciudadanos, sin excepci�n, responden por los da�os que causan a la vida y a la integridad de los dem�s.

 

Las reglas del derecho penal pueden tocar a los peatones, pero hay que manejarlas con mucho cuidado. No podemos meter la misma vara de medida si el infractor vive en una zona con calles llenas de baches, poca luz y se�ales que nadie ve. Es crucial que, en lugar de lanzar un castigo inmediato, se piense en educaci�n, alerta temprana y en reparar el da�o causado. Esto vale especialmente para faltas menores o para personas que ya llevan encima el peso de otras desventajas.

 

Admitir que todos somos responsables de la seguridad en la v�a p�blica significa cambiar de fondo nuestra forma de ver la convivencia. La meta no es encontrar a un culpable, sino crear un espacio donde cada quien respete al otro. Reconocer que el peat�n tambi�n puede ser penalmente responsable es �til, pero ese paso solo tiene sentido si viene acompa�ado de aceras bien construidas, campa�as de aviso que nunca se detengan y modos sencillos de arreglar desacuerdos sin llegar a los juzgados. As� empezaremos a tener ciudades donde moverse, ya sea caminando, en bici o en auto, sea justo, inclusivo y sostenible.

 

Referencias

(s.f.). Obtenido de https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/608

Alcald�a Metropolitana de Quito. (2024). Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 2024-2033. Alcald�a Metropilitana de Quito . Obtenido de https://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Administraci%C3%B3n%202023-2027/Sesiones%20de%20Concejo/2024/Sesi%C3%B3n%20061%20Extaordinaria%202024-05-10/IC-ORD-CPEYCUS-2024-002/INF%202DO%20PUGS-PMDOT/RESP%20CUMP%20RES/RESP-SCCPEYCUS-014-2024/SGP/01%20AP%C3%8

Alessandrini et al. . (2021). Ciudades Politicas y Urbanas . Quito: FLACSO.

Andrade et al. (2023). Auditor�a de Seguridad Vial en la Av. Sim�n Bol�var, Sector La Argelia, DMQ. Quito: UIDE. Obtenido de file:///C:/Users/DELL%20PC/Downloads/UIDE-Q-TMGT-2024-11.pdf

Armaza, D. J. (2025). Revisi�n de la literatura sobre las infracciones de transito. SciELO Preprints.

Asamble Nacional . (2021). Ley Org�nica de Transporte Terrestre Tr�nsito y Seguridad Vial . Registro Oficial . Obtenido de https://portovial.gob.ec/sitio/descargas/leyes/ley-organica-transporte-terrestre-transito-y-seguridad-vial.pdf

Carri�n et al. . (2021). Ecolog�a pol�tica urbana ante el cambio clim�tico. FLACSO . Obtenido de https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/58413.pdf

Castillo et al. . (2023). La Conciliaci�n en Muerte Culposa en Accidente de Tr�nsito Ocasionada por Veh�culo Particular, al Amparo de la M�nima Intervenci�n Penal en el Estado Constitucional de Derechos. Loja : Universidad Nacional de Loja. Obtenido de https://dspace.unl.edu.ec/items/6ec12493-bc01-4a74-b2d1-4116952326e5

Chac�n et al. (2024). Quito c�mo vamos. Informe de Calidad de Vida. Obtenido de https://quitocomovamos.org/wp-content/uploads/2025/01/INFORME-DE-CALIDAD-DE-VIDA-2024.pdf

C�digo Org�nico Integral Penal. (2022). Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014. Quito: C�digo Org�nico Integral Penal . Obtenido de https://www.tce.gob.ec/wp-content/uploads/2022/01/Codigo-Organico-Integral-Penal.pdf

C�DIGO ORG�NICO INTEGRAL PENAL, COIP. (2021). C�DIGO ORG�NICO INTEGRAL PENAL, COIP. Obtenido de Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014: http://defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/03/COIP_act_feb-2021.pdf

Corte Nacional de Justicia. (2020). Aplicaci�n de la Pena en el Delito de Tr�nsito Lesiones. Quito : Corte Nacional de Justicia . Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/pdf/consultas_absueltas/Penales/transito/027.pdf

Cruz, A. (2024). Plan de Desarrollo Municipal 2024 - 2027 "Sabaneta, una Ciudad al Siguiente Nivel". Sabaneta : Alcald�a de Sabaneta . Obtenido de https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-05-09-10-31-06.pdf

Dur�n, R. (2023). Homicidio imprudente en el tr�nsito vial: jurisprudencia contradictoria a partir de dogm�tica aplicada incorrectamente. Revista del Poder Judicial vol.15 no.19 . Obtenido de http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2663-91302023000100399

El Comercio. (10 de agosto de 2024). Y si, el peat�n tambi�n tiene derechos y obligaciones. El Comercio . Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/quito/desafios-peaton-calles-quito-trabajos.html

Erazo et al. (2020). La Culpabiliad e Inculpabilidad en a Legislaci�n Colombiana. Universidad Libre Seccional Pereira. Obtenido de https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/30026/CD0150.pdf?sequence=1&isAllowed=ymj

Espin, G., & Medina, V. (2024). Responsabilidad penal del peat�n en accidentes de tr�nsito: un an�lisis jur�dico comparativo. Avances Multidisciplinarios en Innovaci�n y Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/608

Garc�a, V. (2019). Entornos Virtuales De Aprendizaje, Un �xito En Educaci�n. Academia. Obtenido de https://www.academia.edu/43823247/Entornos_Virtuales_De_Aprendizaje_Un_%C3%89xito_En_Educaci%C3%B3n

Hospitala B�sico Municipal de la Parroquia El Valle. (2023). Estudio de Impacto Ambiental. Cuenca: Hospitral Municipal. Obtenido de https://www.cuenca.gob.ec/system/files/EsIA_HBM-El-Valle_Completo-signed.pdf

Junqui, R. M., & Velez, H. W. (2024). An�lisis de responsabilidad penal de peatones como principales autores en infracciones y contravenciones de tr�nsito. Ciencia Latina Revista Multidisciplinar, Vol.8, N�23.

L�zaro, G. (2021). La defraudaci�n de la Confianza Leg�tima �Es un Fundamento Aut�nomo de Responsabilidad del Estado? Bogot�: Universidad Externado de Colombia . Obtenido de https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/9f4aa1d6-3631-4ee1-a290-223c0e71efca/content

LEY ORG�NICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TR�NSITO Y SEGURIDAD VIAL -. (2018). Ley org�nica de transporte terrestre tr�nsito y seguridad vial. Obtenido de Registro Oficial Suplemento 398 de 07-ago.-2008: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/08/LOTAIP_6_Ley-Organica-de-Transporte-Terrestre-Transito-y-Seguridad-Vial-2021.pdf

Machado, C. (2021). Tipificaci�n del p�nico financiero en la legislaci�n ecuatoriana. Quito : Universidad Andina Sim�n Bolivar . Obtenido de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8196/1/T3581-MDE-Machado-Tipificacion.pdf

Medina et al. . (2024). Responsabilidad penal del peat�n en accidentes de tr�nsito: un an�lisis jur�dico comparativo. Avances Multidisciplinarios en Innovaci�n y Desarrollo Social. Obtenido de https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/608

Mir, S. (2024). Derecho Penal Parte General . Editorial Reppertor.

Montalvo et al. . (2024). Desaf�os actuales del Derecho penal y la pol�tica criminal en Alemania y Latinoam�rica. Barranquilla : Universidad del Atl�ntico . Obtenido de https://www.sigla-cp.org/wp-content/uploads/2024/07/FINAL-Tagungsband_Wuerzburg-2024-Eckhaus-Verlag.pdf

Natalia, C. (2017). Accidentes de Tr�nsito producidos por Imprudencia y Negligencia de Conductores y Peatones en la Avenida Sim�n Bol�var del DMQ, A�o 2016. Universidad Central del Ecuador . Obtenido de https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/142a9500-029f-45a9-b4c5-5ce81ba7d41f/content

Nieto et al. . (2024). Responsabilidad penal del peat�n en accidentes de tr�nsito: un an�lisis jur�dico comparativo. Avances Multidisciplinarios en Innovaci�n y Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://revistacodigocientifico.itslosandes.net/index.php/1/article/view/608

Organizaci�n Mundial de la Salud . (2023). Traumatismos causados por el tr�nsito. Organizaci�n Mundial de la Salud . Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries

Orrego, J. (2021). De la Responsabilidad Civil en general y de la responsabilidad extracontractual rn particular: Delitos y Cuasidelitos Civiles. Responsabilidad Extracontractual. Obtenido de https://www.juanandresorrego.cl/assets/pdf/apu/ap_9/Responsabilidad%20Extracontractual.pdf

Ram�rez, C. (2021). Criterios sobre inteligencia y aplicaci�n de la ley. Obtenido de https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/images/Produccion_CNJ/criterios/Criterios%20penales.pdf

Ru�z, L. (2023). Vulneraci�n a la seguridad Vial, Derecho Penal . Ambato : Pontificia Universidad Cat�lica del Ecuador . Obtenido de https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/c16d5a03-8be2-48fe-86f1-9c7bf29adf4e/content

Singa�a, J. (2019). La omisi�n y la posici�n de garante en el C�digo Org�nico Integral Penal Ecuatoriano. Quito: Universiad Central del Ecuador . Obtenido de https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/dd953103-db0c-4250-8822-99016cff62c4/content

Velarte et al. . (2020). Plan Estrat�gico Nacional de Sefuridad Vial de Peatones para la Rep�blica Dominicana . Instituto Nacional de Tr�nsito y Transporte Terrestre . Obtenido de https://opsevi.intrant.gob.do/wp-content/uploads/2020/08/Plan-de-peatones-INTRANT-Digital.pdf.

 

� 2025 por los autores. Este art�culo es de acceso abierto y distribuido seg�n los t�rminos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribuci�n-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).